La Justicia obliga a un colegio de Badalona a dar clases de castellanoEL MUNDO 2/2/2006, CAROL ALVAREZ , BARCELONA Impone medidas cautelares para que imparta 4 horas de español a todos los alumnos / Ordena además que el hijo del demandante reciba 'atención individualizada en castellano'El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha obligado a una escuela de Badalona (Barcelona) a dar a un alumno de siete años una atención individualizada en castellano para que supere las asignaturas impartidas en catalán. Además impone al centro la obligación de impartir cuatro horas a la semana de enseñanza de lengua castellana a todos los alumnos. La resolución, notificada ayer, ha sido dictada por la Sección Quinta de la Sala Contencioso-administrativa del TSJC. El auto adopta la medida de forma cautelar a la espera de pronunciarse, en unos meses, sobre el fondo del asunto. Según los jueces, «si no se impone ahora, cuando se está en el último año del primer ciclo de primaria, ya no tendría sentido más adelante». El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende, de momento, que «no se imparte enseñanza del castellano en el curso en que está matriculado el hijo del recurrente y que tampoco se impartió el curso anterior, cuando menos en los términos que marca el Decreto». El padre del menor, Enrique L., había reclamado a la dirección de la escuela a la que asiste su hijo, el centro público Feliu i Vegués de Badalona, que le impartieran clases en su lengua habitual, el castellano, y cuatro horas semanales de aprendizaje de la misma lengua. La escuela, al parecer, desoyó sus peticiones y también la Administración catalana a través de una resolución administrativa que ha dado pie ahora al pronunciamiento del TSJC mediante el recurso. Los jueces señalan que, según el proyecto lingüístico del centro educativo, la enseñanza de expresión de lengua castellana en el ciclo inicial «se hace a través de las actividades de estructuras lingüísticas comunes, talleres, juegos dirigidos y educación física». La inspectora de Educación de la Generalitat determinó en un informe que, para compensar, en el ciclo medio «se llevan a cabo tres sesiones semanales de lengua castellana». Para la Sala, sin embargo, aunque la enseñanza fuera propiamente de castellano «no parece que se pueda hacer con el necesario rigor, aunque sea acomodado a la corta edad de los alumnos, en actividades como juegos dirigidos y educación física». Ahondando más en sus motivos, los jueces sostienen que, «desde luego», el sistema no se aplica para el aprendizaje del catalán, «que es también un área específica de conocimiento, que tiene asignadas unas horas mensuales determinadas». Incluso el inglés tiene unas horas mensuales detalladas. La sentencia establece que el menor recibirá una atención individualizada en castellano en todas las áreas del currículo, algo que ya ordenó Educación el pasado 9 de enero, ya que «hace posible en principio la protección del derecho ejercitado y la propia organización del centro docente». La Generalitat, que estudia la posibilidad de presentar un recurso contra la decisión judicial, destacó ayer que el caso es «anecdótico» y que «no cuestiona la Ley de Política Lingüística». El subdirector general de Lengua y Cohesión Social del Departamento de Educación catalán, Joan Vallcorba, explicó que lo sucedido es producto de un «malentendido», un «problema estrictamente de comunicación», entre la dirección del centro escolar y la familia del alumno.En este sentido, Vallcorba defendió la aplicación adecuada del protocolo de atención individualizada por parte del centro de Badalona, aunque apuntó que han dado «instrucciones» a la dirección de la escuela para que «mejore» su relación con el demandante en beneficio del desarrollo escolar del menor y de la garantía de sus derechos. Según el responsable de Educación, se le ha de «exponer mejor» el contenido de su horario de actividades escolares. «En todo momento hemos dado instrucciones claras para evitar que algún alumno sea segregado» por una cuestión lingüística, señaló Vallcorba, que aprovechó para recordar que «por ley» la Administración catalana no tiene por qué introducir el aprendizaje del castellano desde el primer curso, aunque, pese a ello, la Generalitat de Cataluña apoya esta medida. El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, dijo ayer que no conocía la sentencia del TSJC, pero que hay que buscar «alguna fórmula» para que «ningún niño que no sepa hablar catalán tenga problemas de marginación».Con todo, en el programa El mundo en portada de Veo TV, Perales restó importancia a la polémica: «En Barcelona hay 980.000 andaluces y creo que mentiría si dijera que me han contado más de cinco o seis casos de problemas que hayan tenido con la lengua». «Yo creo que no hay un problema que nos tenga que inquietar; no hay un problema de convivencia», concluyó. «Mi hijo tiene siete años y no ha dado una clase de español»(ENRIQUE L. / Padre del niño afectado)EL MUNDO 2/2/2006, DANIEL G. SASTRE , BARCELONA A Enrique L. le gustaría dar la cara con nombre y apellidos concretos, pero le parece más prudente no hacerlo.Es el padre de R., el niño que protagonizaba la historia que este diario publicó el 12 de enero. La resolución conocida ayer le llena de satisfacción: el TSJC obliga al colegio Feliu i Vegués y a la Generalitat a darle a R. la enseñanza en castellano y a recuperar la asignatura de Lengua Española. Pregunta.- ¿Cuándo empezaron sus problemas? Respuesta.- El niño se venía quejando de que en el colegio le costaba un poco entender las cosas porque todo se le impartía en catalán. Entonces empecé a profundizar en el tema, y me di cuenta de que la clase de castellano ni siquiera la impartían.Lo vi en la hoja en que vienen el horario y los trabajos que se hacen cada semana, y no estaba la asignatura. P.- ¿Qué medidas tomó? R.- Me dirigí al director del colegio y me dijo que él no podía hacer nada, que eso es habitual porque el barrio es castellanohablante casi al completo, y eso era un método para que asimilen mejor el catalán. La inspectora de la Generalitat me dijo lo mismo, que eso era un bien para el niño porque iba a vivir en Cataluña.Dijo que ese método lo aplican en ese colegio porque hay mayoría de castellanohablantes, para hacer una inmersión lingüística completa. P.- ¿A quién se dirigió entonces? R.- No sabía cómo proceder. Busqué por Internet y encontré a Convivencia Cívica Catalana, que me orientó. P.- ¿Cuántas veces le ha pedido a la Generalitat que tome medidas? R.- Tres. Les instamos a que diesen al niño la clase de Lengua Española y que le impartieran el resto de clases en castellano porque el niño es castellanohablante, como permite la ley. Pero el director se negó a firmarme el requerimiento, llamó a la inspectora y ésta me dijo que ahí no me iban a firmar nada, que ya me podía largar. Tuve que enviar un burofax para que constase que habían recibido la queja. Ni siquiera querían admitirla, todo fueron dificultades. P.- ¿Está en contra de que se enseñe también en catalán? R.- No, me parece muy bien, y legítimo. Pero de forma adecuada y equilibrada, no arrasando e imponiendo, como están haciendo. P.- ¿Qué cree que va a hacer ahora la Generalitat? R.- Tomará medidas marginales: hacerle clase individual como si fuera un bicho raro, sin ejecutar la sentencia como debería.A mí me propusieron una chapuza: meterlo solo en un aula. Así al niño te lo cargas. La Generalitat está actuando fuera de la ley. P.- ¿Qué le parece que los niños aprendan español en clase de Educación Física o Juegos Dirigidos? R.- Una burla. Eso es esquivar el castellano. Mi hijo no ha dado todavía ni una sola clase de español, y tiene siete años y dentro de poco cumplirá ocho. Le doy yo clases en casa. CONSIDERA EL CASO DE BADALONA 'POLITIZADO'La Generalitat defiende su modelo lingüístico tras el auto que ordena enseñar castellano a un alumnoEL MUNDO 2/2/2006, AGENCIAS, BARCELONA La consellera de Educación, Marta Cid, ha defendido el modelo de inmersión lingüística vigente en las escuelas catalanas y ha denunciado el intento de "politizar" un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a un colegio de Badalona a escolarizar en castellano a un niño de 7 años. Cid ha considerado que este auto "no afecta al modelo educativo", ha asegurado que en Cataluña "no existen conflictos lingüísticos", que la inmersión lingüística "es cumplir la ley", y ha advertido de que las "campañas" mediáticas "no conseguirán que la Generalitat cambie este modelo, que ha sido coherente desde el año 1983". El TSJC ha dictado un auto en el que acepta imponer como medida cautelar, mientras se resuelve un recurso judicial, la obligación de una escuela de Badalona a impartir clases en castellano de forma individualizada a un alumno de segundo de primaria. La sentencia de la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, considera que en el citado centro docente, tanto en primer curso como en segundo curso de primaria, "no se imparte enseñanza de castellano", a pesar de que son obligatorias cuatro horas semanales. El padre del alumno pidió para el curso 2004-2005 a la Conselleria de Educación que su hijo, matriculado entonces en primero de primaria, recibiera clases en castellano. La Generalitat desestimó esa reclamación del padre, quien decidió acudir a la justicia. En su resolución, el TSJC señala que la Generalitat "deberá disponer que se imparta la enseñanza de la lengua castellana correspondiente a ese curso según el horario reglamentariamente establecido, del mismo modo que se hace con las restantes áreas de conocimiento". CASTELLANO POR VIA JUDICIALEditorial, EL MUNDO 2/2/2006
Los ciudadanos que luchan por que en Cataluña se respete el derecho de sus hijos a ser escolarizados en castellano volvieron ayer a recibir el apoyo de la Justicia. El Tribunal Superior de Cataluña ha emitido un auto por el que obliga -por la vía fulminante de las medidas cautelares- a un colegio de Badalona a impartir la asignatura de Lengua Española. Este centro había eliminado dicha clase con la absurda estratagema de subsumirla en Gimnasia o Talleres, según denunció EL MUNDO. Asimismo, el Tribunal establece que el centro debe prestar al alumno cuyo padre presentó el recurso «atención y soporte individualizado» en castellano. Esta última es una victoria muy relativa, pues lo que este padre pedía es que su hijo pudiese recibir la enseñanza en su lengua habitual, el castellano, tal y como reconoce la Ley de Política Lingüística de 1998, y no que se le margine como a alguien incapaz de seguir las materias como el resto de sus compañeros. La suya es la misma solicitud aún sin atender de Carmelo González, quien ayer en la Cope la resumía de forma contundente: «Pedimos algo tan sencillo como que nuestros hijos tengan el derecho de ser educados en la lengua de su país». Esta llamada de atención debería resonar en Zapatero, quien proclamaba el mismo día en Ceuta que «es un deber del Gobierno que todos los españoles tengan el mismo trato y consideración». Si no quiere dejar en evidencia que tal afirmación es pura retórica vacía de contenido, debería hacer del problema de estos padres una de sus prioridades. Es ya evidente que no se trata, como él mismo aseguró, de «casos aislados». El Defensor del Pueblo ha recibido centenares de denuncias al respecto. De hecho, en el colegio de Badalona que ha sido objeto del auto más de un 90% del alumnado utiliza el castellano como lengua habitual, lo que hace aún más estrambótico que tengan que intervenir los tribunales para que su lengua no desaparezca de las aulas. Es verdad que no todos los padres contrariados denuncian el problema, pero es que la Generalitat ha desarrollado una política sistemática de poner a quienes solicitan la enseñanza en castellano ante el terrible dilema de admitir que se despoje a sus hijos de un derecho o ser los culpables de su segregación; incluso se les ha llegado a amenazar con ponerlos en clases de alumnos con necesidades especiales. No es de extrañar que muchos opten por pasar por el aro y que incluso aquéllos que han decidido dar la cara se esfuercen al máximo por mantener el anonimato de sus hijos. Que el colegio de Badalona se vea obligado por los tribunales a impartir clases de castellano es una buena noticia y es de esperar que anime a otros padres a denunciar la vulneración de sus derechos. Pero éstos sólo se verán realmente protegidos cuando el derecho de aprender en castellano sea entendido como la posibilidad de recibir clases en dicho idioma, y no como un refuerzo para aprender en catalán. Carmelo González: «Llegaré hasta el final para que se cumpla la ley»EL MUNDO 2/2/2006, Madrid
Carmelo González, otro de los padres que han reclamado el derecho de su hija a ser escolarizada en castellano en Cataluña, aseguró ayer en el programa La Mañana de la Cope, que dirige Federico Jiménez Losantos, que está dispuesto «a llegar hasta el final». En la entrevista que le hizo ayer Federico Jiménez Losantos en su programa, recogida por el portal Libertad Digital, González arremetió contra la Generalitat y afirmó que, «en un país democrático», un Ejecutivo que se permite «no respetar la Ley emanada del poder legislativo», ni las sentencias, «es, técnicamente, un Gobierno totalitario». Asimismo, declaró que, pese a ser votante de izquierdas, no ha recibido de los socialistas más que «una corriente crítica».«Todavía estoy esperando que alguien de los partidos que he votado simplemente me llame». Respecto a las críticas de quienes se sorprenden de que acepte el apoyo de los populares, Carmelo González respondió: «Si alguien se pone de nuestro lado, bienvenido sea». González finalizó su intervención haciendo una recomendación a todos los que hablan de «normalidad» en Cataluña: «Que tengan a mano el texto de la Ley de Política Lingüística y lo lean.Es un derecho. Quiero que mi hija sea educada en castellano al amparo de la ley», afirmó. 02/02/2006 - EL MUNDO |