Petición al Defensor del Pueblo con motivo de la LOMLOE

Excmo. Sr. Don Francisco M. Fernández Marugán

Defensor del Pueblo Español C/ Zurbano 42, 28010 Madrid

Excmo. Sr.:

La Asociación por la Tolerancia es una veterana entidad (se formó en 1992) cuyo objetivo fundacional fue la defensa de los derechos de los ciudadanos de habla española en Cataluña. El cumplimiento de este fin es lo que motiva que acudamos a Vd. en busca de amparo.

Se acaba de aprobar en Comisión en el Congreso de los Diputados, en la cuarta y última ponencia de discusión de la llamada Ley Celaá, una enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC, por la que se suprimen las referencias en el texto original al español o castellano como lengua oficial del Estado y al carácter de lengua vehicular de la enseñanza que, como tal, le corresponde, conjuntamente con las otras lenguas cooficiales en aquellos territorios donde se da tal supuesto.

El periódico El Mundo lo explicaba así: “El texto que ha sido acordado deja en manos de las comunidades autónomas la capacidad de controlar si se enseña en castellano en las escuelas con lengua cooficial y no habilita ningún mecanismo para que, desde el Estado, el español pueda utilizarse como lengua vehicular de la enseñanza, como han establecido los tribunales.” (06/11/2020). No hay sesgo en la interpretación, por cuanto eso es lo que literalmente se ha aprobado, al quitar, de la Ley que está destinada a regir el futuro de la Educación en los próximos años, la única salvaguarda del derecho que debería asistir a los niños españoles a recibir educación en su lengua en todo el territorio nacional.

La presencia en la LOMCE de las cláusulas ahora suprimidas no fue suficiente para garantizar el debido respeto a los derechos de las familias de habla española. ¿Qué podemos esperar que ocurra ahora que ni siquiera esta débil barrera nos separa de una situación de abuso de poder?

No es cosa nueva. La misma fecha de nuestra fundación indica que hay un problema que se arrastra desde mucho tiempo atrás. No es la primera vez que acudimos a la institución que Vd. dirige. Lo hemos hecho en diversas ocasiones: con motivo de la creación en Cataluña de una Oficina de Garantías Lingüísticas, que actuaba a instancias de cualquier ciudadano que quisiera denunciar un supuesto abuso contra la lengua catalana; con motivo de la atención escolar a los niños sordomudos, cuya inmersión en una lengua distinta de la familiar era una verdadera crueldad; con motivo de las hojas de preinscripción que no advertían a las familias del derecho que tienen de elegir la lengua de la primera enseñanza para sus hijos; con motivo de la aprobación de la Ley de Política Lingüística en 1998, que consagraba el sistema de inmersión en catalán, a pesar de que no era compatible con lo establecido por el Tribunal Constitucional; con motivo de la aprobación del nuevo estatuto de Cataluña, con elementos claramente inconstitucionales; … Siempre recibimos atención cordial y, a menudo, iniciativas de resolución de las que las autoridades catalanas se rieron abiertamente: se trata de simples recomendaciones -dijeron refiriéndose a los dictámenes del Defensor- y las recomendaciones puede uno seguirlas o no. Y fue que no.

Así ocurrió también con los fallos judiciales del TSJC, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, el Gobierno de la Generalidad los ha esquivado o los ha ignorado. Y los sucesivos gobiernos de la Nación han sido siempre demasiado débiles (por falta de respaldo en escaños o por falta de convicción o ambas cosas a la vez) para sustentar como es debido y obligar al cumplimiento de las resoluciones judiciales.

El panorama que se atisba detrás de la enmienda aprobada, lo estamos viviendo de facto en Cataluña desde hace mucho tiempo. Aquí el 100% de la educación se hace en catalán. Con frecuencia, incluso las clases de lengua española se imparten en catalán. No fue hasta 2014 que los tribunales empezaron a dictar sentencias favorables a las familias que exigían educación en español en los mínimos que la Ley les permitía. Sin embargo, es casi imposible encontrar un centro público o concertado donde se enseñe en español el 25% del currículum, el mínimo establecido para cualquiera de las lenguas oficiales por el Tribunal Supremo, y un milagro que ese 25% comprenda alguna materia troncal, además de la Lengua Española. La Generalitat extiende su control a los centros netamente privados administrando a placer permisos de apertura y controles de funcionamiento, de manera que también en ellos se reproduce una situación similar.

Estamos preocupados por el bajísimo nivel de español, lengua a la que en Cataluña y en otras comunidades autónomas que están siguiendo sus pasos, se le dedican menos horas que a una lengua extranjera. Estamos preocupados porque se sigan debilitando los vínculos que nos unen como nación (detrás de la marginación de la lengua, late el espíritu de la marginación de lo que representa). Estamos preocupados, sobre todo, por nuestros derechos. En Cataluña los derechos lingüísticos de los hablantes de español ya han sido pisoteados. Especialmente perjudicadas son las clases menos favorecidas (los que gozan de un entorno familiar de renta más holgada y con más acceso a la cultura, pueden salirse con mayor facilidad de la estructura coercitiva del sistema).

Lo que solicitamos de Vd. es una acción decidida para la recuperación de esos derechos y para impedir que la situación se reproduzca miméticamente en otros puntos de España. Debería lograrse que la enmienda aprobada no prosperase. No somos juristas, sino simples ciudadanos, y como tales pedimos su amparo para evitar que se siga avanzando en el sentido de levantar fronteras entre los españoles y para que se revierta la situación de desigualdad que, desde hace ya demasiados años, tenemos que soportar en Cataluña.

Le ofrecemos nuestra colaboración (y estamos seguros de que puede contar igualmente con la de otras asociaciones afines que trabajan en Cataluña o en otras comunidades con lenguas cooficiales) para recabar toda la información documental y testimonial que pueda necesitar.

Le rogamos encarecidamente que atienda nuestra petición. Su institución es nuestra última esperanza, dado que los tribunales son desoídos sistemáticamente y el Gobierno de la Nación acaba de disponerse a trabajar en nuestra contra.

Le agradecemos su atención y, siempre, su labor.

Atentamente,

Eduardo López Dóriga, presidente de la Asociación por la Tolerancia

PS: Le adjuntamos un tuit de Esquerra Republicana de Cataluña como documento probatorio de las intenciones que persiguen los coautores de la enmienda que da origen a esta petición. En sus propias palabras, el objetivo es “Blindemos la inmersión lingüística. Forcemos que el catalán sea LA lengua vehicular en Cataluña en la nueva ley educativa estatal”.