El valor de la ... CIUDADANÍA |
| Boletín nº 32 Marzo 2006 (2ª época) |
Opinión
La ponencia para la reforma del Estatuto catalán ha aprobado el Preámbulo pactado recientemente por Zapatero y Mas: el Parlamento de Cataluña, recogiendo la voluntad y el sentimiento de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. Por mucho que el PSOE nos quiera convencer de que Preámbulo no tiene valor jurídico y político, Artur Mas se encarga de pregonar justo lo contrario. Lo más inquietante es que el análisis de juristas y expertos en derecho constitucional advierten de que esa definición vulnera la letra y el espíritu de la Constitución, y –obviamente– tiene consecuencias para el conjunto de los españoles.
Las objeciones que formulaba Alfonso Guerra al documento hace tan solo unos meses parecen haberse desvanecido en el acuerdo, supuestamente a la baja, cuando, en realidad, los elementos identitarios que buscan la lenta e inexorable segregación del resto de España siguen destacando por encima del mal maquillaje aplicado. Cuesta creer que el PSOE pretenda aprobar un texto que consagra la desigualdad y la insolidaridad en el conjunto de España, y que representa un fuerte recorte de libertades en Cataluña.
Las palabras de nuestro Presidente José Luis Rodríguez sobre la bondad del Estatuto para Cataluña y para España, sobre la durabilidad del pacto y sobre la estabilidad política que el mismo representa, aunque reflejaran un atisbo de realidad, se tornan vacuas cuando el líder de CiU presume que el acuerdo tendrá una vigencia de cinco años –o dos..., depende del día.
El Gobierno y adláteres acusan al PP de ser catastrofistas cuando advierten de los peligros de apoyar las demandas del Proyecto de Estatut, pero, incluso desde las antípodas del PP se hacen lecturas semejantes, aunque con un estado de ánimo bien distinto. Así, Lopez Bofill, en un artículo –originalmente en catalán– aparecido en AVUI, el 5/12/2005, decía que como no tenía ninguna responsabilidad política, ni ningún deber de prudencia –como se espera de los políticos– podía hablar claro. En uno de sus párrafos, en un auténtico ejercicio de cinismo, añadía <Quizás parezco demasiado provocativo si digo que el Partido Popular -dejando aparte su apología del odio- tiene razón. Con el Estatut se inicia el descuartizamiento del Estado y es evidente que, si el proceso estatutario no contuviera un alma secesionista, no habría sido impulsado ni aprobado por el único partido que formalmente enarbola la "estrellada": ERC. Pero es que el PP también tiene razón cuando denuncia los cambios constitucionales que la aprobación del Estatuto puede propiciar. Este es el gran drama de las relaciones entre Cataluña y España: que en Cataluña no hay suficiente atrevimiento como para marcharse pero a la vez queremos continuar en el Estado estableciendo unilateralmente las condiciones del pacto de convivencia>.
Los escenificados desencuentros entre los dos grandes partidos no propician el acuerdo en cuestiones básicas que la mayoría de ciudadanos –entre los que figuran destacados miembros del propio PSOE, como Maite Pagazaurtundua, Rosa Díez o Joaquín Leguina– reclaman permanentemente. Cuanto más se eleva el tono de la bronca política, más fuertes se hacen los nacionalismos y más débil el Estado de derecho.Marita Rodríguez
Carta a La Vanguardia
En editorial de 12/02/06, se denuncia que bajo el manto de la crítica, se fomenten los más bajos sentimientos anticatalanes. Cuando se habla de tal cosa, ¿no se está cayendo en la tentación de pretender territorializar o patrimonializar algo que pertenece al ámbito personal? Los sentimientos no lo hacen a uno ni mejor ni peor catalán o español, independientemente de la lengua que hable o de lo mal que le puedan parecer determinadas políticas.
Dice el editorialista que una cosa es criticar, cuando se detectan, los excesos en la aplicación de la ley de Normalització Lingüística, y otra distinta es sospechar por sistema de la realidad sociolingüística catalana. Nadie puede sospechar de esa realidad: aproximadamente, la mitad de la población tiene como lengua materna el castellano y la otra mitad el catalán. Hay quienes sospechamos de las supuestas bondades de la inmersión obligatoria a una de esas partes. Ahí están los datos del último informe PISA (2003). El rendimiento escolar entre los castellanohablantes de Cataluña es mucho peor que el de los catalanohablantes, término que, por cierto, se oculta en la versión catalana de dicho informe.
Habría que aclarar, igualmente, qué significa la normalización de una lengua. Muchos entendemos que es su uso público en libertad por parte del individuo, al tiempo que su rango de oficial para sus instituciones. Oficial en el sentido que lo interpretó nuestro Tribunal Constitucional en 1991, en boca de su entonces presidente, Tomás y Valiente (al que acabamos de rendir homenaje en el décimo aniversario de su asesinato por ETA,): “ una lengua es oficial cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados”. “Debemos mencionar el carácter del catalán como lengua de la Administración de la Generalidad, junto con el castellano, ambas de uso preceptivo”
En el mismo sentido, las razonables medidas iniciales de fomento del catalán, tantos años expulsado al ámbito de lo privado, han devenido –en un exceso de celo por parte de las administraciones locales y autonómicas– en una derogación de hecho de la oficialidad del castellano. No son exageraciones; son hechos constatables. El catalán es la lengua única que emplean las Instituciones: en el Parlament, sanidad, consumo, campañas de publicidad, radio y televisiones autonómicas. En las escuelas públicas de Cataluña, no hay clases en castellano. Su uso, como lengua vehicular, sólo estaba consentido en la secundaria no obligatoria. Ahora, ya tampoco, según reza en la RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2005, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària de Catalunya per al curs 2005-2006. Más lejos en la obsesión: ¡su no inclusión en establecimientos privados es motivo de sanción económica por parte de las Oficines de garanties lingüístiques!
Es cierto que las lenguas castellana y catalana forman parte de la vida civil de Catalunya con naturalidad y poquísimas fricciones, pero no de la Cataluña oficial, que debería ser reflejo de esa realidad social. Los que denuncian ese desajuste, están reclamando derechos civiles básicos y no los podemos demonizar. Como efectivamente el tema de la lengua es muy sensible para todos –no solo para los catalanohablantes–, dejemos de tratarlo como tabú y hablemos de él abiertamente; sería más saludable desde un punto de vista democrático.
Por último, pediría que no se confunda el ámbito público con el privado. El que haya más medios de comunicación en castellano (exceptuando radio y TV para los que no tenemos ni cable ni parabólica) responde exclusivamente a razones de mercado. Eso no puede justificar el que la escuela (que la pagamos todos con nuestros impuestos) sea sólo en catalán.
Barcelona, 15 de febrero de 2006Marita Rodríguez
Documento entregado al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero de 2006)
Sr:
Hoy, Día Internacional de la Lengua Materna, queremos denunciar ante el Síndic de Greuges que las Instituciones catalanas parecen determinadas a sustituir el idioma materno de la mitad de la población catalana por la que consideran única lengua propia de Cataluña, restringiendo progresivamente el uso de la otra.
Desde 1980, en que se instaló en Cataluña el régimen nacionalista catalán, la práctica totalidad de la clase política ha sido cómplice de un ataque sistemático y consciente orientado a erosionar el bilingüismo a base de erradicar, primero, con eufemismos y, últimamente, a cara descubierta, el uso administrativo, público –y ahora también privado– del castellano. Nuestro idioma común (aunque le nieguen esa condición) y oficial ha desaparecido de la Administración autonómica, de la sanidad y de los medios de comunicación públicos. Hay dos ámbitos, sin embargo, por los que la Asociación por la Tolerancia está especialmente preocupada y por los que solicitamos especialmente su atención:
a) El ámbito educativo. Catalán, única lengua vehicular de enseñanza.
Consideramos especialmente lacerante la desaparición del castellano como lengua vehicular de la enseñanza.
La vigente Ley de Política lingüística 1/1998 (en general sumamente lesiva para los castellanohablantes) establece, en su artículo 21.2, que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano y obliga a la Administración a garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Pero, de facto, el ejercicio de este derecho es imposible por la perversión que de las normas vienen haciendo las autoridades educativas. El Departamento de Educación por un lado oculta ese derecho y, por otro, con evidente manipulación, obstaculiza sistemáticamente el ejercicio del mismo. Tampoco parecen permeables a las tres sentencias del TSJC (14/09/04, 17/02/05 y 24/11/05) en las que se ha condenado a la Administración a preguntar a los padres sobre la lengua habitual del alumno para que éstos puedan ejercer su derecho de escolarización en su idioma, a pesar de que las sentencias fijan incluso un sencillo mecanismo para facilitar el ejercicio: la incorporación de un par de casillas en el impreso de preinscripción.
El modelo catalán de inmersión contraviene las directrices de aquellos pedagogos y Organismos Internacionales competentes en materia educativa (UNESCO y UNICEF) a los que se invocaba cuando la inmersión era en castellano. El acuerdo de éstos es unánime al señalar que la primera enseñanza en lengua materna es el elemento primordial de potenciación de las capacidades cognitivas, de maduración del intelecto en su sentido más amplio y del desarrollo emotivo del niño o niña. Los argumentos de nuestras autoridades sobre la utilidad de la inmersión en catalán, como instrumento de aprendizaje equilibrado de las dos lenguas oficiales, quedan en evidencia con los datos del último informe PISA (2003). El rendimiento escolar entre los castellanohablantes de Cataluña es mucho peor que el de los catalanohablantes: 27 puntos menos en Ciencias, 24 en Lengua, 32 en Matemáticas y 33 en resolución de problemas; diferencias que se incrementan significativamente en el caso de las chicas, que llegan a 44 puntos menos en la resolución de problemas. Parecería razonable que a la luz de esa evaluación externa, bastante objetiva y contrastada, de prestigio internacional, se abandonaran algunos dogmas.
De la inmersión no se libran ni los niños con discapacidad cerebral, ni los sordos de nacimiento. Ni siquiera en estos casos extremos hacen una excepción, sabiendo que estas criaturas nunca van a ser bilingües, ni hay posibilidad de cambiarles de lengua. Lo único que consiguen es mermarles su capacidad de aprendizaje. En el caso de los sordos, es fundamental que logopedas y docentes trabajen con ellos en su idioma familiar para que puedan llegar a verbalizar, pero los distintos estamentos educativos prefieren condenar a estos seres disminuidos e indefensos a la exclusión social que representa el lenguaje de los signos antes que ceder un ápice en sus consignas lingüísticas.
El hecho es que existe una voluntad política de hacer desaparecer el castellano como lengua de enseñanza en Cataluña, como se hace patente en la aprobación por el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña del denominado “Plan para la lengua y la cohesión social” [RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2005, per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics d'educació secundària de Catalunya per al curs 2005-2006]. En este plan, el castellano es erradicado como lengua docente. Sólo le reservan, muy sutilmente, el derecho y el deber de conocerla con suficiencia oral y escrita al finalizar la etapa obligatoria, pero ese deber parece quedar reducido a un asunto privado al figurar junto al precepto de uso del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria. En cambio, se deja a criterio de los Centros la decisión de impartir algunas asignaturas en lengua extranjera (sic). De hecho ya hay colegios públicos en los que se da alguna materia en inglés. O sea, que el español ni es lengua propia ni es extranjera; ha devenido una especie de agresión al catalán, una provocación o una anomalía a corregir o aislar para que no contamine a los que el poder político debe considerar como únicos hijos legítimos de esta tierra.
b) El totalitarismo lingüístico. Oficinas de Garantías Lingüísticas.
En este caminar hacia el totalitarismo lingüístico, se ha llegado a declarar como derecho irrenunciable el de “viure plenament en català”. Derecho que pasa por obligar a los establecimientos privados de trato con el público: a rotular y disponer de todo el material escrito, al menos, en catalán, y a atender en esta lengua a los que así lo soliciten, so pena de hacerles caer todo el peso sancionador de esas “oficines de garanties lingüístiques”.
La imposición alcanza incluso a ámbitos muy sensibles como es el de la información por parte de las organizaciones de consumidores y usuarios. Es así, que la Agencia Catalana de Consumo ha condicionado la concesión de subvenciones a dichas organizaciones para sus actividades de información a la utilización exclusiva de la lengua catalana.El Síndico que queremos: el síndico de todos, también de los catalanes castellanohablantes.
Atrás queda la Cataluña de ciudadanos libres e iguales en derechos civiles y políticos para dar paso a la nación identitaria e intervencionista que discrimina o directamente excluye a los que no comulgan con su ideario.
Lamentamos profundamente que, hasta el momento, usted haya formado parte activa de esta regresión en las libertades. No ha tenido escrúpulos en tutelar esas oficinas que incitan a unos ciudadanos a delatar a otros, a los que creen con menos derechos. Ha mostrado lo que –a nuestro juicio– no es sino sectarismo defendiendo la inmersión sin querer entrar a valorar sus consecuencias pedagógicas y psicológicas y, además, ha faltado a la verdad cuando ha dicho públicamente que aquella fue avalada por el Tribunal Constitucional, siendo así que éste se pronunció precisamente para sancionar el modelo de conjunción lingüística y el principio de educación en la lengua materna durante la primera enseñanza; es decir, el del uso de las dos lenguas oficiales como vehiculares.
Es más, cuando el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, dice que percibe –a través de las numerosas quejas que recibe la Institución de la que es titular– “una progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano, entre otros, en el ámbito educativo”, salta usted a la palestra pública, no para ponerse a su disposición y averiguar el posible fundamento de esas denuncias, sino para cuestionar su competencia y su legitimidad y acabar diciendo que las quejas que usted recibe son precisamente en sentido contrario. No parece haber concedido ni un minuto a la posibilidad de que los que se sienten –o son– discriminados en su condición de castellanohablante no confíen en su imparcialidad. Tenemos muchas dudas para acudir a su institución por haber dado ya muchas muestras de sectarismo.
Lo que se espera de un Síndico de Agravios es que defienda al ciudadano frente a los posibles abusos del poder, no que se alinee sistemáticamente con él. Pero queremos volver a dar a su Institución un voto de confianza y pensar en que se convierta, de verdad, en la Sindicatura que ampare a todos, incluidos los castellanohablantes en Cataluña.Por ello,
- En este momento, en el que ya se extiende el mensaje de que quien quiera educación en castellano en Cataluña, que se la pague como hacen los residentes nipones con el japonés, le pedimos amparo para que inste a la Consejería de Educación que dé las instrucciones pertinentes para que las hojas de preinscripción contengan los casilleros correspondientes a la pregunta sobre la lengua habitual del niño o niña.
- De la misma manera, le solicitamos que denuncie públicamente las actividades de las Oficines de garanties lingüístiques, por sentido de justicia, de equidad y de dignidad democrática, ya que su mera existencia nos sitúa en unos parámetros de peligroso intervencionismo que socava los principios básicos de un Estado de derecho y puede comprometer la paz social a corto o medio plazo.Atentamente,
La Tolerancia y la ENMIENDA 6.1
El 3 de marzo, la AT hacía público el siguiente comunicado, en respuesta a algunas críticas recibidas por CCC, por habernos adherido a la recién lanzada Plataforma Enmienda 6.1
LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA SE ADHIERE A LA CAMPAÑA IMPULSADA POR LA PLATAFORMA ENMIENDA 6.1
La Asociación por la Tolerancia lleva desde el año 1992 luchando a favor de la libertad lingüística y del bilingüismo en Cataluña. En el año 1993 impulsó el manifiesto por la Tolerancia Lingüística que fue suscrito por más de 50.000 personas y ha sido la primera entidad catalana que en un acto público se ha pronunciado en contra del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña por considerarlo innecesario, segregacionista, insolidario, desestabilizador y anticonstitucional. Recientemente, ha presentado numerosas quejas ante el Defensor del Pueblo denunciando la inmersión lingüística y las oficinas de garantías lingüísticas de la Generalidad de Cataluña y con motivo del Día Internacional de la lengua materna (21 de febrero) se personó en las dependencias del Síndic de Greuges para censurarle su parcialidad nacionalista y solicitarle que se convierta en el defensor de todos los catalanes, también de los castellanohablantes.
La Asociación por la Tolerancia informa a la opinión pública que se ha incorporado a la plataforma ENMIENDA 6.1 y la apoya con entusiasmo por las siguientes razones:
1.- La redacción del artículo 6.1 del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por el Parlamento de Cataluña es la siguiente: "La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".
La redacción que se propone por la Plataforma ENMIENDA 6.1 es esta otra: "Las lenguas propias de los catalanes son el catalán y el castellano. Como tales son las lenguas de uso normal de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña, y son también las lenguas normalmente utilizadas como vehiculares y de aprendizaje en la enseñanza".
2.-El cambio es sustancial, del uso normal y preferente del catalán se pasa al uso normal del castellano y del catalán en las instituciones, medios de comunicación públicos y enseñanza. El sujeto de derecho en la propuesta de Estatuto es la lengua catalana; en cambio, para ENMIENDA 6.1 es el ciudadano. En definitiva, ENMIENDA 6.1 pretende la sustitución de un régimen de preferencia lingüística a favor del catalán por otro de igualdad de lenguas.
3.- La política lingüística catalana se ha basado hasta ahora en la trampa de la "lengua propia", de manera que la territorialidad del catalán se ha utilizado como la gran coartada de todos los desmanes lingüísticos. La redacción alternativa de la ENMIENDA 6.1 sitúa el debate en el campo que verdaderamente interesa desde un punto de vista democrático, el de las personas y no en el prepolítico o casi de derecho natural de la "territorialidad de la lengua". Por lo tanto, el principio de personalidad se antepone al de territorialidad y se desactiva el entramado nacionalista al proyectar las características de la lengua oficial al concepto de "lengua propia". La igualdad de derechos en la redacción propuesta por ENMIENDA 6.1 es plena para los catalanes castellanohablantes y catalanohablantes, de manera que en la práctica los efectos que se le reconocen son los propios de la oficialidad de las lenguas que el Tribunal Constitucional en sentencias clásicas ha concretado en tres aspectos: su utilización por las Administraciones, el empleo de las lenguas por los ciudadanos con las Administraciones y la enseñanza de las mismas.
4.- La campaña de la plataforma Enmienda 6.1 pretende ser:
- Didáctica: hace visible en el Estatuto de Autonomía a la comunidad lingüística castellanohablante en Cataluña, la convierte en sujeto de derechos, los mismos que los de los catalanohablantes. De ahí, que se haga hincapié en que las lenguas son de las personas.
- Bilingüista: tanto el castellano como el catalán serán lenguas de las administraciones, de los medios de comunicación públicos y de la escuela. Por lo tanto, el equilibrio lingüístico estaría garantizado en las instituciones y la política de inmersión en las escuelas devendría imposible en cuanto que convierte a las dos lenguas en lenguas vehiculares y de enseñanza.
- Eficaz: En un único precepto se concreta la oposición al Estatuto y se hace mediante una redacción alternativa. Somos conscientes de que la propuesta es, probablemente, inaceptable para los partidos del cuatripartito –hasta ahora han sustentado su política lingüística en la desigualdad- pero sirve para situar el debate en los términos que nos interesa a los bilingüistas. Existen otros muchos preceptos en el Estatuto con los que no estamos de acuerdo y así lo hemos manifestado, pero una campaña para ser eficaz ha de limitar el alcance de sus objetivos y definirlos de una manera muy esquemática y precisa. La dispersión genera confusión.
- Positiva: En pocos días, miles de personas han suscrito la iniciativa de la ENMIENDA 6.1 porque han entendido su redacción y se identifican con ella. Por primera vez, mucha gente se acerca a la problemática lingüística ante una propuesta que refleja de una manera clara su pensamiento: que el catalán y el castellano son las lenguas de las personas de Cataluña y que todas las instituciones han de considerarlas así.
- Activa: Esta campaña trata de concienciar a la ciudadanía mediante anuncios en medios de comunicación, contacto telefónico, página web, presencia en las calles y buzoneo masivo. El discurso bilingüista llegará a los ciudadanos. Muchas personas han dedicado medios económicos, esfuerzos y horas a ponerla en marcha. La campaña está comenzando, sus impulsores acudirán a las Instituciones y evalúan la conveniencia de realizar movilizaciones sociales en el caso de que las Cortes desoigan nuestra pretensión.
5.- Sólo desde una lectura precipitada se puede afirmar, como se ha hecho, que la iniciativa de la ENMIENDA 6.1 "significa objetivamente sancionar el régimen de discriminación lingüística que el nacionalismo pretende imponer."
6.- Invitamos a todos nuestros asociados, simpatizantes y a las organizaciones que se esfuerzan para acabar con la hegemonía nacionalista en Cataluña a apoyar ENMIENDA 6.1 por entender que es uno de los instrumentos más importantes que desde la sociedad civil se ha impulsado a favor de la libertad lingüística y de la cooficialidad de lenguas en Cataluña.
Rincón impertinente: La mímica al servicio de la patria
Hemos sabido que la Consejería de Educación recomienda al personal docente que recurra a la mímica para entenderse con los nuevos alumnos procedentes de otros países antes que dirigirse a ellos en la ominosa lengua del imperio. Este acto atañe particularmente a los pequeñuelos de otras regiones españolas y en mayor número a los de padres hispanoamericanos.
La virtud, si alguna tiene semejante disposición, radica en el provechoso reciclaje del profesorado, que une a sus aptitudes educativas las propias del artístico mundo de la mímica y, por ende, de la farándula. De tal suerte que los docentes amplían sus horizontes y expectativas laborales, manejándose en meritorias composiciones teatrales e interpretativas: expresión corporal, proxemia, danza, teatro negro -que cuenta con una espléndida tradición en los países eslavos-, onomatopeyas, marionetas, sombras chinescas. Son todas ellas disciplinas que sabiamente cultivadas potencian la capacidad pedagógica de los funcionarios del gremio. Al tiempo que les faculta para explorar nuevos horizontes profesionales.
Con una modesta infraestructura y una mínima elaboración escénica, con su atrezzo y todo, podrán sentar sus reales en Las Ramblas, subirse a una peana como un anacoreta estilita, mezclados en sana camaradería con los mimos profusamente retratados por los turistas, y gesticular sus doctas disertaciones o ilustrar a los transeúntes con sus edificantes lecciones magistrales. ¿Por qué no? Reciclarse o morir. El apasionante y liberal mundo de la bohemia… Todo un desafío para el profesorado.Javier Toledano
El juez Grande-Marlaska nos dio toda un lección al suspender de nuevo las actividades de Batasuna por dos años e impedir que el día 21 de enero esta formación pudiera celebrar su congreso.
Ciertamente, esos días se había generado entre nosotros una honda preocupación, compartida por amplios sectores de la sociedad española, ante la eventualidad de que Batasuna acabara celebrando su acto, habida cuenta de que se trata de una formación ilegalizada por el Tribunal Supremo.
Nuestra Asociación considera que, en defensa de la democracia y la libertad de todos los ciudadanos españoles, el Estado de Derecho no debe hacer dejación de sus responsabilidades en su lucha contra el terrorismo. Los demócratas no pueden ofrecer contrapartidas políticas a quienes sólo conocen el lenguaje del miedo para imponer sus ideas totalitarias.
El Juez Grande-Marlaska en su auto ha contribuido de manera decisiva a iluminar de nuevo el tortuoso y difícil camino que hace más de 25 años la inmensa mayoría de los españoles emprendimos juntos hacia la libertad y que todavía dista de haber concluido. Sirvan las siguientes palabras, comprendidas en el propio auto, como estímulo para los que seguimos teniendo una confianza inquebrantable (mal que les pese a algunos) en nuestro Estado de Derecho: "El que dicho congreso lo es de Batasuna como frente político-institucional de ETA –que no de una renovada organización, aún cuando utilizara el mismo nombre– cabe inferirlo no sólo de la identidad subjetiva y principal de sus dirigentes, muchos procesados en esta causa, sino principalmente de no poderse determinar, ni con un mínimo grado de probabilidad, el rechazo a la tutela y dirección de la rama militar de la organización terrorista, sino más bien todo lo contrario. Que esa tutela de ETA incluso se ha reforzado lo prueba “que sólo existe una ponencia, la oficial, a diferencia de procesos previos en el mismo sentido”.
La lección tiene su segunda parte en el procesamiento a Otegui. Como se sabe, el juez Grande-Marlaska es instructor del sumario en el que Otegui se encuentra desde mayo del 2005 en libertad bajo fianza de 400.000 euros. Pues bien, a la vista del contenido de los informes que le entregaron el jueves, día 9, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, el juez instructor considera que Otegui es uno de los promotores de la huelga –en la que se produjeron hechos delictivos– convocada ese mismo día con motivo de las muertes de dos miembros de ETA que permanecían encarcelados, y baraja la posibilidad de modificar la situación procesal del líder batasuno por “posible reiteración delictiva”.
Nos congratulamos que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pidiera el lunes, día 13, al juez Fernando Grande-Marlaska que ordenara el ingreso en prisión incondicional del portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegui, por “haber incumplido las condiciones de libertad provisional” de que disfrutaba.
R. S.
El 4 de marzo, en el teatro Tívoli de Barcelona, se hizo realidad el sueño acariciado por muchos ciudadanos de Cataluña: la presentación de un partido no nacionalista, con posibilidades de éxito.Su nombre provisional: Ciutadans de Catalunya. Su puesta en escena, vibrante. Asistencia, desbordante. Sus impulsores, a partir de ahora, serán un referente obligado en la defensa activa de la libertad. Sabemos que en el resto de España se han despertado muchas conciencias deseosas también de participar en ese proyecto. Esperemos que éste sea el punto final de la ominosa omertá enquistada en esta Autonomía.
El sábado, día 25 de marzo, a las 18:30 h., tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria, en la sede de nuestra asociación.