ERE que ERE

De los dieciséis jueces, entre instructores y juzgadores, por cuyas manos pasó el caso de los ERE, sólo cuatro rechazaron la malversación que la Audiencia de Sevilla y el Supremo apreciaron en sus respectivas sentencias. El dato ayuda a comprender la cautela del tribunal sevillano, autor del veredicto original, a la hora de consultar a la Corte europea antes de aplicar la resolución del Constitucional que revocó las condenas. Esa cuestión prejudicial contiene una potente requisitoria contra el “riesgo sistémico de impunidad de la corrupción política” latente en la “interpretación restrictiva” del órgano de garantías, y al mismo tiempo una denuncia sobre la posible creación de una doctrina del delito de prevaricación redactada a medida de los intereses de los dirigentes socialistas. Se trata de un debate mucho más importante que el de la simple y legítima discrepancia jurídica: está por medio la cuestión fundamental de la autonomía de la Justicia.

IGNACIO CAMACHO - ABC (VÍA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD)