Fiscalía no, bufete de Begoña y Puchi

Para qué quieren Begoña Gómez y Puigdemont letrados si con la Fiscalía de Álvaro García Ortiz y la Abogacía del Estado tienen el mejor de los bufetes. Parece fácil de escribir, pero duele hacerlo: el Ministerio Público español, que debe velar por la legalidad, y la Abogacía que pagamos todos, que ha de defender los intereses de España, le pidieron recientemente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que estimara el recurso del forajido para que se le amnistíe la malversación. Dos instituciones capitales del Estado de derecho, cuyo ánimo debería ser el de proteger nuestros intereses, se dedican a abdicar de su sagrada misión bajo las órdenes políticas de un desaprensivo, dedicado, por un lado, a proteger sus votos en el Congreso y, por otro, los intereses de su mujer. De hecho, en estas últimas horas, el juez que investiga a la catedrática Gómez por presunto delito de tráfico de influencias insiste en indagar su relación con el rescate de Air Europa ante lo que el Ministerio Público presenta un recurso mucho más extenso y más enfático que el que ha redactado el exministro socialista Antonio Camacho, a la sazón abogado de la imputada. Es decir, el fiscal defiende más a Begoña (y al forajido) que a los españoles, a los que se debe