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Carta de Impulso Ciudadano a Reynders por los ataques de la Generalitat a los jueces

El Presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha enviado una carta al Consejero de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, denunciando las críticas de la Generalitat de Cataluña a los jueces por dictar sentencias en favor de un modelo de escuela bilingüe.

Texto de la carta del Presidente de Impulso Ciudadano al Consejero de Justicia de la UE

IMPULSO CIUDADANO

2023-07-21

Pagaza (CS) pide a la Comisión analizar el Decreto lingüístico de Cataluña bajo el derecho comunitario contra la discriminación y la libre circulación*

_Invita a Bruselas a convocar al Gobierno en el marco del control del Estado de Derecho para verificar su actuación frente al desacato y provocación de la Generalitat_

Carta de Maite Pagaza a la Comisión:* https://docdro.id/6z7fBD0

*Bruselas, jueves 20 de julio de 2023.* La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, *Maite Pagazaurtundua*, remitió hoy íntegramente a la Comisión Europea el Proyecto de decreto del régimen lingüístico del sistema educativo publicado el lunes por la Generalitat de Cataluña para que sea analizado por parte de la Comisión Europea desde el punto de vista de las reglas del derecho comunitario contra la discriminación y de las reglas de libre circulación en el mercado interior de trabajadores.

Asimismo, Pagaza pide a la presidenta Úrsula Von Der Leyen y a los comisarios implicados a convocar, en el marco del diálogo sobre el Estado de Derecho de los Estados miembros, al Gobierno español para realizar el seguimiento del cumplimiento de los preceptos comunitarios frente a las medidas legislativas tomadas por el Gobierno regional catalán.

La misiva advierte que Cataluña ha entrado en una nueva fase en la que se quiere dar apariencia de naturaleza legal una clara discriminación hacia los castellanoparlantes, a través de la imposición de la lengua catalana, en detrimento del español, también constitucionalmente cooficial, que puede conducir a la marginación cultural de los ciudadanos que no logren los objetivos lingüísticos marcados de la lengua elegida por la administración regional para su proyecto identitario. 

“Confirma la estigmatización desde las instituciones del que no se somete, el adoctrinamiento y la vulneración de derechos fundamentales de los niños en la escuela. Este decreto busca dotar de cobertura al flagrante incumplimiento de las reiteradas sentencias que confirman que la exclusión del español como lengua de aprendizaje en el sistema educativo vulnera los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes”, indica Pagaza.

“Le ruego analicen detenidamente este decreto desde el punto de vista de la  lucha contra la discriminación recogida en el Artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el Artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),  Artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), Reglamento (UE) 492/2011  de libre circulación de trabajadores, la Directiva 2000/43/CE sobre la igualdad racial y discriminación; la Directiva 2000/78/CE sobre igualdad en el empleo y la  Directiva 2004/113/CE sobre igualdad de trato”, plantea.

Se trata, añade, de un ataque contra el Estado de derecho con consecuencias profundas en los derechos fundamentales de millones de ciudadanos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el gobierno español ha sido pasivo o cómplice en lo que se refiere a las sentencias firmes sobre uso de la lengua en Cataluña, posiblemente por intereses no ligados al interés de las libertades de los ciudadanos sino al mantenimiento de un gobierno minoritario.

Pagaza argumenta que el desacato oficial a las sentencias del es “un desafío abierto al Estado de Derecho y a un cuestionamiento del orden judicial establecido por parte de una región autónoma que juega con su potestad competencial para intervenir en los derechos democráticos y constitucionales de los ciudadanos”.

El decreto establece un control férreo de los programas lingüísticos de los centros desde la DG de Educación de la Generalitat y contempla la posibilidad de sanciones, medidas disciplinarias y retirada de autorizaciones de apertura del centro educativo si no se cumple la imposición del catalán en todos los ámbitos educativos y extraescolares, patios, trabajadores y empresas que se relacionan con los centros, rotulaciones, ...

El texto especifica que todas las comunicaciones deben realizarse en catalán y esta lengua “prevalece en todos los efectos”. El control y la imposición del catalán llegan incluso a las personas discapacitadas. El Decreto señala que se garantizará la lengua de signos en catalán del alumnado con sordera y sordoceguera, sin tener en cuenta el interés supremo del menor y sus circunstancias de aprendizaje e inserción. No se prevé (esto es, no se permite) la utilización de la lengua de signos en castellano para aquellos alumnos que lo precisen y que tengan como lengua materna el castellano.

“La desobediencia clara del gobierno regional a la sentencia judicial, habiendo llegado a dictar instrucciones a los centros educativos para que no la acaten, es una vulneración grave del Estado de Derecho; pero es que, además, los miembros del gobierno regional cuestionan de manera abierta a los jueces y les acusan de dictar sentencias políticas. Se trata de comportamientos que contradicen las recomendaciones del Consejo de Europa sobre independencia judicial que, entiendo, han también de ser tomadas en consideración por la Comisión europea en su función de vigilancia sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en los Estados miembros (art. 2 del TUE).”, sostiene la vicepresidente de Libe.

Además de todo ello, subraya que el Decreto impone medidas de exclusión lingüística que podrían violar las reglas de movilidad en el mercado interior europeo, como son los requisitos de conocimiento de la lengua catalana no solamente por docentes (que deberán acreditar el nivel C2 de catalán, superior al que ahora se exige) sino también al personal que trabaje en los centros educativos. “Se trata de obstáculos a la libre circulación y a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios incompatibles con las exigencias de la Unión Europea”, concluye.

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