Los ciudadanos de Cataluña tienen, de momento, dos lenguas mayoritarias: castellano y catalán, con un número parecido de hablantes. Esta realidad debe antojársele a nuestros paternalistas próceres políticos –que nos han escamoteado sistemáticamente el obligado debate público sobre lenguas–   una anormalidad a corregir, porque nos han impuesto un monolingüismo (catalán, hogaño) en la escuela, que contrasta clamorosamente con el bilingüismo existente en la sociedad.
    Si olvidáramos ese divorcio, el hecho de que los inmigrantes (sin recursos) que se incorporan a la ESO, desconociendo las dos lenguas del país, sean desviados durante un año hacia los TAE (Talleres de Adaptación Curricular), donde las clases de castellano quedan deliberadamente excluidas para que aprendan "la lengua de enseñanza lo antes posible y sin interferencias", sería aceptable. Lo que ocurre es que el susodicho divorcio existe y el asunto no es baladí. Una vez incorporados a la red escolar normal, el aprendizaje del castellano se les hace prácticamente imposible, ya que sólo tiene presencia como asignatura, y a un nivel totalmente inasequible para un principiante. Privar a un inmigrante desfavorecido de una de las lenguas habituales del entorno, que en el caso que nos ocupa es además la única lengua franca en toda España y la segunda a escala mundial, es colocarlo en una situación desventajosa de por vida. Quizás se trate de eso precisamente; de perpetuar las desigualdades…
    Otra dinámica siguen los inmigrantes económicamente fuertes. Esos hacen con sus vástagos lo mismo que nuestra acomodadísima burguesía autóctona, entre la que se encuentran muchos políticos: escolarizarlos en la privada para que adquieran competencia lingüística, al menos, en las dos lenguas de la comunidad.

El espeso velo que impedía cualquier crítica a la política lingüística por razonable que fuese quedó rasgado hace tiempo. Pero de la unanimidad más o menos forzada sobre la protección del catalán, se ha pasado a la hipersensibilidad ante supuestos abusos. Los fantasmas de la imposición se disparan ante prácticas absolutamente razonables.
    Por ejemplo: sin duda, el sistema de reparto de exámenes de selectividad en catalán era insensible. Pero que se distribuyesen preguntas en catalán a estudiantes que habían estudiado (y aprobado) 12 cursos de esta lengua, y que podían responder en la que quisieran, difícilmente se puede calificar de atentado a los derechos humanos como se ha hecho.
    Algo así es rasgarse las vestiduras ante el hecho de que, en unos talleres, que tienen como objetivo único preparar la adaptación a la escuela catalana de los alumnos inmigrados, se utilice sólo el catalán, la lengua que predomina en la enseñanza y con la que, presuntamente, menos contacto tienen los futuros estudiantes en su entorno inmediato. Tras la inmersión ya llegará el momento de empezar a introducir equilibradamente las dos lenguas, como hacen la mayor parte de escuelas con más normalidad de la que se supone.
    Esta vez sí que está bien utilizado el término inmersión: es lógico que la preparación para adaptarse a la escuela catalana sea en catalán.

Es la historia de siempre: una interpretación estricta de las normas permite que se frene el uso del catalán y siempre el afectado es el ciudadano catalanohablante, que bien educado, cambia de lengua. Dejando la cuestión leguleya del decreto del Govern de la Generalitat, que para esto ya seguirá su curso, y mirando el fondo de la cuestión, resulta que el ciudadano catalanohablante no tiene el mismo trato que un ciudadano castellanohablante en la Administración. 
    Los máximos responsables de la Administración pública, en Catalunya y, sobre todo, en Madrid, debe- rían saber inculcar a las personas que trabajan y que quieren trabajar en ella que su sentido del deber, o su espíritu de servicio, es atender a los ciudadanos en la lengua en la que éstos se expresan. Es lo mínimo que puede hacer la Administración y es lo mínimo que puede pedir un administrado.
    Hace años, un catedrático progresista de la Universitat de Barcelona pidió el traslado a Castilla porque vio que de seguir aquí no tendría otro remedio que hablar catalán. Y por ahí no quiso pasar. Tomó una decisión heroica. También habría sido heroico y ejemplar expresarse en catalán

El ciudadano y el profesional del derecho pide a la Administración de justicia formación, imparcialidad y sentido común. Los sindicatos y las asociaciones profesionales coinciden en que el conocimiento de idiomas autonómicos ha de constituir un mérito para el acceso a las funciones judiciales, pero nunca un requisito. Establecer barreras idiomáticas puede hacer perder excelentes profesionales a la justicia catalana. La Administración de justicia ha de respetar la libertad de opción lingüística. Si el catalán en los juzgados se utiliza menos que el castellano es por voluntad de los ciudadanos y --salvo casos aislados-- no se dan conflictos lingüísticos. La polémica es artificial y las disfunciones se solucionarían con ágiles servicios de traducción. 
    La exigencia del catalán o del empadronamiento en Catalunya para acceder a plazas públicas oculta la pretensión de controlar políticamente las estructuras judiciales para imponer un espacio monolingüe, al igual que ha acontecido ya en la enseñanza o en las administraciones autonómicas y locales. La prueba está en un juzgado de Barcelona --acogido al Plan de Normalización Lingüística--, en el que se avisa a los usuarios con el siguiente rótulo: "Aquest jutjat treballa en català."