Romper el consenso político aumenta el riesgo de deteriorar el respaldo social al euskera

Lo aprobado es trascendente, para mal, por su contenido, por la forma en que se ha adoptado y por lo que uno y otra muestran respecto a la política lingüística que nos amenaza.

El contenido. La nueva regulación deja en manos de cada organismo público decidir, según su criterio, en qué puestos de trabajo -y con qué nivel- se exigirá el conocimiento de euskera; e impide establecer reglamentariamente porcentajes de puestos con ese requisito lingüístico. Desaparece, así, el ‘índice de obligado cumplimiento’, que, en una interpretación muy generosa de la realidad del euskera, trataba de adecuar esa exigencia a cada situación sociolingüística.

ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN - EL CORREO (VÍA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD)

Catedrático de Derecho Constitucional de la EHU