La sentencia del Tribunal Supremo en la prensaEspecial en El Mundo (con un artículo de José Domingo)* ABC* El Confidencial avanza la estrategia de la Generalitat La Noticia tal como aparecía ayer en Libertad Digital, La Voz de Barcelona y Europa Press Las primeras declaraciones del responsable de Política Lingüística de la Generalitat PROHIBIDO ESTUDIAR EN ESPAÑOL / Los impresos de preinscripción deberán incluir esa cuestión para que el derecho a la enseñanza en su lengua sea «real, no ilusorio» / La medida obliga a todos los centros con fondos públicosEl Supremo obliga a la Generalitat a ofrecer la opción de estudiar en españolOrdena preguntar a los padres por la «lengua habitual» que utilizan los niños para que su derecho a recibir la primera enseñanza en ese mismo idioma «no sea ilusorio sino real» MARIA PERAL – EL MUNDOMADRID.- La Generalitat de Cataluña deberá incluir en los impresos oficiales de preinscripción en centros escolares una pregunta expresa sobre cuál es la lengua habitual del alumno, con el fin de hacer efectivo su derecho a recibir la primera enseñanza en esa lengua, ya sea el castellano o el catalán. Así lo ordena el Tribunal Supremo en una sentencia que reprocha a la Administración catalana «la omisión de las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños». Con esta medida, el Supremo viene a obligar al Gobierno catalán a ofrecer a los escolares la opción de cursar la enseñanza primaria en castellano, ofrecimiento que ha eludido hasta ahora. La Ley de Política Lingüística de Cataluña establece el derecho a cursar la enseñanza primaria en la lengua habitual del alumno, por lo que el deber de la Generalitat de preguntar por la lengua habitual de cada alumno tiene una única finalidad legal: garantizarle que podrá cursar en ella sus estudios primarios. El Alto Tribunal ratifica de esta forma una resolución dictada en septiembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó un recurso interpuesto por la asociación Convivencia Cívica Catalana. La Ley 1/1998, de Política Lingüística de Cataluña, establece en su artículo 21.2 que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano». Y añade: « La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique». Pese a esa garantía legal, las normas de prescripción y matriculación de alumnos en centros docentes dictadas un año tras otro por la Generalitat omiten la inclusión de una pregunta clara y expresa dirigida a conocer cuál es la lengua habitual del alumno. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya se hizo eco de este problema en una temprana sentencia dictada en 1998, en la que consideró «reprochable que la Administración educativa de la Generalitat no facilite la labor de los padres en la elección de la lengua en la que desean que sus hijos inicien sus estudios por la confusa redacción de los impresos destinados a tal fin». En 2000, la asociación Convivencia Cívica Catalana se dirigió al Departamento de Educación de la Generalitat instando a que en los modelos oficiales de preinscripción se preguntase a los padres o tutores de los niños cuál era su lengua habitual. La petición fue inadmitida, por lo que Convivencia Cívica Catalana recurrió ante el Tribunal Superior, que dio la razón a la asociación en una sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004 y ratificada ahora por el Tribunal Supremo. El Tribunal catalán indicó que «la incorporación en el impreso de prescripción del derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano, coadyuvará a la mayor efectividad del derecho, legalmente contemplado, y al más eficaz cumplimiento de la obligación de la Administración de garantizar este derecho, aumentando razonablemente (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción) los medios necesarios para hacerlo efectivo y facilitando su ejercicio por padres y tutores». El Tribunal Superior de Cataluña declaró la obligación de la Generalitat de «adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación». De tres a ocho añosTambién determinó que el concepto «primera enseñanza» utilizado en la Ley de Política Lingüística de Cataluña debe estar referido a la educación infantil y al primer ciclo de educación primaria. De esta forma, la obligación de la Generalitat de preguntar expresamente por la lengua habitual deberá hacerse a los escolares de tres a ocho años de edad antes de su matriculación. En una sentencia fechada el pasado 8 de diciembre y conocida ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso promovido por la Generalitat contra el fallo del Tribunal Superior de Cataluña, que queda confirmado. El Alto Tribunal recuerda que las leyes no consagran derechos «meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos», y ratifica que las resoluciones del Departamento catalán de Educación «que establecen para cada curso escolar los periodos de preinscripción y matriculación incumplen la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir ellas y el modelo oficial de preinscripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños». LO QUE DICE LA LEYArtículo 21.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística: «Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique». Nueve años en pleito contra el 'Govern'MADRID.- Hace casi nueve años que comenzó el contencioso al que ahora ha puesto punto final el Tribunal Supremo, declarando la obligación de la Generalitat de preguntar por su lengua habitual a los escolares de tres a ocho años de edad antes de su matriculación, con el fin de que puedan recibir la enseñanza primaria en esa lengua. El 15 de febrero de 2000, el director general de centros docentes de Cataluña dictó una resolución por la que se aprobaron las «normas de preinscripción y matriculación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de régimen general para el curso 2000-2001». El 14 de marzo de 2000, Aleix Vidal-Quadras, presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana, presentó un recurso de alzada contra esa resolución e instó al director general a que «proceda a dar cumplimiento efectivo al artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de Política Lingüística y, a estos efectos, adopte las medidas necesarias para que en el modelo oficial se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos para el curso 1999-2000 en centros sostenidos con fondos públicos, antes del inicio de la matriculación (entre los días 6 y 12 de mayo para el segundo ciclo de educación infantil y educación primaria, y 5 y 9 de junio para el primer ciclo de educación infantil), su lengua habitual, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera enseñanza». El 29 de mayo de 2000, la consejera de Educación de la Generalitat rechazó el recurso de Convivencia Cívica Catalana por una supuesta falta de legitimación. La asociación interpuso entonces un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le dio la razón en una sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004. En 2005, la Generalitat recurrió en casación ante el Supremo. La sentencia del Alto Tribunal, dictada el pasado 12 de diciembre, rechaza la impugnación y confirma el fallo del Tribunal catalán. INCUMPLIMIENTO REITERADO«Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho». Lo dice la ley catalana de Política Lingüística, pero, en la práctica, nadie ha podido ejercer este derecho, porque en los impresos de preinscripción, aunque se pregunta la lengua habitual del niño, no se da la opción de solicitar la enseñanza en castellano. EditorialUNA HISTORICA SENTENCIA QUE OBLIGA A CATALUÑA A CAMBIAR DE RUMBOLa Generalitat de Cataluña deberá ofrecer a los padres el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano, según una histórica sentencia del Tribunal Supremo. El fallo, que desestima un recurso de la Generalitat contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, exige a las autoridades que los centros escolares incluyan a partir de ahora en los impresos oficiales de preinscripción la pregunta expresa sobre cuál es «la lengua habitual» de sus hijos en la que deben ser escolarizados. La Generalitat de Cataluña se había negado a que los padres pudieran elegir el castellano como lengua vehicular, a pesar de que había al menos tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instaban a garantizar ese derecho. El fallo del Supremo recuerda que la ley de Política Lingüística, aprobada por el Parlamento de Cataluña en 1998, establece en su artículo 21.2 que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza (hasta los ocho años) en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano». A pesar de la claridad y la concreción de este mandato legal, la Generalitat ha negado hasta la fecha a los padres el derecho de educar a sus hijos en castellano con una serie de pretextos y argumentos que han convertido la ley en papel mojado. En su fallo, el Supremo subraya que la Generalitat tiene no solamente la obligación de ofrecer esos formularios para que los padres elijan sino que además debe velar «para que los derechos que contempla la ley no sean meramente teóricos o ilusorios sino reales y efectivos». Dicho con otras palabras, la Generalitat tiene que garantizar que ese derecho a elegir se pueda materializar y no se limite a una mera posibilidad abstracta. Para despejar cualquier duda, la sentencia del Supremo dice que «los poderes públicos tienen el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud». La Generalitat ha hecho todo lo contrario; ha sembrado de obstáculos el cumplimiento de ese derecho que la ley reconoce. Y para ello se ha refugiado en el pretexto que es a ella y sólo a ella a quien le corresponde regular el ejercicio de ese derecho a elegir idioma en la enseñanza. Los nacionalistas nunca han disimulado su abierta y frontal negativa a cumplir con lo que la ley establece. Hay en las hemerotecas decenas de frases de Carod-Rovira, Bargallo, Puigcercos y otros dirigentes de ERC, defendiendo la obligatoriedad de la enseñanza vehicular en catalán. Pero esta posición es también compartida por amplios sectores del PSC y CiU. Sin ir más lejos, en un foro de EL MUNDO, en febrero de 2006, Artur Mas llegó a decir que su partido jamás permitiría que en los colegios públicos catalanes se enseñara en español. «Que se monte un colegio privado en castellano quien lo quiera pagar, como se montó en japonés», apostilló. Artur Mas y otros nacionalistas han utilizado el argumento de que permitir que los niños estudiaran en castellano sería contribuir a su exclusión social, un sofisma que no resiste el mínimo análisis ya que hay comunidades como Valencia y el País Vasco donde los padres pueden elegir. Esta era precisamente la reivindicación del nacionalismo catalán, que hace 30 años pedía la equiparación con el castellano. Ahora ha pasado a perseguirlo y a multar a quien lo utiliza. La Generalitat se apresuró anoche a anunciar que incluirá la pregunta en el formulario, pero que no cambiará para nada el modelo educativo. Ello supone una meridiana intención de desobedecer el espíritu de este fallo del Supremo. Si la Generalitat se sigue negando a ofrecer la escolarización en castellano, el Alto Tribunal tendrá que volver a pronunciarse y hacerlo para que se aplique la ley y se respeten los derechos de todos los ciudadanos. PROHIBIDO ESTUDIAR EN ESPAÑOL / La ley incumplidaAcabar con la inmersión obligatoriaJOSE DOMINGOLa inmersión lingüística obligatoria en Cataluña ha sido desactivada por el Tribunal Supremo. El modelo escolar catalán es contrario a la Constitución y a la propia Ley de Política Lingüística de 1998 al impedir la escolarización de los alumnos en castellano o en bilingüe (catalán y castellano) hasta el primer ciclo de educación primaria. Cataluña ha sido pionera en España en aplicar un modelo uniforme en la escuela que está teniendo pésimas consecuencias en miles de alumnos. El informe PISA ha evidenciado que los niños catalanes castellanohablantes tienen peor rendimiento escolar que los de lengua catalana y que los inmigrantes escolarizados en esta comunidad acreditan un fracaso muy superior al del resto de España. La obsesión nacionalista ha arrumbado el concepto de lengua materna para hacer predominante el de lengua propia y proclamar el siguiente sofisma: «El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua de escolarización». El concepto de lengua propia, cual chapapote, lo impregna y ensucia todo marginando el de lengua oficial y con ello la libertad de elección de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua que deseen. El modelo catalán ha bunquerizado la escuela y ha arruinado el progreso de miles de niños. La exclusividad del catalán como lengua de escolarización ha arramblado con el futuro de niños sordos, autistas, recién llegados a Cataluña, en tránsito, sin que los partidos tradicionales y el Gobierno autonómico tengan la más mínima sensibilidad por ello. Cuentan con patente de corso, y con ella desactivan la alta Inspección Educativa del Estado, controlan a los Gobiernos nacionales a cambio de apoyos en Presupuestos o investiduras, apelan a la pluralidad para toda España pero no la aplican en Cataluña, satanizan al disidente calificándolo con los peores atributos (anticatalán, fascista...), crean centros para satisfacción de lingüistas a los que hacen informes de encargo, preparan lobbies en Organismos Internacionales para atenuar críticas, adoban a asociaciones con subvenciones, condicionan conciertos educativos a la claudicación lingüística e imponen controles severos en aulas y patios para perseguir al recalcitrante castellanohablante. Nada les ha parado y su fanatismo no respeta ni leyes ni tribunales. Han ignorado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora pretenden hacerlo con las del Tribunal Supremo. El secretario de Política Lingüística ya ha anticipado que esta sentencia no cambiará el modelo lingüístico catalán. Por desgracia, puede que tenga razón, ya tienen preparado el antídoto contra el derecho a la escolarización en castellano o en bilingüe en el régimen lingüístico del nuevo Estatuto de Autonomía y en la futura Ley de Educación de Cataluña. Para neutralizarlo se necesita rigor jurídico del Tribunal Constitucional, firmeza del Gobierno en la defensa de los derechos lingüísticos de todos los españoles y la aprobación por las Cortes Generales de una Ley de Lenguas que vincule la oficialidad del castellano al derecho a ser escolarizado en esta lengua en cualquier parte del territorio nacional. José Domingo es portavoz adjunto de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el Parlamento catalán PROHIBIDO ESTUDIAR EN ESPAÑOL / La ley incumplidaJueces, PP y PSOE han tratado sin éxito que se enseñe más españolUn decreto de los 'populares' para pasar de dos a cinco horas semanales de castellano nunca llegó a aplicarse, y tampoco prosperó la tercera hora LEONOR MAYORBARCELONA.- «Me cogió uno de mis ataques de rabia cuando lanzó una afirmación como ésta: 'Tenemos que expandir el catalán sin perjudicar el castellano'. Entendía que en la escuela, cuando los alumnos llegaban a tres, cuatro o cinco años, se los tenía que dividir en dos grupos: los de habla castellana y los de habla catalana. Esto nos separó completamente y se acabó la relación». Este episodio de las recientes memorias del pedagogo Joan Triadú es más que ilustrativo de las tensiones que se vivieron en la Cataluña de los años 80, cuando se diseñó el nuevo modelo escolar. Había acuerdo en que era necesario potenciar el catalán, un idioma que vivió subyugado al castellano durante los 40 años de dictadura franquista. Pero no estaba claro cuál debía ser el modelo. Expertos como Rosa Sensat -a la que alude Triadú en la cita anterior- eran partidarios de crear dos líneas de estudio, en catalán y castellano, tal y como se hizo en el País Vasco. Triadú y sus seguidores se inclinaban por un modelo importado del Quebec, consistente en convertir el catalán en «lengua vehicular» de la enseñanza, lo que significa que todas las asignaturas y actividades escolares se imparten en este idioma y que los estudiantes cursan dos horas semanales de clase de castellano. Este sistema, que prohibía la separación de los alumnos por lenguas, es el que finalmente fue escogido por el gobierno de Jordi Pujol. Con esa filosofía se diseño la primera Ley de Política Lingüística en 1983 que, sin embargo, contaba con un punto flaco para los intereses del nacionalismo: obligaba a «garantizar» la primera enseñanza, hasta los ocho años de edad, en la lengua habitual del niño, ya fuese ésta el catalán o el castellano. La Generalitat de Pujol encontró, no obstante, la manera de eludir este incómodo precepto al eliminar las casillas para elegir el idioma de los impresos de preinscripción escolar. Durante los últimos 20 años, el Tribunal de Justicia de Cataluña ha dictado varias sentencias invitando a la Administración a incluir estas casillas, pero los sucesivos gobiernos de Pujol primero y de Maragall y Montilla después han hecho caso omiso de la recomendación judicial. También los gobiernos centrales han intentado poner orden en el asunto, pero sin éxito. En marzo de 2003, Aznar presentó un proyecto de reglamento para desarrollar la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza , que obligaba a los colegios catalanes a pasar de dos a cinco horas semanales de clase de castellano. Esta reforma causó gran polémica en Cataluña, pero nunca llegó a ponerse en práctica, porque el PP perdió las elecciones de 2004. Pero el PSOE insistió y, en la línea del PP, aunque con menos ambición, presentó en 2006 su propio decreto escolar en el que obligaba a introducir una tercera hora semanal de clase de castellano en las aulas de Primaria de las escuelas catalanas. El PSC, con el consejero de Educación, Ernest Maragall, a la cabeza, no vio con malos ojos esta iniciativa, pero sus socios gubernamentales de Esquerra montaron en cólera: la tercera hora sólo se impartirá por encima de nuestro cadáver, vinieron a decir los independentistas. Maragall buscó alternativas para tratar de contentar a los de Esquerra y, al tiempo, aumentar algo la enseñanza del español, consciente de que «algunos niños de la Cataluña central tienen problemas para expresarse en castellano». Barajó la opción de que las clases de matemáticas se impartiesen en este idioma, pero los republicanos no dieron su brazo a torcer. De momento, la tercera hora de castellano no se imparte en los colegios de Cataluña a la espera de ver qué dicen los tribunales, que están estudiando el asunto. Ahora, Maragall prepara una nueva Ley de Educación, que cambiará radicalmente el panorama vivido en los últimos 20 años, ya que eliminará la obligación -nunca cumplida- de enseñar en español hasta los ocho años y determinará hasta el detalle, amparándose en el nuevo Estatuto, las competencias de la Generalitat en materia de educación para evitar nuevas injerencias del Gobierno central, cualquiera que sea su color, en el asunto. PROHIBIDO ESTUDIAR EN ESPAÑOL / Las reaccionesLa Generalitat dice que la sentencia «no tendrá trascendencia ni afectará al modelo educativo»«Como mucho, pondremos una casilla más en las hojas de preinscripción de las escuelas» LEONOR MAYORBARCELONA.- A los socialistas catalanes les resulta muy incómodo que los tribunales les recuerden cada año que incumplen la ley al no poner una casilla en los impresos de preinscripción escolar que permita a los padres elegir el castellano como lengua principal para la educación de sus hijos menores de ocho años de edad. Anualmente, cuando los impresos se ponen en circulación, Convivencia Cívica Catalana los recurre. Y, anualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta sentencia dando la razón a esta entidad, presidida por Francisco Caja. En esta ocasión, ha sido el Tribunal Supremo quien ha avalado las reivindicaciones de Convivencia Cívica, pero en el PSC han hecho lo de siempre: dar la callada por respuesta. Los socialistas evitan así entrar al trapo en una herida que escuece mucho a una gran parte de sus votantes, partidarios de que sus hijos reciban educación en castellano. Sus socios de Esquerra, a quien el fallo no ha gustado, suelen ser más beligerantes en este asunto, pero ayer también optaron por el silencia a la espera de conocer con mayor profundidad el contenido del fallo del Tribunal Supremo, según explicaron fuentes de la formación independentista a este diario. Este pacto de silencio fue roto por el secretario de política lingüística de la Generalitat , Bernat Joan, vinculado a Esquerra, quien restó importancia a la sentencia en declaraciones a Avui.cat. Joan aseguró que el fallo «no tendrá trascendencia y, por tanto, no afectará al modelo» educativo catalán, es decir, al sistema de inmersión lingüística, por el que todas las asignaturas se imparten en catalán excepto las dos horas semanales de castellano y las que se dedican a la enseñanza de lenguas extranjeras. Bernat Joan aseguró que «como mucho, pondremos una casilla más en las hojas de preinscripción de las escuelas», pero dejó claro que eso no afectará al modelo de inmersión. En su opinión, el recurso presentado por Convivencia Cívica Catalana no es más que un intento «de hundir el modelo educativo» catalán. «Utilizan todas las armas posibles contra el catalán. La verdadera intención de la denuncia no es defender los derechos de los niños, sino pervertir el principio básico de la educación, que es que las necesidades básicas para un niño que no hable catalán quizá sean más elevadas que las de un catalanohablante en las fases educativas iniciales del aula», añadió. Muy distintas fueron las reacciones del PP catalán y de Ciutadans, que sí optaron por hacer declaraciones nada más conocerse el fallo del Tribunal Supremo. El secretario general de los populares catalanes, Jordi Cornet, denunció en un comunicado de prensa la «hipocresía» de la Generalitat al «exigir el cumplimiento de leyes como el Estatut, recurrida ante el Tribunal Constitucional, y al mismo tiempo, incumplir reiteradamente una ley aprobada por el propio Parlament». A su juicio, «una Administración seria no puede permitirse decidir qué leyes cumple y cuáles no, pues debe ser la primera en cumplirlas rigurosamente y dar ejemplo a los ciudadanos». Cornet, que exigió a la Generalitat que cumpla lo previsto en el fallo del Supremo y permita la escolarización de los alumnos en su lengua habitual, se mostró satisfecho con la sentencia y aseguró que su contenido «confirma las tesis defendidas por el PP de Cataluña, que desde hace muchos años viene denunciando que el Gobierno de la Generalitat vulnera, año tras año, los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes de Infantil y Primaria, al no permitir que sean escolarizados en su lengua materna». Para el líder de Ciutadans, Albert Rivera, la sentencia conocida ayer es «histórica», porque «consolida la doctrina de la libertad lingüística en la educación española en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales». En un comunicado de prensa, Rivera exigió al Gobierno de José Montilla que «cumpla con la Constitución y las sentencias de los tribunales». El presidente de Ciutadans recordó que su partido ha intentado «reiteradamente» que la Generalitat «cumpla la ley e incluya en las hojas de preinscripción escolar la casilla para elegir la lengua oficial vehicular de la enseñanza en las escuelas de Cataluña». Y añadió que «desde Ciutadans no se aceptará ninguna excusa para el incumplimiento de la ley». Por último, y tras felicitar a las asociaciones cívicas que «luchan contra la violación de los derechos lingüísticos», Rivera señalo como «responsable máximo de que se aplique el dictado del Supremo» a José Montilla. El Supremo obliga a la Generalitat a ofrecer la primera enseñanza en castellanoIVA ANGUERA DE SOJO | ABCEl Tribunal Supremo dio ayer un duro varapalo a la política lingüística de la Generalitat al avalar la setencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga al Gobierno catalán a permitir que los alumnos puedan elegir idioma de escolarización en la primera enseñanza. El TSJC falló en 2004 a favor de una demanda de Convivencia Cívica Catalana (CCC) en la que esta entidad -entonces presidida por el dirigente del PP Alejo Vidal-Quadras- denunciaba que los formularios de inscripción en los colegios públicos catalanes de educación Infantil y Primaria no incluyen una casilla para especificar la lengua materna del niño. Algo que en la práctica dificulta que los padres puedan exigir la escolarización en la lengua materna cuando ésta es el castellano, tal y como viene denunciando desde entonces Convivencia Cívica. El alto tribunal catalán consideró que la Generalitat debía «adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros escolares sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual», ya fuera ésta catalán o castellano. Sin embargo, la Generalitat restó ayer importancia a la resolución, que tachó de revés meramente «técnico» y aseguró que no recurrirá el fallo. El Gobierno catalán argumentó que ya ha solventado esta cuestión desde que en 2005 se modificó el formulario de preinscripción escolar. Desde entonces, los impresos recogen el derecho de los padres a solicitar la primera enseñanza en castellano, pero lo hacen en una nota al margen que, según CCC, no cumple la resolución del TSJC. Práctica habitual del tripartitoDe hecho, el Gobierno catalán tiene tres resoluciones judiciales pendientes de cumplimiento: la que obliga a cumplir la tercera hora del castellano, la que prohibe el uso exclusivo del catalán en las actividades de acogida matinal en las escuelas públicas y la referente a la preinscripción, ahora ratificada por el Supremo. El TS no entra, en su sentencia, a valorar la política lingüística de la Generalitat , pero sí da la razón al TSJC respecto a que el derecho legalmente reconocido de elección de idioma no debe ser meramente teórico o ilusorio, sino «real y efectivo». El pasado mayo, en pleno proceso de preinscripción escolar, el TSJC volvió a instar a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat a que incluyera en los formularios de preinscripción una casilla para que los padres puedan especificar en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos. Sentencia históricaTras conocerse la sentencia, el secretario general del Partido Popular catalán, Jordi Cornet, exigió a la Generalitat que «cumpla la ley y permita la escolarización de los alumnos en su lengua habitual». Por su parte, Ciudadanos (C´s) calificó de «histórica» la decisión del alto Tribunal. Según Cornet, en esta sentencia «se pone en evidencia que la Generalitat incumple la Ley de Política Lingüística» al no permitir que los padres escolaricen a sus hijos en su lengua de uso habitual y «la obliga a dar cumplimiento a esta ley, como ya hizo el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) en 2004». El responsable popular criticó también la hipocresía del ejecutivo autonómico cuando pide el cumplimiento de leyes como el Estatuto, que tiene diversos recursos pendientes en el Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, «incumple reiteradamente una ley aprobada por el mismo Parlamento» catalán. «Una administración seria no puede permitirse decidir qué leyes cumple y cuales no, debe ser la primera en cumplirlas rigurosamente y dar ejemplo a los ciudadanos», añadió. Cornet aseguró además que la sentencia confirma las tesis defendidas por el PP, que «desde hace mucho tiempo viene denunciando que el Gobierno autonómico vulnera, año tras año, los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes» de Infantil y Primaria, al no permitir que se escolaricen en su lengua materna. El presidente de C´s, Albert Rivera, calificó de «histórica» la sentencia del TS que obliga a la Generalitat a incluir la casilla lingüística en las preinscripciones escolares porque «consolida la doctrina de libertad lingüística en la educación española en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales». La batalla de la tercera horaConvivencia Cívica mantiene abierta otra batalla jurídica con la Generalitat , en este caso por el incumplimiento del Decreto de la tercera hora de castellano en la Enseñanza Primaria , que el tripartito ha recurrido y los colegios catalanes están incumpliendo de momento. El propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña constató en su resolución del pasado julio que 1.427 colegios de esta comunidad, de los 2.265 centros públicos y concertados, no cumplen con los mínimos fijados por el Decreto estatal en los dos primeros años de primaria. Los informes lingüísticos de estos centros demuestran que la tónica es impartir únicamente 140 horas de Lengua Castellana. La Generalitat presentó en 2007 un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial. Mientras, el tripartito ha acelerado la tramitación de la ley catalana de educación -actualmente en debate parlamentario- para que el decreto estatal quede superado por la normativa autonómica y no tener que cumplir la tercera hora. El Supremo insta al Gobierno catalán a preguntar la lengua del alumnoLa Generalitat afirma que desde 2006 ya ofrece la opción al idioma escolar EL PAÍS - 28/12/2008El Tribunal Supremo obliga a la Generalitat a que en los formularios de matriculación de enseñanza infantil y primaria se pregunte sobre la lengua habitual del alumno. La sentencia responde al recurso de la Generalitat contra otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en 2004 le instó a preguntar a los padres de los alumnos por su lengua habitual "para hacer efectivo su derecho a recibir la primera enseñanza en esta lengua". El Alto Tribunal precisa que su sentencia no entra a juzgar el modelo educativo catalán sino que se centra en temas de procedimiento. El TSJC estimó parcialmente en 2004 un recurso presentado por la entidad Convivencia Cívica Catalana, contra la normativa de preinscripción en las escuelas públicas y las privadas concertadas, que fue anulada. El Supremo apoya la tesis del TSJC respecto a que el derecho no debe ser meramente teórico o ilusorio, sino "real y efectivo". El TSJC dictó una sentencia similar este año contra el modelo de preinscripción de 2005 por la misma razón. La Generalitat incluyó la pregunta hasta 1999. El portavoz de la consejería de Educación manifestó ayer a este diario que el problema se resolvió en 2006. Desde entonces, los formularios de matriculación citan el artículo de la ley de Política Lingüística que consagra el derecho de los niños "a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano" y se remite al padre o tutor que quiera que se imparta la enseñanza de su pupilo en castellano al director de la escuela asignada. La lengua vehicular de la enseñanza es el catalán y en los casos de petición el material escolar que se da al alumno es en castellano y el maestro se dirige a él en esta lengua. Para José Domingo, diputado autonómico de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía , con esta fórmula la Generalitat eludió el acatamiento de la sentencia. "Lo que debe hacer es incluir una casilla en los formularios de preinscripción sobre si desea enseñanza en catalán, castellano o bilingüe para poder programar las necesidades educativas y tener una estadística clara sobre este tipo de peticiones. Con la actual fórmula, que figura en el anverso del formulario de matriculación y en letra pequeña, se obliga al padre a una entrevista con el director del centro asignado y empiezan maniobras de disuasión". La Generalitat argumenta que este tipo de peticiones no llegan al centenar al año y los críticos replican que el actual sistema está pensado para dificultar que los padres manifiesten la opción lingüística que desean. " La Generalitat no quiere saber cuántos son. Si la pregunta fuese clara y hubiera un número importante de peticiones de enseñanza bilingüe o en castellano, la inmersión no sería aplicable". Batalla judicial- Desde 2004, el TSJC ha dictado tres sentencias obligando a la Generalitat a incluir una casilla en la inscripción escolar preguntando la lengua habitual del alumno. - La Generalitat lo hizo hasta 1999. Desde 2006 remite a los padres o tutores a solicitar la opción del castellano al director del centro. El Supremo avala la 'casilla lingüística' en la escolarizaciónEL PERIÓDICOEl Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, en el 2004, le instó a preguntar a los padres de los alumnos por su lengua habitual, "a fin de hacer efectivo su derecho a recibir la primera enseñanza en esta lengua". El alto tribunal precisa, no obstante, que su sentencia no se refiere al fondo del asunto ni expresa su criterio sobre los deberes de prestación de la Administración catalana, sino a temas de naturaleza procesal. El TSJC estimó parcialmente en el 2004 un recurso de la entidad Convivencia Cívica Catalana, presidida entonces por el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras, contra la resolución que fijaba las normas de preinscripción y matriculación en escuelas públicas y privadas concertadas. Dicha resolución fue anulada. La Generalitat recurrió esta decisión al Supremo al considerar que Convivencia Cívica Catalana no estaba legitimada para presentar el recurso, ya que solo lo están las personas destinatarias de la prestación, algo que desestima el alto tribunal. El TS confirma el derecho a optar sobre la lengua en la enseñanza en Cataluña28LA RAZÓNBARCELONA- La inmersión lingüística de la Generalitat , que establece una educación casi en su totalidad en catalán en la Comunidad , sufrió ayer un duro golpe. El Tribunal Supremo (TS) confirmó la sentencia dictada en 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la que obligó a la Consejería de Educación del Gobierno catalán a consultar la lengua habitual de las familias o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria, según la Ley de Política Lingüística aprobada en 1999. Dicha ley, que fue aprobada por CiU, y el incumplimiento de este apartado, tuvieron su continuidad con la llegada del tripartito de PSC, ERC e ICV, lo que en la práctica significa suprimir la educación en castellano en Cataluña, excepto las materias de dicha lengua. Ley incumplidaLa sentencia del Alto Tribunal considera que el procedimiento que emplea la Generalitat en el inicio de cada curso «incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de preinscripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños». Teóricamente, el citado artículo establece que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea catalán o castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique». Esta opción, la de la posibilidad de escoger la lengua para la educación de los niños, existió hasta el curso 1998-99, pero el último Gobierno de CiU la eliminó y en las dos legislaturas del tripartito no se ha movido ni un dedo para modificar la situación. En su recurso ante el TS, la Generalitat proclamó que «hacer efectivo el derecho del artículo 21.2 formaba parte de la discrecionalidad reservada a la Administración ». Ahora, el Alto Tribunal rechaza los argumentos del Gobierno catalán y respalda la sentencia del TSJC, al estimar «más conforme con el ordenamiento» la incorporación en el impreso de preinscripción de «los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)» para hacer efectivo «el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual y facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución ». De esta manera, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso–Administrativo del TSJC estimó parcialmente un recurso presentado en el año 2000 por Convivencia Cívica Catalana (CCC) –en ese momento presidida por Aleix Vidal-Quadras– , que consideraba «discriminatorio» hacia los castellanohablantes de Cataluña «no preguntar su lengua de uso con el fin de tenerla en cuenta en la enseñanza Infantil y Primaria». «Adoptar medidas»En su sentencia de 2004, el TSJC aseguró que la Generalitat debía «adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros escolares públicos por su lengua habitual». Contra esto, el Govern recurrió al TS al considerar que CCC no había pedido la anulación de la citada resolución de su departamento de Educación. La Generalitat estimó, además, que dicha entidad «carecía de legimitación para presentar el recurso», ya que sólo la tenían las personas destinatarias de esta prestación», hecho que fue desestimado por el TS. Más bien al contrario, el Supremo apoya la tesis del TSJC respecto a que el derecho legalmente reconocido «no debe ser meramente teórico o ilusorio, sino real y efectivo», y además recordó que el mismo TSJC anuló la resolución porque es en la que se sustenta el impreso oficial de preinscripción y matriculación y las normas para ello. El Supremo también rechazó los argumentos de «falta de concreción en la sentencia del TSJC» esgrimidos por la Generalitat y señaló que «se refiere al principio que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud». Falta ahora la reacción del Gobierno catalán. En los últimos nueve años, la Consejería de Educación ha estado en manos de CiU, ERC y PSC, y ninguno de estos partidos se ha alejado de la inmersión lingüística. El PP exige al tripartito que cumpla la ley 28 Diciembre 08El secretario general del PP de Cataluña, Jordi Cornet, no tardó en reaccionar tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Cornet exigió a la Generalitat que «cumpla la ley y permita la escolarización de los alumnos en su lengua habitual». En este sentido, denunció la «hipocresía» del tripartito por pedir «el cumplimiento de leyes como el Estatut -que tiene pendiente varios recursos en el TC- y, a la vez, el incumplir reiteradamanete una ley aprobada por el Parlamento catalán». El dirigente del PP se mostró «satisfecho» porque las tesis de su partido se han confirmado tras pasar años defendiéndolas.
Una obsesión lingüística ajena a las sentencias 28 Diciembre 08¿ ¿Qué establece la Ley de Política Lingüística de 1998? -Fue aprobada por CiU y el tripartito la ha mantenido igual. Señala que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea catalán o castellano. La Administración tiene que hacer efectivo este derecho. ¿ ¿Se ha aplicado en los colegios de Cataluña? -No, al contrario. Justo tras aprobarse, la casilla en la hoja de preinscripción escolar que permitía a los padres escoger la lengua para educar a sus hijos desapareció. El tripartito ha mantenido intacta esta herencia de CiU y el resultado es que en Cataluña no existe ni una escuela con enseñanza en castellano. ¿ ¿Ha habido protestas y reacciones? -Muchas. Convivencia Cívica Catalana fue la entidad que interpuso un recurso contra la desaparición de la citada casilla, hecho que ahora ha surgido efecto, mientras que Asociación por la Tolerancia denunció tiempo atrás a este diario que cada día reciben una media de dos quejas de padres que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano. ¿ ¿Qué hará la Generalitat ? -Es una incógnita porque, hasta ahora, ha hecho caso omiso de todas las sentencias contrarias a su política lingüística. El TS obliga a la Generalitat a tener en cuenta la lengua habitual de los alumnos de Infantil y PrimariaEstima que incumple la Ley de Política Lingüística al omitir a los padres las preguntas para conocer la lengua usada por los niños LA VANGUARDIAMadrid. (EUROPA PRESS).- El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que obligó a la Conselleria de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria, según la Ley de Política Lingüística de 1999. La sentencia del alto tribunal considera que el procedimiento que emplea la Generalitat en cada curso escolar "incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños". Concretamente, la Ley de Política Lingüística establece en su artículo 21.2 que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres u tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique". Las hojas de las preinscripciones escolares incluían hasta el curso 1998/1999 una casilla en la que la Generalitat daba la opción a las familias a informar sobre su lengua de uso habitual. Sin embargo, el último gobierno de CiU la eliminó y se ha mantenido hasta la actualidad. En su recurso ante el TS, la Generalitat defendía entre otras cosas, que la determinación de los medios a través de los cuales ha de hacer efectivo aquel derecho proclamado en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración. No obstante, el alto tribunal rechaza en su resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, rechaza todos los argumentos esgrimidos por la Generalitat y respalda la sentencia del TSJC al estimar "más conforme con el ordenamiento" la incorporación en el impreso de preinscripción de "los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)" para hacer efectivo "el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual -ya sea ésta el catalán o el castellano-" y "facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución ". El Tribunal Suprem avala una altra batalla contra el català a l'escolaEl TS estima que la Generalitat incompleix la llei de política lingüística perquè no pregunta als pares quina és la llengua habitual dels nens quan els inscriuen en una escola. Aleix Vidal-Quadras va ser l'impulsor de la demanda presentada l'any 2000 AVUIEl Tribunal Suprem ha confirmat la sentència dictada el 14 de setembre del 2004 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va obligar el departament d'Educació a consultar la llengua habitual de la família o tutors dels menors en la preinscripció escolar i tenir-la en compte en l'educació infantil i primària, segons estableix la llei de política lingüística. La sentència de l'alt tribunal considera que el procediment que utilitza la Generalitat en cada curs escolar "incompleix la previsió de l'article 21.2 de la llei de política lingüística, en ometre en el model de preinscripció que s'entrega als pares les preguntes dirigides a conèixer la llengua habitual dels nens". Aquest article estableix que "els nens tenen el dret de rebre el primer ensenyament en la seva llengua habitual, sigui català o castellà. L'administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans per fer-lo efectiu". Els fulls de preinscripció incloïen aquesta opció fins el curs 1998/1999, i posteriorment va ser eliminada. En el seu recurs davant el TS, la Generalitat defensava que la determinació dels mitjans a través dels quals s'ha de fer efectiu aquest dret formen part de la discrecionalitat reservada a l'Administració. La sentència del TSJC del 2004 va estimar parcialment la demanda presentada l'any 2000 per l'entitat Convivencia Cívica Catalana, fundada per Aleix Vidal-Quadras, coneguda per la seva línia contrària a la política lingüística de la Generalitat. La Generalitat planea un cambio urgente de la Ley de Educación para no aplicar el bilingüismo en las escuelasA. Fernández.- EL CONFIDENCIALEl presidente de Ciutadans, Albert Rivera. EFE. El Tribunal Supremo ha puesto contra las cuerdas a la Generalitat catalana al obligarla a que en los folletos de preinscripción escolar de infantil y primaria incluya una casilla que permita a los padres escoger el idioma en que quieren que sean escolarizados sus hijos. Esta sentencia confirma otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 14 de septiembre del 2004, dictada después de un pleito iniciado por Convivencia Cívica Catalana para poder escoger la lengua en los primeros cursos de la educación. El Supremo dice que el procedimiento que emplea el Gobierno autonómico incumple el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística de 1999 -de la propia Generalitat- “por omitir en el modelo de preinscripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños”. Como consecuencia de ello, todos pasan a estudiar en catalán y sólo dan dos horas de clase en castellano. Si se incluyeran las preguntas que dice la ley, los padres o tutores podrían escoger el idioma oficial en el que su hijo recibiría las clases, fuese castellano o catalán. El Ministerio de Educación quiso obligar ya el curso pasado a impartir, como mínimo, tres horas en castellano, pero la Generalitat tampoco ha aplicado esta normativa. Reacciones“La sentencia del Supremo es magnífica, muy importante”, declaró José Domingo a El Confidencial. Domingo fue el iniciador del expediente que ahora ha culminado con la sentencia del Supremo. Cuando interpuso la primera demanda, el 15 de febrero del 2000, era secretario de Convivencia Cívica, organización de la que se desligó posteriormente. Hoy, es diputado de Ciutadans en el Parlamento autonómico. El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, también calificó ayer la sentencia del alto tribunal de “histórica, porque consolida la doctrina de la libertad lingüística en la educación española en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales”. Rivera recordó que su partido “ha exigido, reiteradamente, al presidente de la Generalitat de Cataluña que cumpla la ley, incluyendo la casilla para elegir la lengua oficial vehicular en la enseñanza en las escuelas de Cataluña”. El Gobierno autonómico siempre ha hecho caso omiso de esta petición, por lo que el líder de Ciutadans critica que la Generalitat “no cumple ni sus propias leyes”. La consejería de Educación, que pilota Ernest Maragall, siempre se ha negado a aplicar las sentencias del TSJC aduciendo que no son todavía firmes. Acaba con la discriminaciónPara José Domingo, el Tribunal Supremo acaba de marcar un hito histórico al acabar “con la inmersión lingüística” y con la discriminación de los castellanohablantes. En este sentido, Rivera felicitó ayer "el trabajo de las asociaciones cívicas de toda España, y en especial las que actúan en comunidades autónomas donde se violan los derechos lingüísticos de los ciudadanos". Otra cosa será su aplicación práctica. “Me temo que desde la consejería de Educación sabían ya que se iba a dictar algo en este sentido, porque las últimas semanas se han dado muchas prisas para aprobar la nueva Ley de Educación de Cataluña, que pretende eliminar el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística vigente ahora. Y quieren llevar adelante la reforma por procedimiento urgente”, afirma Domingo. En el nuevo redactado, se prevé que un alumno, si tiene menos de 8 años y llega a Cataluña, sólo pueda ser escolarizado un curso en castellano. Luego, habrá de ser escolarizado obligatoriamente en catalán sin opción al bilingüismo. El tiempo juega en contra de la Generalitat. La intención de Maragall es tener aprobada la ley de educación en un corto plazo de tiempo. Si no hay ninguna traba, las preinscripciones que comenzarán en marzo ya no han de tener en cuenta el idioma materno del niño, puesto que no habrá obligación de introducir en las hojas que reparte la Administración las preguntas sobre la lengua en que se desea la escolarización. De momento, la Generalitat cuenta con el respaldo de Convergència i Unió (CiU) y la oposición de Partido Popular y Ciutadans. Una fuente de CiU afirma que la federación nacionalista apoyará el texto “porque se han recogido muchas de nuestras principales tesis”. Pero el problema del tripartito que preside José Montilla está en su interior: uno de los socios del gobierno, ICV, está en contra de la ley, ya que la considera poco intervencionista y demasiado liberal, al dejar manga ancha a las escuelas concertadas, que son la gran mayoría. Los propios dirigentes de ICV se han puesto al frente de las manifestaciones de protesta contra la nueva ley, lo que ha creado un enorme malestar dentro del Ejecutivo catalán. Algunos dirigentes de ERC también han acudido a las manifestaciones, aunque los republicanos afirman que sólo han asistido como “observadores”, para conocer de primera mano las reivindicaciones que se hacen en ellas. EN LAS PREINSCRIPCIONES DE INFANTIL O PRIMARIAEl TS obliga a la Generalidad a ofrecer a los padres educación en castellano para sus hijosEl Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a la Generalidad a preguntar a los padres en qué idioma querían educar a sus hijos. Las preinscripciones de Infantil y Primaria deberán incluir una casilla para elegir castellano o catalán. LIBERTAD DIGITALL D (Europa Press) La sentencia del alto tribunal considera que el procedimiento que emplea la Generalidad en cada curso escolar "incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, de 1999, por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños". Concretamente, la Ley de Política Lingüística establece en su artículo 21.2 que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres u tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique". Las hojas de las preinscripciones escolares incluían hasta el curso 1998/1999 una casilla en la que la Generalidad daba la opción a las familias a informar sobre su lengua de uso habitual. Sin embargo, el último gobierno de CiU la eliminó y se ha mantenido hasta la actualidad. En su recurso ante el TS, la Generalidad defendía entre otras cosas, que la determinación de los medios a través de los cuales ha de hacer efectivo aquel derecho proclamado en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración. No obstante, el alto tribunal rechaza en su resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, todos los argumentos esgrimidos por la Generalidad y respalda la sentencia del TSJC al estimar "más conforme con el ordenamiento" la incorporación en el impreso de preinscripción de "los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)" para hacer efectivo "el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual –ya sea ésta el catalán o el castellano–" y "facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución ". La sentencia del TSJC de 2004 estimó parcialmente la demanda presentada el 15 de febrero de 2000 por la entidad Convivencia Cívica Catalana, –fundada por Aleix Vidal-Quadras y contraria a la política lingüística de la Generalidad –, que interpuso un recurso al considerar "discriminatorio" hacia los castellano-hablantes no preguntar su lengua de uso con el fin de tenerla en cuenta en la enseñanza Infantil y Primaria. Según el fallo de instancia recurrido por la Generalidad , el Gobierno catalán tiene la "obligación" de "adoptar las medidas necesarias para que el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación". La sentencia, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, censuraba la actuación de la Consejería porque impedía "hacer efectivo" el derecho de los alumnos "a recibir" la primera enseñanza "en la lengua habitual". El Supremo obliga a la Generalidad a cumplir con el bilingüismo escolarLA VOZ DE BARCELONA – 27/12/2008El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004 (PDF) por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligó a la Consejería de Educación de la Generalidad a colocar la casilla preguntando la lengua vehicular en las enseñanzas Infantil y Primaria. Según ha publicado la agencia de noticias Europa Press, el TS ha dictado sentencia en contra de la Generalidad de Cataluña y ha ratificado la sentencia del TSJC de 2004, dando la razón a la asociación Convivencia Cívica Catalana e insta a la Consejería de Educación a incluir una casilla para que los padres puedan escoger el idioma oficial en el que quieren que sus hijos sean educados en las enseñanzas Infantil y Primaria. Incumplimiento de la Ley de Política LingüísticaLa sentencia del TS considera que el procedimiento que emplea la Generalidad en cada curso escolar ‘incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños’, para así poder planificar las aulas en función de la lengua escogida. Concretamente, la Ley de Política Lingüística establece en su artículo 21.2 que ‘los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique’. La casilla, desde CiULas hojas de las preinscripciones escolares incluían hasta el curso 1998-1999 una casilla en la que la Consejería de Educación daba la opción a las familias a informar sobre su lengua de uso habitual. Sin embargo, el último Gobierno autonómico de CiU, con el respaldo del PP, la eliminó. En su recurso ante el TS, la Generalidad defendía entre otras cosas, que la determinación de los medios a través de los cuales ha de hacer efectivo aquel derecho proclamado en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración. No obstante, el Alto Tribunal ha rechazado en su resolución todos los argumentos esgrimidos por la Generalidad y ha respaldado la sentencia del TSJC al estimar ‘más conforme con el ordenamiento’ la incorporación en el impreso de preinscripción de ‘los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)’ para hacer efectivo ‘el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual’ y ‘facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución‘. Censura del TSJC a la actuación de la GeneralidadLa sentencia del TSJC de 2004 estimó parcialmente la demanda presentada el 15 de febrero de 2000 por la entidad Convivencia Cívica Catalana, que interpuso un recurso al considerar ‘discriminatorio’ hacia los castellanoparlantes no preguntar su lengua de uso con el fin de tenerla en cuenta en la enseñanza Infantil y Primaria. Según el fallo de instancia recurrido por la Generalidad, el Gobierno autonómico tiene la ‘obligación’ de ‘adoptar las medidas necesarias para que el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación’. La sentencia, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, censuraba la actuación de la Consejería porque impedía ‘hacer efectivo’ el derecho de los alumnos ‘a recibir’ la primera enseñanza ‘en la lengua habitual’. El PP catalán exige a la Generalitat que cumpla la ley y permita la escolarización de los alumnos en su lengua habitualC's ve "histórica" la sentencia del TS que obliga al Govern a incluir la casilla lingüística en las preinscripcionesBARCELONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS)El secretario general del PP catalán, Jordi Cornet, exigió hoy a la Generalitat que "cumpla la ley y permita la escolarización de los alumnos en su lengua habitual" después de que hoy el Tribunal Supremo hiciera pública una sentencia que obliga al Govern a tener en cuenta la lengua de los alumnos en Infantil y Primaria. Por su parte, C's vio "histórica" la sentencia. Según Cornet, en esta sentencia "se pone en evidencia que la Generalitat incumple la Ley de Política Lingüística" al no permitir que los padres escolaricen a sus hijos en su lengua de uso habitual y "la obliga a dar cumplimiento a esta ley, como ya lo hizo el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) en 2004". El popular criticó, también, la "hipocresía" del Govern cuando pide el cumplimiento de leyes como el Estatut, que tiene diversos recursos pendientes en el Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, "incumple reiteradamente una ley aprobada por el mismo Parlament de Cataluña". "Una administración seria no puede permitirse decidir que leyes cumple y cuales no, debe ser la primera en cumplirlas rigurosamente y dar ejemplo a los ciudadanos", añadió. Cornet aseguró además que la sentencia confirma las tesis defendidas por le PP catalán, que "desde hace muchos años viene denunciando que el Govern vulnera, años tras año, los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes de Infantil y Primaria, al no permitir que se escolaricen en su lengua materna. "LIBERTAD LINGÜÍSTICA"El presidente de C's, Albert Rivera, calificó de "histórica" la sentencia del TS que obliga a la Generalitat a incluir la casilla lingüística en las preinscripciones escolares porque "consolida la doctrina de libertad lingüística en la educación española en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales". Tras conocer la sentencia, exigió a todos los gobiernos autonómicos que "cumplan con la Constitución y las sentencias de los tribunales", y aseguró que ésta demuestra que la Generalitat "no cumple ni sus propias leyes", ya que el TS se ha emparado en la Constitución y en la Ley de Política Lingüística de 1999. "C's ha exigido reiteradamente al presidente del Govern que cumpla la ley, incluyendo la casilla para escoger la lengua oficial vehicular en la enseñanza en las escuelas de Cataluña", añadió. Rivera subrayó que, desde su partido "no se aceptará ninguna excusa para el incumplimiento de la ley y el responsable de que se aplique el dictado del TS es el presidente Montilla". Bernat Joan: "La sentència del Suprem no canviarà en res el nostre model lingüístic"AVUI – 27/12/2008El secretari de política lingüística creu que la decisió de l'alt tribunal no tindrà transcendència, però adverteix que la qüestió de fons de la denúncia de Convivencia Cívica Catalana és atacar la llengua i no defensar els escolars El secretari de política lingüística del govern, Bernat Joan, s'ha mostrat tranquil davant la sentència que avui ha fet pública el Tribunal Suprem, que confirma el que ja havia dictat el 14 de setembre del 2004 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obligava el departament d'Educació a consultar la llengua habitual de la família o tutors dels menors en la preinscripció escolar i tenir-la en compte en l'educació infantil i primària. El procés es va iniciar arran d'una denúncia de la plataforma Convivencia Cívica Catalana l'any 2000, liderada per Aleix Vidal-Quadras, que considerava que l'executiu català vulnerava la llei de política lingüística. Per a Bernat Joan, denúncies com la d'aquesta plataforma pretenen enfonsar el model educatiu del país i "utilitzen totes les armes possibles contra el català, però aquesta sentència no tindrà transcendència i per tant no afectarà el model", perquè "com a molt, posarem una casella de més en els fulls de preinscripció de les escoles", ha assegurat a l'AVUI.CAT. Tot i així, ha insistit que "els intents de tombar el model d'immersió són negatius per al país, a la llengua i al sistema educatiu". El màxim responsable de la política lingüística defensa que l'executiu català compleix estrictament la llei, i en tot cas, troba que "no és problema que es demani als pares quina és la llengua habitual dels infants. Certament, és important saber-ho perquè si no és el català, necessitaran més atenció".Ara bé, el secretari de política lingüística adverteix que "la veritable intenció de la denúncia de Convivencia Cívica Catalana no és defensar els drets dels nens, sinó pervertir un principi bàsic de l'educació, que és que les necessitats educatives per a un infant que no parli català potser seran més elevades que les d'un catalanoparlant en les fases educatives inicials a l'aula". Bernat Joan ha recordat el recent informe del Comitè d'Experts del Consell d'Europa sobre llengües regionals o minoritàries, que defensa que el model d'ensenyament que s'hauria d'aplicar a les comunitats autònomes amb idiomes cooficials és el de la "plena immersió". És a dir, que als centres educatius s'hauria d'utilitzar el català, l'èuscar o el gallec com a llengua vehicular.
28/12/2008 - DIVERSOS MEDIOS |