Sánchez fuerza espuria y públicamente la independencia judicial y al TJUE, de cara al fallo de la amnistía

En una situación muy difícil de describir, más bien imposible de hacerse en situación de entendimiento entre seres racionales, el presidente del Gobierno está forzando, presionando y corrompiendo sus facultades criminalmente, obligando y condicionando la independencia judicial y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para pervertir espuriamente el fallo que ha de producirse en relación con la ley de amnistía.

Esto podría ser gravísimo decirlo, pero remito al minuto 40:01 de su comparecencia de balance anual del 15 de diciembre del recién terminado 2025, en Moncloa, ante los medios nacionales e internacionales, para su constatación, que adelanto aquí resumidamente:

“Esta ley hoy, pese a lo que algunos dijeron que era ilegal, ha sido validada nada más, ni nada menos, que por instituciones —quiero que lo sepan los ciudadanos— muy acreditadas en el ámbito internacional, como, por ejemplo, la Comisión de Venecia, también la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y, más recientemente, el Abogado General del TJUE. Por tanto, es constitucional, como siempre dijimos que iba a ser esta ley de amnistía; es legítima y está dando resultados. Lo reconoce precisamente ese informe del Abogado General, cuando habla de que esta amnistía se está aplicando en un contexto, en un marco de reconciliación entre la sociedad catalana y dentro de la sociedad catalana…”

Esto es absolutamente mentira y es un forzamiento público y delictivo al TJUE. La Comisión Europea emitió un demoledor informe calificando la amnistía de “autoamnistía” y contraria al Estado de Derecho: no responde a un interés general, sino como acuerdo y pago político para la concesión de siete votos para poder obtener una mayoría de investidura el actual presidente del Gobierno. Contraviene los principios del Estado de Derecho y los valores de la UE, y la Comisión de Venecia dice que no sigue sus recomendaciones y vulnera los principios del rule of law.

Es de tal gravedad el forzamiento que pretende el presidente del Gobierno a la independencia judicial, a los magistrados y al propio TJUE, y más aún anunciando lo que debe ser la sentencia, que, evidentemente, la situación es de extraordinaria gravedad y de pleno y directo ataque frontal a los fundamentos del rule of law de Europa.

AMALIO DE MARICHALAR - ELCATALAN.ES