Discurso de ALBERT BOADELLA

VÍDEO DE LA INTERVENCIÓN DE ALBERT BOADELLA

ALBERT BOADELLA: Texto de su parlamento en el día del

47 año de la Constitución 

Mis primeras palabras son de agradecimiento a todos ustedes por estar hoy aquí, agradecimiento que hago también extensivo a las entidades cívicas convocantes de esta conmemoración. Porque estamos en una feliz conmemoración. Los que nos encontramos hoy en esta plaza podemos atribuirnos el distintivo de constitucionalistas, lo cual significa en este país una actitud de resistencia ante el rumbo que están tomando algunos acontecimientos.

Consecuencia de ello, es que actos como este, comienzan a tener un cariz marginal e incluso corren el riesgo de acabar siendo actos ocultados. Adviertan, que, de momento, estamos en la única Plaza de la Constitución que ha sobrevivido entre las cuatro capitales de provincia catalanas. Es un detalle muy revelador de la situación.

Porque estimados ciudadanos, los españoles debemos reconocer que no vivimos en un ciclo tan esperanzado como sucedía hace treinta años.

Vivimos unos tiempos donde las palabras sobre las que habíamos edificado toda la construcción social y moral han dejado de tener sentido. ¿Quién invoca actualmente la dignidad, el honor, el decoro, la rectitud, la decencia, la lealtad, la fidelidad, el deber, la patria y un sinfín de términos que si alguien se arriesga hoy a utilizarlos tiene muchas probabilidades de ser señalado inmediatamente como un facha

Vivimos un ciclo donde han surgido en España una profusión de banderas utilizadas para infligir una agresiva y hostil diferencia. Las encontrarán en cada pueblo.

Signos y banderas que dicen representar sentimientos de pertenencia, pero cuyas actitudes parecen más propias de una comparsa tribal que de un conjunto de ciudadanos sensatos.

Seguimos asistiendo al declive ético y moral en las estructuras de los gobiernos. De los numerosos gobiernos. Porque estamos administrados por una ingente cantidad de personas y organizaciones nacionales, autonómicas, provinciales, comarcales, municipales y europeas, que, sin reparar en gastos, se dedican a legislar frenéticamente como justificación de sus elevadas nóminas. Legislan hasta los tapones del agua mineral.

Nos regulan hasta la más recóndita intimidad. De tal forma, que cuando comienzas a trabajar por la mañana, ya llevas incumplidas un conjunto de normas, decretos o leyes.

Eso afecta a nuestra libertad, pero también afecta, y mucho, a nuestra economía común por la multitud de cargos superfluos retribuidos con el dinero público. Pero hay algo más grave que nos implica a todos. La democracia española lleva unos años erosionada por actos y actitudes políticas que jamás hubiéramos imaginado todos aquellos que participamos en la recuperación de las libertades, durante y después de la dictadura.

Han sucedido y están sucediendo hechos que han traspasado todos los límites de la decencia y la dignidad pública, con un silencio preocupante por parte de la ciudadanía, la cual, pocas décadas antes hubiera hecho sentir su voz, con toda la autoridad cívica que emana del pueblo en una democracia. Debemos admitir que la inercia de los engaños gubernamentales se ha hecho hábito en la gente.

Sin embargo, frente a este panorama tan poco alentador, todavía nos queda un amparo sólido: un texto nacido del consenso, de la renuncia y de la inteligencia compartida de muchos españoles.

Ese amparo es nuestra Constitución de 1978 de la que hoy celebramos el 47 aniversario

Cuando aquella generación de hombres y mujeres —algunos de los cuales eran salidos de la cárcel, otros de la clandestinidad o el exilio, incluso algunos del silencio de las oficinas del régimen anterior— cuando estos ciudadanos se reunieron para redactar una carta magna, buscaban algo más esencial que sus propias tendencias, algo más noble que sus antagonismos, algo más elevado que sus intereses cotidianos

Buscaban una forma de convivencia fraternal y un nuevo ímpetu común para el progreso de toda la nación. Buscaban, en definitiva, convertir nuestra patria en un territorio de ciudadanos libres e iguales.

La Constitución del 78 no es solo un texto jurídico. Es un pacto moral entre españoles.

Después de tan arduos y valerosos intentos de convivencia a lo largo de nuestra historia y también de tantos fracasos en ese afán, los españoles decidieron reconocerse mutuamente con todas sus diferencias, con todas sus esperanzas, con todas sus quimeras ¿y porque no? Con todas nuestras extravagancias. Que también las tenemos.

España decidió finalmente serenarse y decirse los unos a los otros: “no vamos a imponernos; vamos a convivir”.

Y eso, estimados ciudadanos, es lo que muchos parecen haber olvidado.

Nos encontramos con sectores que pretenden ahora reescribir aquella epopeya. Nos encontramos un gobierno que impone una memoria histórica partidista, cuyo sectarismo abre de nuevo heridas que habían empezado a cicatrizar.

Un gobierno que por sus intereses de permanencia en el poder nos ha resucitado de nuevo a Francisco Franco. Y así juzgan el pasado con los códigos ideológicos del presente.

Y lo que es peor, con ideologías de raíces totalitarias.

Siembran dudas en las nuevas generaciones que no vivieron aquellos acontecimientos porque nos dicen que el pacto fue una capitulación y una trampa.

Que España es una cárcel de etnias. Que la libertad de estos territorios solo se obtendrá levantando muros lingüísticos y fronteras interiores.

Afortunadamente, esta falacia les cuesta introducirla porque todavía somos muchos millones los que pensamos que España no es una federación de resentimientos. España es una comunidad de ciudadanos.

Y la palabra “ciudadano” —que tanto les cuesta pronunciar a los fanáticos de esas banderas tribales—significa precisamente eso: igualdad en derechos y deberes.

Porque el espíritu constitucional no consiste en gritar “¡mi identidad primero!”, sino en preguntarse: “¿qué podemos compartir juntos?”.

Ese espíritu —tan denostado hoy— fue el que permitió que toda una nación saliera de la oscuridad sin violencia, sin rencor, sin resentimientos. 

Fue una obra de arte de la política, creada con el deseo de mutua colaboración y el ánimo de respeto a la libertad del oponente.

Pero aprobar la Constitución no significó que desaparecieran de un plumazo algunas herencias negativas que veníamos arrastrando del pasado y que fueron también una de las causas de nuestra trágica confrontación civil.

Me refiero directamente al nacionalismo del que después de la dictadura jamás hubiéramos imaginado que se convertiría en el mayor riesgo para la continuidad de la democracia española. Una herida mortal a la convivencia de 50 millones de ciudadanos.

El nacionalismo —ese viejo virus europeo que tantos millones de muertos provocó en el pasado siglo— ahora se ha mutado en sentimentalismo lucrativo. Ya no se proclama con pistolas como trágicamente sufrimos tantos años en España sino con victimismo.

Pero, victimismo rentable y chantaje desvergonzado.

Se disfraza de cultura, de lengua, de identidad oprimida, de economía extorsionada… y termina exigiendo sumisión a la causa de la diferencia étnica que siempre lleva encubierta la instauración de una mafia dominante.

Solo cabe recordar, como estos días estamos viendo una influyente familia nacionalista con su padre padrone, sentados en el banquillo, y acusados de asociación criminal. Un padre padrone que cuando paseaba por estos pueblos la gente casi se arrodillaba a su paso. Eso sí debería ser memoria histórica.

Porque el nacionalismo finge sublimar el amor a la tierra, pero en realidad lo que siembra es el desprecio al diferente. No nos engañemos, es una de las muchas caras del fascismo, aunque ellos nos llamen fachas a quienes se oponen.

Nuestra Constitución no niega las diferencias. Al contrario, las protege y las reconoce como un valor fundamental de la gran variedad de la nación común, pero lo hace sin convertir las diferencias en privilegios.

Porque la diversidad, cuando se transforma en dogma de superioridad frente al vecino deja de ser una riqueza y se convierte en la senda del pensamiento único y la patria de los insolidarios.

Porque si olvidamos el principio de igualdad que proclama nuestra Constitución, significará dar vía libre al otorgamiento de privilegios según el código postal.

Es lo que ahora se pretende.

Y es algo que lamentablemente ya rige en algunos rincones de nuestro territorio que han alcanzado el PIB más alto de Europa a costa de la caja común de todos los españoles.

Con todo ello no quiero sostener que nuestra constitución sea perfecta. Tampoco son las tablas de Moisés. No sé si necesita retoques o un lifting, la realidad es que en el casi medio siglo que llevamos solo se reformado dos veces por mínimas cuestiones.

O sea, que tenemos una señora Constitución de 47 años casi virgen. Por eso pienso que este puente que hacemos entre el día de la Constitución y la Inmaculada sería más propio llamarlo puente de la Inmaculada Constitución.

En este sentido, me permitirán que me tome la licencia y el atrevimiento de proponer un ligero cambio o más bien un añadido en el artículo 9.1 del texto constitucional. Articulo donde se proclama que los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Eso significa el acatamiento al texto constitucional realizado a través de jurar o prometer la ley suprema por parte de los representantes de la ciudadanía.

Pues bien, en los últimos tiempos, los actos de jura a la Constitución realizados por estos representantes en sedes parlamentarias se permite el ignominioso espectáculo de ver como los enemigos de la Constitución realizan su ficticio acatamiento con frases que representan un ultraje a los principios de la Carta Magna.

Y les recuerdo aquí solo tres de estas supuestas promesas entre las muchas que se han hecho en los últimos tiempos:

La Señora Irene Montero: Sí prometo, por la justicia social y por la república ¡Vaya! Señora Miriam Nogueras: Por el mandato del 1 de octubre, por la independencia y por imperativo legal, si prometo ¡Mira quina noia mes espabilada!

Señor Arnaldo Otegui: Por imperativo legal, sí prometo, mientras luchemos por una Euskal Herría libre ¡Manda huevos!

Esto, no es solo el testimonio cínico de unos impostores, es un indicio muy sólido de una degradación en la estructura de un Estado que permite un escarnio semejante a su ley de leyes.

Lo que debería ser un ceremonial de acatamiento, se convierte en un desafío a la ley, y en un acto de provocación al artículo segundo que proclama la indivisible unidad de la nación española.

Pero no debemos olvidar que los preceptos de la constitución, siendo fundamentales en su carácter genérico, solo adquieren fuerza normativa a través de la interpretación y tutela que ejerce el Tribunal Constitucional.

Pues bien, en este caso, el alto tribunal que es quien debería velar, por que tales desafueros no fueran legales, acepta y ratifica en sus resoluciones, que mientras juren o prometan, pueden añadir aquello que les venga en gana. O sea, los exabruptos que consideren oportunos. 

El alto tribunal, actuando de forma semejante no podrá evitar que nos pase por la mente aquella fabula del zorro vigilando el gallinero.

Porque, lamentablemente, nuestro tribunal Constitucional, tanto por su estructura mezclada de política, como por el resultado de algunas sentencias decisivas, no se ha comportado como la institución imparcial que debería ser por definición.

Mas bien todo lo contrario, ha demostrado en los últimos años una sospechosa inclinación por los intereses del Gobierno.

Y bajo esta misma inclinación, ha decretado las amnistías a los golpistas catalanes y a la enorme corrupción de los ERE andaluces. Eso no significa cerrar heridas como dicen. Eso supone sustituir la idea de responsabilidad por la conveniencia

La justicia por el cálculo político interesado y la Constitución por los apremios de un Gobierno. Porque un país no se mide solo por sus leyes sino por la decencia con que las hace vivir.

En este caso se podría decir que el Tribunal Constitucional ha permitido el amparo a la España de los sinvergüenzas.

Defendamos pues, no solo la letra sino el espíritu constitucional: Ese espíritu que exige que la ley y solo la ley sea el cauce para resolver los conflictos públicos. Y nunca el precio de los acuerdos

Sin embargo, como hoy nos hemos reunido aquí para recordar un feliz aniversario, no quiero concluir esta intervención sin expresar que nuestra Carta Magna tiene que ser la voz que nos advierta de que la libertad nunca se hereda. Siempre se defiende. Por eso estamos hoy reunidos en esta plaza de la Constitución.

Y mientras quede entre nosotros la voluntad de convivir fraternalmente y la voluntad de exigir la igualdad de todos los españoles, la Constitución será algo más que un texto, será una respiración común.

Que nunca nos falte el aire para sostenerla.

¡Viva la Constitución!

¡Viva España!