El 'procés' hacia el precipicio

05 - 07 - 2017 / VARIOS

A tenor de los actos de ayer, en la sede del Parlament y en el Teatro “Nacional” de Cataluña (calificación jurídica al margen):

No sabe la mayoría de los españoles –yo tampoco - hasta qué punto, la ignorancia, el desdén y la indiferencia del resto de sus compatriotas hace daño a los catalanes –la mayoría de los catalanes- que están rehenes de esta chusma en este preciso momento. Parafraseando lo que dijo ayer Rafael Arenas, simular –como hacen los poderes públicos- que la situación que se vive en esa parte del territorio es “normal”, es una irresponsabilidad inadmisible, y yo añado: es una vergonzosa felonía rayana en lo criminal.

La seguridad jurídica no sólo consiste en garantizar el imperio de la ley, es decir, en demostrar que se aplica la consecuencia jurídica prevista cuando la ley se transgrede. Al igual que ocurre con la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica tiene su trasunto en la certeza, confianza y tranquilidad psicológica del ciudadano medio, que tiene derecho a creer legítimamente, que quien amenaza sus derechos, públicamente y constituido en autoridad, será neutralizado por los poderes públicos más pronto que tarde.

Esa gente necesita el amparo mediático de los partidos y autoridades, de manera que no quede huérfana y desamparada ante la exhibición de amenazas contra sus derechos civiles y políticos por parte de quien anuncia la comisión de delitos. No se trata de que el Gobierno -ni la Fiscalía por supuesto- entren en una escalada de réplicas mediáticas, pero sí de que en sus actos de comunicación pública den certeza clara de que el Estado de Derecho existe y actúa. Porque el Estado se basa en una convención social, que si es pública y sistemáticamente puesta en duda, sin réplica dialéctica convincente, puede perder respaldo social hasta comprometer en el acerbo colectivo su natural legitimidad.

¿Qué menos que una declaración conjunta de los partidos constitucionalistas en el Congreso (sede de la soberanía nacional), que representan a la mayoría aplastante de los españoles, deplorando las exhibición pública de amenazas al Estado de Derecho y a los ciudadanos que en él tienen reconocidos sus derechos en todo el territorio nacional?

Estoy convencido de que un texto básico se podría consensuar; y lo debería proponer el Gobierno, y en su defecto C’s. Y no se engañen, lo que más duele es que de quién no se pueda esperar ninguna propuesta en tal sentido sea de los partidos que, enarbolando la bandera de la igualdad, se dicen de izquierdas.

ALEJANDRO ANGO - FACEBOOK


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