Primeras Jornadas sobre terrorismo y Fundamentalismo

"Primeras Jornadas sobre terrorismo y Fundamentalismo"

• Teo Uriarte: La Propaganda de ETA en la actual fase
• Crónica de las Jornadas en el periódico ABC

Oscar Jaime Jiménez, Marita Rodríguez, Antonio Díaz Fernández

Joseba Arregui, Ignacio Astarloa, José Domingo, Maite Pagazaurtúndua, Teo Uriarte

16 (viernes tarde) y 17 de diciembre (sábado tarde) de 2005.
En el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), calle Montealegre 5, Barcelona.
Organiza: Asociación por la Tolerancia.
Colaboran: Ministerio del Interior, Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT).
Programa:

VIERNES 16 de diciembre

SÁBADO 17 de diciembre

La Propaganda de ETA en la actual fase.

conferencia pronunciada por Teo Uriarte en el marco de las " Jornadas sobre terrorismo y Fundamentalismo" organizadas por la Asociación por la Tolerancia el 16 y 17 de diciembre de 2005.

En este trabajo expongo una aproximación, evidentemente discutible, realizada con una cierta precipitación, sobre el actual comportamiento de ETA en el seno de un confuso ambiente de posible negociación, diálogo o contactos, con determinados partidos o enlaces dependientes de instituciones gubernamentales. No deja de ser, pues, una especulación aproximativa, cuajada de hipótesis, sobre el momento actual de ETA.

Este carácter hipotético de mi intervención viene condicionado al tratar el futuro comportamiento de una organización terrorista, poco previsible teóricamente, asumiendo, pues, la técnica en uso de presentar posibles escenarios.

Una vez dicho esto, quisiera dejar claro desde un principio mi opinión personal sobre la negociación tan manida entre el Gobierno y ETA: no creo que ésta tenga excesivo fundamento, ni, por supuesto, posibilidades de éxito. Lo que si es de preocupación son las expectativas que determinadas informaciones, rumores, y declaraciones de políticos, están creando en la opinión pública. Estas expectativas son las que merecen el interés de mi charla.

Aunque en situaciones de especial dramatismo, secuestros, capturas de rehenes masivas, -el paradigmático caso del secuestro de Aldo Moro por la Brigadas Rojas en el que determinadas instituciones hicieron caso parcial a sus demandas sin ningún resultado- los poderes públicos tienden a negar cualquier vía de negociación con los terroristas.

La argumentación más esgrimida es el nivel de legitimación que todo grupo terrorista alcanza en cualquier proceso de negociación con los poderes públicos, junto a la consecuencia de animar su acción. Son conocidos los posicionamientos contrarios a cualquier negociación estipulados por los diferentes gobiernos israelíes, por el Gobierno de Estados Unidos, por los gobiernos conservadores británicos, etc.. En todo caso, el Gobierno brit´snico regido por los laboristas, tras iniciales tanteos del anterior Gobierno conservador, sólo asumió la negociación con el IRA cuando ésta manifestó su voluntad de entregar las armas tras la asunción de la inutilidad de todos sus esfuerzos violentos para influir en el comportamiento del Gobierno británico, y siendo éste, el Gobierno, el que ha puesto permanentemente las condiciones.

Sin embargo, en el caso de ETA, cuya inicial legitimación proviene de su origen frente a la dictadura del general Franco, lo que le supuso una cierta aceptación social, junto al hecho de que salvo errores ( Michel Wieviorka, "El Terrorismo. La violencia Política en el Mundo", Plaza y Janés, Barcelona 1991), su práctica durante este periodo no puede calificarse de terrorismo, más bien, según este autor, como violencia política, se ha visto beneficiada de numerosos contactos con diferentes gobiernos españoles.

Precisemos, aunque sea brevemente mi opinión del acceso de ETA al terrorismo. A pesar de la calificación que le merece a Michel Wieviorka el inicio violento de ETA, el salto cualitativo para la asunción del terrorismo lo dio durante el franquismo en el atentado del 13 de septiembre de 1994, en el atentado que lleva a cabo en la cafetería Rolando de la calle del Correo en Madrid, con el espeluznante resultado de 14 muertos y más de setenta heridos. En este atentado asume una característica esencial del terrorismo, su carácter indiscriminado y masivo.

Curiosamente este atentado sirvió para escenificar por parte de ETA militar su escisión, acusando a dirección de no atreverse a reivindicarlo y de no realizar ninguna autocrítica ante lo que consideraba un tremendo error. Años después ETA político militar, núcleo del que se escindió, decidió el abandono de las armas, en un proceso negociado con el ministro Rosán, y ETA militar acabaría cometiendo atentados tan horrorosos como el que buscara de excusa para constituirse.

Volviendo al caso de ETA, tanto el necesario proceso que acabara en la amnistía del setenta y siete, que el mundo aledaño de ETA, especialmente el cercano a los milis, no aceptó, como las negociaciones posteriores, supusieron un cierto grado de legitimación otorgado por los poderes del Estado que accedieron a la interlocución. Quizás en la disolución de los polimilis la negociación fuera acertada, pero en los otros casos, incluida la amnistía del setenta y siete, que la declararon una derrota del Estado, aunque no la aceptaran internamente, supuso un momento de gloria para la banda terrorista. Posiblemente, lo único asumible, no sin riesgos, sea la negociación sobre su liquidación cuando ella haga hecho votos y dado pruebas que lo quiere llevar a cabo.

Cualquier conocedor de lo que ha sido ETA, y, posiblemente, casi todos los grupos terroristas, puede reconocer los elementos imprescindibles para descubrir si desea buscar un proceso de liquidación, o si lo que desea es legitimar y sacar adelante su proyecto político. El elemento más claro que expresaría su voluntad de liquidación sería la renuncia de condiciones políticas, menos aún su proyecto político. Es decir, no introduciría elementos de naturaleza política como condición alguna, y si una destacable preocupación por la situación de presos y exiliados. Cuestiones que, oídas las recientes declaraciones de Otegui y el último Zutabe, son contradichas. Tanto las declaraciones de Otegi como el Zutabe priorita una serie de demandas políticas, el proyecto polítco, como condición para un alto el fuego, aprovechando las expectativas sobre una posible negociación.

La voluntad por parte de los gobiernos de dar fin a la existencia de una banda terrorista puede llevarle a la comisión de serios errores, y, sin voluntad, alargar su persistencia.

A mediados de los ochenta el Pacto de Ajurianea declaró la posibilidad de un final dialogado con la violencia. Respondía a un determinado momento, en un contexto dentro del mismo pacto no sólo de aceptación del Estatuto de Autonomía sino del orden democrático establecido en un tono hoy sorprendentemente apologético. Se partía de la superioridad del sistema y sus instituciones a las que se debía amoldar cualquier proceso dialogado, se tomaba el acuerdo de que cualquier decisión debiera ser tomada por la unanimidad de todos los firmantes, formulaba un mapa político con un foso fundamental entre demócratas y terroristas, creando un cordón sanitario que descontaminara la política de las acciones de terror. El texto sostenía condiciones claras:

10. Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

Era necesario esta cita porque se consideró justificación de la resolución parlamentaria del 17 de mayo de 2004 en el Congreso la simple mención de este punto 10 del Pacto de Ajurianea prescindiendo del contexto de defensa de orden democrático e institucional que éste realizaba, pero sobre todo, obviando que por mucho rango político que este acuerdo supusiera, el de Ajurianea, nunca dejó de ser un acuerdo entre partidos y nunca una proposición parlamentaria, cuyo tenor fundamental es el siguiente:

Expresamos nuestra convicción de que el Estado de Derecho ha demostrado su fortaleza y superioridad frente al terrorismo. A ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas. ésta es la exigencia de la ciudadanía vasca y ésta es también la actitud de la totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Por eso, y convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia.

Debemos pues inscribir la fase actual de propaganda de ETA desde la plataforma que la resolución parlamentaria le otorgara tras una etapa, con éxitos evidentes sustentados desde el Pacto Antiterrorista, destinada a su destrucción. Quebrando de una forma connotativa la dinámica de iniciativas dirigidas a la destrucción de ETA a partir del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que estaban dando buenos resultados, convirtiendo la mera posibilidad de negociación condicionada en la creencia pública de que éstas se estaban dando.

Esa creencia no ha sido ajena a determinados énfasis desde representes de los poderes públicos en su necesidad, en determinadas declaraciones de algunos de los representantes de los partidos políticos, y en las declaraciones, y comportamientos, de portavoces de la banda o sus organizaciones allegadas.

En la actual coyuntura, tras una etapa en la que la operatividad de ETA se había visto seriamente dañada, producto de la actividad represiva y la colaboración internacional, etapa en la que se había observado su incapacidad para llevar atentados sangrientos, y sumado a ello otras consideraciones como las consecuencias del atentado del 11 M y la declaración de disolución por parte del IRA, ETA recibe de una manera inesperada el pedestal político desde el Congreso de los Diputados en la citada resolución, aunque en forma condicionada al cese de la violencia; cuestión que en gran manera ya se había producido- de ser objeto de negociación por parte del Gobierno.

Aunque las dos resoluciones antes mencionadas denotan casi el mismo mensaje, no connotan, submensaje fundamental ante esta problemática, lo mismo. La resolución del Pacto de Ajurianea constituyó una auténtica bofetada para ETA al verse aislada políticamente no sólo de los demócratas sino, y es algo que les dañaba más, del resto de la comunidad nacionalista, suponiendo un claro rechazo de su proyecto político. Supone, además, un acuerdo de todos los partidos democráticos precisamente frente a ETA.

El mensaje connotado por la resolución del Congreso del 17 de mayo es de sentido inverso, quiebra la dinámica anterior sustentada en Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo y rompe la unidad entre los demócratas al quedar fuera de él el PP. No hace falta muchas matizaciones para apreciar que siendo muy similares los textos citados el segundo supone en principio un balón de oxígeno para la banda terrorista.

Se tendría que volver a observar que cualquier expectativa de negociación no deja de constituir una excepción peligrosa del tratamiento de una actividad delictiva desde una esfera política, una excepción en el tratamiento legal de los delitos. Este hecho, de darse, en principio supondría en todo caso una cierta falla en el estado de derecho, que por la vía de la negociación política, reafirmando no sólo el carácter político del terror de ETA, atisba un proceso de solución ajeno al imperio de la ley. No sólo se otorga la dimensión política a ETA, se la legitima en este sentido, se busca una vía de excepción, además, por la que se legitima su existencia y se da cierto sentido al conflicto que ha abanderado violentamente. ¿Era necesario hacerlo?

En todo caso ese menoscabo de la igualdad en el ejercicio de la ley queda en entredicho, sin ni siquiera haberse podido observar síntoma alguno de la existencia de una disposición por parte de ETA de abandonar su práctica terrorista. Por el contrario, las recientes declaraciones de los líderes de Batasuna demuestran que han sabido aprovechar publicitariamente la plataforma política que dicha resolución les otorgó, e incluso la iniciativa fíctica que también se les otorgó.

No sólo sus portavoces no plantean la liquidación de ETA sino que enarbolan todo tipo de reivindicaciones maximalistas, autodeterminación, Navarra, País Vasco Francés, etc, a partir de que se le concediera tan alta perspectiva al ser citados nada menos que en la cámara de la soberanía. Acusando, por ende, al Gobierno, en un trato de igual a igual, de no haber movido ficha, desajustando lo que en principio se consideró un planteamiento a usar sólo en caso de manifiesta voluntad de abandonar el terrorismo, en un diálogo político privilegiado en el que la amenaza de la violencia está presente, con periódicas actuaciones de carácter simbólico, supeditando al gobierno y echando por la borda el esfuerzo de los últimos años destinado a su derrota. Se hace pues evidente, una vez más, que cualquier negociación con ETA, o su enunciado, desde el Gobierno legítimo, le supone un protagonismo tal que puede convertir un bienintencionado fin en un instrumento de perduración de ésta.

Así pues, los legisladores no fueron capaces de contemplar la baza política que se le otorgaba a ETA, por muy condicionada que la resolución estuviera. No fueron capaces de apreciar la iniciativa que se le otorgaba, y, finalmente, no fueron especialmente escrupulosos respecto a los riesgos que se podían correr sobre el deterioro que el Estado de derecho podía sufrir si la iniciativa finalmente no se dirigía al final definitivo de ETA. Por el contrario, a la vista está la reanimación política de la misma y su entorno, la osadía de sus críticas al Gobierno, al PSOE, al mismísimo PNV, en un momento de indigesta euforia frente a los que soportan la opresión de su amenaza de un forma cercana y cotidiana en Euskadi. La Kale Borroka, bajo medido control, vuelve, la extorsión es tan importante como en los peores momentos, la presencia política de la ilegalizada Batasuna es más importante que la de cualquier partido con el doble de escaños, a la espera informativa de cualquier novedad sobre la negociación. El resultado es un panorama político profundamente deteriorado al que se suma el enfrentamiento que sobre el asunto se padece entre el PP y el Gobierno.

Ni siquiera ETA necesita realizar grandes atentados para que la atención mediática reclamada por la posibilidad de negociación la atienda con sumo interés, y lea entre líneas

ETA en esta fase no necesita de grandes atentados, le basta con hacer pervivir la amenaza de volver a realizarlos. Atentados de naturaleza limitada le sirve para ocupar las planas de los diarios sin muerto alguno que movilice las conciencias. Es decir, está dotada de tal ventaja que puede hacer, ahora que no mata, pero necesitado el Gobierno ante la opinión pública por unas expectativas desorbitadas de una negociación con visos de éxito, más discurso que nunca sin muertos.

Pero, utilizado el argumento de la importancia de que hace dos años y medio no mata, como si ello fuera meritorio, se puede llegar a admitir su proyecto, coyunturalmente incruento, como legítimo. Incluso apoyado por declaraciones de líderes considerados demócratas que le anima diciendo que vean cómo al no matar lo fácil que es defender su proyecto político, legitimando democráticamente su proyecto sin consideraciones críticas a su naturaleza etnicista, totalitaria y, por supuesto, violento. Todo ello, además, introduciendo el terrorismo en el seno de la dialéctica actualmente tan crispada entre los partidos políticos.

En este marco las posibilidades propagandísticas de ETA son enormes, y, además, perversamente recibidas con agradecimiento por amplios sectores sociales porque lo importante es que no maten. El gran anzuelo de adhesión social y electoral, cuyo precedente podemos encontrar en los éxitos electorales de los brazos políticos de los grupos armados norirlandenses como trata de explicarnos el profesor Rogelio Alonso.

Pero, existe otro elemento preocupante. La capacidad de chantaje que ETA ha recibido por parte del Gobierno para poder ejercerlo sobre sí mismo. Defendida por éste la posibilidad de negociación frente a la actitud no dialogante y de confrontación del PP, el gobierno puede necesitar que la negociación tenga visos de triunfo. Las declaraciones de los líderes de Batasuna están demostrando que caminan en sentido contrario. Al Gobierno le costará aceptar el fracaso cuando la iniciativa se la ha otorgado a ETA. Iniciativa hasta en lo fíctico, en lo operacional, porque ETA sabe, y quizás el Gobierno, que veinte artefactos explosivos, sin necesidad de víctimas, tres días antes de unas elecciones en Madrid, colapsando la villa, puede suponer un enorme lastre electoral. El pasado domingo, sin embargo, lo que parecería una prudente rectificación, aparecía en gran titular en el diario El País la voluntad del Gobierno de luchar hasta la destrucción de ETA. Pero se ha perdido tiempo y hay que volver, en su caso, desde el principio, desde el previo acuerdo entre los partidos fundamentales.

Asistimos a un momento de gran protagonismo pol?tico otorgado a ETA de una manera probablemente poco reflexionada, a pesar de la existencia de muchos precedentes que hubieran permitido todo tipo de reflexi?n. La sola enunciaci?n en el Congreso de la posibilidad de negociaci?n ha desenterrado la capacidad pol?tica de ?sta y puesto sobre el tapete de toda la vida pol?tica espa?ola el discurso de los l?deres de Batasuna y el contenido de sus comunicados, echando por la borda todos los esfuerzos que los diferentes organismos del Estado esgrimieron para debilitarla.

De nuevo la pervivencia de ETA no estará basada en los méritos propios de la misma sino en la desafortunada actuación frente a ésta por los poderes públicos.

Para acabar quisiera hacer hincapié que para la resolución de la violencia política no suele ser suficiente la mera desaparición del terror como ha subrayado el profesor Joseba Arregi, es necesario desautorizar y condenar, inmerso todo ello en las leyes, en los acuerdos institucionales, en la promoción cultural, el proyecto político que ha animado y creado ese terror. Le debemos a Joseba Arregui esta reflexión: si el proyecto político no es condenado junto a su expresión terrorista, no son condenadas sus bases ideológicas etnicistas, excluyentes, totalitarias, históricamente reaccionarias, si no se pone en el centro el sacrificio y memoria de las víctimas, el proyecto incluso puede salir reforzado a pesar del abandono formal de las armas.

La reciente experiencia de la detención del genocida general Ante Gotovina, que saca en manifestación de protesta a gran parte de sus compatriotas, nos puede servir de ejemplo de cómo la solución de la violencia fuera del proyecto que lo alentó mantiene una situación política con un serio deterioro de sus fundamentos democráticos. O la situación en Irlanda del Norte en la que los beneficiarios electoralmente del proceso de paz han sido precisamente los que enarbolaron la violencia terrorista.

Teo Uriarte

Cuando el terrorismo se convierte en la cara subjetiva de la virtud

El CCCB acogió unas jornadas sobre terrorismo y fundamentalismo en la que los expertos proponen más coordinación política y policial, cuidar el tratamiento de los terroristas en las cárceles y redefinir los servicios de inteligencia, atribuyendo un nuevo papel a las Fuerzas Armadas

BARCELONA. Se trata de una frase de Hegel que sintetiza la psicología de aquél que no tiene conciencia del mal: ¿El terrorismo es la cara subjetiva de la virtud?. Una definición que los expertos tienen en cuenta a la hora de analizar ese fenómeno, unido al fundamentalismo. El Centro de Cultura Contemporánea (CCCB) acogió recientemente unas jornadas organizadas por la Asociación por la Tolerancia en las que se analizó el terrorismo islámico y de ETA, y en las que se pusieron de manifiesto las dificultades para abordar ese tipo de delincuencia por parte de los servicios de inteligencia, así como la necesidad de una mayor coordinación política y policial.

El profesor de Ciencia Política de la Universidad de Navarra y director del Instituto de Estudios de la Policía, Óscar Jaime Jiménez, advirtió de las dificultades que existen para detectar la financiación de las organizaciones terroristas y sugirió un especial cuidado en el tratamiento a los terroristas en las prisiones.

Por su parte, Antonio Díaz Fernández, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos e investigador del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, se refirió a la incapacidad de los servicios de inteligencia para controlar los "saltos estratégico" de los terroristas, tal como ocurrió con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y el 11 de marzo en Madrid. Díaz Fernández cree imprescindible la redefinición de estos servicios, que pasa por atribuir un nuevo papel a las Fuerzas Armadas, coordinar la estrategia a nivel político y a nivel policial, y Respecto al terrorismo de ETA, el ex consejero de Cultura del Gobierno vasco, Joseba Aguirre, explicó que, actualmente, el terrorismo se fundamenta en las pretensiones de las naciones sin Estado, que han sustituido a la lucha de clases.

Arregui criticó el objetivo de los nacionalistas de crear una "identidad obligatoria" y añadió que, a su juicio, "los sentimientos deben quedar en el ámbito privado, mientras que el espacio público debe ser delimitado por el concepto de ciudadanía". El ex consejero vasco criticó el Pacto de Lizarra porque "se olvida de la víctima".

El diputado del PP en el Congreso, Ignacio Astarloa, acusó al Gobierno de haber "enterrado" el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo, y expresó su preocupación por el cambio de escenario que ha provocado esa nueva política antiterrorista, lo que, según dijo, ha provocado la reactivación de ETA en la calle.

"Estética de la heroicidad"

La actual presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y concejal por el Partido Socialista por Urnieta (Guipúzcoa), Maite Pagazaurtúndua, lamentó que todavía está presente en la sociedad vasca una "estética de la heroicidad" de los etarras. Haya acuerdo o no con ETA, Pagazaurtúndua advirtió de que las víctimas "no tienen nada que transigir" y de que no se debe "falsear la memoria".

Teo Uriarte, gerente de la Fundaci?n para la Libertad, denunci? que tras el acuerdo del Congreso de los Diputados del 17 de mayo de 2005 por el que se autoriz? la negociaci?n con ETA si abandonaban las armas, se ha dado p?bulo a la banda terrorista. En su opini?n, las expectativas que se han dado de una posible negociaci?n ?es muy peligroso?.

TEXTO: MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC/ 3-01-06/ EDICIÓN IMPRESA - Cataluña