Debilitar la política común sobre inmigración

La decisión del Gobierno de acometer una regularización masiva de inmigrantes vuelve a situar a España en el centro de un debate europeo que trasciende lo estrictamente nacional. No por la medida en sí -cuya legitimidad resulta incuestionable-, sino por la forma en que ha sido concebida, al margen de una necesaria coordinación con el resto de socios comunitarios.

La advertencia de la Comisión Europea de que devolverá a España a los inmigrantes que se trasladen a otros Estados no puede ser interpretada como una injerencia, sino como la constatación de un principio básico del funcionamiento de la Unión: en un espacio sin fronteras interiores, las decisiones nacionales en materia migratoria tienen efectos que desbordan el ámbito doméstico