El fiscal investiga por delito de odio el acoso a la enfermera andaluza

La Fiscalía de Odio de Barcelona investiga el “acoso discriminatorio” que sufrió Regona Suárez, la enfermera andaluza hostigada por el independentismo tras protestar en un video viral por la exigencia de acreditar un nivel mínimo de catalán para poder opositar.

El Ministerio Público abrió diligencias el pasado 21 de abril tras recibir una denuncia presentada por la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano en la que se recogen algunos de los muchos insultos vertidos en las redes sociales contra la sanitaria y se subrayaba que estos incidían en su origen andaluz y en su condición de castellanohablante que desconoce el idioma catalán. «Nos encontramos con un acoso en el que el origen de la enfermera (andaluza o española según los comentarios), su condición de no catalana de origen y de castellanohablante es relevante», abunda la organización.

Constata la denuncia de la entidad presidida por Pepe Domingo -a la que EL MUNDO ha tenido acceso- que los acosadores de Suárez “piden no sólo que se la despida, sino que se la expulse de Cataluña”. Por todo ello considera Impulso Ciudadano que los hechos encajan en las conductas perseguidas par la Ley catalana de igualdad de trato y no discriminación, que busca “erradicar cualquier actuación o comportamiento que pueda atentar contra la dignidad de las personas y contra el libre desarrollo y la libre expresión sin ningún tipo de discriminación de la propia personalidad y de las capacidades personales”.

La denuncia relata cómo el consejero de Salud de la Generalitat, Manel Balcells, utilizó en su cuenta de Twitter el pasado 2 de marzo para “criticar el contenido de las declaraciones realizadas por Begoña Suárez y advertir que se le abriría un expediente” y cómo “el señalamiento condujo a la proliferación de mensajes de odio en las redes sociales”, algunos de los cuales están recogidos en el escrito presentado ante el Ministerio Público. Figuran entre ellos uno que receta “despido inmediato del trabajo y desearle el mayor de los males en su vida” u otros que invitan a la enfermera a “volver a Cádiz y disfrutar del paro que allí te ofrecen”, mientras le profieren descalificativos como “retrasada”.

Recuerda la denuncia que la campaña contra Suárez condujo incluso a que un medio de comunicación de corte independentista. El Nacional. abriera una encuesta para que sus lectores se pronunciaran sobre si la sanitaria debía ser despedida. «¿Crees que hay que despedir a la enfermera catalonófoba de Valle Hebron», rezaba el título de dicho sondeo.

Entre los hechos denunciados y ahora investigados por la Fiscalía están “la utilización del poder público con la finalidad de limitar la libertad de expresión de los ciudadanos: en este caso de los trabajadores públicos. La denuncia estudiada por el Ministerio Público ahonda en que el consejero de Salud «vinculó la apertura del expediente” contra la sanitaria “con el contenido del vídeo”. Asimismo, destaca que “las informaciones publicadas por EL MUNDO confirman que (en la investigación contra la enfermera y sus compañeras) no solamente se indagó acerca del contenido de sus declaraciones, sino que se intentó que las otras enfermeras que aparecen en el video renegaran de los planteamientos de su compañera”.

Este diario reveló el pasado 13 de abril que Enric Juvé Tormo, el instructor designado por la Generalitat para investigar el caso de la enfermera andaluza, presionó a las compañeras de Suárez para que se desmarcaran de sus declaraciones al preguntarles: “¿Compartís el contenido del video?” e insistir en la cuestión cuando una de ellas se resistió a posicionarse al respecto.

Impulso Ciudadano también considera que el acoso intimidatorio contra el disidente se ha utilizado “como mecanismo disuasorio por parte de poder público”. Defiende que “realza la gravedad de los acontecimientos que el acoso referido “haya sido orquestado desde la propia Administración Pública” al haber “puesto en marcha un mecanismo de persecución en las redes sociales contra una empleada pública”.

“La administración pública no puede utilizar la potestad sancionado” como una herramienta para castigar a quienes discrepen de sus planteamientos tolerando las infracciones que cometen aquellos que comulgan con sus ideas”, remarca también la denuncia.

Y es que la Generalitat ha evitado investigar a sanitarios del Hospital Vall d’Hebron que. como la enfermera andaluza y sus compañeras, compartieron imágenes a través de las redes sociales en las que aparecían uniformados y realizando actividades ajenas a la labor sanitaria para la que fueron contratados. En ellas -tal y como publicó este diario el pasado 14 de abril- se posicionaban políticamente, se incumplían las medidas sanitarias obligatorias al posar sin mascarilla o se retransmitían procesos confidenciales como el traslado de órganos para realizar trasplantes.

Considera la entidad denunciante que con la persecución a la enfermera se ha podido incurrir en un delito de incitación al odio por el -señalamiento en redes especialmente virulento- contra la sanitaria y en otro de prevaricación administrativa por parte de “quienes hubieren incoado un expediente orientado. no a sus fines legítimos, sino a coartar la libertad de expresión de un trabajador”.

Tal y como publicó este diario, la Generalitat sometió a la enfermera andaluza hostigada por el independentismo a un interrogatorio realizado íntegramente en catalán a sabiendas de que. después de sólo seis meses trabajando en Cataluña. no controlaba el idioma

La Generalitat está tratando el asunto como una “información reservada” y ha encomendado las pesquisas a un instructor propio, procedente del Instituto Catalán de la Salud (ICS). en lugar de permitir que el propio hospital del Vall d'Hebrón, en el que trabajaba la sanitaria hasta que el 31 de marzo expiró su contrato, se haga cargo del caso.

Juvé, el encargado de encabezar la investigación, era delegado de UGT hasta hace cuatro años. Se da la circunstancia de que el tríptico que la enfermera gaditana porta en la mano durante el vídeo crítico con el nivel de catalán pertenecía a UGT y en él se informaba de la necesidad de probar ese alto nivel de la lengua autonómica para obtener una plaza pública en el sistema sanitario de Cataluña.

Considera Pepe Domingo que “el caso de la enfermera hace aflorar el odio hacia el diferente, hacia els castellans, en la terminología nacionalista catalana”. “Ese odio sigue estando presente en la parte más ultra de la sociedad catalana y por desgracia, esas actitudes cuentan con el apoyo de sindicatos y entidades que, sin embargo, dicen ser beligerantes con los comportamientos racistas. Con los que sufren els castellans no. “Eso revela su falta de coherencia”, añade.

El presidente de Impulso Ciudadano llama a “acabar con todo tipo de intolerancia y de discriminación, también la que tiene su fundamento en la lengua porque miles de trabajadores ven limitados sus derechos laborales por esa razón y es imprescindible suprimir requisitos lingüísticos desproporcionados”.