Cuando el español se enseña en las clases de gimnasia

El presidente del Gobierno adoptó anteayer un importante compromiso que le recordaremos de ahora en adelante: que el nuevo Estatuto de Cataluña no va cambiar el actual marco lingüístico. Según sus palabras, el PSOE «defenderá que el régimen lingüístico en lo que afecta a Cataluña sea exactamente el vigente, no cuestionado y que está recogido en diversas leyes».

Aunque lo de «no cuestionado» no sea socialmente cierto, las declaraciones de Zapatero nos parecen de enorme trascendencia pues implican que el PSOE debe dar marcha atrás en lo pactado por Rubalcaba con los nacionalistas, que, en esencia, consiste en respetar el texto aprobado por el Parlamento catalán el pasado 30 de septiembre en materia de lengua.

Ese pacto de Rubalcaba con CiU y ERC no respeta el mantenimiento del español y el catalán en un plano de igualdad, como establece el Estatuto de 1979, sino que impone una clara hegemonía del segundo sobre el primero. Joan Tardá, diputado de ERC, afirmó ayer categóricamente que el acuerdo «va a misa» y que su partido no aceptará ni el más mínimo cambio en el asunto de la lengua.

Ese equilibrio lingüístico teóricamente proclamado, que la Generalitat nunca ha respetado, queda roto con la enmienda pactada por Rubalcaba de que los ciudadanos de Cataluña tendrán «el deber» de conocer el catalán. Esta obligación, sin precedentes en ningún otro Estatuto, es abiertamente inconstitucional y da amparo a las prácticas abusivas que ya existen.

Pero además el Estatuto refrendado por el tripartito extiende el catalán como lengua vehicular en la Universidad, establece que será el idioma de trabajo de la Generalitat y obliga a conocerlo a todos los funcionarios, incluidos los de Justicia y las Fuerzas Armadas. Defensa tuvo que salir ayer al paso de esta inaceptable exigencia que pretende afectar a la Administración del Estado.

Si Zapatero es coherente con sus palabras, el PSOE debería introducir -digan lo que digan ERC y el propio Rubalcaba- no sólo importantes enmiendas en este capítulo durante la tramitación en el Congreso sino que además debería adoptar una posición beligerante para que esas leyes vigentes a las que apeló el presidente se cumplan en su letra y en su espíritu.

Hay tres ejemplos escandalosos de incumplimiento. El primero, esa política de normalización lingüística, que llega al extremo de vulnerar la intimidad de los enfermos. Ayer, la consejera de Salud reconoció que una parte de los 846 historiales clínicos se entregó con nombres y apellidos a la empresa privada que realizó el estudio, lo que supone la admisión de un delito tipificado en el Código Penal. La Fiscalía debería abrir hoy mismo una investigación.El segundo de los ejemplos es la imposibilidad de elegir una educación en castellano. Tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instan a las autoridades a garantizar a los padres ese derecho, que en la práctica no existe. Y el tercer ejemplo es la política de la Generalitat de convertir la enseñanza del castellano en las escuelas en algo irrelevante y marginal.

Primero, se disuade a los padres de que eduquen a sus hijos en castellano con todo tipo de obstáculos y luego se elimina el castellano del sistema educativo. EL MUNDO publica hoy que las siete horas semanales de castellano programadas por un centro de Badalona se imparten en juegos, talleres y gimnasia mientras que la lengua, las matématicas, el inglés y las ciencias naturales se estudian en catalán. La asignatura del castellano se ha eliminado en este colegio de Badalona, donde la gran mayoría de la población se expresa en español.

No es extraño, pues, que el informe Pisa detecte en Cataluña un nivel de fracaso educativo muy superior -más del doble- entre los alumnos castellanoparlantes. Es la constatación de una política discriminatoria, encaminada a erradicar el castellano en Cataluña, que los nacionalistas quieren convertir en irreversible con el nuevo Estatuto.

editorial, EL MUNDO, 12/1/2006

LA IMPOSICION DEL CATALAN (III)

El tripartito permite a los colegios eliminar el castellano en los cursos iniciales

La Generalitat se ha propuesto hacer real lo que ya era legal: convertir el catalán en la única lengua vehicular de toda la enseñanza obligatoria - El 'Informe Pisa' detecta grandes desigualdades entre comunidades lingüísticas

DANIEL G. SASTRE , BARCELONA.- La legislación de la Generalitat permite que los niños catalanes puedan cursar los dos primeros años de la enseñanza obligatoria sin estudiar la asignatura de Lengua Española.

De hecho, un colegio de Badalona ya lo hace efectivo, pese a las protestas de algunos padres, que también piden que se respete el derecho de su hijo, recogido en las propias leyes de la Administración catalana, de recibir la primera enseñanza en castellano.

Sin embargo, la Consejería de Educación mantiene su negativa a incluir una casilla en la hoja de preinscripción preguntando por la lengua materna y justifica la supresión del castellano en varios cursos de determinados centros: «No es ilegal».

Las explicaciones de la Generalitat a la ausencia de la Lengua Española como materia en los primeros cursos van en dos direcciones.Su primer argumento es que la letra pequeña de la ley dice que las horas de castellano se pueden distribuir, a elección del centro, entre todos los cursos de la Educación Primaria. El segundo, que en el colegio de Badalona objeto de la polémica las horas dedicadas en los años iniciales al estudio de la lengua castellana se reparten entre asignaturas como Estructuras Comunes, Talleres, Juegos Dirigidos y Educación Física.

La enseñanza obligatoria en Cataluña es, quizás, el ámbito en el que la legislación lingüística de la Generalitat suscita mayores enfrentamientos. Sea por la ambigüedad de los textos vigentes, sea por las dificultades con las que la Administración se topa por la idiosincrasia misma de una sociedad diversa y dinámica, en constante transformación, la lengua de la educación es el caballo de batalla de quienes disienten de la política idiomática del Govern y, al mismo tiempo, la joya de la corona de un ambicioso proyecto lingüístico.

Por eso el caso de R. (ni siquiera la inicial de su nombre es verdadera, porque su padre no quiere sumar problemas a los que ya tiene), un niño de siete años de Badalona, es paradigmático en un conflicto lingüístico definido como «escandaloso por parte de algunas asociaciones y como «inexistente» por la Generalitat.

Castellanohablante, la familia de R. asegura que en el colegio público de su ciudad que le ha correspondido no se respeta su decisión de seguir la primera enseñanza en español. Por ello, se dirigió, en marzo de 2005, a la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC) e intentó hacer valer sus derechos.

El problema es que su solicitud llega en un momento en que la Generalitat está vigorizando y reafirmando su posición en torno a la lengua. Aplica una determinada interpretación de la ley y actúa sin complejos desde que el Gobierno tripartito llegó al poder y Esquerra Republicana de Cataluña asumió la Consejería de Educación.

Desde entonces, la obsesión de la Administración ha sido una: hacer real lo que ya es legal, es decir, acabar con los reductos -como la educación secundaria- que históricamente se habían colocado en un limbo lingüístico aparentemente poco afectado por las decisiones políticas y conseguir que el catalán se imponga como lengua vehicular en toda la enseñanza obligatoria, como estableció la Ley de Política Lingüística de 1998.

En la solicitud de los padres de R. a la Consejería de Educación, se explica que «el modelo oficial de solicitud de preinscripción no contiene mención o pregunta alguna relativa a la lengua habitual de su hijo», y pide, de conformidad con el ordenamiento legal, tres cosas: «Que le sea facilitado el correspondiente impreso oficial de solicitud de preinscripción que incluya la pregunta por la lengua habitual de su hijo; que su hijo reciba la enseñanza en su lengua habitual, esto es, en castellano; y que se imparta con carácter obligatorio la materia de Lengua Castellana».

La última demanda, sorprendente, se explica porque en el colegio de R. la lengua española ni siquiera merece la categoría de materia.La respuesta de la consejera Marta Cid, de 4 de julio de ese mismo año, explica que la familia «nunca ha solicitado por escrito a la dirección del centro la enseñanza en su lengua habitual» antes de la presentación de la solicitud. Además, avisa a los padres de R. de que «si la familia pide por escrito que la enseñanza sea en su lengua habitual, el centro prevé que para el curso 2005-2006 el alumno reciba atención individual al respecto».

Precisamente de eso se queja Francisco Caja, presidente de CCC: «A los padres que quieren la enseñanza en castellano les ponen mil problemas. Les dicen si están seguros de que quieren separar a su hijo del resto, e incluso en alguna ocasión han amenazado con poner al niño a seguir las clases con alumnos de educación especial». «Por ello», continúa, «la mayoría de las familias que se interesa por el tema termina aceptando, para librarse de problemas, la enseñanza en catalán».

En cuanto a la súbita desaparición de la lengua española del horario escolar, la Consejería explica que «la escuela, según su proyecto lingüístico, en el primer ciclo de primaria trabaja la expresión verbal tanto de la lengua castellana como de la catalana [...] En el presente curso escolar 2004-2005, en el ciclo inicial, los alumnos tienen siete horas y 15 minutos de lengua castellana, distribuidas semanalmente entre las Estructuras Comunes [rudimentos tangenciales de lenguas románicas], los Talleres, los Juegos Dirigidos y la Educación Física». Es decir, mientras que el catalán sí tiene espacio propio en los dos primeros cursos del plan de estudios, la enseñanza oral del español se divide entre cuatro materias con poca relación con la lingüística.

La Generalitat excusa esta práctica agarrándose a la letra pequeña de la legislación. En efecto, la ley permite que «la distribución de las horas del área de Lengua» en el ciclo inicial «podrá adaptarse a programas lingüísticos específicos siempre que se respeten globalmente en el conjunto de la etapa las distribuciones establecidas».Por tanto, según la Administración, la supresión del castellano en los dos primeros cursos de la enseñanza primaria «no es ilegal», porque el colegio traslada las 140 horas de lengua española para este periodo a los cuatro cursos siguientes.

Ese argumento no convence a mucha gente. En un recurso posterior ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los representantes legales de la familia de R. explican que el 95% del alumnado de ese colegio de Badalona «tiene como lengua habitual el castellano», y denuncian que «a una población escolar de mayoría castellanohablante se le intenta cambiar de lengua y se le hurta incluso la posibilidad de aprender el castellano en la escuela suprimiendo la asignatura».

La Generalitat asegura que no busca el conflicto. Pero sucede que, en un tejido social partido idiomáticamente casi por la mitad y en donde frecuentemente es imposible llevar a cabo una catalogación lingüística férrea, cualquier decisión levanta ampollas.

De hecho, este diario denunció hace menos de un mes que el Govern ha obviado, por tercera vez, una sentencia que le insta a aplicar el artículo 21.2 de su propia ley, que habla del «derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano» y de que «la Administración tiene que garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo».

Esta última parte del articulado es la que levanta ampollas.Si bien la Generalitat aduce que cumple con su obligación de facilitar la primera enseñanza (de los tres hasta los ocho años) en castellano a los padres que lo soliciten para sus hijos, lo cierto es que en los folletos de inscripción en ningún momento se les pregunta por la lengua familiar.

En una sentencia notificada el pasado 5 de diciembre de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña advirtió a la Generalitat de que sería «sumamente fácil cumplir con su obligación» y dar a los padres la opción de elegir el idioma de la primera enseñanza a sus hijos. La Justicia recordó al Govern que podría usar la técnica de las casillas en el impreso de solicitud, tal y como se hace con la enseñanza religiosa.

Sin embargo, el Departamento de Educación no está por la labor.La consejera Marta Cid opina que la incorporación de una casilla relativa al idioma en los impresos no haría más que «abrir la puerta a la segregación lingüística en las escuelas».

IDIOMA Y ESCUELA

1992. De los casi 800.000 alumnos catalanes de parvulario y educación primaria, un 59% tenía como lengua materna el castellano, por un 41% que tenía el catalán. En cuanto a la enseñanza, un 81% de escuelas la ofrecía únicamente en catalán, en un 18% era mixta y en un 1% en español.

2000. Según datos de la Generalitat, un 4% de los colegios ofrecía para primaria alguna asignatura en castellano, y en el resto de centros el catalán era la única lengua vehicular. No hay estadísticas posteriores

LA IMPOSICION DEL CATALAN (III)

Fanático, necio e inútil

IVAN TUBAU

Los gobiernos intentan reglamentar el uso de las lenguas cuando quieren convertir una de ellas en nacional. Mayormente, mediante el sistema educativo en sus primeros niveles. A veces, la imposición de una lengua es coactiva y se hace a costa de otra u otras.En la hoy dividida Checoslovaquia la dictadura nacional-comunista impuso el checo en detrimento del alemán, más poderoso y lengua literaria del escritor checo más importante de todos los tiempos, Franz Kafka. En Rumanía, la dictadura deseslavizó a la fuerza el rumano.

Otros gobiernos han intervenido en el sistema educativo para imponer una lengua. Noruega, cuando se separó de Dinamarca, potenció ínfimas diferencias léxicas (no mayores que las existentes entre catalán y valenciano) y modificó la ortografía para que el noruego pareciese una lengua distinta del danés y no una de sus variantes.Bien sabido es que el serbocroata es un solo idioma, pero en Croacia lo escriben con caracteres latinos y en Serbia usan los cirílicos, cosa de diferenciarse unos de otros.

Pero nunca, en la ya larga Historia de la Humanidad y en la mucho menos larga del Estado de Derecho, una zona no sometida a dictadura había impuesto un sistema educativo tan totalitario en lo lingüístico como el vigente en la Cataluña actual; que, como también es sabido, forma parte de España. Nombre, por cierto, que el Gobierno regional intenta (a través de sus medios de comunicación) desterrar en favor de la denominación Estado español -o Estado por antonomasia-, como si Francia o Alemania no fueran estados.

El sistema, que el proyecto de nuevo Estatuto intenta endurecer aún, impuso el catalán como lengua vehicular única de la enseñanza, basándose en que era la propia de la tierra. Adoptó -copiándolo de la bella provincia canadiense de Québec- el procedimiento llamado inmersión lingüística, consistente en hacerlo todo en una determinada lengua, prescindiendo por completo de cuál sea la habitual o materna de los alumnos. Como se puede observar, la inmersión está copiada a su vez de las academias de lenguas extranjeras.

Pero ahí se trata de una segunda o tercera lengua para los alumnos, que lo único que intentan aprender es esa lengua en concreto, no el conjunto de materias que constituyen el currículo escolar.Todos los técnicos serios están de acuerdo en que la mejor lengua vehicular para la primera enseñanza es la propia del infante.Las lenguas son siempre de las personas, nunca de los territorios.

El concepto de lengua territorial es, lisa y llanamente, hitleriano.Sólo, pues, el fanatismo nacionalista puede querer convertir en lengua nacional de todos la de una parte de la población.Jamás la República de 1931 intentó que el catalán fuese el idioma único de la enseñanza en Cataluña, pese a que entonces el porcentaje de personas que lo tenían como primera lengua superaba los dos tercios de la población.

Sí intentó eso -con el castellano- la dictadura franquista de 1939. Todos los profesionales de la lengua y la enseñanza decían entonces que aquello era poco menos que un crimen y sin duda una necedad: en el aula imperaba la lengua del Imperio, el español, pero el patio seguía siendo del catalán. Ahora se han invertido las tornas demográficas. El pedagogo ultranacionalista Joan Triadú lo ha sintetizado muy bien: «Hemos ganado el aula, pero hemos perdido el patio». Más de dos tercios de la población escolar de Cataluña tenían como primera lengua el castellano al acabar el siglo. Con la inmigración de América Latina, ese porcentaje ha aumentado considerablemente: en algunas escuelas se acerca al 100%. Fruto del fanatismo, el sistema catalán es, además de necio, inútil y contraproducente: considerando el catalán como el idioma del poder y la represión, los adolescentes empiezan a usar el castellano como procedimiento de legítima defensa y como signo de rebelión... aunque el catalán sea su lengua materna.

No hay pregunta

El documento reproduce la hoja de preinscripción para la enseñanza de Educación Infantil, Primaria y Secundaria para los centros públicos catalanes. Los padres pueden elegir entre Religión católica, evangélica, islámica o judía, pero en ningún sitio se pregunta por la lengua materna del niño.

LA IMPOSICION DEL CATALAN

Resultados académicos muy desiguales

BARCELONA.- Los últimos datos conocidos a través del Informe Pisa 2003, que elabora periódicamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dieron pie a otra asociación, Convivencia Cívica Catalana, para denunciar que el modelo lingüístico perjudica académicamente a los castellanohablantes: «Existe una diferencia muy sustancial entre el rendimiento de los alumnos castellanohablantes y catalanoparlantes. Sus tasas de fracaso escolar son notablemente distintas: 42,62% y 18,58% respectivamente.La utilización del catalán como lengua única en la enseñanza perjudica a los alumnos castellanohablantes. La sustitución de la inmersión lingüística por un modelo que permitiese a los alumnos castellanohablantes aprender en su lengua mejoraría su rendimiento académico y reduciría su fracaso escolar en más de un 9%». En este sentido, la asociación también ha concluido que los castellanohablantes sufren una tasa de fracaso escolar más elevada en Cataluña que en el resto de España.

LA IMPOSICION DEL CATALAN

El partido popular presenta mociones contra «el arrinconamiento del castellano»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- El PP ha puesto en marcha la presentación de mociones y proposiciones en ayuntamientos y diputaciones de toda España en defensa de «todas las lenguas oficiales» y en contra del «arrinconamiento del castellano».

«No me fío», dijo ayer Mariano Rajoy, respecto de la promesa del presidente del Gobierno de que no va a variar la situación lingüística en Cataluña con el nuevo Estatuto. El presidente del PP instó además al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que salga al paso de una actividad «delictiva», como el uso de historiales clínicos por parte de la Generalitat para vigilar el uso del catalán.

Recogiendo una iniciativa de la Diputación de Valladolid -que registrará hoy el presidente de la entidad y del Grupo Popular, Ramiro Ruiz Medrano, para debatirla el 26 de enero- así como el precedente de una operación similar gestada tres meses atrás en contra del proyecto de Estatuto de Cataluña, la dirección nacional del partido hizo circular ayer un borrador que, de momento, ya han aceptado los portavoces de los grupos municipales y provinciales del PP en Andalucía, País Vasco y Cataluña. Se trata de llevar al ámbito del poder local un manifiesto similar al que los portavoces, reunidos el martes en la sede nacional de la calle Génova de Madrid, firmaron y acordaron promover en los parlamentos autonómicos en defensa del «bilingüismo» y en contra de la «discriminación» del castellano.

Según se justifica en el texto remitido ayer desde la secretaría de Política Autonómica y Local, que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, «en los últimos años se está produciendo una violación sistemática del artículo 3 de la Constitución, que reza: 'El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla'».

Si bien el PP vasco pretende adaptar el borrador a los problemas derivados de la priorización del euskara en la Administración, la Educación y la Sanidad, los populares centran la motivación de sus mociones en el rechazo a la política lingüística del Gobierno de Pasqual Maragall.

«Desde diciembre de 2003», dice el borrador, «el Gobierno tripartito ha adoptado una variada serie de medidas para apartar definitivamente la lengua castellana, primero de la vida pública catalana, y ahora también de diversos ámbitos de la vida privada». En este sentido, los populares denuncian que «esa estrategia está conduciendo al arrinconamiento del castellano en sectores tan importantes como la Administración, la Sanidad, la Justicia, la Enseñanza, así como al recorte de las libertades fundamentales de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a expresarse en la lengua que elijan».

Dicho esto, el principal partido de la oposición instará a ayuntamientos y diputaciones a adoptar cinco acuerdos. El primero, en «apoyo a todos los ciudadanos en el derecho a emplear cualquiera de las lenguas oficiales españolas»; el segundo, en «solidaridad» con quienes han visto «notablemente mermado» ese derecho por parte del «Gobierno tripartito», y un tercero, en «rechazo a la política de discriminación hacia quienes emplean la lengua castellana».

En cuarto lugar, el PP exige que se «acaten las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» y que «se supriman las oficinas de Garantías Lingüísticas». Por último, los populares instan «al Gobierno de España» al uso de «mecanismos jurídicos para garantizar la libertad lingüística efectiva».


12/01/2006 - EL MUNDO