«Nuestros hijos sufrirán discriminación laboral por una cuestión lingüística»

«Nuestros hijos sufrirán discriminación laboral por una cuestión lingüística»

Miguel Ángel Robles decidió hace tiempo seguir el camino que en los años 80 había iniciado su madre: el de dar la batalla judicial contra la obligación del valenciano en la escuela. Profesor de Educación Física en un instituto de Oríhuela (Alicante), su presión ha sido fundamental para que el nuevo Gobierno de PP y Vox comience a desmontar el modelo plurilingüe de la izquierda.

«Soy valenciano nacido en León». La puntualización la hace Miguel Ángel Robles (Trobajo del Camino, 1964) para explicar por qué en 2018 se decidió a salir del anonimato para convertirse en la cara visible de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, de la que ejerce como portavoz. Con apenas un año de vida, llegó con su familia a un pequeño municipio de la comarca de la Vega Baja, en el sur de Alicante. El pueblo en cuestión era Formentera del Segura: «La primera vez que oí el valenciano fue con 12 años, cuando alguien gritó fill de puta (hijo de puta)».

Aquello hizo tanta gracia al grupo de amigos que estuvieron bromeando con la expresión varios días, pero la anécdota le sirve para explicar por qué lucha contra la obligación de estudiar en valenciano. «Aquí se dejó de hablar mayoritariamente en valenciano hace mucho tiempo», insiste, por lo que defiende que el alumnado de comarcas castellanohablantes como la suya está en inferioridad de condiciones si debe estudiar en un idioma que no es su lengua materna. «Nuestros hijos sufrirán discriminación laboral por una cuestión lingüística», subraya este profesor de Educación Física. En su instituto, por cierto, ninguna familia afirma tener el valenciano como lengua materna.

Él ya vio lo que ahora denuncia con su madre, docente como él: «Siendo de Zamora, estaba obligada a hacer cursos de valenciano para luego tener que dar clases en esta lengua», explica Robles, para recordar que ella y otros docentes recurrieron entonces a los tribunales. Y salieron victoriosos. «Yo he seguido la tradición familiar al ver cómo poco a poco el valenciano se iba imponiendo. Si no lo hablas, te tratan como si fueses de la aldea de Astérix», denuncia. «Así nos hemos sentido, como ciudadanos de segunda». Para Robles, el requisito lingüístico que obliga al profesorado a acreditar conocimientos de valenciano -lo generalizó el PP- «es una barrera a los españoles que limita su acceso al trabajo y la libre movilidad».

«El requisito lingüístico es una barrera a los españoles»

Su lucha desde la plataforma empezó con la implantación del plurilingüismo en la escuela por parte del anterior tripartito de izquierdas. La ley de 2018 obliga a un mínimo del 25% tanto de castellano como de valenciano, lo que ha llevado a una «contradicción»: que alumnos que legalmente pueden pedir la exención de la asignatura de valenciano estén obligados al mismo tiempo a estudiar materias no lingüísticas en valenciano (matemáticas, por ejemplo).

El nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox ya ha dicho que la norma dejará de aplicarse en las comarcas de predominio lingüístico castellano como la Vega Baja, que es donde se puede pedir la exención. Es decir, la enseñanza de valenciano será optativa. La decisión llega dos años después del inicio de la batalla judicial contra la ley que emprendió la plataforma docente junto a familias.

La movilización no ha salido gratis, pues recaudaron 8.000 euros con los que presentaron cuatro recursos contencioso-administrativos en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Fue la respuesta al silencio administrativo por parte del anterior Consell a un millar de recursos de alzada presentados contra planes lingüísticos de centros. En 2022, el TSJ fijó por primera vez que valenciano y castellano debían tener una presencia equilibrada.

La batalla contra la ley se libró en protestas como la de Orihuela

La batalla contra el plurilingüismo se libró también en la calle. Una de las mayores protestas que se recuerdan contra el Ejecutivo de Ximo Puig fue precisamente la de Orihuela, que en 2020 congregó a 20.000 personas contra esta norma. Y ahora, ¿qué? «Vemos un avance respecto a la imposición lingüística, pero insuficiente», sentencia Robles sobre el giro de timón de PP y Vox. «Nuestro objetivo es que las familias puedan elegir la lengua, porque en realidad la ley discrimina también a quienes quieren una enseñanza totalmente en valenciano», razona. «Que el valenciano sea un derecho que yo pueda o no ejercer».

«Vemos un avance respecto a la imposición, pero insuficiente»

MIGUEL ANGEL ROBLES - DOCENTES LIBERTAD LINGÜISTICA

59 años • Profesor de Educación Física • Portavoz de la plataforma en Valencia que ha logrado cambiar la ley lingüística