La Fiscalía indigna a la Policía al cuestionar sus informes sobre Miguel Ángel Blanco

Los agentes afean al fiscal Rubira que cuestione informes claves sobre la implicación de los jefes de ETA en el asesinato del concejal de Ermua

La actitud de Pedro Rubira, el fiscal que fue el jueves a la toma de declaración de Mikel Antza en la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, tras no acudir Vicente González Mota en protesta por las presiones de sus superiores, ha causado un profundo malestar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las víctimas del terrorismo.

González Mota se plantó tras recibir directrices para que considerara prescritos los hechos para Anzta,Anboto e Iñaki de Renteria, según desveló ELMUNDO. La orden de no acusar procedía de la Secretaría Técnica, que todavía dirige el futuro fiscal general, Álvaro García Ortiz. Tras la disconformidad del primero, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ordenó a Rubira acudir a la toma de declaración. Hay un antes y un después entre ambos, según los agentes y las víctimas, que no entienden que en su intervención este fiscal rebajara la importancia de los informes de inteligencia presentados por la Guardia Civil el pasado día 1 ante el juzgado de instrucción de Manuel García Castellón.

A lo largo de 200 folios y varios anexos, los agentes aportaban los datos requeridos por el juez sobre los integrantes de la dirección de ETA en el momento en que se produjo el asesinato. Estos informes, que se requirieron a la Guardia Civil, a la Policía y a la Ertzaintza, fueron solicitados por el instructor con el aval de la Fiscalía. García Castellón entendió que esta documentación de inteligencia podía ser sustancial cuando reactivó la causa, tras la presentación de una querella de Dignidad y Justicia contra quienes en 1997 estaban en la cúpula de ETA. De entre ellos, los informes señalan a José Javier Arizcuren, Kantauri; Mikel Albisu, Mikel Antza; Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Renteria, y María Soledad Iparraguirre,Anboto.

Los informes concluyen que la actuación del comando Donosti sólo pudo producirse por decisión del Zuba (comité ejecutivo de la banda) y que, mientras duró el secuestro, sus miembros tuvieron en su mano la posibilidad de desactivarlo. «Una acción terrorista de la relevancia para ETA como la del secuestro y posterior asesinato de Blanco no pudo llevarse a cabo sino con el conocimiento, planificación, orden y autorización expresa de su estructura dirigente, de su comité ejecutivo», afirman.

Su relevancia es clave. Por eso la sorpresa entre los operativos de la lucha contra ETA ha sido mayúscula cuando el fiscal Rubira ha rebajado la importancia de estos documentos como material probatorio contra los jefes de ETA. «¿Y, a partir de ahora, la Fiscalía va a mantener el mismo criterio sobre los informes de inteligencia? ¿O es sólo en los sumarios que afectan a los jefes de ETA?», se preguntan operativos especializados en la lucha contra la banda terrorista.

También existe el temor de que este nuevo criterio se use para fijar postura en el resto de causas contra jefes etarras. Porque no sólo en este sumario han sido requeridos estos informes, sino también en otros como el del asesinato de Gregorio Ordóñez, el atentado en la casa cuartel de Santa Pola o el atentado contra el magistrado del Supremo Querol Lombardero.

Según fuentes presentes en la comparecencia de Mikel Antza, la intervención del fiscal sorprendió a todos, salvo al jefe de ETA y a su defensa, quienes asentían con la cabeza mientras Rubira hablaba. Estas fuentes tuvieron la impresión de que ya conocían cuál iba a ser el posicionamiento del Ministerio Público.

«Es difícil no separar esta actitud del fiscal de la coincidencia temporal con que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acerque a 11 destacados etarras al País Vasco», recuerdan estas fuentes. De hecho, varios de los trasladados al País Vasco y Navarra en esta última remesa están siendo investigados como jefes de ETA en varios atentados.

2022-07-23

La Fiscalía ve ahora prescrito el asesinato de Miguel Angel Blanco

El fiscal Mota renuncia al caso en desacuerdo con el criterio del futuro fiscal general

La declaración ayer en la Audien­cia Nacional a los dirigentes de ETA Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza, y María Soledad Iparraguirre, Anboto, contó con un ausente. Fue el fiscal del caso, Vicente Gon­zález Mota, que no acudió a los in­terrogatorios por discrepancias in­ternas sobre el recorrido jurídico del procedimiento en el que se in­vestiga el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco.

Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, Mota recibió dos dí­as antes del interrogatorio una di­rectriz del fiscal jefe de la Audien­cia Nacional. En concreto, Jesús Alonso le señaló que los hechos es­tarían prescritos. El fiscal jefe remi­tió un correo electrónico al fiscal del caso donde le decía que había consultado la cuestión con la Se­cretaría Técnica de la Fiscalía Ge­neral del Estado -que dirige el fu­turo fiscal general, Alvaro García Ortiz- y que este órgano considera­ba que en la causa de Miguel Án­gel Blanco debe regir la doctrina de la prescripción tradicional fren­te a la tesis defendida hasta ahora por Vicente González Mota.

La tesis de este último fiscal es que el plazo de 20 años para la pres­cripción del secuestro y asesinato de Blanco no empezó a contar has­ta el momento del arresto de los je­fes etarras que supuestamente die­ron la orden. Es esa fecha de la de­tención la que pone en marcha el cómputo de la prescripción, y no el del momento del asesinato.

El motivo es que el fiscal conside­ra que mientras los jefes etarras se mantuvieron como miembros del Zuba, el comité de dirección de la banda, existió una continuidad en su actividad delictiva, ya que conti­nuaron durante años ordenando la comisión de atentados. La conexión entre la orden referida al concejal popular y otros atentados ordena­dos de los que aún no han pasado 20 años lleva a sostener que se les puede responsabilizar por lo suce­dido a Miguel Ángel Blanco.

Esa interpretación suponía que el asesinato del edil de Ermua no esta­ría prescrito para los etarras señala­dos por el informe de la Guardia Ci­vil: Mikel Antza y Anboto. Fueron detenidos en 2004, por lo que hasta 2024 no habrían pasado los 20 años de plazo de prescripción.

Se trata de una tesis jurídica no­vedosa con la que González Mota trataba de llevar a juicio a los ex je­fes de ETA. Frente a esta tesis, se encuentra el plazo de 20 años de prescripción que fijaba el Código Penal en el momento de los hechos y que se ha aplicado durante años.

El fiscal recurrió la prescripción de ‘Iñaki de Rentería' 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión del juez de dejar fuera de las imputaciones por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco al ex jefe de ETA Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'. El magistrado Manuel García Castellón consideró que, en su caso, los hechos debían de considerarse prescritos, al haber transcurrido el plazo de 20 años desde el momento en que fue detenido. Por tanto, desde el momento en que dejó de ejercer como dirigente terrorista. Así pues, el juez limitó las imputaciones a los otros tres jefes a los que también señalaba el informe de la Guardia Civil sobre la responsabilidad de la cúpula etarra en la muerte de Blanco. También la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, cuya querella contra quienes eran jefes de ETA en 1997 reactivó la causa, va a recurrir la declaración de prescripción.

Los recursos de reforma, presentados ante el propio juez instructor para que reconsidere su decisión inicial, buscan que 'Iñaki de Rentería' se convierta en el cuarto imputado por los delitos de secuestro y asesinato terrorista, sumándose así a José Javier Arizcuren, 'Kantauri'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; y María Iparraguirre, 'Anboto'.

Las distintas fuentes fiscales con­sultadas sostienen que Alonso, al ser una cuestión que puede afectar a la investigación de otros atentados de ETA, no sólo al del concejal de Ermua, decidió elevar una consulta al órgano que todavía dirige García Ortiz. Desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General le dijeron al fiscal jefe de la Audiencia Nacional que eran partidarios de aplicar la prescripción en este caso. El criterio, aseguran las fuentes informantes, era coincidente con el de Alonso.

Con este escenario, González Mota dijo a su jefe que él estaba dispuesto a cumplir la orden -si se la daba- y bajar a los interrogato­rios, pero que no estaba de acuer­do con la decisión de la Fiscalía General, en concreto del órgano que dirige en la actualidad García Ortiz, sobre la prescripción. Final­mente, el fiscal jefe decidió que a las comparecencias asistiría el fis­cal Pedro Rubira quien, tras defen­der el derecho de las víctimas a co­nocer todo lo que pasó con los su­yos, advirtió tras el interrogatorio a Mikel Antza de esa posible pres­cripción del delito. Además, para sorpresa de las acusaciones popu­lares, restó relevancia probatoria a los informes de la inteligencia po­licial obrantes en la causa.

En consecuencia, el representan­te del Ministerio Público no pidió ninguna medida cautelar y el juez Manuel García Castellón acordó la retirada del pasaporte para Antza y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado a petición de las asociaciones de víctimas y el PP.

Á.MARTIALAY, F.LÁZARO y M.MARRACO - EL MUNDO (PREMIUM)

Dignidad y Justicia

El sonido de las tórridas noches en vela entraba por la ventana veteado por el agua de los camiones cisterna que regaban las calles vacías. Los barrenderos rascaban las aceras con sus cepillos cuando se apagaba una vida de Madrid para encender otra. El ahorro de la nocturnidad firmó sentencias de muerte al sol antes de que el asfalto se derritiera. La limpieza de la ciudad invadía la madrugada cambiándole el olor, recién regada. Como cuando huele a lluvia. El silencio insomne de las horas febriles refrescó la presencia de su ausencia, el ruido de las últimas legiones. El verano de fuego de 2022 sigue su estrategia de tierra quemada.

Cuando nos alcance septiembre, todos titularemos por su nombre, un algo del nuevo curso. Suena más práctico adelantarse a los acontecimientos del enésimo otoño caliente para no coincidir con los poetas. Los niños, leo, van a estudiar en Madrid la barbarie de ETA con todas sus letras antes de que la Ley de Memoria Democrática culmine la nueva historia. Aún hay tiempo de recuperar las asignaturas del olvido sembrado en las generaciones que dicen no saber nada de Ortega Lara, que pasan por el 25 aniversario de Miguel Ángel Blanco encogidas de hombros. No puede ser.

Aquel otro verano de fuego desanudamos los pañuelos rojos de las gargantas y las calles se inundaron de manos blancas. De Pamplona volvimos rotos, atrapados por la valiente y noble reacción del pueblo navarro y con una fe cierta en un mañana que, por un momento, pareció prender la llama de la unidad frente al odio ciego. Nunca se debió abandonar aquel espíritu de Ermua ni cerrarse el camino que ahora se reabre. Por la vía de la educación y la senda de la reparación ante la Justicia que no siempre lo fue, que no siempre lo es. Que Antza, Kantauri y Anboto sean imputados como autores intelectuales de la ejecución de Blanco, que se reabran cinco sumarios con ex jefes de la banda terrorista como «autores mediatos», recupera un camino de esperanza que brota de la lucha innegociable de la asociación Dignidad y Justicia.

Cruza Madrid el paisaje de la luz, el atlas de los museos, la ruta de restaurantes, bares, tascas, neotascas, hoteles de amor y lujo y un mapa del terror de ETA que ha de estudiarse en las escuelas. Que no toda la memoria sea recuperar la placa de Largo Caballero. Para que cuando nos alcance septiembre no queden asignaturas pendientes.

ZABALA DE LA SERNA - EL MUNDO (PREMIUM)

2022-07-22

La cúpula de ETA, ante el juez por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

García Castellón escucha este jueves a «Mikel Antza» y «Anboto», mientras se debate la prescripción de los delitos para «Iñaki de Rentería»

IRENE DORTA - LA RAZÓN

2022-07-18