El valor de la ... CIUDADANÍA |
| Boletín nº 31 Enero 2006 (2ª época) |
Una política lingüística que tiene miedo de la libertad
Durante el año 2000, el independentismo catalán puso en marcha el III Congreso de Cultura Catalana. A diferencia del II Congreso –celebrado en plena Transición, entre los años 1975 y 1977– que fue apoyado por las fuerzas democráticas y con una acogida realmente popular, aquél pasó desapercibido por la falta de implicación de CDC y del PSC y de la sociedad catalana en general. Con el II Congreso se pusieron las bases para la recuperación de la lengua y cultura catalana después de la larga noche del franquismo; en cambio, el tercero tuvo como finalidad planificar las estrategias para la consecución de un marco soberano para los Países Catalanes en el siglo XXI.
Los títulos de los temas de debate (Soberanía Nacional y Defensa de la Lengua, Simbología nacional de los Países Catalanes o Sustitución lingüística y autoodio, entre otros) retratan adecuadamente la filosofía que inspiró el Congreso. Sus resoluciones también resultan clarificadoras, en la ponencia dedicada a la defensa de la lengua se fijaron como principales objetivos: «Conseguir que la lengua catalana fuese reconocida como la lengua propia y única oficial de Cataluña y de todos los Países Catalanes» y «Recuperar la lengua en todos los ámbitos de uso, situaciones y funciones, estableciendo la obligatoriedad del conocimiento y del uso de la lengua, con las sanciones que sean necesarias». Para lograrlo, se invitó a la colectividad a trabajar en múltiples campos, entre los que resaltamos por razones de actualidad los dos siguientes: «El control lingüístico y de contenidos de la TV y las radios, para garantizar que estén al servicio de la lengua y cultura de nuestro país» y «hacer los cambios necesarios para garantizar que la escuela y la enseñanza en general sean una herramienta de transmisión de nuestra identidad y, por tanto, de nuestra cultura y nuestra lengua».
Se trae a colación aquel evento porque entre los artífices del III Congreso figuraron los principales muñidores de la política de ERC, Joan Puigcercós y Josep Lluís Carod Rovira, y los responsables de ese partido en el Gobierno catalán: Josep Bargalló (primer consejero, de quien directamente depende la política lingüística y de comunicación), Marta Cid (Consejera de Educación), Enric Marín (secretario de Comunicación) y Josep Huguet (Consejero de Cultura, Comercio y Turismo).
Con esos antecedentes es comprensible que Josep Lluís Carod Rovira clame por una ofensiva definitiva a favor del catalán en un reciente libro colectivo y que Jordi Porta, el conspicuo presidente de Omnium Cultural, llame a rebato desde la portada de otro: «El català, ara o mai» («El catalán ahora o nunca»). Hay urgencia histórica en obtener el máximo rédito por su participación en el Gobierno catalán y por el sostenimiento del Gobierno socialista. De ahí que se pise el acelerador en el proceso de afirmación del catalán como única lengua nacional en el ámbito de los Países Catalanes y de descuartizamiento del castellano como lengua común de España. El proyecto independentista se forja con una cadena de tres eslabones: «Lengua-Nación-Estado».
Por lo tanto, para entender estos tiempos hay que tener en cuenta que el control y la gestión de la política lingüística en Cataluña está en manos de un partido político que quiere hacer del catalán la lengua nacional de Cataluña, única y oficial, y que, para ello, ni tiene ningún escrúpulo en controlar los medios de comunicación y la escuela, ni en obligar a conocer y a usar el catalán mediante la aplicación de sanciones. Con esos propósitos, es comprensible que las apelaciones a la realidad social –la mitad de la población tiene como lengua primera el castellano–, y a la libertad de expresión, de la que forma parte intrínseca la libertad de uso lingüístico o al régimen de cooficialidad lingüística del castellano y del catalán, sean sistemáticamente ignoradas.
En esa estrategia, el proyecto de Estatuto de Autonomía es una pieza primordial y por eso se incluye, por primera vez en un texto del bloque constitucional, el deber de conocer la lengua catalana. Precisamente, fue la ausencia de este deber lo que originó el rechazo de ERC a la Ley de Política Lingüística del año 1998. Ahora, lo que alguien ha definido como el Partido Uniformador Catalán (PUC) –tripartito más CiU– ha hecho suya esa propuesta. Con este apoyo, el Partido Socialista quiebra su postura tradicional en este tema: votó en contra de la inclusión de ese deber en la Constitución y presentó en 1983 un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Normalización del Gallego que contenía un artículo con la obligación de conocer el gallego y que, finalmente, fue declarado inconstitucional.
Con independencia de la posible inconstitucionalidad del precepto –esperemos que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse al respecto en caso de ser aprobado–, la inclusión de ese deber no es retórica, sino que tiene importantes consecuencias. Si hasta ahora los castellanohablantes en Cataluña han sido discriminados, es fácil imaginar lo que acontecerá con un salvoconducto que otorga patente de corso al nacionalismo para construir la nación idealizada.
La exigencia de este deber hace añicos el principio de igualdad de todos los españoles, al propiciar la distinción entre catalanes de primera y de segunda en función del conocimiento lingüístico y facilitar el levantamiento de una barrera que contribuirá a alejar a Cataluña del resto de España. No se trata de legítimas medidas de fomento de una lengua minoritaria, sino de la aprobación de una rigurosa regla que se da de bruces con el artículo 139.1 de la Constitución que declara que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». De mantenerse la obligación, la condición política de catalán –la adquieren los españoles empadronados en Cataluña– incorporará una carga que no soportarán el resto de los españoles y muchas acciones políticas se verán afectadas. Si la inmigración pasa a ser competencia de la Generalidad, ningún inconveniente legal habrá para hacer depender los flujos migratorios del conocimiento lingüístico. Es más, en manos de políticos insensibles, el acceso a ayudas, subvenciones o prestaciones sociales pudiera quedar condicionado al cumplimiento del deber lingüístico. Igualmente, nada impedirá a la Ley electoral catalana prohibir el sufragio pasivo –la posibilidad de ser elegido– a quienes desconozcan ese idioma. Asimismo, la toma de posesión del personal al servicio de las Administraciones Públicas dependerá del cumplimiento del requisito lingüístico, y ello alcanzará a jueces, notarios, registradores, jardineros o albañiles... Flaco servicio se hace con ese precepto al artículo 139.2 de la Constitución que consagra la libertad de circulación y de establecimiento de las personas, cuando esta libertad queda restringida por la inclusión en el proyecto de Estatuto del denominado «principio de disponibilidad lingüística» (derecho a ser atendido en la lengua del usuario o consumidor), principio que, por cierto, fue expresamente rechazado en la Ley de Política Lingüística de 1998, y por la creación de un marco laboral propio en Cataluña, siendo previsible que en convenios colectivos se introduzcan cláusulas relacionadas con este deber. La inestabilidad en el puesto de trabajo de aquellos trabajadores que desconozcan el idioma catalán está servida, al hacer factible el despido por causas objetivas (ineptitud del trabajador o falta de adaptación al puesto de trabajo). No deja de ser lamentable que los sindicatos soliciten la adhesión de los trabajadores a un Estatuto que condena a muchos de ellos a la precariedad laboral. Tienen prisa, son conscientes de que el terreno conquistado es espacio infranqueable. Una vez asegurado el monolingüismo en las instituciones y las Administraciones Públicas en Cataluña, un ejército de sociolingüistas, inspectores de consumo, dinamizadores y comisarios lingüísticos se apresta a cubrir los huecos resistentes; para ello no tienen límite: intromisión en la vida privada de los ciudadanos, sanciones a profesores por utilizar el castellano en las aulas, examen lingüístico y de contenidos de los medios de comunicación a través del Consejo Audiovisual de Cataluña, implantación de siniestras Oficinas de Garantías Lingüísticas en las que se garantiza el anonimato al delator; rigor exhaustivo con las empresas para asegurar que la lengua de uso externo e interno sea el catalán...
La libertad en Cataluña ha quedado mancillada. Todo, absolutamente todo, está controlado. Cataluña es una casa de cristal, en la que la Administración escudriña hasta el más mínimo detalle. Millones de euros se destinan a encuestas que tienen como fin mesurar el grado de conocimiento o de uso del catalán; se investigan desde los hospitales hasta las cárceles, pasando por las escuelas, en las que se vigila la lengua del patio, las comunicaciones de profesores y padres, y se interroga a los niños sobre el idioma en que imparten las clases sus maestros; etiquetas, supermercados, empresas de telefonía móvil, hoteles, relaciones de pareja, amigos, discotecas, cines, teatros... En fin, todo. Ningún interés en conocer de primera mano lo básico, lo que debe marcar las relaciones de los ciudadanos con la Administración, esto es, el servicio público. Una montaña de impedimentos para decidir libremente la lengua de escolarización, o la de comunicación administrativa. El Gobierno catalán tiene miedo a las respuestas, tiene miedo a la libertad. Amparado en un colectivo imaginario, ahorma a su absurda ficción a toda la sociedad y olvida al individuo.¡Qué pena!
José Domingo Domingo, publicado en EL MUNDO el 09/01/2006
Los socios opinan
Carme Ruscalleda acaba de estrenar la tercera estrella de la Guía Michelin. Tiene una sucursal de su restaurante en Japón. Está a favor del Proyecto de Estatuto. Recuerda bien que era muy pequeña cuándo tomó conciencia de que era catalana y que pasaba algo con eso, porque la enseñanza era en castellano y cuando quería hacer algo en catalán, le decían que no se podía; que no estaba permitido. Recuerda la perplejidad que sentía por el hecho de que ella y sus compañeras hablaran un idioma que no se podía usar en la escuela. La directora de un colegio de monjas (al que asistió más tarde) no hizo más que ahondar en esa concienciación cuando les explicaba que Dios había enviado a Franco y lindezas por el estilo. En Sant Pol –dice– empezaron a enseñar a escribir en catalán, a escondidas, y me apunté a esas clases, y empecé a entender qué ocurría.
Entonces, igual que ahora, ocurría que lengua e ideologización iban unidas; sólo que ahora estamos en democracia y son los niños españolhablantes (mayoría en Cataluña) los que no pueden usar su lengua. La tienen que sacrificar en aras de la cohesió social que dictan los mismos que reivindican derechos históricos para imponerse a los demás y vivir de los privilegios de esa imposición. Eso sí, ahora esos niños, ni siquiera a escondidas, podrán recibir instrucción en su lengua. El gran hermano nacionalista lo vigila todo. No hay escapatoria; ese proyecto de Estatuto, que a ella le parece tan estupendo, blindará la homogeneización.
E. R.
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Ni nuestro Presidente, ni su Gobierno están legitimados para negociar que la Educación en Cataluña sea exclusivamente en catalán, porque eso lleva implícita la imposibilidad de recibir clases en español, lengua de la mitad de la población y oficial en toda España. ¿Dónde queda el principio de igualdad? Unos tendrán el derecho que reclaman los totalitarios de “vivir plenamente en catalán”, mientras que otros deberán renunciar al conocimiento culto de su lengua. La verdad es que, sin ese pacto, ya estamos viviendo el absurdo monolingüismo en la escuela (y en todos los ámbitos públicos), gracias a que los distintos gobiernos que ha tenido esta democracia han mirado para otro lado para no comprometer sus sillones cuando en Cataluña se ha ido poco a poco despojando de derechos básicos a muchos de sus ciudadanos. Alguien tiene que parar esta locura y parece que el más indicado es Rodríguez Zapatero que es sobre el que recae la mayor responsabilidad, por su cargo y por haber sido él personalmente el que ha alentado a los nacionalistas a creer que no hay límites para sus delirios, por muy mayoritario que sea el respaldo conseguido en el Parlamento Autonómico.
Laureana Hidalgo
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Son numerosas las muestras de deslealtad de los nacionalistas –incluidos los del PSC, ¡no nos engañemos! Incumplimiento de leyes (como la de banderas); objetivos de independencia explícitamente enunciados (caso de ERC); demandas de federalismo asimétrico, cuando la Constitución habla de igualdad y no de solidaridad; necesidad de los partidos de distanciarse de la política de sus correligionarios de Madrid (España en clave interna); exigencia de blindaje de competencias para que el resto del Estado no pueda ejercer en Cataluña, pero sí a la inversa para poder adelgazarlo hasta dejarlo inservible; etc. En esta situación, aceptar que el término nación figure en el preámbulo del Estatuto es, cuanto menos, una insensatez suicida. Ya pueden contar sus señorías que esa inclusión no es retórica; es un torpedo a la línea de flotación de nuestro ordenamiento jurídico.
Alfonso Gámez
Rincón impertinente: Recesión en Cataluña y en Euskadi
30 de Enero de 2010
Los gobiernos y políticos autonómicos, de Cataluña y Euskadi, desoyendo el clamor popular de sus representados (solo un 0,4% de los catalanes estaban realmente interesados en la negociación de los estatutos, y un poco más en el País Vasco), lograron la independencia de España, después de una humillante cesión de competencias territoriales por el gobierno de Zapatero a los nacionalistas.
La valoración que el resto de españoles hizo de todo ello, les llevó, a partir de enero de 2006, a castigar –con lo que más duele: la economía– a los que o “no querían ser españoles”, pero vivían de ellos; o a los que pretendían obtener prebendas basadas en supuestos derechos históricos, ventajas incompatibles con una verdadera democracia.
El continuado ninguneo al que habían sometido los políticos nacionalistas de Euskadi y de Cataluña al resto de la población española, que se sentían tratados como si fueran de una clase inferior, o cual si en España hubiera castas como en la India, hizo que, hartos ya, y siendo conscientes de su fuerza, -ya que cada español contribuye a la expansión económica del País Vasco y de Cataluña al consumir los productos que ellos manufacturan-, los españolitos comenzaran a cerrar sus cuentas corrientes y de ahorro en La Caixa de Catalunya. Más de 2.000 sucursales en toda España de esta entidad tuvieron que cerrar, al no ser rentables. Sus resultados se resintieron tanto, que La Caixa tuvo que desprenderse de millones de acciones que había acumulado de las grandes compañías españolas, Telefónica, BBVA, Repsol, etc., para así maquillar sus resultados.
SEAT tuvo que cerrar su factoría en Barcelona, al haber descendido sus ventas en más de un 80% en los últimos años. Cochecitos Jané desapareció como empresa nacional. La Damm, dejó de servir cerveza en el territorio español, al no poder dar salida a los stocks de sus cervezas los bares y restaurantes. Las vitivinícolas y productoras de cava catalanes entraron en crisis, al haber descendido sus ventas en un 75% en los últimos cuatro años. Chupa-Chup resistió el envite, por ser una empresa multinacional, pero MANGO cerró su compañía; nadie en España compraba sus diseños. Fontbella acumuló tanto stock de agua que no vendía, que la regaló a la comarca de Lérida para utilizarla para regar; está a punto de quebrar. Vichy Catalán sufrió algo parecido a Fontbella, aunque en menor grado, ya que está más dedicada al consumo interno de Cataluña. Gallina Blanca, al igual, acumuló tanto producto, que tuvo que regalarlo a unas ONGs y enviar sus sopas al tercer mundo. Tuvo que despedir al 50% de su plantilla. Las cadenas hoteleras Hesperia, Husa y Meliá sufrieron grandes pérdidas… Frigo suspendió pagos. Balay, tuvo que cerrar.
En Euskadi, otro tanto de lo mismo. El resto de los españoles, decidió no pisar Euskadi, ni sus restaurantes en suelo hispano. La compañía Fagor (del entorno abertzale) quebró, y tuvo que echar a toda su plantilla, y los supermercados Eroski y Konsum (idem) entraron en quiebra, y también tuvieron que cerrar. Sus productos, al no venderse, se convertían en basura al ir acumulándose en sus dependencias. Los productos Knörr dejaron asimismo de interesar, y la compañía vasca tuvo que despedir al 90% de su plantilla. Grupos de música vascos tuvieron que retirarse de la profesión; nadie los contrataba ni compraba sus discos.
10 de Julio de 2013
La hecatombe económica ha sido tal, que el gobierno catalán y el de Euskadi han solicitado ser de nuevo comunidades de España con pleno derecho, como lo habían sido, renunciando así a sus veleidades independistas. El gobierno central está estudiando “readmitir” a esas autonomías de nuevo en España, de la que habían salido, pero bajo estrictas medidas legales y políticas. El Gobierno central asumirá de nuevo las competencias de Educación, Sanidad y de Medio Ambiente. El idioma español será considerado tan importante como el catalán o el vasco en sus comunidades, y las empresas podrán poner su nombre y enunciado en el idioma que prefieran, no como hasta ahora.
Euskadi ha vivido revueltas, y grupos de ciudadanos han abroncado a miembros del PNV y de Batasuna -o sus nuevas siglas- por haber conducido la política hasta límites absurdos y la economía al desastre, en nombre de no se sabe bien qué. ETA no está vencida, pero está desolada: ¿Cómo se va a justificar?
Los políticos nacionalistas has sido defenestrados, y los partidos no nacionalistas han resultado ganadores en las últimas elecciones por mayoría absoluta. La normalidad vuelve –la bandera española ondea en todas partes ya-, y la economía de esas comunidades empieza a recuperarse, al haber terminado el boicot general a sus productos por parte del resto de los españoles. “Esto ha sido una aventura nefasta”, comentó Carod Rovira, que se hace llamar ahora Pérez-Carod-Rovira, más acorde con los tiempos multiculturales; éste asiste con deleite a las corridas de toros en la Plaza Monumental donde tiene un palco reservado. “He recuperado mi ancestro, mis verdaderos orígenes”, ha dicho. Ibarreche está en paradero desconocido, avergonzado por la cantidad de años y energía que ha hecho perder a su tierra. Arzallus murió de un infarto al no poder soportar la realidad. Descanse en paz. Hay una moción para cambiar la bandera de Euskadi, -copia de la inglesa e invento del hermano de Sabino Arana-, y que recuerda demasiado estos años difíciles, y especialmente al defenestrado PNV del que nadie se quiere acordar. Y surgen las voces para llamar de nuevo oficialmente País Vasco -nombre noble donde los haya- a Euskadi (otro invento de Don Sabino). Van a inaugurar estatuas y monumentos de todos los vasco-españoles que dieron gloria en la conquista de América, olvidados intencionadamente por el régimen nacionalista. Zapatero, por otro lado, derrotado en las urnas, se fue a vivir definitivamente a Cuba, en compañía de Llamazares y Moratinos (y de Rubalcana y Pepiño). Ya era hora. Allí siguen dando clases en la Universidad de Santiago en su cátedra sobre “La alianza de civilizaciones”.
Todos los españoles –incluidos los periféricos- están ahora más unidos que nunca, y defendidos por una única Constitución, sin privilegios para nadie, como debe ser. Se ha permitido de nuevo a los ciudadanos de Cataluña y del País Vasco, el que puedan consumir jamón ibérico, que lo tenían prohibido. Están encantados: “Solo por esto ya ha valido la pena, no podíamos soportarlo” se ha oído comentar en Bilbao. Y el Atlethic jugará de nuevo la liga española de la que se había ido. “Estábamos hartos de ganar al Baracaldo y al Bermeo” comentaron sus seguidores. “Preferimos perder contra el Getafe, han sido años muy duros.”
¡Bienvenidos de nuevo a España, paisanos!
R.A.
Según información de El Mundo, el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), y el Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC), exigen a las autoridades catalanas que cesen en sus ataques a la cadena Cope y que desistan de retirarle sus licencias de emisión en Cataluña. Johann Fritz, director del IPI -que reúne a directores y responsables de medios del mundo entero-, escribe, alarmado, en sus misivas a Pasqual Maragall y Ernest Benach: «Se nos ha informado de que la nueva ley otorga al Consejo una amplia discrecionalidad para determinar lo que es verdad y lo que no lo es». «parece que el CAC ha recibido ahora de la mayoría parlamentaria poderes punitivos para silenciar voces críticas. Remacha: «El IPI cree que los amplios poderes de censura del CAC no tienen equivalente alguno en Europa occidental».
Gavin O'Reilly, presidente de la WAN solicita que «el Parlamento de Cataluña observe en el futuro las normas internacionales sobre libertad de expresión» y retire al CAC su capacidad censora. La misiva a Maragall afirma: «Le recordamos, con todo respeto, que el Consejo no es un tribunal de Justicia, sino un organismo político controlado por la mayoría gobernante del Parlamento de Cataluña. Sus facultades censoras recién adquiridas y de gran alcance no tienen parangón en las democracias modernas de Europa occidental».
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Presentación del libro "Educación y Nacionalismo" de Ernesto Ladrón de Guevara, con presencia de su autor y de Javier Orrico.
Viernes, 20 de enero, a les 19.30 horas.
Organiza: Asociación por la Tolerancia
Hotel Sant Moritz, C/Diputación 262 (junto a Paseo de Gracia), Barcelona
(Para asistir a la cena es necesario reservar en el Tf.: 615141893)