Número 11. Septiembre de 2001 |
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Ahí hubo una exhibición de un nacionalismo rancio pancatalanista, con todos sus elementos característicos: himno patriótico (¡hay que dar ejemplo a los pupilos!), presentación del trasgresor como víctima e identificación del individuo con la colectividad. Ese cerrar filas para intentar disuadir a los ciudadanos de ejercer sus derechos es una actitud antiuniversitaria y antidemocrática. Muchos de esos rectores, que firmaron un manifiesto en el 97 por la oficialidad única del catalán, van gastando energías y presupuesto en pagar viajes, cenas y estancias de lujo al presidente de la CRUE y a sus homólogos de universidades de otras autonomías, e incluso de otro país, para conseguir adhesiones a una supuesta defensa de la lengua catalana, ¡como si alguien la persiguiera! Mientras dedican tanto a esta cruzada y adoctrinan con su comportamiento a bastantes universitarios, los estudiantes de otros lugares sienten cada vez menos interés por conocer las universidades catalanas (con lo que eso significa de empobrecimiento). Tampoco parece que les importe demasiado que los de aquí visiten otros países, a juzgar por la poca atención que prestan al programa Erasmus, en cuanto a la dotación económica (de hecho, queda vedado a los económicamente débiles, como siempre) y la nula gestión para conseguirles lugar de residencia y orientación académica. Por otro lado, consienten que las bolsas de trabajo para los estudiantes de sus respectivas universidades se conviertan en realidad en una explotación laboral de jóvenes (altamente cualificados en muchos casos) encubierta por el concepto de «práctica en empresa». Ni les dan de alta en la seguridad social ni les sirve como crédito académico, a pesar del elevado número de horas que deben dedicarle. El etcétera es realmente largo. En cuanto a la justificación de Mas-Colell por su presencia en la algarada: «por el trasfondo lingüístico» es sencillamente escandalosa; todavía no se ha enterado de lo de la separación de poderes en una democracia. Su lamento de que «ese juicio nunca debiera haberse producido» no tendría que haberlo dirigido a Josefina Albert, sino la Universidad o el Parlament, cuando aprobó la Ley de Política Lingüística. De todas formas, que le sirva de consuelo que también la política del English only se vio hace unos meses en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo de EEUU por presunta violación del principio constitucional que prohíbe la discriminación, al serle negada a una ciudadana de Alabama la posibilidad de realizar el examen para el carné de conducir en español. ¡Ya ve! ¡Y en un lugar donde sólo existe una lengua oficial! Por si fuera poco, nuestros estudiantes se estrenan este curso martirizados y martirizando con la entonación continua de Els segadors. ¡Estamos superándonos! Marita Rodríguez |
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