Lea el manifiesto y adhiérase a él si lo desea

18 intelectuales piden al Parlamento que garantice el derecho y el deber de conocer y hablar el español

LA LENGUA COMUN. La ausencia de acción política en defensa del derecho a aprender y usar el castellano en las comunidades que han impuesto la inmersión lingüística en sus respectivas lenguas cooficiales ha llevado a 18 intelectuales a emprender, por su cuenta, una lucha por la igualdad de todos los ciudadanos y contra la discriminación de quienes quieren usar y aprender la lengua oficial del Estado y no pueden. Hoy, 30 años después de que la Constitución fijara una «protección especial» para el catalán, el gallego y el vasco, es el español -la única lengua que todos los ciudadanos tienen el deber de conocer- el que está en vías de extinción en Cataluña, Baleares, Galicia y el País Vasco. No en la calle, pero sí en las comunicaciones oficiales, la Administración Pública y los colegios. El 'Manifiesto por la lengua común' lanzado hoy en busca de la adhesión de la ciudadanía reclama un verdadero bilingüismo en las autonomías con dos lenguas y observa que no son ellas quienes tienen derechos, sino las personas. Por ello, reclaman a los políticos una normativa legal que impida la imposición lingüística.

MADRID.- El apartheid al que algunos gobiernos autonómicos están sometiendo al castellano, lengua oficial del Estado, ha llevado a un grupo de intelectuales españoles a impulsar un manifiesto que reclama a los políticos que garanticen el derecho y el deber de todos los ciudadanos a aprender el castellano y usarlo en sus comunicaciones privadas y públicas. Lo presentan hoy en el Ateneo de Madrid.

Los abajo firmantes son: Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Francisco Sosa Wagner, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa y Fernando Savater.

El manifiesto parte, dicen, «de una inquietud estrictamente política» sobre el papel del castellano «como lengua principal de comunicación democrática en este país» y «los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión y comunicación».

«Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios -afirma el texto-. Las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación». De esta manera interpretan lo que ocurre ya en Baleares y Cataluña y está en vías de asentarse en el País Vasco y Galicia. Sus gobiernos lo llaman «normalización lingüística» y ha pasado de significar que el uso de la lengua cooficial llegue a ser normal a implicar que lo normal sea que no se hable castellano.

Baleares.

La inmersión lingüística de las islas ha sido la más silenciosa, tal vez porque ningún partido nacionalista ha encabezado su Gobierno. No ha habido desafíos. El PP estuvo al frente de Baleares hasta las últimas elecciones autonómicas, que dieron como resultado un gobierno socialista apoyado por ERC y Unió Mallorquina. Y fue el PP el responsable de la ley aprobada en los 80 que priorizaba el uso del catalán por encima del castellano. La enseñanza es plenamente en catalán y la comunicación de la Administración con los ciudadanos también.

En las últimas semanas, la imposición ha llegado a cotas obsesivas. El Gobierno balear ha instado, no sólo al personal de la Administración, sino a sus ciudadanos, a que se dirijan a los inmigrantes y a los turistas en catalán en vez de en español.

A ello se suma la petición del Govern a la aerolínea Air Berlin -la principal en Baleares- para que emplee el catalán en vuelos y comunicaciones. El presidente de la compañía respondió que «hoy el castellano ya no es una lengua oficial» en las islas.

Cataluña.

Aunque la Generalitat la ocupa el PSE -junto a ERC e ICV-, la inmersión lingüística en la escuela a partir de los siete años llega heredada de los gobiernos de CiU. Sólo se imparte en castellano la asignatura de Lengua Española. Pero el Gobierno catalán no llega a cumplir con el mínimo de tres horas semanales de enseñanza en castellano en la Primaria, que un decreto del Ministerio de Educación fija para las comunidades con lenguas cooficiales.

ERC presionó al presidente, José Montilla, amenazando con irse del Govern, para impedir lo que creen una injerencia del Estado. Finalmente, Montilla se ha comprometido a blindar el modelo instaurado y que ese blindaje se materialice a través de la Ley de Educación catalana, que está en fase de redacción y que empezará a tramitarse en el Parlament tras el verano. Entretanto, Montilla da libertad a los centros.

Nada tiene que ver con la convicción de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quien dijo que «Cataluña cumplirá lo que la LOE dice» y, «si no se cumple, el deber del Gobierno es exigir que se cumpla».

La Generalitat también ha lanzado una campaña para convencer a los inmigrantes de que hablar catalán es garantía de mejor vida y para instar a los autóctonos a que se dirijan a los extranjeros en la lengua cooficial con el noble fin de la «cohesión social».

País Vasco.

Han tenido que pasar décadas para que un porcentaje significativo de la población se anime a emplear el euskara o, al menos, lo entienda. Su modelo educativo garantiza, en teoría -por ley-, la libertad de elección al establecer tres modelos: A (en castellano, salvo la asignatura de euskara), B (mitad en castellano, mitad en euskara) y D (en euskara, salvo la asignatura de lengua castellana).

Ahora que se ha convertido en lengua cooficial de hecho en la comunicación institucional y que se ha asentado como vehicular a medias en la enseñanza -con presencia mayoritaria del modelo B en los colegios-, llegó el momento de tensar la cuerda. El lehendakari firmó en 2007 un decreto que contradice a su propia ley de enseñanza, según el cual, los alumnos deben alcanzar un nivel B-2 de euskara (el anterior al de los profesores de dicha lengua) al terminar la ESO. Para asegurar esas cotas de conocimiento, muchos colegios han desterrado el modelo A.

Pero el decreto ha resultado ser una mera transición hacia la inmersión lingüística total que prepara el Gobierno vasco con una ley educativa que quiere aprobar a lo largo del próximo curso político. EA, miembro del tripartito al frente de Educación, ha asegurado que en septiembre será «la última vez» que los niños de dos y tres años «podrán optar por un modelo lingüístico», aunque «nadie pretender erradicar» el castellano. El consejero, Tontxu Campos, ha asegurado que, si no logra el consenso con PSE y PP, es partidario de aprobar la reforma con el único apoyo de partidos nacionalistas.

Galicia.

El Gobierno de Fraga aprobó en 1983 la ley de «normalización lingüística» que obligaba a garantizar la igualdad de competencias en los dos idiomas oficiales al término de la ESO. Un decreto posterior, de 1995, fijaba el gallego como lengua vehicular de la enseñanza y «lengua oficial de la Administración educativa en Galicia». «La lengua -dice- constituye una de las bases esenciales de la identidad del pueblo y es el más fuerte vínculo de unión entre sus gentes».

Igual que en los colegios, la lengua de la Administración y de sus empleados debe ser el gallego, que es el idioma en el que se realizan las comunicaciones oficiales. Oficialmente, no hay bilingüismo. El gallego es la «lengua propia» de Galicia, dice su Estatuto.

Un último decreto de 2007, ya del Ejecutivo del socialista Emilio Pérez Touriño, establece unos mínimos competenciales de conocimiento del gallego, fija que la enseñanza en gallego sea de al menos el 50% e incluya a las materias troncales. También dicta que la lengua en la que debe hablar el personal de los colegios sea el gallego y ordena la creación de «equipos de normalización y dinamización lingüística».

La plataforma Galicia Bilingüe, atacada por pedir que no se elimine el castellano de la escuela y la Administración, denuncia que los nacionalistas, con la aquiescencia del PSOE, fomentan el axioma si no hablas gallego, estás contra Galicia.

COMO ADHERIRSE AL MANIFIESTO

1. Enviando el cupón de adhesión por fax. La primera forma que tienen los lectores de EL MUNDO de adherirse al manifiesto es completando el cupón que se publica en esta misma página (a la izquierda) y enviarlo por fax a este periódico, acompañándolo de una fotocopia del DNI. El número de fax es el 91 297 47 98.

2. Enviando el cupón de adhesión por correo postal. También puede enviar el cupón que encontrará en esta misma página, acompañado de una fotocopia de su DNI, por correo postal, a la dirección de EL MUNDO: Avda. de San Luis, 25-27, 28033, Madrid indicando en el sobre: «Adhesión al Manifiesto por la Lengua Común»,

3. A través de 'elmundo.es'. Otra forma de adherirse al manifiesto es a través de la página web de este periódico, rellenando con sus datos (nombre, apellidos y DNI) el cupón que todos los lectores encontrarán en esta dirección de internet:

http://www.elmundo.es/elmundo/formularios/2008/06/manifiestolenguacomun.html

Los 'abajo firmantes' del manifiesto por la lengua común

Carmen Iglesias, Académica de la Historia y la RAE. Presidenta de Unidad Editorial.

L. Alberto de Cuenca, Filólogo, poeta, escritor, traductor y ensayista.

C. Mtnez. Gorriarán, Filósofo, profesor y miembro de Basta ya y UPyD.

Arcadi Espada, Periodista, escritor y columnista de EL MUNDO.

J. Antonio Marina, Filósofo, ensayista y doctor Honoris Causa por la UPV.

José Luis Pardo, Filósofo y ensayista. Profesor de Filosofía en la UCM.

Aurelio Arteta, Catedrático de Filosofía y candidato y miembro de UPyD.

A. Glez. Troyano, Ensayista y profesor de Literatura en la Univ. de Sevilla

Alvaro Pombo, Escritor, premio Planeta y candidato por UPyD.

Félix de Azúa, Filósofo, profesor, poeta, escritor y catedrático.

Antonio Lastra, Filósofo y profesor de Filosofía en ESO en Valencia.

Ramón Rodríguez, Filósofo y ensayista. Catedrático de Filosofía.

Albert Boadella, Actor y dramaturgo, director de Els Joglars.

M. Vargas Llosa, Escritor, Premio Cervantes y Premio Ppe. de Asturias.

José Mª R. Soroa, Abogado y analista vasco, crítico con Ibarretxe.

C. Castilla del Pino, Psiquiatra, ensayista y académico de la RAE.

F. Sosa Wagner, Jurista. Participó en el diseño del sistema autonómico.

Fernando Savater, Filósofo, profesor universitario y fundador de UPyD.

Manifiesto por la lengua común

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.

el manifiesto en EL MUNDO

Un manifiesto que debe movilizar a todos los demócratas

Cerca de una veintena de intelectuales ha redactado un manifiesto para la defensa del castellano en España que hoy se presenta a la opinión pública. Lo primero que cabría decir es que resulta increíble que hayamos llegado a este punto: que la lengua oficial de un Estado que hablan más de 400 millones de personas en todo el mundo esté amenazada y necesite de iniciativas surgidas de la sociedad civil para ser protegida en su propio país. A esta situación disparatada es a la que han llevado los partidos nacionalistas en los territorios con dos lenguas oficiales -empeñados en ganar hablantes aunque sea coactivamente para la que denominan lengua propia-, y la pasividad de los gobiernos de España. Los impulsores del manifiesto tienen una trayectoria personal y un bagaje intelectual que les vacuna contra la crítica fácil de los sectores nacionalistas radicales, desde los que se califica sistemáticamente de retrógrado a todo el que defiende el castellano. Personalidades del prestigio de nuestra presidenta Carmen Iglesias, Vargas Llosa, Savater, Castilla del Pino o cuatro brillantes colaboradores de EL MUNDO como José Antonio Marina, Arcadi Espada, Sosa Wagner y Albert Boadela, reivindican la «asimetría» en la que, respecto del resto de lenguas españolas, debe situarse el castellano, por cuanto es «la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos». Piden una normativa para lograr algo tan imperativamente razonable como que todos tengan derecho a ser educados en español en España o a ser atendidos por las instituciones en esa misma lengua, y si para ello fuera necesario modificar la Constitución o algún estatuto, son partidarios de hacerlo. EL MUNDO, que en sus 100 propuestas para defender y fortalecer la democracia ya solicitó una ley del Parlamento que garantizara la enseñanza en castellano en toda España, se adhiere a la iniciativa e insta a sus lectores a que también lo hagan, para lo que facilita un formulario de apoyo en elmundo.es y en las páginas del diario. Sólo con la movilización de la sociedad podrá lograrse este loable objetivo.