Asociación por la Tolerancia
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El valor de la ...

C I U D A D A N Í A

Boletín nº 30                   Noviembre 2005                 (2ª época)

Índice

  1. Opinión
  2. Rincón impertinente
  3. Colaboración
  4. Breves
  5. Próximas Convocatorias
 

Opinión

Si es nuestro estatuto, ¿por qué nos lo explican? Si ya es tan bueno, ¿por qué nos lo endulzan y lo falsean?

Parece que la Generalidad se ha gastado un millón de euros (más de 150 millones de pesetas de las de antes) en hacer propaganda sobre la nueva propuesta de Estatuto. La noticia coincide con otros desembolsos relacionados con la Ley regional; a saber: medio millón de euros por parte del PP para informar al resto de España de que la propuesta contra la que en Cataluña es una reforma constitucional encubierta; o la impresión de cientos de miles de postales –ordenada con ERC para recordar que hubo un momento en que Zapatero negó a las Cortes su derecho y su deber de velar por el interés público de todos, reformando o incluso rechazando, si es necesario, la propuesta de nuevo Estatut– que enviarán los nacionalistas catalanes..., Maragall incluido.

Aunque se yuxtapongan todos esos gastos, salta a la vista que no todos son iguales. Aunque todo el dinero del que estamos hablando es igualmente público, la democracia también consiste en admitir que, con los impuestos de los ciudadanos, los distintos partidos tienen derecho a hacer lo que le es propio; es decir, política partidista. Se entiende así que, con el dinero de todos los españoles, ERC financie sus campañas antiespañolas, o que con ese mismo dinero, el Partido Popular pueda decir alto y claro en el resto de España lo que aquí no se atrevió más que a musitar: que el problema de este Estatuto no es puntual sino estructural, y que ni como catalanes ni como españoles vamos a salir beneficiados con él.

 El caso de la Generalidad es distinto, porque el dinero público que gestiona no es para hacer política partidista (eufemismo para englobar campañas más o menos sesgadas, más o menos distantes de la realidad) sino para gobernar para todos. En vez de eso –lo cual sería inédito en la historia del Tripartito, dicho sea de paso, y una verdadera novedad en la historia de la autonomía constitucional catalana–, Maragall prefiere dedicar parte de ese dinero, que dice que es insuficiente para hacer política social, en convencer a los catalanes de que el Estatut de los políticos es efectivamente bueno. Para muestra un botón, el anuncio institucional en el que se dice –sin aparente rubor– que en el nuevo texto "el catalán se iguala al castellano", o que la propuesta "por primera vez habla de la gente: de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de la gente mayor..."

Llama la atención, en primer lugar, que después de mandar el Estatuto a Madrid en nombre de Cataluña, los políticos se sientan obligados a explicarle a los catalanes por qué hacía falta un nuevo Estatuto y por qué éste –que se supone que los catalanes queremos ver aprobado tal y como está en Madrid, so pena de provocar una "guerra civil entre comillas", como decía Huguet– es mejor que el otro. Si el 'nou Estatut' es tan maravilloso como los políticos nacionalistas pregonan, llama todavía más la atención que recurran a la falsedad y la mentira para hacer propaganda y ganar adhesiones. ¿Cómo llamar de otra manera a la aseveración de que "el catalán se iguala al castellano", después de leer el preámbulo, el artículo 6 (que define las lenguas propias y oficiales), o el artículo 35 (sobre las lenguas en la enseñanza)? ¿Cómo transigir con la supuesta preocupación por los jóvenes (8 referencias), las mujeres (16 referencias), las personas mayores (4 referencias) y los niños (3 referencias), cuando la palabra "nació" sale mencionada más que todos los niños, los mayores, los jóvenes y las mujeres juntos, en 174 ocasiones? ¿Por qué no reconocen abiertamente que –a la vista de lo mucho que hablan de la nación y lo poco que hablan de la gente– los políticos y su Estatuto están más pendientes de la construcción nacional que de los ciudadanos y sus problemas? ¿Tan poco confesables son sus intenciones con este Estatuto que no se atreven a hacer publicidad de su articulado, tal cual, y tienen que enmascararlo o faltar a la verdad directamente para defenderlo ante la ciudadanía?

Grave es que se gaste dinero público en explicar la propuesta de Estatuto a los catalanes cuando ya la han enviado a Madrid en su nombre, sin que quede vuelta atrás. Grave es que se haga partidismo con el dinero de todos. Grave que nos regateen política social porque no hay recursos y proliferen campañas inútiles como ésta. Grave es, sin duda, que las campañas de "información" escondan en realidad intenciones –nada sutiles– de manipulación, confusión o engaño. Y muy sintomático es que el lema escogido para este nuevo engendro de la Generalidad maragalliana sea esa especie de reflexión burlona, "Els temps canvien. Canvia l'Estatut". Ya sabemos que nos lo están cambiando; para eso no hacen falta anuncios. Si acaso, que se dediquen a explicarnos hacia dónde lo cambian; hacia dónde nos llevan, sin pretender tomarnos el pelo como a colegiales, si es que se atreven, claro.

Juan Antonio Cordero Fuertes

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Comunicado de la Asociación por la Tolerancia sobre el proyecto del Nuevo Estatuto catalán

           La aprobación del proyecto de Estatuto de Autonomía por la mayoría del Parlamento de Cataluña convierte el día 30 de septiembre en una fecha ingrata para la mayoría de los catalanes y para el conjunto de los españoles.

El Estatuto aprobado es la carta de presentación del modelo de Estado de una clase política catalanista, empeñada en azuzar un conflicto territorial de efectos incalculables, que no ha tenido en cuenta la realidad social catalana y que, además, sienta las bases para la transformación radical del actual marco territorial y social español, con innegables consecuencias en la vida de todos los españoles; no sólo de los catalanes.

ES UN ESTATUTO INNECESARIO. La apatía y el tedio con que los catalanes han seguido el debate estatutario es la prueba más palpable de lo artificioso de su conveniencia. La dedicación exclusiva de nuestra clase política, durante casi dos años, a la elaboración de un texto que no debe prosperar en las Cortes Generales, es una inversión pésima de nuestros representantes, a los que debemos pasar factura en las urnas por su incompetencia.

UN ESTATUTO ANTICONSTITUCIONAL. Nosotros, al igual que la mayoría de los catalanes, consideramos que Cataluña es una región, pero también somos conscientes de que hay un significativo número de ciudadanos a los que este término no satisface, por lo que asumimos el acuerdo que en la transición supuso la inclusión del concepto de "nacionalidad" en el vigente Estatuto. La calificación de Cataluña como "nación", primer estadio para la consecución del Estado propio, es incompatible con la Constitución española y con el concepto de Nación cívica que introduce nuestra Ley de leyes. Deploramos que la satisfacción emocional de los políticos catalanistas quiera hacer tragar a los catalanes y al conjunto de los españoles con un concepto que es letal para la supervivencia del marco constitucional.

UN ESTATUTO INSOLIDARIO. Abogamos por un régimen de financiación autonómico que se asiente en los principios de igualdad y de solidaridad de todos los españoles. Por ello, somos contrarios a los privilegios fiscales y territoriales, sostenidos en antiguallas históricas, como el concierto económico en el País Vasco y el Convenio en Navarra, y creemos que la creación de un nuevo concierto "a la catalana" acrecienta profundamente la insolidaridad entre los españoles y es claramente reaccionario. La Hacienda de un Estado moderno pasa por el equilibrio y no por la sacralización de la diferencia.

UN ESTATUTO DESESTABILIZADOR. El profundo desarrollo del Estado de las Autonomías ha debilitado a la Administración General del Estado que ha quedado reducida en Cataluña a su mínima expresión. Las reformas que precisa el Estado no pasan por agravar su anorexia mediante el traspaso de competencias de la Administración General del Estado y de las Corporaciones locales a las Comunidades Autónomas, sino por la potenciación de la coordinación y de la cooperación entre las Administraciones. La asunción de competencias exclusivas del Estado por la Administración autonómica, el blindaje de las “propias” y de las "impropias", y la creación del "Poder judicial catalán" son instrumentos desestabilizadores que en nada van a contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Los recientes acontecimientos en materia de incendios, salvamentos, el desastre de la gestión sanitaria y educativa, y el debate que en estos días está presente en algunos países, pone en evidencia la necesidad de potenciar los instrumentos comunes para mejorar los servicios de la comunidad. Lamentablemente, en Cataluña se va por otra vía.

UN ESTATUTO SEGREGACIONISTA. El Estatuto declara únicamente como lenguas de Cataluña al catalán con carácter general y al aranés en el Valle de Arán. Ignora, deliberadamente, que la mayoría de los catalanes son de expresión castellana, obliga a conocer el catalán a todos los residentes en Cataluña y levanta una barrera lingüistica para el resto de los españoles de habla no catalana poniendo las bases normativas para una práctica política que ya hoy en día es segregacionista.

Por todo ello,

La ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA lamenta la falta de sensatez de la clase política catalana que ha aprobado el proyecto de Estatuto de Cataluña y solicita del Congreso de los Diputados que rechace de plano la tramitación del proyecto de reforma por innecesario, inconstitucional, insolidario, desestabilizador y segregacionista.

En Barcelona, a 30 de septiembre de 2005, día aciago en el que se aprobó por el Parlamento de Cataluña el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.

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Por los derechos de los Ciudadanos

Según reza la definición institucional, “El Síndic de Greuges (Síndico de Agravios) de Cataluña es la Institución que defiende los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Con esta finalidad, supervisa la actuación de la Administración de la Generalitat y de los entes locales de Cataluña”.

La Ley 14/1984 de 20 de marzo, del Síndic de Greuges, modificada por la ley 12/1989, de 14 de diciembre, en su artículo 4, dice que éste ha de cooperar con el Defensor del Pueblo y coordinar con él sus funciones propias.

Por eso, causa sorpresa que su actual titular, Rafael Ribó, arremetiera, en un comunicado del miércoles, día 5 de octubre, contra Enrique Múgica (Defensor del Pueblo), por haber dicho que percibe –a través de las numerosas quejas que recibe la Institución de la que es titular–  “una progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano, entre otros, en el ámbito educativo”.

Parecería lógico que el Sr. Ribó se hubiera puesto en contacto –avergonzado– con el Defensor para interesarse por esas denuncias de ciudadanos del territorio que es de su competencia y, antes de hacer un comunicado, hubiera investigado el fundamento de las mismas. Pero no. Se contenta con afirmar que sus informes anuales recogen las quejas sobre derechos lingüísticos y que la mayoría tratan de la falta de respeto al uso del catalán.

Eso sí que tiene su lógica. Al fin y al cabo él ha aceptado garantizar, desde su cargo, “el  derecho a vivir plenamente en catalán”(sic) y respaldar la existencia de las llamadas “Oficines de Garanties Lingúístiques (OGL)”. Estas “oficinas” tienen como finalidad facilitar el mecanismo de denuncia (incluso de forma anónima) contra los establecimientos comerciales que adolecen de personal capacitado para atender a los clientes en catalán o no tienen los rótulos en catalán; contra los bares y restaurantes que no tienen las cartas en esta lengua obligatoria, etc. Se pusieron en marcha a principios de febrero de 2005, y la Administración se ufana de haber  recibido 928 quejas en el primer semestre. Actúan inmediatamente, enviando a un inspector que informa –al denunciado– que dispone de 15 días para corregir el delito lingüístico. Si no lo hace, finalizado dicho periodo, le aplican una sanción económica. ¿Le resulta raro que quien es o se considera víctima de esta política no acuda a él?

Siento, de veras, corregir al Sr. Ribó cuando dice que El Tribunal Constitucional avaló la inmersión lingüística. El TC se pronunció en diciembre de 1994 sobre algunos aspectos de la Ley de Normalización Lingüística y consideró constitucional el modelo que ella consagraba: el de “conjunción lingüística”; es decir, enseñanza en los dos idiomas oficiales. La inmersión lingüística –única lengua vehicular el catalán–, que practican todos los centros públicos de Cataluña, adquiere rango de ley en enero de 1998 (con la Ley de Política Lingüística) y desafortunadamente nunca llegó al TC. Invito al Síndic a que compruebe estas aseveraciones y, de paso, a que también se lea el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística. En él, a pesar de que la ley es muy restrictiva para los castellanohablantes, se contempla el derecho de los niños a ser educados, en la primera etapa, en su lengua materna; derecho que es sistemáticamente conculcado, ya que en los impresos de preinscripción y matriculación no figura información al respecto, por lo que los padres y tutores desconocen la existencia del mismo. Para el curso que acaba de empezar, tampoco el modelo oficial de preinscripción incluyó la  posibilidad de que los padres pudieran ejercer ese derecho, dándose el agravante de que ha habido dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de septiembre de 2004 y 17 de febrero de 2005 en las que se condenó a la Administración, conminándola a preguntar a los padres sobre la lengua habitual del alumno para que éstos pudieran elegir libremente el idioma de su primera enseñanza.

Por otro lado, si el Proyecto de Nou Estatut sólo contempla el derecho de todos los alumnos de Cataluña a ser educados en catalán, parece justo y equitativo que el Defensor del Pueblo –que vela por el derecho de todos, sin distinción– solicite al MEC que en la LOE se contemple el derecho paralelo de todo alumno a ser educado en la lengua común en cualquier punto del territorio nacional. ¿Qué de malo hay en ello? La petición no va contra los derechos de nadie; más bien protege el de todos.

Por todo esto, rogaría al Síndic de Greuges que reflexionara sobre su precipitado  comunicado y se sumara a las investigaciones del Defensor, así como a su razonable petición. Si no es capaz de establecer la distancia debida entre lo que pueden ser sus preferencias lingüísticas personales y su deber de proteger a todos los ciudadanos de Cataluña, por igual, de los posibles abusos de la Administración, sería más honrado que dimitiera.

Marita Rodríguez

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Rincón impertinente

Anónimo y arbóreo Volem l’Estatut

     Estos días hemos visto en las calles pancartas demandando un nuevo estatuto de autonomía. Ninguna empresa anunciante se hace responsable puesto que son pancartas anónimas y no se sabe a quién endosar la multa. Son por ello unas pancartas tristonas, como desfallecidas y espectrales. Nadie las sostiene con sus cálidas manos, entre otras cosas porque están suspendidas de los árboles y no requieren entonces el concurso de la sujeción humana.

     Tiempo atrás el gobierno del PP reprochó a la oposición el andar siempre detrás de una pancarta y hacer oposición pancartera. Luego se invirtieron los papeles, pero el reproche fue el mismo. Detrás de estas pancartas estatutarias no anda nadie, por ser físicamente imposible. Pero no hace falta ser un lince para saber quién las ha colocado y con qué anuencias ha contado para hacerlo, justo ahora que se pretende combatir el vandalismo que tantos destrozos causa en el mobiliario urbano, o eso dice la autoridad municipal.

     Nadie ha visto colgar esas pancartas ni a los empleados que proceden a la poda anual ni a una ignota hasta hoy colonia de barceloneses arborícolas, camuflada y residente entre el follaje de plátanos y acacias. Prodigiosa es la largueza de nuestra modesta masa forestal, fecunda es su savia que asciende por los vasos leñosos y fertilizantes, a lo que se ve, son las deposiciones caninas amontonadas en los alcorques excavados en el pavimento. Los nuestros son árboles animados, con criterio propio y, qué duda cabe, a juzgar por sus frutos insólitos, afectos a la aprobación del nuevo estatuto.

Javier Toledano

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Colaboración: Dos visiones de España

El libro de José María Ridao, Dos visiones de España, que él mismo prologa, nos ofrece las intervenciones parlamentarias de Azaña, y de Ortega y Gasset, en el debate en las Cortes sobre el Estatuto de Cataluña en 1932.

Nuestro Presidente, Sr. Zapatero, parece tomar como modelo la posición de Manuel Azaña, entonces presidente del Gobierno de la República. Un Azaña (al que hoy, según el mismo Ridao, se reconoce cierto talante intelectual pero, en contrapartida, poco o ningún talento político) que declaraba en aquella ocasión “rectificar la línea histórica” del país, “enfrentarnos con la organización del Estado español del que venimos, y rectificarlo en su estructura y en su funcionamiento, en sus fines y en sus medios.”

Algo que parece en la misma línea contradictoria de Rodríguez Zapatero, cuando se declara no nacionalista y rechaza la visión esencialista de España, pero no la de Cataluña.

José Ortega y Gasset, en ese mismo debate en las Cortes en Mayo de 1932, decía: “No podemos aceptar que pase el poder judicial íntegro a la Generalidad. No es la cuestión de Justicia tema que pueda servir de discusión, ni de batalla entre los hombres.  En todas partes, es el movimiento que empuja a la Historia ir haciendo homogénea la Justicia, porque sólo si es homogénea  puede ser justa; no es posible que, de un lado al otro del monte, la Justicia cambie de cara.”

Parece que no pasa el tiempo... Y el Gobierno queriendo vendernos la burra (la madre del burro) de que se pretende acercar la justicia al pueblo. Pienso que para acercar la justicia a los ciudadanos hay que hacerla asequible, ligera, breve y poco gravosa; no poner un juzgado en cada piso.

Pedro Rodríguez

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Breves

Campaña ante el Defensor del Pueblo

Como ya sabéis, sigue la campaña de recogida de firmas para el Defensor del Pueblo. Hay dos peticiones: El derecho de cualquier español a ser educado en castellano en cualquier punto del territorio nacional y el cierre de las “oficines de garanties lingüístiques”, que, de hecho, incitan a unos ciudadanos a delatar a otros por cuestiones lingüísticas. El Defensor ya ha actuado a nuestro favor, pero necesitamos todos los apoyos posibles de catalanes y del resto de ciudadanos de España. La conculcación de derechos nos afecta al conjunto de la sociedad, y cuantas más personas se involucren en la defensa de los mismos, más posibilidades tendremos de frenar a sus violadores.

Hay varias posibilidades de participación. Una, entrando en nuestra web, www.tolerancia.org; otra, firmando una petición impresa individual, o colectiva, que se remite directamente al Defensor. Os adjuntamos ejemplares de estos dos modelos. Antes de rellenarlos, por favor, haced fotocopias y distribuidlas entre vuestras amistades o conocidos.

 

La alegría

En octubre, un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil ha venido a dar la razón a Gotzone Mora, esa heroína, que lleva años denunciando por doquier que profesores de la Universidad del País Vasco –de forma organizada– manipulan y falsifican expedientes de presos etarras. Los matriculan de forma fraudulenta –en muchas ocasiones– con el fin de que, al mismo tiempo, que rebajan penas allanen el camino de su reinserción en puestos sociales relevantes para cuando salgan de la cárcel, dadas las altísimas calificaciones que obtienen... Felicitaciones a Gotzone y a la Guardia Civil.

La tristeza

El nacionalismo catalán, en un gesto más de totalitarismo, ha puesto toda su capacidad de acallar a las voces discrepantes tras la COPE. Pretende cerrar la emisora. A Jiménez Losantos lo acusan, nada menos que de terrorismo, pero no lo llevan a los tribunales. No les interesa la justicia; sólo, su silencio. De paso, empiezan a marcar a otra presa: Carlos Herrera (Onda Cero). La ironía es que ambos periodistas han sido víctimas del terrorismo; el primero, de facto; el segundo –afortunadamente– de intención fallida.

La esperanza

Tenemos los talonarios de lotería de Navidad a vuestra disposición.

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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

IV  CICLO DE CINE PARA LA TOLERANCIA

Barcelona, del 16, Día Internacional de la Tolerancia, al 20de noviembre de 2005

AMC Diagonal Mar

Diagonal, 3 - 08019 Barcelona

 

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