El FMI frente al 'milagro' de La Moncloa

Contrasta el reconocimiento de los exiliados y sus descendientes con el abandono y el olvido de quienes -principalmente en el País Vasco- más han sufrido y padecido por haber defendido la libertad y la democracia frente al terrorismo

Al amparo de las denominadas políticas de memoria se ha llevado a cabo una considerable ampliación del censo electoral de España. La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática dispone que "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil". El plazo para acogerse a este derecho expiró el 22 de octubre de 2025 y para esa fecha se habían presentado en torno a dos millones de solicitudes. La mayoría de ellas en Argentina, hasta el punto de que Buenos Aires podría ser tras Madrid y Barcelona, la ciudad con más potenciales votantes en unas elecciones. Estos nuevos ciudadanos se incluyen en el Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) y su nivel de participación en los diferentes comicios (elecciones generales y autonómicas) está en torno al diez por ciento. Ese bajo nivel de participación ha determinado que, hasta ahora, ese voto no haya sido nunca determinante del resultado electoral, aunque en algunas circunscripciones sí que ha afectado a la atribución del último escaño en juego.

JAVIER TAJADURA TEJADA - EL MUNDO