El sometimiento del Govern y del Parlament al Consell per la República sería el punto y final de la democracia en Cataluña

30 - 03 - 2021 / FRANCESC MORENO - EL LIBERAL | RAFAEL ARENAS GARCÍA - FACEBOOK

El sometimiento del Govern y del Parlament al Consell per la República sería el punto y final de la democracia en Cataluña

En las elecciones del pasado 14-F Puigdemont, cabeza de lista de Junts, quedó en tercer lugar. A pesar de ello, se sigue considerando el presidente legítimo de Cataluña e intenta subordinar las instituciones catalanas al Consell per la Republica que ahora pretende ampliar con representantes de ERC, la CUP, la ANC y Òmnium para que sea el gobierno y el Parlamento de facto de Cataluña

FRANCESC MORENO - EL LIBERAL

2021-03-29

El deterioro institucional en Cataluña es profundo y dura ya demasiados años

La clave de ese deterioro es la utilización de las instituciones autonómicas para un fin que no les es propio: la construcción de un estado independiente.

De alguna manera este mal ha estado presente desde prácticamente el inicio del estado autonómico. Los sucesivos gobiernos de Pujol, en mayor o menor medida, se alejaron, al menos en lo retórico y simbólico, de su condición de autoridades constitucionales para pretender ser la encarnación de unas instituciones medievales más imaginadas que recreadas.

Esa deriva se exacerbó a partir del año 2013, en la antesala dsel primer referéndum de autodeterminación, el del 9 de noviembre de 2014, y se consolidó durante el mandato de Puigdemont, quien en su toma de posesión hizo expreso que nos encontrábamos en la postautonomía.

Y tenía razón, porque no hay que confundir postautonomía con independencia. Ésta no la consiguieron en 2017 (aunque estuvieron más cerca de lo que mucha gente quiere creer); pero el caso es que las instituciones autonómicas ya no volvieron a ser autonómicas. El constante forzarlas para que dieran la apariencia de algo diferente y enfrentado al ordenamiento constitucional español condujo a constantes recursos ante el Tribunal Constitucional, desobediencias explícitas, condenas por dichas desobediencias (que han llevado, incluso, a la pérdida de la condición de presidente del que sucedió a Puigdemont tras el fin de la aplicación del art. 155 de la Constitución) y a un permanente incumplimiento de la normativa española que va desde la falta de la bandera en muchos edificios públicos o la presencia en estos de símbolos nacionalistas hasta la inconstitucional expulsión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Ahora se pretende dar otra vuelca de tuerca, colocando a toda la Generalitat (Gobierno y Parlamento) al servicio de un Consejo para la República que tiene como objeto declarado derogar la Constitución en Cataluña y crear en el territorio de la Comunidad Autónoma un estado independiente.

Los catalanes podemos decidir entregar las instituciones autonómicas a politicos que buscan el enfrentamiento, que amparan a quienes generan odio y que en vez de intentar construir una sociedad más moderna, justa y rica tienen como objetivo volver a esa Edad Media imaginada por el romanticismo decimonónico.

Podemos hacerlo; es lo que tiene la democracia, que la sociedad acaba siendo aquello que quiere (o tolera) la mayoría.

Pero las catalanes no estamos legitimados para transformar nuestras instituciones autonómicas en una cosa diferente; porque las instituciones autonómicas no son solamente de los catalanes, sino del conjunto de los españoles, que son los que en su momento decidieron dotarse de un Estado autonómico.

Es por eso que la pretensión de poner a la Generalitat al servicio del Consejo para la República excede el ámbito catalán para convertirse en un desafío a la arquitectura constitucional española. Las instituciones autonómicas no pueden declararse vinculadas a una entidad como el Consejo para la República; y sería bueno que en esto nos olvidaramos de formalismos sin sentido, porque lo que sucede es real y tiene consecuencias. Los antecedentes de 2014 y 2017 deberían habernos servido de aviso.

Así pues, léase con atención la advertencia de Francesc Moreno, porque no exagera. Permitir que el Consejo para la República se convierta en tutor de la Generalitat convertiría a España en un Estado fallido; porque no puede llamarse propiamente Estado consolidado el que permite que sus instituciones sean puestas al servicio de una entidad con sede en el extranjero y que hace explícito que su propósito es destruir a ese Estado

RAFAEL ARENAS GARCÍA - FACEBOOK

2021-03-30