El Govern insta a 10 escuelas catalanas a quitar la aplicación del 25% de castellano

La Generalitat alega al TSJC que han cambiado «las circunstancias» para revocar el 25% en los colegios con medidas cautelares

«El Gabinete Jurídico está acabando de analizar la medida pertinente para dejar de aplicar estas sentencias», también en los centros con sentencia firme, asegura el Govern

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El Govern insta a 10 escuelas catalanas a quitar la aplicación del 25% de castellano

Ordena a los centros que no acaten la anulación de proyectos lingüísticos del TS.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) afirma que "ninguna escuela puede tomar esa decisión sin aval del TSJC».

Sigue el desafío de la Generalitat catalana a la justicia para preservar el modelo de inmersión lingüística. La administración catalana aprovecha la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de parar cautelarmente la ejecución de un mínimo de 25% de castellano en las escuelas el próximo curso para intentar acabar con la aplicación en las que lo hacen por orden judicial.

El TSJC considera que puede ser inconstitucional la legislación aprobada en el Parlament -con votos de PSC, ERC, Junts y Comunes- para sortear la norma del 25%. Pero mientras la justicia resuelve, el Govern ha decidido pisar el acelerador y aplicar el próximo curso la nueva norma que establece el catalán como única «lengua vehicular y de aprendizaje» y que reduce el castellano a un «uso curricular y educativo».

Pese a que su nueva norma está recurrida ante el Constitucional, la Generalitat considera que puede instar a las 10 escuelas en las que actualmente se aplica el 25% del castellano en las aulas de forma cautelar para que dejen de hacerlo el próximo curso ya que la nueva ley no les ampara. Así lo explicó la secretaria general del Departament de Educación, Patricia Gomá, quien señaló que hay 22 escuelas en Cataluña actualmente que aplican el 25% de las clases en castellano porque alguna familia del centro así lo había solicitado y el TSJC les dio la razón.

De ellas, unas 10 lo hacen aplicando medidas cautelares. Por eso, el Departament solicitó al TSJC la retirada de estas órdenes provisionales y que las deje sin efecto, ya que «el nuevo marco normativo no aplica porcentajes sino criterios pedagógicos».

Gomá considera que esta decena de colegios deben empezar el curso en septiembre siguiendo sus propios proyectos lingüísticos y sin que el castellano sea igual de vehicular que el catalán al impartir asignaturas en las dos lenguas.

En las escuelas en las que existe una sentencia firme del TSJC, una docena más, con aplicación del 25% de castellano en las aulas en las que un alumno lo solicitó, y que afecta a toda la clase, la Generalitat analiza «cuál es la medida procesal más oportuna» para recurrirla con el amparo de la nueva norma. Por eso, la secretaria general considera que empezarán el curso aplicando porcentajes.

Las reacciones al aviso de Gomá no se hicieron esperar. «Ninguna escuela puede tomar esa decisión sin aval del TSJC» aseguraron desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha asesorado a muchos padres en los tribunales para obtener el 25%. Por eso creen que la secretaria general «miente», ya que si las escuelas toman la decisión a instancias de la Generalitat podrían incurrir en una desobediencia. El TSJC todavía no se pronunció sobre los recursos de Educación y no se espera que lo haga antes de principios de septiembre.

La secretaria general cree que el marco normativo ha cambiado por la aprobación de la ley para blindar el catalán como lengua vehicular en las clases y establecer el castellano como lengua curricular. También se ha puesto en marcha el decreto ley del Govern que fija explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza, y establece que el Departamento de Educación sea el responsable legal de los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Bajo estos preceptos asegura que las escuelas que deben aplicar el 25% el próximo curso puedan dejar de hacerlo en breve.

Por otro lado, el Govern considera que tampoco se puede aplicar la anulación de los proyectos lingüísticos de escuelas públicas en Barcelona y Abrera tras la decisión del Tribunal Supremo pese a que algunos padres ya anunciaron que pedirán la ejecución de esta sentencia.

«E1 Supremo se ha limitado a no admitir los recursos que había interpuesto la Generalitat. Estamos en un momento posterior en el que se ha aprobado un nuevo marco normativo y, por lo tanto, son inaplicables las sentencias que se habían dictado en este momento anterior», recordó Patricia Gomá, quien considera que es «inaplicable» esta resolución judicial, así como las posteriores que se conocerán en septiembre.

Gomá aseguró en Rac1 que las direcciones de los centros de Barcelona y Abrera con su proyecto lingüístico anulado no deben hacer cambios el próximo curso y recordó que la nueva ley se adecúa a la Constitución ya que los alumnos adquieren las competencias necesarias tanto en catalán como en castellano.

GERMÁN GONZÁLEZ - EL MUNDO (PREMIUM)

2022-08-11