'Alea jacta est'

Alea jacta est

A PESAR DE no contar con ningún César y de que el Rubicán nos caiga muy lejos, parece que la suerte esté echada. Digo parece porque, salvo que el TSJC cambie de parecer en su sentencia y re­voque las medidas cautelarísimas que han provo­cado que, hoy por hoy, las elecciones catalanas tengan lugar el 14 de febrero, nos hallamos ante una encrucijada de imprevisibles consecuencias.

Agotada la legislatura, con el Parlamento cata­lán disuelto, un presidente de la Generalitat inha­bilitado por desobediencia y a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique tal inhabilitación, unos partidos políticos que nos machacan con la cantinela cortoplacista habitual y no logran insu­flarnos alicientes suficientes como para movilizar a una ciudadanía un tanto perpleja, podemos es­tar ante unas elecciones en las que el reparto de la abstención entre las distintas circunscripciones decante la composición del futuro parlamento y, por consiguiente, la formación del futu­ro gobierno.

Las dos grandes tendencias políticas en las que se agru­pan los pro y los anti secesionismo llegan divididas a la consulta electoral. Nada nuevo, por cierto, ya que lo mismo sucedió en las convocatorias anteriores, saldadas, siempre, con el triunfo en votos de los partidos no secesionistas, que no tiene traducción en los escaños por ellos obtenidos ya que la ratio votos escaños no se corresponde con el derecho al voto de igual valor preconizado por la Constitu­ción y recomendado por la Comisión de Venecia.

El voto secesionista se concentra en ciertas circunscripciones (Lleida y Girona. básicamen­te), en donde el voto de cada persona tiene un valor de 2.4 veces mayor que el voto emitido en las grandes zonas urbanas, factor que en Esta­dos Unidos fue declarado anticonstitucional por el Tribunal Supremo (sentencia Reynolds v. Sims de 1964), lo que obligó a la reforma de las leyes electorales de las asambleas legislativas en diversos estados, por considerarse que un voto tan claramente desproporciona! deteriora­ba la calidad del sufragio. Caro que el sistema de protección de derechos electorales es muy distinto en EEUU que en España, donde los particulares no contamos con procedimientos efectivos similares. Pero al nacionalismo nun­ca le interesó el concepto de sufragio igual, comportando que cada persona tenga un voto y que valga lo mismo el voto de cada persona.

Por cierta recordemos también que el Estatuto de Autonomía actual, ese que fue aprobado con el voto de menos de la mitad del censo, blindó la po­sibilidad de cualquier cambio al respecto, porque se impuso la necesidad de que ello tuviera que ser acordado por 2/3 del parlamento catalán. Por lo que, tenemos lo que tenemos para rato, cosa que no constituye ningún aliciente para el voto constitucionalista sino más bien lo contrario.

A esta falta de incentivos se añaden ahora las circunstancias derivadas de la pandemia y el fac­tor añadido de la campaña contra el voto por co­rreo que un sector del secesionismo ha comenza­do en redes, en la más pura estrategia de deslegitimación de un hipotético resultado electoral que no les fuera favorable, como si de vulgares imita­dores de Trump se tratara.

NO ESTÁ NADA claro cuál puede ser el resulta­do electoral en estas condiciones. Visto que no pa­recen plausibles acuerdos electorales previos que pudieran favorecer el voto no secesionista, no sa­bemos cómo puede jugar la abstención. Tampoco si la división que presenta el nacionalismo sector en el que parecen emerger opiniones menos radi­cales que las defendidas por la antigua Conver­gencia o Esquerra Republicana (no hablemos ya de la CUP y afines), puede también incentivarla en sus zonas de mayor influencia.

Va comenzar, pues, una campaña en la que, a pesar de las decisiones del Tribunal Supremo, la Generalitat acaba de acordar el tercer grado a los condenados por la sentencia del procés. que po­drán intervenir en la campaña electoral, ya vere­mos con qué eslóganes. Va a comenzar una cam­paña distinta, en la que los partidos van a tener que desplegar con ahínco la imaginación para que, salvo los convencidos de siempre, exista su­ficiente motivación para acudir a las urnas. Saber que es difícil ganar y el miedo a la pandemia, agi­tado desde las instancias oficiales, juega en contra de las opciones constitucionalistas.

Pero según recientes encuestas, las espadas están en alto, sin que se vea con rotundidad un claro ganador. Los movimientos habidos en las candidaturas buscan crear un efecto movilizador que no está claro en qué sentido puede jugar. Y parece ser que, en función de lo que se obtenga, los resultados pueden potenciar la repetición de un gobierno del secesionismo o la vuelta a un nuevo tripartito. Todo un déjá vu. Quedaría por explorar la posibilidad de un parlamento en el que los partidos no secesionistas tuvieran la mayo­ría y pudieran formar gobierno, lo cual constitui­ría una novedad importante, pero sería necesario para ello que tales partidos, además de obtener la mayoría en votos y en escaños, generasen acuerdos de gobierno que fueran claros en el respeto a la democracia y al Estado de Derecho. Y nadie quiere pronunciarse con claridad al res­pecto porque temen perder votos o que sean los otros quienes los ganen.

ASÍ QUE NO sabemos tan siquiera qué res­puestas ofrecen los distintos partidos a los acuciantes problemas de la distribución competencial o del ejercicio de derechos ciudadanos. No aclaran, algunos, si quieren reforzar los lazos fe­derativos o si prefieren continuar centrifugando competencias, al modo confederal generando discutibles mutaciones constitucionales. Tampo­co aclaran, otros, si «lo volverán a hacer» o si amagan con una moderación que recuerda a lo que antaño era «ahora paciencia y mañana inde­pendencia». Ni nos explican sus opciones sobre lo que nos viene encima y nos va a exigir Euro­pa. El recuerdo de las togas y el miedo al virus van a formar parte de nuevos «indicadores elec­torales» con los que hasta ahora no contábamos. Veremos qué da de si todo ello.

Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitu­cional.