Lo que sale a la luz de la trama del 'Tsunami Democràtic', según El Confidencial

Dirigentes de ERC se beneficiaron de recalificaciones irregulares en Barcelona

El exdirigente de ERC y empresario Xavier Vendrell se coordinó con los regidores de Cabrera de Mar (Barcelona) para recalificar los terrenos de la finca Villa Bugatti, una de sus mayores propiedades

(Barcelona). (EFE)

La investigación sobre el grupo de empresarios que lideraba Tsunami Democràtic y presuntamente desvió fondos públicos al 'procés' también ha destapado actividades económicas irregulares que habrían servido a la trama y a dirigentes políticos de su entorno para lucrarse. Los agentes han acreditado indiciariamente que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha protagonizado en los últimos meses un pelotazo urbanístico en la comarca del Maresme, al norte de Barcelona. Se trataría del primer gran caso de corrupción que afecta a este partido.

En el epicentro de la operación se encontraría Xavier Vendrell, exdirigente de ERC detenido por la Guardia civil este miércoles, acusado de corrupción y blanqueo de capitales. También se ha detenido al alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (de Junts, una candidatura local de JxCAT), y al concejal de Urbanismo, Enric Mir (de ERC), ante la sospecha de que aprovecharon sus cargos para ayudar a Vendrell a dar un pelotazo que, entre otros aspectos, pasaría por construir un colegio concertado de educación especial. En el marco de la operación, la Guardia Civil está registrando el ayuntamiento, gobernado por Mir después de que JxCAT alcanzara un pacto con ERC y el PSC en junio de 2019.

Vendrell había sido secretario de Organización del partido republicano y consejero de Gobernación con el tripartito.Vendrell es propietario de Villa Bugatti, una parcela de 35.000 metros cuadradosque ha venido funcionando irregularmente desde hace décadas como restaurante y lugar para fiestas. El pasado 25 de febrero de 2020, el pleno municipal de Cabrera de Mar aprobaba la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanístico Municipal (POUM), que afectaba al sector de Villa Bugatti, que también se está registrando este jueves. El valor de los terrenos pasó así de cinco a 10 millones de euros y se allanaba el camino para la construcción del mencionado colegio. Por si fuera poco, Vendrell ya tenía atada la compra de otra finca colindante beneficiada por el replanteamiento urbanístico, por lo que la ganancia sería mayor, ya que la recalificación afectaría a 48.000 metros cuadrados.

El exdirigente de ERC no está solo en este negocio: sus socios son Patricio Chadwick, Antoni Segarra, Antonio Domènech, Ignasi Sayol y Eduard Voltas. Este último fue presidente de la Fundació Escacc y vicepresidente de Òmnium Cultural, además de secretario de Cultura de la Generalitat en tiempos de Josep Lluís Carod-Rovira. Tras abandonar la Administración, se involucró en la constitución del grupo Cultura 03 (junto a Oriol Soler, otro de los detenidos en la operación de este miércoles), que debía ser el emporio cultural de referencia para el independentismo, y puso en marcha la revista ‘Time up’, un proyecto regado con fondos públicos de la Generalitat. Las sospechas apuntan también a personas que tienen intereses crematísticos en el complejo tales que los empresarios Juan Rosell, expresidente de la CEOE, Joan Griñó y Joan Albert Arquès. Este último es el CEO de Benito Arnó e Hijos, una constructora leridana implicada en el caso 3%.

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La flor y nata del soberanismo

Este verano, Vendrell realizó varias cenas conciertos (casi todas a 59 euros por cabeza, bebida aparte), pero no pudo realizar la cena política que tenía prevista. El principal evento debía tener lugar en septiembre. La pandemia lo frustró. La intención era que las cenas de Villa Bugatti eran algo más que una simple reunión de amigos: allí se debía ir a dejarse ver. Todo el que aspiraba a 'ser alguien', debía aparecer por las instalaciones del Maresme.

El 14 de septiembre de 2019 fue la última cena ‘política’. Ese día, se dieron cita allí políticos de la talla del presidente del Parlament, Roger Torrent (también de ERC, como Vendrell), así como el consejero Miquel Buch, que había sido alcalde de una localidad cercana. Pero también estaban consejeros republicanos como la de Justicia, Ester Capella, el de Educación, Josep Bargalló, y el de Trabajo, Chakir El Homrani. Los acompañaban consejeros de JxCAT como el de Territorio, Damià Calvet, y el de Políticas Digitales, Jordi Puigneró.

No faltaban otros políticos como el presidente del grupo Parlamentario de ERC en la cámara autonómica, Sergi Sabrià, la exportavoz del Govern y exconsejera de Presidencia Elsa Artadi, hoy líder de JxCAT en el Ayuntamiento de Barcelona. También estaban la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, la de Sant Cugat, Mireia Ingla (una de las localidades en las que Vendrell había puesto su interés para expandir negocios), o personajes ligados al independentismo como el sociólogo Salvador Cardús. Se trataba, pues, del encuentro de la flor y nata del independentismo.

Atento al bolsillo, Vendrell no desatendió el sector de los negocios: entre los presentes también estaban los presidentes de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, y de Pimec, Josep González, además del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, y la presidenta del Puerto, Mercè Conesa.

El invitado estrella era Juan Rosell, expresidente de la CEOE, que ese día anunció una alianza empresarial con el exdirigente de Esquerra. Lo que pocos imaginaban era que el espacio idílico en que se encontraban era, en realidad, un fraude urbanístico de primer orden, abierto con trampas y mentiras que salpicaban a los principales cargos municipales locales, que permitieron saltarse a la torera las normas urbanísticas para que Vendrell tuviese su centro de operaciones y de influencia en Villa Bugatti.

En el pasado mes de mayo, ante la inminente temporada de verano, Vendrell intentó que el ayuntamiento legalizase las actividades, aunque la palabra final es de la Generalitat de Cataluña. A lo largo de meses, los investigadores pusieron su diana en el 'pelotazo' del Maresme y llegaron a la conclusión de que tanto el alcalde, Jordi Mir, como el concejal de Urbanismo, Enric Mir, y el propio Vendrell intentaron blanquear el asunto con un expediente de regularización de actividades y de licencia, pero estaba paralizado. Ese expediente preveía la regularización de algunos edificios de la parcela, pero también la construcción de la mencionada escuela de educación especial, el hotel residencia para estudiantes e instalaciones para la restauración y celebraciones.

Obras ilegales y aforo ‘reventado’

En realidad, cuando el Ayuntamiento de Cabrera de Mar aprobaba la recalificación, en el complejo de Villa Bugatti se estaban haciendo obras y movimientos de tierra ilegales. La mayor preocupación de los implicados era ocultar esas obras al arquitecto municipal para evitar una inspección, aunque Patricio Chadwick, socio de Vendrell, dejaba ir sus sospechas hacia una militante de la CUP de Cabrera que conocía todas las irregularidades. Vendrell lo tranquilizó asegurándole que la ‘cupera’ era como su hija.

Lo que sí está acreditado, pues, es que ni las obras ni las actividades de Villa Bugatti estaban legalizadas. De hecho, solo existe un expediente municipal del año 1993 que establece un aforo de Villa Bugatti en 350 personas. Sus propietarios, sin embargo, organizan fiestas que sobrepasan con creces ese aforo. En su web, la Villa publicita las cenas de verano como un espacio con capacidad para 500 personas. Pero también tiene salones de 320, 600 y 80 metros cuadrados, así como unos jardines de 8.000 metros cuadrados que son alquilados para ceremonias.

Cuando Enric Mir expuso a Vendrell sus temores a que la Generalitat tirase de las orejas al Ayuntamiento, el exdirigente de ERC le tranquilizó. “Aquí vendrá Torra a inaugurar, que no vendrán de la Generalitat a pedirte explicaciones”, le razonó al edil. El político reconvertido en empresario llegó a hablar con el director general de la Policía, Brauli Duart, quien le aseguró que de cara al verano haría controles policiales informativos para contentar al ‘president’, pero que, en realidad, todo era una pantomima.

Los vecinos, molestos

A la cúpula municipal y a Xavier Vendrell les preocupaban dos cosas: la primera, la actitud del entonces secretario municipal, Albert Mustarós, que se oponía a las irregularidades, ya que la modificación del POUM se tenía que realizar a través de un plan parcial. En el mes de agosto, Mustarós fue destinado al Ayuntamiento de Arenys de Mas y la cúpula municipal aprovechó para que el proyecto lo firmase un secretario accidental (al que, según se ufanaba el concejal de Urbanismo, había ‘apretado’ para firmar el expediente).

La segunda piedra en el camino era la actitud de los propietarios de una finca cercana, en la que también se celebran fiestas como en Villa Bugatti pero que tiene todos los permisos en regla. Ante las eventuales alegaciones al proyecto, Enric Mir le aseguró a su colega de Esquerra que desde el consistorio se podría decir que cuando llegasen las alegaciones estaban “fuera de plazo y a tomar por culo”.

No es neutral el papel de Ramon Vila, quien asesoraba a los políticos sobre cómo legalizar las obras que se estaban acometiendo en la finca

En septiembre, Mir le pidió si conocía a algún secretario que pudiera ser afín… “ya me entiendes”. Y Vendrell, ni corto ni perezoso, le contestó que se lo tendría que pedir a Marc Sanglas, que es diputado y secretario de Política Municipal de ERC. El concejal le explicó que lo que le interesa es un secretario afín a su partido, ya que el que tenían hasta ese momento era un funcionario neutral políticamente. En otras palabras, venía a decir que para realizar determinados ‘trabajos’, necesitaba un secretario politizado. Vendrell era partidario de enviar cuanto antes la documentación a la Oficina Tècnica d’Avaluació (OTA) y conminó al concejal a darse prisa, para, en cuanto se presentase el expediente, llamar al secretario general de la consejería de Territori, de la que depende la OTA. El expediente llegó a la Generalitat el pasado 12 de octubre, según ha podido comprobar El Confidencial, y está “en evaluación”.

No es neutral tampoco el papel de Ramon Vila, arquitecto municipal, que firmó un informe favorable a la recalificación y asesoraba a los políticos sobre cómo legalizar las obras ilegales que se estaban acometiendo en la finca.

Los informes que se han ido haciendo desde hace un año son contundentes: Xavier Vendrell disfruta del trato de favor de Jordi Mir y de Enric Mir, que son conscientes de las ilegalidades y de que la construcción de su amigo no dispone de los permisos necesarios para realizar cenas ni espectáculos. Ni siquiera bodas, bautizos y comuniones.

ANTONIO FERNÁNDEZ y JOSÉ MARÍA OLMO - EL CONFIDENCIAL

28/10/2020

La trama de ERC cobró por gestionar el COVID, extravió ancianos y tapó el escándalo

Las intervenciones telefónicas revelan que el Govern de Quim Torra delegó en Xavier Vendrell la gestión de la crisis sanitaria en las residencias durante la peor parte de la primera ola.

Las intervenciones telefónicas de la operación de la Guardia Civil contra el presunto desvío de fondos públicos a la estructura belga de Carles Puigdemont y la plataforma de Tsunami Democràtic han revelado que el Gobierno de Quim Torra recurrió a uno de los principales investigados, el exdirigente de ERC y empresario Xavier Vendrell, para gestionar la crisis desatada en las residencias de la tercera edad de Cataluña por el covid-19 durante los meses de marzo y abril.

Las escuchas desvelan ahora que la Generalitat provocó presuntamente el contagio de residentes sanos al mezclarlos con otros infectados, llegó a perder completamente el rastro de algunos residentes e impidió que muchos de los enfermos fueran tratados en hospitales. De las conversaciones, también se desprende que los líderes políticos catalanes maniobraron para que el caos de las residencias no solo no trascendiera a la opinión pública, sino que ni siquiera se informara a los familiares de los propios afectados.

Según las diligencias, el Gobierno catalán creó un comité de crisis sobre la situación de las residencias y dejó su liderazgo en manos de Xavier Vendrell, el exdirigente de ERC y empresario detenido este miércoles en Barcelona por la trama del 'procés' y delitos de corrupción urbanística, entre otros. La presencia de Vendrell en ese órgano se mantuvo en secreto porque, oficialmente, no ocupaba ningún puesto en el escalafón de la Generalitat, aunque las intervenciones telefónicas de la llamada operación Voloh han revelado que tenía hilo directo con el actual presidente autonómico, Pere Aragonès, y otros líderes de ERC, como la fugada Marta Rovira.

En paralelo a las gestiones de Vendrell para la Generalitat, la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA, la patronal del sector), Maria Cinta Pascual, también recurrió a él en los peores momentos de la primera ola para encargarle la búsqueda de centros alternativos a los que poder trasladar a personas enfermas de covid-19. Por esa labor, Vendrell pactó que se le retribuiría con un salario de 5.000 euros mensuales, aunque cobraría este dinero a través de una de sus sociedades, llamada Fòrum 1406 SL, porque no quería que su nombre apareciera en ningún papel.

Las investigaciones que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona apuntan a que el comité de crisis del Govern debía coordinar la labor de las consejerías de Salud y Trabajo (las residencias de ancianos dependían, en un principio, de Trabajo), patronal y médicos. Vendrell solo puso una condición: que le permitieran montar su propio equipo, de seis personas, entre las que metió a Marta Molina, alias ‘Mandela’, una de las dirigentes de Tsunami Democràtic (manejaba un grupo de 120 personas formadas en guerrilla urbana) detenidas este miércoles.

Los seguimientos al empresario y ex alto cargo de ERC afloraron decenas de irregularidades en la gestión de la pandemia. En una de las escuchas, efectuada el pasado 2 de abril, Vendrell y Pascual comentaron que el Consorcio Sanitario de Barcelona, integrado en la red del Sistema Catalán de Salud, controlado por ERC, había trasladado a ancianos sanos a unas instalaciones que estaban ocupadas por residentes contagiados. “Han llevado a ancianos de una residencia a otra que eran negativos y como habían tardado en dar el resultado, aunque había dado negativo, ya se habían contagiado”, contó Vendrell. En otro de los pasajes, el exdirigente de ERC confesó que los responsables de las clínicas encargadas de acoger a los ancianos enfermos desconocían la dieta de cada paciente e incluso la medicación. Algunos de los residentes llevaban varios días sin comer, se escucha en otra grabación. Vendrell también admitió que la gente estaba muriéndose en las instalaciones que él mismo estaba gestionando por "centenares".

Así, en otra intervención telefónica, Vendrell y sus interlocutores revelan que se perdieron ancianos en los traslados. El 4 de abril, el responsable de una mutua habló con Vendrell para comunicarle que se había perdido el rastro de una anciana de la residencia Marvi Park. Lo único que se sabía es que la habían trasladado a un hospital, pero nadie sabía exactamente a cuál. “Parece ser que nadie de la residencia de origen la ha acompañado y ahora no saben dónde está”, dijo el responsable de la mutua. No era el único caso. “En Magic, me han dicho que tenían a otro abuelo en la misma situación. Que esta mañana o ayer también lo enviaron en ambulancia y no saben en qué hospital está ingresado. Y que no es solo un caso, que hay otro que procede de la misma residencia”, explicó a Vendrell la misma persona.

El descontrol en la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales era de tal calibre que, el pasado 8 de abril, Torra optó por quitarle las competencias a este departamento, del republicano Chakir El Homrani, y traspasárselas a la Consejería de Salud, encabezada por Alba Vergés, del mismo partido. En otro audio, una responsable del Consorcio Sanitario, Montserrat Casamitjana, confiesa que tenía órdenes de trasladar a los hospitales y otros centros de atención sanitaria únicamente a los ancianos que tenían opciones de superar la enfermedad. “Cuando se ha cerrado la residencia Nova Alegría, se han quedado tres terminales y se han llevado a los otros”, afirmó la gestora.

A Vendrell y los responsables de la Generalitat les preocupaba que estos episodios llegaran a los medios de comunicación. Ni siquiera se comunicaban los traslados a los familiares de los residentes, como reflejan varias llamadas del 3 de abril. También ese día, el antiguo cargo de CiU habló con la presidenta de ACRA sobre el caso de una mujer de 76 años que supuestamente había sido rechazada por el sistema sanitario catalán. “La cabeza la tiene bien, pero se morirá y ya está. Tiene 76 años, que no tiene 90, y no la derivarán”, contó Pascual, justo antes de subrayar que la situación era dramática. “Salut no tiene cojones de decirlo”, dijo la representante del sector, insistiendo de nuevo en el miedo que tenía la Generalitat a que llegara el escándalo a la población.

La Guardia Civil también detectó conversaciones de Vendrell con responsables de ERC. Por ejemplo, habló con Marta Rovira, la dirigente de ERC fugada en Suiza, y con el entonces vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, para quejarse de que el Departamento de Salud había “puteado” al de Trabajo, ya que El Homrani no podía hacer pruebas PCR porque no le asignaban médicos ni enfermeras. En otra conversación, reconoció a su interlocutor que en la cúpula de ERC estaban muy preocupados porque no tenían un equipo de gestión a la altura de la crisis. Su labor estaba siendo un desastre. Uno de los blancos predilectos de sus críticas era la consejera Vergés. Un tal Eduard, con el que habló Vendrell el 12 de abril, la atacó con insultos machistas. “Qué puercas las mujeres, qué puercas”. Para entonces, ni siquiera se sabía cuántos ancianos se habían infectado, cuántos estaban sanos y cuántas camas quedaban libres.

Con todo, Vendrell nunca perdió su pulsión independentista. En esas mismas conversaciones, pidió al Govern que hiciese una compra masiva de test por dos motivos: “Uno, socioeconómico. Para salir de esta crisis, se han de hacer test a saco (…). Y segundo, porque políticamente es clave que salgan antes que España”. “Cuando se dice que somos una nación, no hacerse el llorón por el número de mascarillas que han enviado [en relación con las críticas vertidas por el consejero de Interior, Miquel Buch, cuando el Gobierno español envió sus primeros dos millones de mascarillas a Cataluña], sino tener a la gente testada antes que nadie”, sostuvo Vendrell. Para el responsable del grupo de crisis, era prioritario diferenciarse políticamente “de manera potente respecto al Gobierno español”.

Asimismo, la Guardia Civil interceptó conversaciones de Vendrell con el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós, también de ERC. Vendrell llegó a ufanarse de que trabajaba “para dos autoridades: para Cinta y para Oriol Amorós”. Los protocolos de la Generalitat era tan caóticos que Amorós montó una línea de compra de material sanitario paralela a la oficial, que se hacía a través de la empresa pública Logaritme. El propio Amorós calificó a los de esa empresa de operar “como una mafia”.

Las grabaciones sobre la gestión de la pandemia están incorporadas al sumario junto a las de otros presuntos episodios de corrupción, como la recalificación de los terrenos de una finca del propio Vendrell en el Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona), gobernado por Junts per Catalunya y ERC. El alcalde y el concejal de Urbanismo fueron detenidos este miércoles. También se rastrean operaciones presuntamente ilegales de David Madí, otro de los encausados, con diferentes organismos públicos controlados igualmente por el independentismo.

ANTONIO FERNÁNDEZ y JOSÉ MARÍA OLMO - EL CONFIDENCIAL

30/10/2020