El troceo

El troceo

El PSOE administra la ruptura en Navarra, Valencia y Baleares

Como si lo publicado el jueves por ABC sobre la política lingüística en Valencia necesitara confirmación, Vicent Marzà, conseller de Educación y Cultura, confesó esta semana que buscan «la construcción nacional», la «construcción de soberanía». Los nacionalistas pueden resultar estratégicamente sigilosos, pero no engañan. Está claro lo que quieren construir y lo que quieren destruir.

Gloria Lago, presidenta de la asociación Hablamos Español, cuenta cómo acabó manteniendo una conversación en francés con un responsable de la política lingüística en Valencia que se negaba a hacerlo en español. Ella, gallega, no conocía el valenciano y él se negaba a usar el «castellano». No exagera Roca Barea cuando habla de hispanofobia, una ideología de odio que debería estudiarse en las escuelas.

El PSOE ya administra los procesos de ruptura en Baleares, la Comunidad Valenciana y Navarra. La «federalización» no apacigua al nacionalismo catalán y vasco, ni arregla nada en el resto de España; crea problemas nuevos y sólo es útil al PSOE, que se especializa en gestionar (con comisión) la venta a los nacionalistas. Si no puede darles competencias o soberanía, les dará territorios. Ya lo hace.

El problema, sin embargo, excede al PSOE y al acomodaticio PP. El problema es que la hispanofobia se hace con las leyes en la mano. El Estatuto de Autonomía, por ejemplo, afirma que «la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano». Del español, más abajo, dice que es el «idioma oficial del Estado». Del Estado. No les sorprenderá saber que el español es la lengua mayoritaria en la Comunidad Valenciana. De los valencianos. Sin embargo, sus hablantes han asumido que son colonos, invasores, que hablan una lengua ajena («de Castilla») y que al hacerlo destruyen la querida y frágil lengua valenciana. Es la treta filológica para introducir el conflicto entre lenguas e imponer la inmersión. Pero lo que se ataca no es el español, sino los derechos de los ciudadanos y la viabilidad de España como Estado y nación, es decir, los derechos de sus ciudadanos en el futuro.