La confesionalidad de la España 'progresista'

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado día 25 de junio una proposición de ley para reformar el Código Penal e introducir un artículo —el 173 bis— mediante el que se castigará con hasta dos años de prisión a quien "aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral".

En muchos ámbitos —políticos, académicos y mediáticos— España ha pasado a ser un Estado confesional, frente a lo que establece la Constitución española (artículo 16.3.), aunque apoyándose paradójicamente en ella. Esa confesionalidad se traduce en un credo, una clerecía, una liturgia, un conjunto de símbolos y ciertas fiestas mayores (el Orgullo es ya nuestro Corpus Christi laico). Y, por supuesto, un cuerpo de teólogos bien dedicados a cuidar del jardín interpretativo, procurar conversiones y diseminar la fe y las bienaventuranzas. Como toda ortodoxia, esta suerte de religio officialis lucha denodadamente contra todas las herejías, enarbolando, como acabo de sugerir, los valores constitucionales de la dignidad y los derechos fundamentales.

PABLO DE LORA - THE OBJECTIVE