Fernández Miranda tuvo conciencia del peligro que contenía la nueva Constitución

El 18 de agosto de 1978, en la Comisión Constitucional del Senado, Torcuato Fernández-Miranda —arquitecto jurídico de toda la operación de reforma— se levantó para presentar la única enmienda que llegaría a defender personalmente sobre el texto constitucional: sustituir, en el artículo 2, el término «nacionalidades» por «comunidades autónomas». Su argumento fue preciso y, visto con la distancia de casi cinco décadas, premonitorio: el término «nacionalidades» es, en Derecho Político, sinónimo de «nación», y «toda nación tiene derecho a organizarse en un Estado soberano e independiente»; admitir esa palabra en el texto constitucional, advirtió, equivalía a «concitar el consenso de quienes creen en la unidad de la Nación española y quienes creen exactamente lo contrario», sembrando una ambigüedad deliberada que «provocará réplicas en el futuro». La enmienda fue rechazada por veintiún votos en contra, dos abstenciones y un único voto a favor. Cinco días después, la Junta de Portavoces del Senado dio de baja a Fernández-Miranda como miembro de la Comisión Constitucional, en lo que su propio relato biográfico no duda en presentar como una represalia política por haber roto la disciplina de voto. A un periodista que lo entrevistó esos mismos días, Fernández-Miranda le confesó, fuera de cualquier circunloquio diplomático, su diagnóstico sobre la fórmula autonómica que estaba a punto de aprobarse: «Están locos [...]. Las Autonomías, como las han planteado, nos llevarán al desastre. Yo no quiero ser cómplice de un disparate. Lo de las nacionalidades romperá un día la unidad de España. Ni la República se atrevió a tanto».

FELIX OVEJERO - FACEBOOK