Editorial: «Zapatero, último fracaso» - ABC
Aval al Estatut- EL PAÍS
Lo pactado obliga – EL PERIÓDICO
El despropósito de la sentencia del TC – FACTUAL
Cuatro años de política – LIBERTAD DIGITAL
Acatar el fallo – LA RAZÓN
Hemos salido tocados – E-NOTICIES
De l'Estatut dels catalans, no se'n toca ni una coma – EL PUNT
Que hablen las urnas – LA VANGUARDIA
El Constitucional sentencia – EL CORREO
El órdago soberanista, en pie – LA GACETA
Los 'peros' al fallo del Constitucional– PÚBLICO
Una gran chapuza jurídica que debilita a España - EL MUNDO
Disminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoCUATRO AÑOS después del recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra 126 artículos del Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional emitió ayer un fallo en el que considera conformes a la Carta Magna los artículos fundamentales del texto, aunque 14 de ellos han sido declarados inconstitucionales. La sentencia fue posible gracias a un apaño de última hora de María Emilia Casas, empeñada en que el fallo se produjera casi de cualquier manera. La presidenta se avino a la exigencia de Manuel Aragón de dejar claro en la sentencia que tanto la definición de «nación» incluida en el Preámbulo del Estatuto como las referencias a «la realidad nacional catalana carecen de eficacia jurídica interpretativa». Por enrevesado que parezca, la presidenta, autora de la propuesta, votó en contra, pero este punto salió adelante gracias a los votos del citado magistrado, elegido en su día por el Gobierno, y los cinco vocales conservadores que han venido defendiendo la indisoluble unidad de la nación española que consagra la Constitución.
El resultado de esta maniobra a la desesperada de la presidenta del tribunal ejemplifica bastante bien un fallo que, el tiempo lo dirá, tiene mucho de chapuza desde el punto de vista jurídico. Tanto este diario como prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional hemos venido sosteniendo que la inconstitucionalidad impregnaba todo el texto estatutario, y no sólo algunos artículos completos. Por citar un ejemplo, entre los artículos declarados inconstitucionales figura el 6.1 que consagraba el catalán como lengua «preferente» de las Administraciones Públicas. De nada servirá retirar el calificativo «preferente» si la sentencia permite mantener la Ley de Normalización que impide a los padres escolarizar a sus hijos en castellano. Como tampoco tiene mucha virtualidad que se anule el «carácter vinculante» de las resoluciones del Consejo de Garantías Estatutarias, si se perpetúa dicho órgano como si sirviera para algo.
De igual modo se mantienen los artículos que consagran la bilateralidad en las relaciones de Cataluña con el Estado. Ello significa que el Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno en algunos capítulos a un texto más propio de un Estado confederal, mientras en otros se ha ceñido a la Constitución. Curiosamente, o quizá no tanto, el fallo ha sido especialmente contundente en materia de Justicia. El Poder Judicial paralelo que figuraba en el Estatuto ha sido anulado por el TC en defensa de la unidad jurisdiccional.
El tribunal deja en el limbo de la interpretación jurídica conforme nada menos que 27 preceptos del Estatuto, entre ellos el que se refiere a «los derechos históricos del pueblo catalán, sus instituciones seculares y la tradición jurídica catalana», en los que el Estatuto viene a establecer una especie de soberanía nacional catalana.
En todo caso, la sentencia permite augurar un periodo de elevada conflictividad entre Cataluña y el Estado, en el mejor de los supuestos, es decir, aquel en el que el Gobierno central quisiera hacer uso de sus atribuciones para no permitir interpretaciones soberanistas de un texto al que el TC ha dado el visto bueno. La mayoría del tribunal -puesto que cuatro de sus magistrados han anunciado votos particulares- y en concreto su presidenta, María Emilia Casas, serán a la postre los responsables de esta chapuza jurídica de la que España sale debilitada.
Una respuesta política que ofusca a Cataluña - EL MUNDO
Disminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoGOBIERNO, GENERALITAT y partidos políticos catalanes se apresuraron en la tarde de ayer a comentar el fallo del Constitucional sobre el Estatuto con reacciones que no hicieron más que ofuscar a la opinión pública catalana. La vicepresidenta primera festejó el fallo como una victoria de las tesis del Gobierno porque «ratifica prácticamente en su totalidad la validez del Estatuto», pero el Ejecutivo, con su presidente a la cabeza, se había jactado de la plena constitucionalidad del texto aprobado por el Congreso tras el pacto con Artur Mas en La Moncloa y la sentencia declara ilegales catorce artículos del texto, somete a interpretación otros 27 y confirma que el término «nación» utilizado en el preámbulo carece de «eficacia jurídica». Está claro que el Estatuto corregido por el Constitucional no es el mismo que salió del Congreso limpio «como una patena», como dijo Zapatero en su momento. Tampoco se entiende la sensación de satisfacción que traslució el Partido Popular al comentar el fallo. El PP había recurrido el Estatuto porque creía inconstitucionales más de 120 artículos y el Alto Tribunal los ha dejado en poco más de una decena.
Las reacciones más extemporáneas llegaron desde Cataluña. Jordi Pujol habló de la sentencia como «un engaño ético y una humillación colectiva» y el presidente de la Generalitat, José Montilla, mientras decía que el PP «no ha conseguido liquidar el Estatut», llamaba a la movilización «unitaria bajo la senyera» en defensa de Cataluña. La dureza de estos comentarios tiene que ser enmarcada en el tiempo preelectoral que vive Cataluña. Se quiera o no, la sentencia del Constitucional cierra un periodo reivindicativo que ha marcado indefectiblemente la política catalana en los últimos años. Con las elecciones a la vuelta del verano, ni el tripartito que gobierna la Generalitat ni CiU quieren soltar esta bandera porque no pueden plantearse unas elecciones sin recurrir a algún tipo de victimismo; por eso ERC tildó la sentencia de «estocada moral» que provocará un auge del independentismo.
¿Y ahora? Con la sentencia del Constitucional ya conocida, todo parece indicar que el Estatuto seguirá al frente de la batalla política en los próximos meses y, quizá, años. Los líderes políticos quisieron transmitir ayer a la sociedad sensaciones de vencedores y vencidos y de contumacia en la pelea que nos obliga a preguntarnos si ha merecido la pena el desgaste que ha supuesto este proceso para buena parte de la población catalana. La lucha por el Estatuto ha sido utilizada como un anestésico que la clase política catalana ha inoculado en la sociedad con la intención de mantenerla dormida ante su inoperancia para luchar contra la crisis económica o para que olvidara la corrupción -Pretoria, Palau...- instalada en muchos ámbitos de la Administración de esa comunidad autónoma.
Se ha sustituido el Estatuto de 1979, aprobado con un amplio consenso, que permitió las mayores cotas de autogobierno de la historia de Cataluña y fue un instrumento eficaz para la estabilidad política y el desarrollo económico, por una nueva norma que cuenta con un escaso apoyo social y ha sido, es y será motivo de conflicto político. Es evidente de que para este viaje no hacían falta esas alforjas.
Pide responsabilidad y serenidad al Presidente de la Generalitat de Cataluña y lamenta el lenguaje golpista de su discurso pretendidamente institucional
IMPULSO CIUDADANO
Esta sentencia es un jarro de agua fría para la Cataluña oficial, un fracaso para el catalanismo político que ha centrado la agenda de Cataluña únicamente con políticasnacionalistas excluyentes.
C’s
La posición del partido se definirá una vez lean con detenimiento el fallo del Alto Tribunal
EL CONFIDENCIAL
"Lo primero que haremos es pedirle a Montilla que aplique la ley". Subrayan que hay leyes en vigor que tendrán que ser derogadas
PERIODISTA DIGITAL - 29/06/2010
El presidente de la Generalitat, José Montilla, expresó ayer su "indignación" con la sentencia del Constitucional, pero, a su vez, reclamó "responsabilidad" a los ciudadanos. "Nos corresponde acatar esta sentencia, pero acatar no quiere decir compartir ni renunciar", resumió al valorar el fallo y sus consecuencias políticas.
EL PAÍS
La marcha, bajo el lema 'Som una nació. Nosaltres decidim', empezará a las seis de la tarde en la confluencia de Diagonal con paseo de Gràcia
EL PERIÓDICO
Un día después del fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional
LA VOZ DE BARCELONA
LA VOZ DE BARCELONA
EUROPA PRESS
No tuvieron los políticos catalanes del tripartido y de la oposición la suficiente mesura para saber los límites constitucionales, y para autocontrolarse, dejando que el tema llegase a extremos que cualquiera puede entender que superan con exceso los textos de la Carta Magna de 1978. Ponían así de relieve una falta de respeto, de afecto y de lealtad a la norma suprema y una utilización oportunista de sus competencias
GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ – EL PAÍS - 29/06/2010
El veredicto parte de un principio más político que jurídico: tratar de contentar a todos a base de no dejar satisfecho a nadie
IGNACIO CAMACHO
Casas ha limado con una sierra para darle forma al engendro que ahora se nos presenta como un Estatuto constitucional
M. MARTÍN FERRAND
Lo previsible es que después de una primera fase de condenas, al final todo retome el cauce electoral
VALENTÍ PUIG
ABC
Luego el grueso del articulado es constitucional, aunque una parte debe ser modificada. Tan simple como eso. Tan sencillo como la democracia misma: se opina y se discrepa, pero las normas se cumplen.
JOSÉ ANTONIO VERA
LA RAZÓN
Los estrategas de la emboscada han fracasado. No gracias a Zapatero, que nadie se equivoque. Han fracasado, en lo sustantivo, a causa de la crisis económica; en su grave circunstancia, España hoy necesita a Catalunya. La fracción más inteligente de las élites españolas lo sabe y ello explica que no haya habido una matanza en el desfiladero.
ENRIC JULIANA - LA VANGUARDIA
La sentencia del Tribunal Constitucional puede abrir una etapa incierta para nuestro futuro
MIQUEL ROCA I JUNYENT – LA VANGUARDIA
Queda pendiente el análisis sobre los pecados cometidos por la clase política catalana. Adelantemos dos: haber convertido la confección del Estatut en una alocada puja y haber sugerido luego a los ciudadanos que, una vez votado, este era inmutable. Llegó la penitencia.
ENRIC HERNÁNDEZ - EL PERIÓDICO
Los nacionalistas catalanes son, más que insaciables, inaguantables
PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO – PERIODISTA DIGITAL
El Tribunal se ha cebado en el capítulo dedicado a la Justicia que, como dice luego la portavoz popular, era un capítulo que debía preocupar especialmente al ministro
ARCADI ESPADA – BLOG ‘EL MUNDO POR DENTRO’
Després de quatre anys d'anades i vingudes, volts i revolts, qualificacions, requalificacions i desqualificacions, el Tribunal Constitucional va deixar anar ahir la sentència contra l'Estatut de Catalunya....
DESCLOT VICENT SANCHIS – AVUI
Cal perseverar en la unitat per donar una resposta contundent a la sentència. Una resposta que mostri clarament que la dignitat dels ciutadans de Catalunya expressada en referèndum no es pot trepitjar impunement
ANTONI SEGURA – EL PUNT
Avui llegirem la lletra petita de la sentència del Constitucional i, anant bé, d'aquí una setmana començarem a saber que ens ha passat exactament. Però un cop els partits ja han obert la discussió...
IU FORN – AVUI
No té marxa enrere. La sentència del TC marca un abans i un després en les relacions entre Catalunya i Espanya, ja prou malmeses els darrers anys com per ara rebre l'estocada final
XEVI XIRGO – AVUI
La ciudadanía no pidió un nuevo Estatuto y los políticos no pueden delegar su responsabilidad. ERC ha dicho que no acata la sentencia. El populismo y las emociones. No es una buena noticia para Montilla. Los independentistas forman gobierno autonómico con el PSC y estos no pueden seguir sentados en la misma mesa en el Palacio de la Generalidad
BLOG DE DANIEL TERCERO
Las noticias del Estatuto de Cataluña son claras en un aspecto y confusas en los demás. Claras en lo básico: hay sentencia del Constitucional y ante ello solo cabe una exclamación, ¡ya era hora! Confusas en el contenido, porque se conoce el número de artículos considerados inconstitucionales (catorce), pero no el texto literal de una sentencia muy amplia y detallada
FERNANDO ÓNEGA – LA VOZ DE GALICIA
Por primera vez en su historia, el Constitucional ha sido literalmente incapaz de cumplir en tiempo y forma la importante misión institucional que tiene encomendada, lo que ha determinado que el máximo intérprete de nuestra ley fundamental se haya dejado en este pleito una buenísima parte de su prestigio
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS – LA VOZ DE GALICIA
El nacionalismo siempre ha necesitado el enfrentamiento y el odio para salir adelante (y, cobarde al fin, la debilidad del Estado). Y siempre ha tenido que definirse en negativo, jamás de manera afirmativa, positiva, sino a base de negar al otro sus derechos
BYE BYE SPAIN
Primer colosal tropiezo del PP desde que perdiera en las urnas de marzo del año 2008. Mariano Rajoy fue el promotor de aquella campaña anticatalana -sórdida y canalla- contra el Estatut. ¿Se acuerdan de cuando se nos decía, desde las trincheras populares, que ese Estatut iba a romper España y que estaba tutelado por ETA?
ENRIC SOPENA – EL PLURAL
A las 19,30 de ayer saltaron las alarmas de las ediciones digitales de los periódicos para indicar que por fin, después de cuatro largos años, el Tribunal Constitucional había llegado a un acuerdo de redacción final en la sentencia del Estatuto de Cataluña. En espera de conocer la literalidad de la sentencia, se sabe que ha respetado el grueso del estatuto matizando los conceptos de nación y haciendo hincapié en el carácter de indisoluble de la soberanía española que radica en Las Cortes Generales.
CARLOS CARNICERO – EL PLURAL
Casi cuatro años después de que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña (que fue aprobado en el Congreso por 189 votos contra 154 el 30 de marzo de 2006), el Tribunal Constitucional ha dado su veredicto.
Aunque los nacionalistas consideren que el fallo supone «tumbar el Estatut», en la práctica el texto de la presidenta del TC, María Emilia Casas, es un triunfo de las tesis progresistas, en la medida en que respeta la mayoría de sus aspectos esenciales. Lo que resulta difícil de explicar es cómo un magistrado conservador como el vicepresidente del Tribunal, Guillermo Jiménez, ha aceptado una sentencia que avala la constitucionalidad del Preámbulo del Estatuto y deja al albur de la interpretación cuestiones como la bilateralidad; es decir, que Cataluña tenga una interlocución de tú a tú con el Gobierno de España.
Seguramente, Jiménez (cuya propia ponencia retiró sin someterla siquiera a votación) se ha dejado llevar por su colega Manuel Aragón, un magistrado progresista que ha dado su particular batalla contra la consideración de Cataluña como nación.
El pacto de Casas y Aragón es sencillo. El Preámbulo («El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación») se lleva al fallo para resaltar que, aunque no lo declara inconstitucional, «carece de eficacia jurídica interpretativa». Es decir, que la «realidad nacional de Cataluña» es fuego de artificio. Este añadido al fallo se aprobó con el voto en contra de la propia Casas; pero era la condición de Aragón, y por tanto de Jiménez, para ceder en casi todo lo demás.
Se ha declarado también inconstitucional el precepto que permitía a la Generalitat capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales. Se declara inconstitucional el artículo 6.1, que afirma que el catalán es la lengua «preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña». También se estiman contrarios a la Constitución casi todos los artículos que afectan al poder judicial.
Ayer, la presidenta del TC estaba contenta. El Gobierno, también mostró su satisfacción. Incluso el PP se congratuló del veredicto. Casi todos contentos, pues.
El porqué de ese consenso tiene claves políticas. El Gobierno, que defendió el Estatuto, estaba obligado a mostrar su acuerdo con el fallo. El PP necesita darse un margen de cara a posibles pactos con los nacionalistas catalanes y, por tanto, no podía mostrar un rechazo frontal al mismo.
La reacción de JoséMontilla (llamando a los catalanes a manifestarse) es un intento de no dejarse comer terreno por CiU, que ya tiene una bandera propia para las autonómicas, compartida con ERC.
Por tanto, el fallo del TC es lo menos malo que podía suceder. Sobre todo, teniendo en cuenta que ocho de sus magistrados tienen que abandonar este año el Tribunal y que su composición futura sería aún más favorable al Estatuto.
casimiro.g.abadillo@elmundo.es
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
Cuando se esperaba que el fallo de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut tardaría algunos días más, después de cuatro años de embarazo, se ha resuelto en unas horas en el Pleno convocado por la presidenta María Emilia Casas en el día de ayer. Como es obvio, el tiempo que dispongo para este comentario de urgencia es mínimo, ya que se necesitarán varios días para estudiar la sentencia en profundidad, así como los votos particulares que ya se han anunciado.
Sin embargo, se pueden deducir ya varias conclusiones, porque si algo parece quedar claro en el fallo es que el concepto jurídico de Nación no es discutido ni discutible mayoritariamente, por el Tribunal. Gracias probablemente a la influencia decisiva de Manuel Aragón, el fallo, aunque no de forma contundente, establece que según la Constitución no hay más que una sola Nación, sujeto de la soberanía y que es, en otras palabras, el conjunto del pueblo español del que derivan todos los poderes del Estado.
Ahora bien, aunque esta cuestión transcendental no admita ya dudas, queda, sin embargo, conjugar esta afirmación con el resto del Estatut, porque, digámoslo claramente, la base en que se apoyaba toda la arquitectura de la norma catalana no era otra sino el reconocimiento de Cataluña como Nación, jurídica y políticamente hablando. Por consiguiente, si el Tribunal niega que Cataluña sea una Nación, lo cual era un pasaporte para la independencia, los demás artículos, los recurridos y los no recurridos, ya no gozan de ningún sustento.
Pero si a ello añadimos que 13 artículos han sido declarados inconstitucionales, como son los referentes a la lengua, al Poder Judicial en Cataluña, a las Cajas de Ahorro, a recursos financieros o al Sindic de Greuges, y que 24 más necesitarán una interpretación adecuada para que se apliquen en la línea que marque el Tribunal, queda muy claro que el Estatut no entra dentro de los límites de la Norma Fundamental de España. Por lo demás, en una cuestión tan importante como es ésta, que afecta a la naturaleza del régimen constitucional español, no caben las sentencias interpretativas, y así lo han señalado claramente tres ex presidentes del Tribunal Constitucional, como Álvaro Rodríguez Bereijo, Pedro Cruz Villalón y Manuel Jiménez de Parga.
En definitiva, y a pesar de todo, cabe sostener que al menos 37 artículos de 223 que forman el Estatut son total o parcialmente inconstitucionales, es decir, más o menos la quinta parte del mismo es claramente inconstitucional y, en consecuencia, el resto de artículos estarán, de una forma u otra, también contaminados, porque una norma como ésta posee una coherencia que será muy difícil de conservar, si se amputan, como es el caso, algunas de sus partes. Por eso hubiera sido más sencillo decir qué artículos eras constitucionales, si es que había alguno…
No se ha tratado, por consiguiente, de arreglar uno o dos detalles que no cuadraba con la Constitución, sino que los magistrados se enfrentaban a una norma que excede de los márgenes que esta traza y que resulta incompatible con ella. Durante varios años hemos sido algunos los que hemos venido sosteniendo que esta norma rompía el régimen creado por la Constitución de 1978 y que, por consiguiente, toda ella, y no algún artículo de forma aislada, era inconstitucional. Por eso, llegados a este punto, hay que señalar a los grandes derrotados por esta minidecisión del Alto Tribunal.
En primer lugar, al presidente Zapatero, instigador y cómplice de este atentado al Estado de Derecho, y después a los diputados del Parlament catalán que querían meter de contrabando algo que ellos mismos sabían que era inconstitucional. A los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que se empeñaron en que con un simple cepillado, orquestado por el actual ministro de Justicia, bastaba para que se quitase al Estatut una ligera inconstitucionalidad casposa. Y a los diputados y senadores del partido del Gobierno y sus aliados, dejando, de forma suicida, al margen de su aprobación a un partido, el PP, que representa más o menos la mitad del electorado.
Y qué decir igualmente del president de la Generalitat y del Tripartito, que estando convencidos primero de que el Tribunal iba a tragar, proclamaban a todos los vientos que el Estatut era constitucional. Pero cuando vieron, hace un año, que las cosas no estaban tan claras, las cañas se tornaron lanzas y arremetieron una y otra vez contra el Tribunal para amedrentarlo y socavar así las bases de nuestro Estado de Derecho.
Después saldría el ignominioso editorial de varios medios de Cataluña, amenazando veladamente al Tribunal en el caso de un fallo que no avalase la constitucionalidad del Estatut. Y, para colmo de estas barbaridades, la guinda la han puesto un grupo de 160 profesores (?) de Derecho de las universidades catalanas, que han firmado recientemente un manifiesto en defensa de la plena constitucionalidad del Estatut, asegurando poseer «argumentos jurídicos sólidos y bien fundamentados para sostener la constitucionalidad del redactado actual, que está en vigor desde el 2006, tras haber sido aprobado por las Cortes y refrendados por los catalanes en un referéndum…». ¿ Conocerán estos presuntos juristas lo que escribieron el juez Marshall o Hans Kelsen?, porque esto es materia de primer año de Derecho.
¿Resolverá algo esta sentencia alicorta o, por el contrario, lo embarullará todavía más? Es evidente que muchos desarrollos de artículos inconstitucionales han sido ya aprobados por el Parlament de Cataluña, surtiendo efectos jurídicos. Por eso, el Tribunal Constitucional debería hacer examen de conciencia tras el parto ballenero y releer lo que él mismo ha establecido respecto al concepto de la seguridad jurídica, pues a partir de ahora la certeza propia del Derecho brillará en Cataluña por su ausencia.
Pues como ha dicho el propio Tribunal (SS TC 150/90, 142/93, etcétera) «podría concluirse que una norma infringe el principio de seguridad jurídica, si en el ordenamiento jurídico que se inserta, teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, su contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generen en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos…».
Me temo, pues, que esto es lo que va a suceder en Cataluña, porque no han sabido primero redactar un Estatut acorde con la Constitución y después no han sabido, o no han querido, aceptar que existe un guardián de la Carta Magna, cuyas sentencias tienen efecto frente a todos.
ES LAMENTABLE así que volvamos a las andadas, porque hace años, en 1934, Amadeu Hurtado, el negociador de la Generalitat republicana, ante el recurso y la sentencia del Tribunal de Garantías constitucionales, de la ley de cultivos catalana, dijo lo siguiente: «El problema politic que se li plantea al Govern no ès la autonomia de Catalunya, sino el abús del Tribunal de Garanties, que es permet atribuirse facultats legislatives per a esmenar els precepts constitucionals que li semblen defectuosos, exactament com si obrés en funcions de Corts Constituents y aixó tractantse d´un organisme format per dues dotzenes d´homes obscurs, sense cap responsabilitat política».
76 años después de este incidente que conmovió a la II República, muchos catalanes siguen sin saber lo que es la jurisdicción constitucional.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.
JORGE DE ESTEBAN
LA DECLARACIÓN ayer del president JoséMontilla no era fácil. Tenía que dejar a demasiada gente satisfecha para que no se le escapara el momento. Pero contentar a todo el mundo es difícil y se corre el peligro de hacer el ridículo. Su discurso zozobra. Ejemplo: si el Partido Popular ha fracasado en su intento de doblegar el Estatut, ¿a qué viene mostrar la indignación sobre el Constitucional? O una cosa o la otra. Si el PP no ha logrado su objetivo, ¿por qué hacer un llamamiento masivo a una movilización que ni él no se cree? Durante los próximos días asistiremos a un seguido de artillería electoral, de publicidad electoralista descarada. Todavía falta un estudio en profundidad pero la primera lectura indica que no podemos hablar de una destrucción masiva del Estatut. Todo lo contrario. Pero eso da igual. Dijimos hace tiempo que las declaraciones del día siguiente ya estaban escritas y así ha sido. Todos al frente de la manifestación. El primero, el president. No vaya a ser que no salga en la foto.
ÁLEX SÀLMON
EL MUNDO