Bulo, rumor y censura

El Consejo de Ministros acaba de presentar el proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación para obligar a los creadores de contenido, que tengan más de cien mil seguidores, a rectificar bulos y/o informaciones falsas a petición de la persona o instituciones afectadas en tres días desde su publicación. La nueva norma viene a equiparar, a los efectos del derecho a la rectificación, a los ‘influencers’ con los medios de comunicación tradicionales forzando hasta límites poco razonables la responsabilidad de un tuitero, o youtuber, o podcaster@, con un diario o una emisora de radio convencionales. En todo caso ya se han levantado acusaciones que denuncian un intento de censura contra las voces críticas que se multiplican por las redes denunciando casos de corrupción o abusos desde el poder. Porque es de incautos esperar que sea el poder quien decida lo que es verdad y lo que es mentira. Los que trabajamos en medios de comunicación tradicionales aprendimos desde becarios la diferencia entre un rumor y una información; entre un hecho comprobado y un bulo prefabricado. Por eso son contados los casos de uso del derecho de rectificación en la prensa diaria. Los mecanismos legales existentes, el Código Penal, Civil y Deontología profesional, junto al protocolo de rectificación de cada medio ya defienden a los ciudadanos de eventuales informaciones que puedan no ajustarse a la verdad.

JUAN CARLOS VILORIA - EL CORREO (VÍA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD)