La cultura democrática no se impone, se aprende

El Gobierno ha acordado este martes la remisión al Congreso del anteproyecto de ley orgánica que establece la obligatoriedad de celebrar al menos un debate electoral en los medios de comunicación públicos durante las campañas.

El texto, que modifica la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), dispone que los candidatos de las formaciones con representación parlamentaria estarán obligados a participar en estos debates, enfrentándose a una sanción en caso de no contar con una causa justificada para no hacerlo.

Como cada vez que acomete una reforma legal concerniente a los medios de comunicación, el Ejecutivo ha invocado el fortalecimiento de nuestra democracia.

Pero este noble pretexto resulta inevitablemente sospechoso viniendo de un Gobierno con una acreditada trayectoria de recelo hacia la pluralidad informativa. Y que no se ha caracterizado precisamente por su compromiso con la transparencia ni con la rendición de cuentas cuando le incumbe a él mismo.