Destierro del español hasta de las guarderías catalanas

Destierro del español hasta de las guarderías catalanas

Sorprende muy poco que la ofensiva soberanista llegue hasta las mismas cunas

EDITORIAL EL MUNDO

La Generalitat prepara un decreto para imponer el catalán en las guarderías

Los letrados alertan de «la conflictividad» de llevar la inmersión lingüística de los 0 a 6 años

La maquinaria normativa del Govern ultima las leyes que deben regular el próximo curso académico desde la educación infantil hasta el bachillerato. Aunque aún están en fase preliminar, los propios letrados de la Generalitat ya han advertido de la «conflictividad» que puede generar la norma que define la enseñanza entre los 0 y los 6 años, pues pretende imponer la inmersión al catalán en los niños más pequeños, independientemente de su lengua materna.

El informe jurídico que forma parte del proceso de elaboración de esta norma alerta de que el texto «debe tener un contenido curricular» y, por tanto, «no debería regular el régimen lingüístico» de esos primeros cursos.

INMERSIÓN DESDE LA CUNA

Un decreto de enseñanza que elabora actualmente la Generalitat y que incluye los preceptos de la inmersión en la etapa infantil (de cero a seis años) lleva camino de convertirse en un nuevo foco de conflictos legales. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estudia el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que pide que se imparta una asignatura no lingüística en castellano a partir de septiembre, la maquinaria normativa del Govern ultima las reglas de ordenación de las enseñanzas en educación infantil, básica y bachillerato con vistas a que entren en vigor en el próximo curso.

Aunque todavía se encuentra en una fase preliminar, el decreto que afecta al periodo escolar que va desde la guardería (primer ciclo de infantil) hasta los tres cursos voluntarios antes de la Primaria (segundo ciclo de infantil) podría acabar en los tribunales en caso de aprobarse su actual redactado, según advierten los letrados de la Administración autonómica.

El informe jurídico que forma parte del proceso de elaboración de esta norma alerta de la «previsible conflictividad en materia de lengua», ya que el texto «debe tener un contenido curricular» y, por tanto, «no debería regular el régimen lingüístico».

Pese a que este proyecto de disposición reglamentaria del Govern establece que «el objetivo es conseguir que los niños vayan adquiriendo la competencia comunicativa para que puedan utilizar normalmente el catalán y el castellano para comprender y emitir mensajes orales», el texto puntualiza que «el catalán (y el aranés en el Valle de Arán) es la lengua vehicular del aprendizaje y del contexto multilingüe y multicultural actual».

En su informe no vinculante, los abogados de la Generalitat también cuestionan que la referencia a la inmersión que hace el articulado se corresponda con el objeto de la regulación, que es la ordenación curricular de la enseñanza infantil. El decreto en el que trabaja el Departamento de Educación señala: «En función de la realidad sociolingüística de los niños, deben implementarse estrategias educativas de inmersión lingüística de la lengua catalana con el fin de potenciar su aprendizaje».

El cuerpo de abogados autonómico remite a la jurisprudencia para advertir a la consejería liderada por Josep González-Cambray (ERC) de los posibles litigios que podrían derivarse de la publicación del decreto. Concretamente, el gabinete jurídico reporta la sentencia del Tribunal Supremo que, en 2012, declaró nulos varios apartados de tres artículos sobre la vehicularidad del catalán en el decreto del año 2008 de ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil (hasta ahora, el primer y segundo ciclo están regulados de forma independiente).

Entonces, el Alto Tribunal estimó parcialmente el recurso de una familia contra una sentencia del TSJC que avalaba aquella norma del Govern que presidía el socialista José Montilla.

Por esta razón, los asesores legales del Departamento de Educación recomiendan en su informe preliminar que el nuevo marco normativo «no incorpore aquellos contenidos que ya se han anulado en relación con otras normas».

A la vez, consideran que es innecesario incluir preceptos en materia de lengua que ya están recogidos en el Estatuto autonómico de 2006, la ley de política lingüística de 1998, la ley de educación de 2009 y dos normas de reciente aprobación con las que, por ahora, el Ejecutivo catalán ha esquivado la sentencia del TSJC que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano: el decreto del Govern sobre los proyectos lingüísticos de los centros educativos y la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que el Parlament aprobó en junio con los votos del PSC, Esquerra, Junts y En Comú Podem.

La vehicularidad del catalán en el primer ciclo de la educación infantil (guarderías) ya estaba implantada en el decreto vigente de 2010 y en el anterior de 2006, ambos aprobados durante los dos Gobiernos tripartitos del PSC, ERC e ICV La nueva normativa que prepara la Generalitat engloba los dos ciclos hasta los seis años y especifica el «carácter orientativo» de los elementos curriculares para la etapa de cero a tres.

Las entidades que pelean para que el castellano sea vehicular en las escuelas catalanas esgrimen, cuando se refieren a la enseñanza inicial, las directrices de la Unesco sobre la lengua materna: «Es un medio importante para mejorar los resultados del aprendizaje, el rendimiento escolar y el desarrollo socioemocional».

Los abogados piden que la norma evite

aspectos anulados por los tribunales

La propia ley de política lingüística autonómica señala que «el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria», pero a la vez indica que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano». «La Administración debe garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique», agrega. El decreto de 2006 que regulaba el primer ciclo de la educación infantil, aprobado en la recta final de la presidencia de Pasqual Maragall, se remitía a este artículo al fijar el carácter vehicular del catalán.

El nuevo decreto se centra en «orientar» hacia

el catalán de los 0 a los 3 años

No lo hacía ya, en cambio, el reglamento de 2010, aprobado en un momento de alto voltaje político, un mes después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, y con Ernest Maragall (todavía en el PSC) como consejero de Educación. Un año antes se había aprobado la ley de educación, que establecía la atención personalizada como solución para quienes demandaban estudiar en castellano: «En el curso escolar en el que los alumnos inicien la primera enseñanza, las madres, los padres o los tutores de los alumnos cuya lengua habitual sea el castellano pueden instar, en el momento de la matrícula, y de acuerdo con el procedimiento que establezca el Departamento, que sus hijos reciban en aquélla atención lingüística individualizada en esa lengua».

OFENSIVA LINGÜÍSTICA

Contra la sentencia del 25%.

La Generalitat, con el apoyo del PSC, ha puesto en marcha una estrategia destinada a desterrar el castellano de las escuelas. El primer estadio es la aprobación de un decreto que considera sólo el catalán la lengua vehicular.

Orden a los colegios.

Pese a que el TSJC considera que el decreto puede ser inconstitucional, la Generalitat ha enviado una orden a todos los colegios para que el catalán sea la única lengua de los centros, incluidas las actividades extraescolares o el comedor.

Vigilancia al disidente.

En la directriz se ordena a cada centro educativo que nombre un coordinador lingüístico que vigile que se cumplen todos los puntos. Sólo se contempla el español como asistencia individual al alumno que lo necesite.

GERARD MELGAR - EL MUNDO (PREMIUM)

2022-08-08