«Equilibrio lingüístico» de español y catalán

El programa electoral del PP promete devolver al castellano su rango de lengua vehicular de la enseñanza que el PSOE y Podemos quitaron in extremis de la Ley Celaá para complacer a ERC. Si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa. tanto el español como la lengua cooficial se regirán bajo un «patrón de equilibrio lingüístico», una expresión sacada directamente de la sentencia del Tribunal Constitucional de mayoría progresista que el pasado abril avaló la Lomloe tras ser recurrida por Vox y por los propios populares.

No se menciona ni el reclamado 25% de clases en español ni la infrautilizada figura de la Alta Inspección del Estado. A cambio, se habla de «asegurar que todos los estudiantes escriban y se expresen correctamente en castellano y en la lengua cooficial correspondiente», una fórmula con la que el PSOE se sentiría cómodo, pues es muy parecida a la que figura en su ley.

En realidad, toda la parte educativa del programa está redactada de forma ambigua y con un celo exquisito para que nadie pueda sentirse ofendido y sea viable el «consenso» y el «diálogo vertebrado y vertebrador». Feijóo busca un «Acuerdo Social en Educación» (ya no se habla de Pacto de Estado, pues éste resultó fallido) y huye de explicitar los puntos de fricción que lo impedirían.

No hay ni rastro de las reválidas (habrá pruebas en Primaria «sin efectos académicos» y unos tímidos «estándares nacionales de evaluación» en ESO y Bachillerato), ni tampoco del MIR educativo (sólo se dice que se potenciará «la cultura de la evaluación docente» y se mejorará la formación del profesorado).

El programa se sitúa en un espacio equidistante en el que no aparecen medidas que durante décadas han sido la esencia educativa del partido y desaprovecha la oportunidad de arriesgar con fórmulas que han tenido éxito en otros países, como extender la educación obligatoria cíe los 16 a los 18 años.

No parece existir ya el propósito de derogar la Ley Celaá (el programa sólo habla de «reformular» esta norma) o de fulminar la Losu (simplemente se dice que se «revisará»). El PP es consciente de que las familias están cansadas de tantos bandazos legislativos y que quizá juegue en su contra promover una nueva norma, que sería la décima en democracia, así que apuesta por «ofrecer un marco de estabilidad por encima de debates ideológicos» y porque la educación «deje de ser un terreno para el enfrentamiento entre posturas sectarias y pase a ser un lugar de encuentro».

Se ha preservado, eso sí. la línea roja del artículo 27 de la Constitución. que reconoce la libertad de los padres para elegir el modelo de educación para sus hijos (un blindaje de la concertada y la educación especial, amenazadas por la Ley Celaá). Y se conserva la apuesta por «el esfuerzo y el mérito», con un refuerzo de las asignaturas troncales, como Lengua y Matemáticas y contenidos de «alta calidad cien tífica» y «humanismo».

También se ha mantenido el compromiso de implantar una prueba de acceso a la universidad «común» (ya no se dice «única») para todo el territorio nacional con unas «condiciones básicas» fijadas por el Gobierno «previa consulta a las CCAA y a los órganos de representación de las universidades». Además, se recuperarán los itinerarios en los últimos cursos de la ESO que quitó el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

En universidades, las medidas son concisas pero apuntan directamente a la raíz del problema: una financiación de las universidades que no tenga en cuenta sólo el número de estudiantes sino el porcentaje de los que se gradúan y su empleabilidad, una mayor rendición de cuentas y un nuevo programa para atraer talento extranjero.

Sorprende que la parte educativa se haya ubicado en esta ocasión dentro del paquete asistencial del programa electoral, junto a la violencia de género o «la igualdad LGTBI», cuando en anteriores elecciones ha estado en el bloque de medidas estratégicas, junto a la innovación y el talento.