Voto Expatriado y Ciberseguridad

Voto Expatriado y Ciberseguridad

Las maniobras de los grupos secesionistas catalanas siguen la pauta marcada por la así llamada “hoja de ruta”¹. Este documento, que se ha ido adaptando a las coyunturas políticas determina una serie de acciones clave para reconfigurar el status quo institucional catalán y así crear las condiciones más favorables para materializar la escisión del resto de España

El elemento fundamental es la aprobación por el parlamento autonómico de una serie de leyes complementarias entre sí y diseñadas para dar cobertura a la sedición.

Estas son:

• La ley de voto exterior

• La ley de ciberseguridad

• La ley de la hacienda propia 

En la estrategia secesionista ganarse el apoyo internacional es la piedra angular. Lo que buscan con estas leyes no es tanto la cobertura legal (obviamente imposible en el marco del ordenamiento jurídico español al serle contrarias) como obtener legitimación internacional a su política de hechos consumados, a sabiendas del peso que esto acarrea en el Derecho internacional.

Durante los últimos años han estado desarrollando una red de influencia exterior que ha alcanzado suficiente madurez, mediante la acción de instrumentos como las llamadas “embajadas”, Diplocat, los Casals y otras organizaciones públicas y privadas, para que tengan la confianza necesaria dirigida a promover un sistema de voto electrónico que permita usar el censo propio de votantes expatriados. El independentismo es consciente de que el porcentaje de votantes de su sector difiere en pocos puntos del de su contrincante y está dispuesto a obtenerlos como sea, especialmente mediante el voto catalán en el exterior. Esto requiere de una ley propia y ad-hoc, que permita la instrumentación de un referéndum de autodeterminación, anunciado en principio por el President de la Generalitat para septiembre de 2017 (pero que posteriormente se indica que puede intentarse anticipadamente) con la participación determinante de catalanes residentes en el extranjero. Ello ha sido así reconocido en los comunicados emitidos en sus medios y redes afines. Significativamente no sería aplicable a los catalanes residentes en el resto de España, sobre los que no se han podido instrumentar programas de “reclutamiento ideológico” por razones obvias.

Siendo este sistema de voto electrónico vulnerable a ataques, puesto que los especialistas aseguran que se trata el instrumento de votación que puede ser alterado con mayor facilidad, se hace necesario para el gobierno catalán dotarse de una infraestructura informática segura que blinde el sistema. Este es uno de los objetos de la ley de ciberseguridad, recientemente enviada para discusión y aprobación por el procedimiento de urgencia al Parlament de Cataluña, como la ley central para el logro de los fines separatistas, que permitirá sacar a la luz el trabajo en curso desarrollado por el CESICAT, fundación privada que antecede a la futura Agencia catalana de Ciberseguridad.

El afloramiento de esta infraestructura propia dotará a la Generalitat catalana de canales propios y seguros, opacos para las agencias centrales del Estado, con las cuales no existiría más interoperabilidad transitoria que aquella a la que obligue la legislación española. A través de esta red, no son sólo posibles las comunicaciones seguras, sino que permite la distribución protegida de flujos de datos entre sus nodos, facilitando la creación de equipos virtuales de trabajo de los que la Administración Española no tendrá conocimiento.

La tercera de las leyes es la de la hacienda propia. De nuevo, la ley de ciberseguridad es clave para permitir la intercepción y control de transferencias bancarias en territorio catalán, con capacidad para bloquear operaciones basadas en SWIFT dentro de Cataluña. Al mismo tiempo, estos canales seguros pueden ser empleados para operaciones de recaudación de capitales a través de sistemas como electrónicos y la gestión de moneda electrónica a través de redes virtuales privadas sin el conocimiento de la Agencia Tributaría Española o la Unidad Central Operativa. El propio Gobierno catalán ha comunicado en varias ocasiones que tiene la intención de imponer la recaudación impositiva obligatoria de los impuestos, incluidos los estatales, y que se utilizarán métodos coercitivos para obligar a quien no esté dispuesto a hacerlo; además de resultar imprescindible para la financiación de la secesión en su conjunto, la Agencia tributaria catalana, regulada por esta ley, se configura como el instrumento adecuado para dar cobertura financiera a las distintas etapas y sectores de la denominada “hoja de ruta”.

Es por lo tanto crítico y perentorio tomar las medidas para que esta batería legislativa no pueda dar cobertura técnica a tales acciones políticas.

En paralelo, para conseguir que el voto expatriado no constituya el elemento clave para la consolidación del independentismo, es urgente contrarrestar la actividad internacional secesionista sobre el terreno, promoviendo intervenciones exprofeso en el Parlamento Europeo y desarrollando una actividad diplomática y consular dirigida a minar la influencia separatista en el exterior, tanto entre los residentes españoles en el extranjero como entre los creadores de opinión, universidades y centros de poder en el exterior.

Hoja de Ruta de la ANC

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Llegado el caso, el pueblo deberá ejercer su soberanía con la más amplia participación ciudadana, amparando las instituciones catalanas, la Asamblea de Cargos Electos y reclamando el apoyo de la Europa democrática y de la comunidad internacional.>>

<<…la naturaleza preconstituyente de esta etapa política en Cataluña sitúa dos principales prioridades por el Parlamento: la elaboración de la futura constitución y de las herramientas del nuevo estado y la iniciativa legislativa que conlleva el plan de choque social. Asimismo habrá desarrollar la gestión del Gobierno de la Generalidad para fortalecer la cohesión social y las bases de un nuevo crecimiento económico, social y cultural del país así como incrementar la proyección internacional. En el caso de ahogo financiero, de bloqueo o de intervención de las instituciones catalanas, solicitaremos el amparo a la comunidad internacional. A la vez, comunicaremos los pasos a realizar para completar el proceso de emancipación pacífica y ordenada, de forma clara y legítima. Este proceso preverá las comunicaciones oficiales a hacer, la propuesta de comisión mediadora y la propuesta de reparto de los bienes hoy compartidos, los observadores internacionales y los mecanismos de protección de la normalidad ciudadana.

…si se produjera un escenario extremo de bloqueo o de intervención del Estado español, la actuación de la sociedad civil también será determinante. La movilización del pueblo, de manera siempre radicalmente pacífica y democrática, proporcionada, pero contundente, será el medio y el aliado irrenunciable para defender nuestros derechos y nuestros representantes. La ANC se compromete, al igual que ha hecho hasta ahora, a preparar, organizar y, si fuera necesario, convocar y coordinar estas movilizaciones garantizando siempre su espíritu decidido pero pacífico, respetuoso y democrático.

Debemos denunciar de forma pública y constante la práctica opresiva de España, y presentarlo ante los gobiernos y tribunales europeos e internacionales, exigiendo que prevalezcan los derechos democráticos.>>

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<<… a lo largo de 2017 el Parlamento de Cataluña proclame la independencia, que inmediatamente después se aprueben las leyes de transitoriedad jurídica y las otras herramientas del Estado que regirán el nuevo ordenamiento catalán y que entonces se convoquen las elecciones constituyentes, entrando así en la etapa de constitución de la República catalana.

La proclamación de la independencia y la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica darán lugar al nuevo Estado catalán, el cual permitirá asumir la plenitud de gobierno propio los asuntos de Cataluña, e iniciar el proceso parlamentario constituyente que culminar con la aprobación de la Constitución por el pleno del nuevo Parlamento, recogiendo las aportaciones ciudadanas al debate constituyente. El texto de la nueva constitución republicana catalana se llevará a un referéndum para que sea ratificado mediante la participación directa de todos los ciudadanos de Cataluña.>>

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TERESA FREIXES Y SANTI MONDÉJAR – CONCORDIA CÍVICA (FACEBOOK)