EL MUNDO 14/12/2005, MODELO DE ESTADO / El fallo dice que la Generalitat debe preguntar a los padres de los alumnos de Primaria cuál es su lengua habitual y enseñarles en ésta / Indica que bastaría con añadir una casilla en las solicitudes de inscripción

La Justicia ordena por tercera vez que en Cataluña se enseñe en castellano. Una sentencia obliga al Gobierno catalán a dar la opción de educar a los hijos en castellano.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a la Generalitat a que dé opción a los niños de hasta 8 años a ser educados en su lengua materna - Afirma que sería «sumamente fácil» cumplir esta obligación añadiendo en las matrículas una casilla para indicar el idioma que prefieren los padres

LEONOR MAYOR

BARCELONA.- Los jueces consideran que la Generalitat de Cataluña debe dar a los padres de los niños de hasta ocho años de edad la opción de ser educados en idioma castellano, si ésta es su lengua materna.

Así lo establece una sentencia dictada el pasado 24 de noviembre y notificada el lunes 5 de diciembre con la que se resuelve el recurso interpuesto por la Asociación por la Tolerancia, contra el Departamento de Enseñanza que dirige la consejera de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Cid. Es la tercera vez que, en el espacio de apenas un año, la Justicia se pronuncia en este sentido.

En su fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) advierte que la Generalitat lo tendría «sumamente fácil» si quisiera «cumplir» con su «obligación» y dar a los padres de los alumnos la opción de elegir el idioma en que quieren recibir la Educación Primaria.

Bastaría con que en las solicitudes de preinscripción y matriculación del alumnado se incluyese una casilla en la que los padres pudiesen consignar cuál es el idioma materno de su hijo, opinan los jueces.

Como ejemplo de lo «fácil» que este método resultaría, dice el Tribunal que «la técnica de las casillas en el impreso de solicitud la emplea [Enseñanza] sin ningún reparo para facilitar el ejercicio de otro derecho, el relativo al tipo de enseñanza religiosa que desean los padres para sus hijos (extremo notorio según resulta de los impresos oficiales que se reparten)».

Y añade la sentencia, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que la obligación de incluir esa casilla en los impresos de preinscripción y matriculación de alumnos en escuelas sostenidas con fondos públicos «no cuestiona el sistema de conjunción lingüística que sigue la Administración educativa».

La Ley de Política Lingüística, dictada en 1998 por Jordi Pujol, establece en su artículo 21.2 que los niños «tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano». Y añade que la Administración «debe garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo».

Serie de sentencias

Sin embargo, «la Generalitat no pregunta cuál es la lengua habitual de los alumnos y, de ese modo, burla la ley para que toda la enseñanza Primaria se imparta en catalán», según explica José Domingo, presidente de la Asociación por la Tolerancia, que interpuso el recurso.

«Si alguien solicita que su hijo sea educado en castellano es dinamitado y se le dice que el niño estará marginado, al ser el único alumno de su clase en esa situación», agrega Domingo.

De hecho, ésta no es más que la tercera de una serie de sentencias en las que los tribunales han fallado en el mismo sentido: la Generalitat debe cumplir la ley y dar a los padres el derecho de escolarizar a sus hijos en castellano durante el periodo de la enseñanza Primaria, que es cuando se aprende a leer y a escribir.

Los fallos anteriores fueron dictados en septiembre de 2004 y en febrero de 2005 como respuesta a sendos recursos interpuestos también contra el contenido de los impresos de preinscripción y matriculación en los centros de Educación Primaria sufragados con fondos públicos; es decir, en las escuelas públicas y las concertadas.

Pero la Generalitat no ha dado cumplimiento a estas sentencias porque considera que las escuelas «garantizan los derechos lingüísticos», según explicó Cid tras la publicación del fallo anterior. Para la consejera, la incorporación de una casilla relativa al idioma en los impresos no haría más que «abrir la puerta a la segregación lingüística en las escuelas».

Mientras, la Asociación por la Tolerancia insiste en que la Generalitat incumple las leyes de Política Lingüística y de Procedimiento Administrativo y que, además, vulnera el artículo 27.5 de la Constitución, que consigna el derecho a la educación. No obstante, Domingo reconoce las dificultades con que se encuentra su asociación para hacer cumplir esas sentencias. Y vaticina que la cuestión se complicará en el futuro si se aprueba la reforma del Estatuto que se tramita en el Congreso.

«El primer borrador del Estatuto reconocía el derecho a elegir la enseñanza Primaria en la lengua habitual, pero esta referencia ha sido eliminada del texto definitivo», relata Domingo.

La Generalidad no respeta la libre elección de lengua en la educación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de dictar una sentencia en la que se establece que la Generalidad vulnera el derecho de los padres a elegir la lengua para sus hijos en la enseñanza primaria, teóricamente garantizado por la ley de Política Lingüística, aprobada por el Parlamento catalán en 1998. Es la tercera sentencia en menos de año y medio que determina que la política educativa de la Generalidad no respeta los derechos de los castellanohablantes.

El Tribunal da la razón a la Asociación por la Tolerancia, que había planteado un recurso ante la imposición del catalán en las escuelas primarias, donde no se da opción a elegir a los padres y se matricula a los alumnos directamente en un modelo monolingüístico.

Los jueces consideran que la Generalidad debería incluir en los impresos de matriculación una casilla, dando a elegir a los padres entre el catalán y el castellano. Pero el Gobierno autonómico siempre se ha negado a dar la opción de elegir a los padres, aun sabiendo que está vulnerando la Constitución, el Estatuto y sus propias leyes.

Desde comienzos de la década de los 80, cuando se adoptaron las primeras iniciativas de la llamada normalización lingüística, los sucesivos Gobiernos de Pujol -y, ahora, Maragall- fueron adoptando medidas para imponer el catalán como única lengua en la educación, haciendo imposible en la práctica la enseñanza en castellano.

El resultado de esta normalización ha sido la desaparición del castellano en el horizonte educativo de Cataluña, de suerte que hoy sólo existen unos pocos colegios privados en Barcelona donde se ofrece la enseñanza en castellano, lengua que también está siendo eliminada de la Universidad.

La consejera de Educación, Marta Cid, militante de ERC, es perfectamente consciente de que la Generalidad está negándose a ejecutar las sentencias de la Justicia, pero lo justifica con el falaz argumento de que la casilla para elegir idioma crearía «una segregación lingüística» en las escuelas. ¿Por qué? Lo que genera esa segregación es precisamente la imposibilidad de elegir y la imposición de un idioma.

Esa es la dirección a la que apunta el nuevo Estatuto, que consagra un modelo exclusivamente en catalán en todas las enseñanzas y expulsa definitivamente a los castellanohablantes de las escuelas y universidades de Cataluña.

Y esta es la dirección de la política lingüística de la Generalidad, cuyos responsables -tras expresar su inquietud por el descenso del uso del catalán en las grandes superficies- anunciaron ayer el incremento de oficinas en las que se pueden presentar denuncias contra los comercios y empresas que no rotulen en catalán.

Pero las sanciones y la coacción ni siquiera son necesarias en muchas ocasiones, ya que el entorno y las presiones de los nacionalistas imponen la hegemonía del catalán sobre el castellano, cada vez más estigmatizado por los gobernantes.

Todo ello se ha hecho y se está haciendo con absoluto desprecio a las leyes y a la Constitución, que garantizan la igualdad entre los dos idiomas y el principio de no discriminación, que la Generalidad se niega a respetar pese a las sentencias admonitorias de los tribunales.

La mayoría de los progenitores prefiere una enseñanza bilingüe

L. M.

BARCELONA.- La mayoría de los padres catalanes prefiere que sus hijos reciban una educación bilingüe. Pero los datos estadísticos sobre esta cuestión no son muy recientes, «ya que la Generalitat no pregunta a los ciudadanos sobre el tema para evitar la polémica», según explica el presidente de la Asociación por la Tolerancia, José Domingo.

Uno de los últimos estudios data de 1993. Se realizó a raíz de la polémica suscitada en torno al centro de estudios Jovellanos, que pertenecía al Ministerio de Defensa e impartía sus clases en castellano. Un 20% de los encuestados respondió que la enseñanza obligatoria debería impartirse en castellano con el catalán como asignatura obligatoria.

Un 7% manifestó su preferencia por que el español fuese la lengua vehicular y el catalán una asignatura optativa. Un porcentaje similar, el 8%, se inclinó por la posibilidad contraria: que las lecciones se diesen en catalán con el castellano como asignatura voluntaria. La mayoría, un 54%, pidió que la enseñanza fuese en catalán, pero con el castellano como asignatura obligatoria.

Otra encuesta más reciente, realizada en 1998, arrojó como resultado que sólo el 1% quiere todo en castellano y que un 4% prefiere que la mayor parte de la educación sea en castellano.

El 50% manifestó su deseo de que cada una de las lenguas ocupase la mitad del plan de estudios. Otro 9% se inclinó sólo por el catalán y el 33% restante prefirió más presencia del catalán, pero sin olvidar el español.

carta al director del vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia a EL MUNDO:

Disuadidos, no dinamitados

Sr. Director:

En su edición de ayer, en la noticia sobre la sentencia que obliga a la Generalitat catalana a incluir en las hojas de preinscripción una casilla que permita informar a la Administración sobre la lengua en la que los padres desean escolarizar a sus hijos durante la primera enseñanza, se recogió de mi boca la siguiente declaración: «Si alguien solicita que su hijo sea educado en castellano es dinamitado y se le dice que el niño estará marginado, al ser el único alumno de su clase en esa situación». Por suerte, se trata de un error de trascripción, ya que en Cataluña todavía no se ha llegado a esa situación de alto riesgo (aunque no es de descartar que algunos fundamentalistas lo puedan desear).

En la actualidad, los padres son disuadidos por la Administración educativa catalana para ejercer su derecho cuando lo solicitan y, hasta ahora, lo ha hecho de una manera muy eficaz. Esperamos que con la reiterada doctrina del Tribunal Superior de Justicia la postura recalcitrante de la Administración se acabe.

José Domingo. Vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia.