Primera parte del parlamento del coronel D. Diego Pérez de los Cobos

13 - 10 - 2025 / Redacción Tolerancia

Intervención del Coronel Pérez de los Cobos
Acto de entrega del XXXI Premio a la Tolerancia

Barcelona, 10 de octubre de 2025

Parte 1

Señoras y señores, autoridades, miembros de la Asociación por la Tolerancia, compañeros de la Guardia Civil y la Policía Nacional, amigos todos:

Permítanme que comience con lo elemental, darles las gracias.

Muchas gracias en primer lugar a Antonio Roig por sus cariñosas palabras y por esos inmerecidos elogios, y gracias también, por supuesto, a José María Fuster Fabra, cuyas alabanzas considero mucho más fruto de nuestra amistad que de mis humildes merecimientos. Nunca estaré suficientemente agradecido a José María por haber aceptado –hace ya casi 30 años- hacerse cargo de mi defensa jurídica y la de otros 5 guardias civiles en la Audiencia de Vizcaya, frente a los abogados de la banda terrorista ETA, cuando casi nadie se atrevía a asumir aquél difícil papel.

Gracias por este premio que recibo con humildad, pero con el propósito de intentar representar a los guardias civiles y policías nacionales que defendieron el orden constitucional frente al “procés” y que, habiendo sido premiados hace dos años con este galardón, no pudieron venir a recogerlo por no permitirlo la superioridad. En realidad este premio es de todos ellos.

Agradezco a todos ustedes su asistencia a este acto, a los miembros del jurado su confianza; a la Asociación por la Tolerancia, su perseverancia; a Barcelona, ciudad de acogida y de encuentro, su hospitalidad. Y, si me lo permiten, una gratitud íntima a mi familia, a mis compañeros y a mis amigos: sin su aliento —muchas veces silencioso— nada de lo que hoy se me atribuye habría sido posible. En la vida uniformada uno aprende pronto que los méritos —si los hay— son siempre compartidos.

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Este premio vale tanto por el motivo como por quien lo otorga. La Asociación por la Tolerancia nació en 1992 de una intuición sencilla y verdadera: que la libertad no avanza sola y que los derechos no se conservan por inercia. Nació de ciudadanos que se negaron a aceptar que la pluralidad de Cataluña —su riqueza lingüística y cultural, su memoria de mestizaje y apertura— pudiera ser reducida a un molde ideológico único. Y nació, también, de una convicción: que la conversación cívica, el debate público y la luz de los argumentos son los antídotos más eficaces contra la intolerancia.

Esa intuición, sostenida durante más de tres décadas, se tradujo en un trabajo constante en favor de un bilingüismo real: escuelas que respeten la lengua materna de cada alumno, instituciones que traten con igual dignidad a catalanes que se expresan en catalán o en español, y aulas libres de adoctrinamiento y llenas de conocimiento.

También se tradujo en un compromiso sin matices frente al terrorismo y frente a sus justificaciones. Porque la tolerancia no es neutralidad entre el agresor y la víctima: es la toma de partido por la vida, por la dignidad, por la democracia. Por eso esta Asociación ha estado siempre junto a quienes más han sufrido, y por eso muchos uniformados hemos sentido su cercanía como un respaldo moral que no olvidaremos.

Hoy, cuando algunos confunden tolerancia con indiferencia, y pluralidad con fragmentación, conviene recordar la definición más exigente: tolerancia es el arte difícil de convivir en la discrepancia bajo el amparo y el imperio de la ley común. Cataluña —que ha sido, es y será cruce de caminos— necesita de esta tolerancia tanto como hoy en día la necesita España entera.

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Quisiera ahora referirme a lo que nos sostiene: a los cimientos de nuestro Estado de Derecho. La Constitución de 1978 es mucho más que un compendio de artículos: es el relato compartido que convirtió la desconfianza en convivencia, y la convivencia en un proyecto de futuro. Ese relato tiene capítulos que se iluminan entre sí y que, bien comprendidos, forman una sola historia.

El primero nos habla de unidad. No de una unidad que aplaste la diversidad, sino de la unidad que garantiza la igualdad: la certeza de que, viva donde viva, cada persona tiene el mismo derecho, la misma protección, la misma expectativa de justicia. Sin ese suelo común, la diversidad se convierte en frontera; con él, la diversidad florece como riqueza.

Hablar de la indisoluble unidad de España no es convocar una consigna, sino recordar el presupuesto esencial de nuestra nación. La unidad no es un accidente histórico, un capricho de los padres de la constitución, o una comodidad administrativa: es la condición que hace posible que millones de trayectorias personales puedan reconocerse en un proyecto común. Gracias a ella compartimos una misma ciudadanía, un mismo marco de libertades y un horizonte de oportunidades que no se fragmenta por fronteras interiores. La unidad es la arquitectura que sostiene nuestra convivencia.

Pero la unidad también nos obliga. En primer lugar hacia quienes nos precedieron y forjaron un país capaz de albergar diferencias sin romperse. Somos deudores de generaciones que, en momentos de incertidumbre, eligieron sumar y no dividir, construir puentes y no trincheras. Esa deuda no se paga con nostalgia, sino con responsabilidad: ensanchando el espacio común que recibimos, no achicándolo.

La unidad es también compromiso con los que mantienen en pie, cada día, los vínculos que no se ven: familias que emigraron dentro de España y mezclaron acentos, servidores públicos que hacen efectiva la igualdad de derechos desde una administración común, empresas y trabajadores que conectan territorios, universidades que comparten conocimiento, creadores que hablan a todos sin preguntar de dónde vienen. Nuestra nación se sostiene en esa trama cotidiana de lealtades cruzadas. Deshilacharla con fronteras interiores o identidades excluyentes no amplía libertades: las reduce para todos.

Debemos también a las generaciones futuras lo que heredamos de las pasadas: un país reconocible, confiable, capaz de sostener proyectos que superan la vida de cualquiera de nosotros. No podemos privar a nuestros hijos del derecho, el privilegio y el orgullo de ser españoles; de la posibilidad de estudiar, trabajar, emprender o servir bajo un marco de seguridad jurídica y solidaridad que no se interrumpe al cruzar una calle. La fragmentación es un lujo que pagan siempre los más vulnerables. La unidad, en cambio, garantiza que el mérito y el esfuerzo rindan frutos en un espacio de igualdad efectiva.

Unidad no es uniformidad. España es una comunidad plural de lenguas, costumbres y paisajes, y precisamente por eso necesita un suelo compartido que iguala derechos, arbitra diferencias y protege a las minorías. La unidad no aplasta la identidad; la protege de convertirse en coartada para el privilegio. Es el marco donde cada tierra aporta lo propio sin exigir permiso para ser lo que es, y donde nadie puede atribuirse la representación exclusiva de lo común. Cuando la unidad se respeta, la libertad cultural florece sin sobresaltos.

La unidad es también eficacia al servicio de la dignidad: permite un Estado social que redistribuye, una seguridad que ampara por igual, una diplomacia que nos representa, una defensa que disuade, unas infraestructuras y servicios públicos que no se detienen en límites artificiales. Es la plataforma desde la que España aporta a Europa y al mundo con voz reconocible. Cuidarla es cuidar la confianza que sostiene nuestra economía, nuestra convivencia y nuestro prestigio. Por eso la unidad no se declama: se administra con prudencia, se defiende con serenidad y se vive a diario como el bien común que hace posible todos los demás.

Otro de los cimientos en los que se fundamenta nuestro Estado de Derecho es la separación de poderes. Porque la democracia no consiste únicamente en introducir una papeleta en una urna, la democracia se perfecciona cuando el legislativo delibera, el ejecutivo administra y el judicial juzga sin que nadie deba esperar nada del favor ni temer de la arbitrariedad. Es un sistema complejo donde la separación de poderes está estrechamente ligada a la rendición de cuentas y el respeto al principio de legalidad. Si se erosionan esos pilares, el desarrollo de una votación es poco menos que una ceremonia hueca. No hay libertad cuando los frenos y contrapesos se debilitan; hay, a lo sumo, una apariencia que pronto se resquebraja.

No menos importante es el imperio de la ley. La ley no es la voluntad de nadie; es la voluntad de todos expresada conforme a reglas. Y obliga a todos, pero más a quienes ostentan responsabilidades públicas. No hay atajos legítimos en democracia: ni plebiscitos espurios que pretendan suplantar al orden constitucional, ni presiones administrativas, ni interpretaciones creativas que conviertan el capricho en norma.

Solo así es posible el cuarto cimiento: la igualdad ante la ley. La igualdad convierte a los individuos en ciudadanos, y a los ciudadanos en una comunidad política. Se expresa en lo grande (el acceso a la justicia por igual) y también en lo pequeño (el derecho de un niño a aprender sin sentirse extranjero en su aula por la lengua que habla en casa).

Y para que todo lo anterior no sea una promesa estéril, la Constitución nos previene contra la arbitrariedad de los poderes públicos y nos exige la neutralidad de las instituciones. Porque las instituciones no son trofeos; son garantías. Cuando informan sin sesgo, regulan con imparcialidad, educan sin consignas y administran con ecuanimidad, la libertad se vuelve previsible y la convivencia, segura. Por eso, unidad, separación de poderes, ley, igualdad y neutralidad no son compartimentos estancos: son un sistema; si tocas uno todos acusan el golpe. Pero si los atacas a todos estás erosionando seriamente el sistema.