DOSSIER INFORMATIVO ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA EN RELACIÓN CON LAS OFICINAS DE GARANTIAS LINGÜÏSTICAS, CREADAS POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

El 9 de julio de 2004, Josep Bargalló, Conseller en Cap (Consejero jefe) de la Generalidad de Cataluña anunció ante los medios de comunicación que su gobierno crearía 5 oficinas de garantías lingüísticas las cuales se situarían en las sedes que la Secretaría de Política Lingüística (dependiente del gobierno catalán) tiene en Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida y Tortosa. Dichas Oficinas fueron inauguradas en febrero de 2005 y están funcionando en la actualidad.

Las funciones de estas oficinas según se desprende de la propia página web de la Generalidad de Cataluña ( www.gencat.net- www6.gencat.net/llengcat/ogl/queixes.htm) consisten en (traducimos directamente del catalán):

•  Atender a las personas que quieren formular consultas, quejas o denuncias en relación al derecho de vivir en catalán (nada se dice del español) , y en aranés en la Vall d´Arán . (el subrayado es nuestro)

•  Tramitar las quejas y denuncias para que los organismos competentes hagan una inspección y si cabe, impongan una sanción . (el subrayado es nuestro).

•  Ofrecer asesoramiento y recursos a las empresas o entidades objeto de queja o de denuncia para facilitarles el uso del catalán.

•  Ofrecer asesoramiento jurídico especializado .

•  A partir de los casos atendidos , hacer propuestas de actuaciones para favorecer el uso del catalán en los ámbitos que generan más quejas .

Pues bien, una vez reproducidas sobre el papel las funciones de estas oficinas según la propia página web de la Generalidad catalana, estimamos de interés transcribir en el presente escrito parte de la noticia informativa que apareció en el diario español EL MUNDO en fecha 27 de noviembre de 2005 y que lleva por título Escalada de denuncias, inspecciones y multas por no utilizar el catalán. Así, en dicho artículo se afirmaba lo siguiente:

Desde su llegada al poder en diciembre del año 2003, el tripartito catalán ha intensificado las actuaciones para lograr que la Ley de Política Lingüística se respete. Así, en el último año, las denuncias anónimas de particulares contra empresas que no usan el catalán se han disparado. Las inspecciones a establecimientos han crecido un 400% y por sanciones del incumplimiento de la ley se han recaudado 81.250 euros. Otros 94.950 euros están en fase de resolución. (según datos oficiales proporcionados por el propio Gobierno de   la Generalidad de Cataluña) .

«Las empresas y las instituciones tienen entre sus objetivos la mejora del servicio y es muy importante que tomen conciencia de que en Cataluña el uso del catalán es un elemento imprescindible para ofrecer un servicio de calidad». Esta filosofía inspiró la Ley de Política Lingüística dictada por Jordi Pujol en enero de 1998.

Y, ahora, sirve de fundamento a la Agencia Catalana de Consumo para invitar a los ciudadanos a denunciar a las empresas que incumplen esa normativa -por no atender a los clientes en catalán o no disponer de rótulos o información en este idioma- y a sancionar ese incumplimiento con multas.

«Las denuncias que han llegado a la Agencia por vulneración de la normativa lingüística han aumentado de forma muy considerable, hecho que denuesta una creciente sensibilización de los ciudadanos», indica este organismo, dependiente del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, que dirige el republicano Josep Huguet.

Para facilitar la interposición de estas quejas, la Generalitat no cuenta sólo con la Agencia, también ha puesto en marcha las llamadas Oficinas de Garantías Lingüísticas, que reciben las denuncias «por teléfono, por correo electrónico, por fax, por escrito y personalmente» y «garantizan la confidencialidad ». (el subrayado es nuestro). Acompañamos como doc. nº. 1 el artículo íntegro. Como doc. nº. 2 adjuntamos también por su innegable interés un segundo artículo publicado en el mismo diario en fecha 28 de noviembre de 2005 y que versa exclusivamente sobre estas, por desgracia, afamadas oficinas.

La Asociación por la Tolerancia (www.tolerancia.org), creada en 1992 por ciudadanos catalanes (fundamentalmente, profesores de instituto) para denunciar y combatir públicamente la política lingüística excluyente de la Generalidad catalana, claramente conculcadora de los derechos individuales de los castellanohablantes en Cataluña, ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la existencia de estas oficinas, se ha dirigido por carta al propio presidente de la Generalidad de Cataluña y ha protagonizado concentraciones ciudadanas ante la sede de la Oficina de garantías lingüísticas de Barcelona, entre otras acciones de protesta, solicitando el cierre de las mismas.

Para nuestra Asociación como para otros muchos colectivos de ciudadanos catalanes no nacionalistas que han nacido en Cataluña en los últimos años, las Oficinas de garantías lingüísticas son “oficinas de delación” que fomentan en la actualidad que un nacionalista catalán pueda denunciar anónimamente a su vecino no nacionalista porque este último, por poner un ejemplo, tiene los rótulos de su establecimiento comercial redactados en español pero no, como mínimo, en catalán. (Adjuntamos como doc. nº. 3 en un archivo a parte el formulario oficial de queja o denuncia a presentar ante la Oficina de Garantías Lingüísticas correspondiente).

El espíritu que animó a poner en funcionamiento estas Oficinas en el año 2005 es imposibilitar que los castellanohablantes catalanes puedan utilizar en Cataluña su lengua con normalidad. Para los nacionalistas catalanes el español (lengua co-oficial en Cataluña) no es una de las 2 lenguas propias de los catalanes y Cataluña es una nación que cultural e históricamente no es España.

Sin embargo, las propias estadísticas de la Generalidad de Cataluña confirman que en Cataluña la sociedad no es uniforme en lo lingüístico. Según los datos del Instituto de Estadística Catalán, Idescat, del año 2003, de un total de 5,4 millones de catalanes, 2,2 millones tienen como primera lengua el catalán, otros 2,9 millones el castellano y 152.000 personas, ambas lenguas. Pero para los partidos nacionalistas que integran en la actualidad el gobierno catalán (P.S.C, E.R.C e I.C.V) así como para Convergència i Unió, esos datos que expresan la gran riqueza cultural de la sociedad catalana, son una anomalía a corregir a base de sanciones tal y como hemos demostrado a lo largo del presente documento.

Lo peligroso de estas deleznables oficinas y de otros mecanismos coactivos que el actual gobierno de la Generalidad ha puesto ya en marcha para trasladar a la sociedad catalana sus obsesiones enfermizas en el ámbito lingüístico e identitario es que en una sociedad dividida entre catalanohablantes y castellanohablantes al 50% pueden generarse tensiones muy graves que dañen gravemente la convivencia. No hay que olvidar que la lengua tiene un componente sentimental significativo que atizado por los políticos con fines particularistas puede generar problemas de extrema gravedad en sociedades culturalmente heterogéneas como la catalana y la española en su conjunto. Cabe recordar aquí el caso de la antigua Yugoslavia.

El uso del catalán no puede fomentarse en base a sanciones y coacciones de todo tipo. Así, los nacionalistas solo conseguirán crear animadversión de una parte importante de la sociedad catalana (tal y como ya está sucediendo en la actualidad) hacia dichas políticas discriminatorias que son más propias de un régimen totalitario que de una democracia asentada en el respeto por parte de sus gobernantes a los derechos individuales de los ciudadanos.

Anexos: Doc. nº. 1, 2 y 3

DOC. Nº. 1

El Mundo, 27-nov.-05

ESPAÑA, MODELO DE ESTADO, LEONOR MAYOR, BARCELONA

Cataluña dispone de cinco Oficinas de Garantías Lingüísticas para que se denuncie a los establecimientos que no usan este idioma / La actividad de inspección creció un 400% el año pasado

Escalada de denuncias, inspecciones y multas por no utilizar el catalán

La campaña del tripartito dispara las quejas recibidas por la Agencia Catalana de Consumo y las Oficinas de Garantías Lingüísticas, mientras las inspecciones aumentan un 400% - Sólo en el primer semestre de este año se han recibido 928 denuncias anónimas. Ya se han recaudado 81.250 euros en multas, con otros 94.950 euros en fase de resolución - Pese a la obligatoriedad de rotular y atender en catalán, según el Instituto Catalán de Estadística, 2,9 millones de catalanes tienen como primera lengua el castellano y sólo 2,2 el catalán

Desde su llegada al poder en diciembre del año 2003, el tripartito catalán ha intensificado las actuaciones para lograr que la Ley de Política Lingüística se respete.

Así, en el último año, las denuncias anónimas de particulares contra empresas que no usan el catalán se han disparado. Las inspecciones a establecimientos han crecido un 400% y por sanciones del incumplimiento de la ley se han recaudado 81.250 euros. Otros 94.950 euros están en fase de resolución.

«Las empresas y las instituciones tienen entre sus objetivos la mejora del servicio y es muy importante que tomen conciencia de que en Cataluña el uso del catalán es un elemento imprescindible para ofrecer un servicio de calidad». Esta filosofía inspiró la Ley de Política Lingüística dictada por Jordi Pujol en enero de 1998.

Y, ahora, sirve de fundamento a la Agencia Catalana de Consumo para invitar a los ciudadanos a denunciar a las empresas que incumplen esa normativa -por no atender a los clientes en catalán o no disponer de rótulos o información en este idioma- y a sancionar ese incumplimiento con multas.

«Las denuncias que han llegado a la Agencia por vulneración de la normativa lingüística han aumentado de forma muy considerable, hecho que denuesta una creciente sensibilización de los ciudadanos», indica este organismo, dependiente del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, que dirige el republicano Josep Huguet.

Para facilitar la interposición de estas quejas, la Generalitat no cuenta sólo con la Agencia, también ha puesto en marcha las llamadas Oficinas de Garantías Lingüísticas, que reciben las denuncias «por teléfono, por correo electrónico, por fax, por escrito y personalmente» y «garantizan la confidencialidad».

Actualmente, existen cinco oficinas en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa, que se inauguraron el pasado mes de febrero.Sin embargo, la mayoría de las denuncias se concentran en la capital catalana.

Consumo y estas oficinas han recibido conjuntamente 928 reclamaciones en los seis primeros meses de este año. Esta cifra supera al total de las presentadas en el conjunto del año pasado: 797.Las denuncias presentadas hasta junio doblan el número de quejas que se interpusieron en años anteriores. En 2002, la Generalitat recibió 505 reclamaciones y en 2003 la cifra se elevó a 783.

La presentación de este tipo de reclamaciones tiene consecuencias administrativas. Al recibirlas, la Generalitat pone en marcha a su servicio de inspección y, si lo considera oportuno, abre el correspondiente expediente sancionador que puede culminar con una multa.

Además, Consumo también realiza inspecciones por su cuenta con campañas dirigidas a controlar el correcto uso de la normativa lingüística en diversos sectores económicos. Entre los años 2002 y abril de 2005, la consejería -que cuenta con 40 inspectores dedicados a controlar las buenas prácticas lingüísticas- ha iniciado 1.753 procedimientos inspectores a través de estas campañas y otros 457 a raíz de las denuncias de los ciudadanos, lo que suma un total de 2.210.

La actividad de este cuerpo de inspección se ha incrementado de forma considerable en el último año. En 2003, se realizaron 241 actuaciones y en 2004, 1.102 con un alza del 400%. En el primer trimestre de este ejercicio ya se han puesto en marcha 284 inspecciones.

Tras detectar irregularidades mediante las actuaciones inspectoras, la Generalitat ha incoado 297 expedientes sancionadores. Por el momento ha resuelto 60, que se traducen en sanciones por valor de 81.250 euros. Otros 90 están en fase de resolución y reportarán a las arcas de la administración catalana otros 94.950 euros en concepto de multas.

Pero, ¿cuáles son las actividades que pueden ser objeto de estas denuncias y de las posteriores sanciones? La mitad de las reclamaciones se refiere a establecimientos que no tienen «señalización y rotulación» en catalán. Otro 44% se interpone por «carencias en la documentación y las hojas informativas que se suministran a los comercios» y por «establecimientos que no disponen de ejemplares en catalán».Sería el caso, por ejemplo, de restaurantes que no tienen las cartas en este idioma.

El 5% restante reclama porque el personal de tiendas, bares o restaurantes no le ha atendido en catalán, pero estas conductas «no son sancionables» y sólo se pueden tramitar «como una queja».En la web de Consumo, junto con los impresos de queja o denuncia, se adjunta un ejemplo de un caso denunciable.

«Haré un viaje con la agencia Rueda por el Mundo, he pedido el contacto de servicios en catalán, pero no tienen ningún ejemplar.Considero que no se respetan mis derechos como consumidor y quiero hacer una denuncia que conduzca a la aplicación de sanciones, si se demuestra que se vulneran mis derechos», reza el ejemplo.

La respuesta de la Generalitat consignada en esta web indica: «Efectivamente, tiene derecho a disponer del contacto en catalán.Rellene el impreso de queja o denuncia en papel, haga las copias y tramítelo».

Uno de los casos más sonados de denuncia, inspección y posterior sanción fue el de Correos, tramitado en 2004. Esta compañía fue sancionada con una multa de 30.000 euros a raíz de la denuncia de 70 ciudadanos, pertenecientes a un mismo colectivo. La inspección detectó que «muchas oficinas de Correos disponían de carteles y rótulos sólo en castellano» cuando la ley obliga a que estén al menos en catalán. «También constató que muchos formularios, folletos, impresos, resguardos y facturas no estaban en catalán, pero en cambio había documentación en castellano y francés».

Según los datos del Instituto de Estadística Catalán, Idescat, de un total de 5,4 millones de catalanes, 2,2 millones tienen como primera lengua el catalán, otros 2,9 millones el castellano y 152.000 personas ambas lenguas.

DOC. Nº. 2

El Mundo, 28-nov.-05

MODELO DE ESTADO, POLITICA LINGUISTICA, LEONOR MAYOR, BARCELONA

Denuncian que la Generalitat subcontrata empresas para inspeccionar el uso del catalán

Asociación por la Tolerancia lleva las Oficinas de Garantías Lingüísticas ante el Defensor del Pueblo - Esquerra Republicana dice que hay más multas porque ha aumentado «la conciencia social»

El PP catalán ha presentado una pregunta parlamentaria para saber cómo actúa el cuerpo de inspección lingüística de la Generalitat tras recibir la denuncia de un comerciante que asegura que una empresa subcontratada por Consumo inspeccionó su local. Este empresario acudió al PP después de que una inspectora le preguntara por el idioma que usa en su negocio. Tras revisar los carteles del establecimiento y comprobar si los rótulos en castellano eran más o menos grandes que los escritos en catalán, la inspectora afirmó que pertenecía a una empresa subcontratada por la Generalitat. El portavoz del PP, Daniel Sirena, explica que su partido ha recibido muchas otras llamadas relacionadas con los expedientes sancionadores y con las amenazas de multa que realiza el cuerpo de inspectores de Consumo por motivos lingüísticos. Ante estas denuncias, el PP interpuso hace 10 días una pregunta parlamentaria, que aún no ha tenido respuesta. El Departament de Comerç, Consum i Turisme, que dirige el republicano Josep Huguet, cuenta con un cuerpo de cerca de 40 inspectores encargados de controlar el cumplimiento de la Ley de Política Lingüística. Este organismo ha incrementado su actividad un 400% en el último año. La conselleria asegura que parte de estos inspectores son propios y reconoce que el resto son técnicos habilitados gracias a convenios con los Consell Comarcals a quienes se otorgan las mismas competencias inspectoras para ampliar la plantilla. Además, Consumo y la Diputación de Barcelona han puesto en marcha un plan piloto para enseñar las tareas de inspección a empleados municipales y ampliar así el número de técnicos dedicados a estas tareas. Estos empleados -que serán formados por Consumo y pagados por la Diputación- sólo podrán actuar en su municipio. Algunas asociaciones catalanas han reaccionado ante el incremento de la actividad inspeccionadora y sancionadora en materia lingüística y la creación de las Oficinas de Garantías Lingüísticas, que permiten a los ciudadanos denunciar de forma anónima a los comerciantes que no usan el catalán. La Asociación por la Tolerancia ha iniciado una campaña contra estas oficinas de «delación» y ha presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, tras recoger 5.000 firmas, según explica uno de sus representantes, José Domingo. Esta entidad recuerda que la Ley de Política Lingüística, dictada por Jordi Pujol en 1998, fue aprobada con el apoyo del PSC porque no contemplaba la imposición de sanciones. Domingo considera «triste» que siete años después y «gracias al Pacto del Tinell» la Política Lingüística de la Generalitat haya ido a parar a manos de ERC, que ha impulsado la aplicación de multas. Sirera rememora también que cuando se aprobó la ley su partido fue acusado de «exagerar» al vaticinar que la aplicación de la norma conduciría a la imposición de sanciones. Mientras, otra plataforma, Convivencia Cívica Catalana, ha denunciado la existencia de «estas oficinas atroces» que considera «inaceptables en un sistema democrático» y ofrece asistencia jurídica a los comerciantes que sean multados por usar el castellano en sus negocios. CiU y ERC presentan la otra cara de la moneda en esta polémica.La portavoz de ERC, Marina Llansana, dijo ayer que «ha aumentado la conciencia social», después de que este diario publicase que las denuncias anónimas, las inspecciones y las multas por no usar el catalán se han disparado. Y añadió que este incremento es «una buena noticia» La diputada de CiU Carme-Laura Gil señaló que este tipo de denuncias anónimas no tienen otro objetivo que «defender el derecho del consumidor a ser atendido en su propia lengua».

 DOC. Nº. 3

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