La Justicia sostiene el bilingüismo

La Justicia sostiene el bilingüismo

El TSJC tumba el intento de Aragonés de eliminar el 25% de castellano este curso al considerar que no se puede aplicar la nueva ley de la Generalitat • Los directores que retiraron el español pueden ser acusados de desobediencia

El tribunal señala que en los dos casos analizados, la Generalitat no alega cuáles son los «criterios pedagógicos individualizados que determinan la necesidad de modificar la decisión cautelar». Además, indica que «el uso mínimo del castellano, cautelarmente acordado, tampoco resulta afectado por la prohibición de porcentajes establecida» en la norma nueva del Govern y se establece «un criterio que rige para la elaboración de proyectos lingüísticos, a los fines de programación que le son propios, no siendo extensible al número real de horas lectivas que se imparten en una u otra lengua, que obviamente siempre ofrece parámetros numéricos o porcentuales».

A principios de curso, el consejero de Educación, Josep González Cambray, sacaba pecho al anunciar que «ninguna aula de Cataluña ni ningún centro educativo aplicará el 25% del castellano». No ha pasado ni un mes y la Justicia ha enmendado el intento de la Generalitat que dirige Pere Aragonés para acabar con el bilingüismo en la escuela. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) comunicó ayer a la Generalitat que rechazaba su petición para revocar las medidas cautelares ordenadas por los magistrados a las familias que tenían reconocido el 25% para sus hijos.

De esta forma, en dos centros de VilaSeca y el Prat de Llobregat se aplicará el bilingüismo pese a que la Generalitat consideraba que el porcentaje quedaba anulado al estar en vigor la nueva legislación, que establecía que el catalán era vehicular y el español de aprendizaje. En este sentido, a principios de curso el Departament de Educación instó a todos los centros escolares en los que se aplicaba el 25% en alguna de sus aulas, ya que alguna familia lo había pedido, a que dejasen de hacerlo.

De la treintena de centros en los que se aplicaba el 25%, unos 8 comunicaron a las familias que dejan de hacerlo siguiendo las directrices de la Generalitat mientras que el resto esperaba a tener más garantías judiciales. En este sentido, la decisión del TSJC conocida este jueves supone un golpe para la Generalitat que sin esperar a la resolución de sus recursos instó a los centros educativos a dejar de aplicar el 25%. Uno de los padres afectados por la decisión judicial, Jordi López, expresó su satisfacción ya que «prevalece la razón ante los despropósitos del Govern» y lamentó la vulneración de los «derechos fundamentales» hacia sus hijos por lo que cree que se deben «asumir responsabilidades», que podrían ser penales.

En su resolución, el TSJC recuerda que el «uso educativo» del español como lengua vehicular «tiene base constitucional» en la Ley Orgánica de Educación y señala que tanto el decreto ley del Govern de mayo como la ley del Parlament de junio sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria «establecen un modelo de enseñanza pública único, de monopolio lingüístico vehicular del catalán, donde la presencia del español debe definirse en función de unos criterios pedagógicos establecidos» en la norma y que «exigen de un análisis del entorno sociolingüístico de los centros, del entorno general y de los objetivos de normalización lingüística, y que deben realizarse de forma individualizada».

El tribunal señala que, en los dos casos analizados, la Generalitat no alega cuáles son los «criterios pedagógicos individualizados que determinan la necesidad de modificar la decisión cautelar». Además, indica que «el uso mínimo del castellano, cautelarmente acordado, tampoco resulta afectado por la prohibición de porcentajes establecida» en la

norma nueva del Govern y se establece «un criterio que rige para la elaboración de proyectos lingüísticos, a los fines de programación que le son propios, no siendo extensible al número real de horas lectivas que se imparten en una u otra lengua, que obviamente siempre ofrece parámetros numéricos o porcentuales».

El auto concluye que la medida cautelar que tienen las familias del 25% «no resulta incompatible con el nuevo marco normativo» y por eso rechaza la petición del Govern lo que abre la puerta a que se puedan pedir responsabilidades penales por desobediencia

al consejero y a los directores que hicieron caso de educación y dejaron de dar una asignatura en español contraviniendo una orden judicial. Por eso, la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), que representa a numerosos padres afectados, indicó que «los directores que han privado de enseñanza bilingüe a los alumnos que la tenían reconocida judicialmente se han situado al margen de la ley con los riesgos que ello conlleva» e insta a Josep González-Cambray para que informe «de los centros que han desobedecido las órdenes judiciales».

También le pide que «de forma inmediata se restaure la legalidad y los derechos de los alumnos que han sido privados de educación bilingüe» así como insta a los Inspectores Jefe de cada servicio territorial para «recordarles su obligación de velar por el cumplimiento de las normas reguladoras del sistema educativo en su ámbito de competencia» para que «se ponga fin a la desobediencia a las órdenes judiciales» en algunas escuelas e institutos.

El tribunal indica que el 25% «no es incompatible» con la nueva ley del Govern

Educación quiere hacer un frente común con los centros bilingües

Por su parte, la secretaria general de Educación de la Generalitat, Patricia Gomá, dijo que recurrirán los dos autos dictados por el TSJC ya que existe un nuevo «marco normativo» que hace «inaplicable» las resoluciones. Así, considera que el tribunal hace «filibusterismo jurídico» y de «retorcer los argumentos». «Nosotros y todo el país está defendiendo esta normativa, este nuevo marco normativo», dijo Gomá quien añadió que el tribunal especifica que los centros donde se aplicaba el 25% con anterioridad «deberán acreditar que «se ha hecho esta revisión de los proyectos lingüísticos, tal y como determina la nueva normativa».

Educación convocará la próxima semana a los centros educativos que aplican el 25% para «explicar la argumentación jurídica contra la resolución». Gomá cree que el aprendizaje de lenguas en cada escuela debe decidirse «con un criterio pedagógico» y lamentó la «judicialización extrema e infinita» de la educación en Cataluña pese a que fue la Generalitat quien recurrió ante el TSJC las medidas del 25% que se aplicaban en varios centros.

¿Empuja el Govern a los directores a desobedecer?

G. G.

La decisión del TSJC de mantener el 25% en las aulas deja entre la espada y la pared tanto a responsables de Educación como directores de centros que lo quitaron siguiendo órdenes de la administración catalana.

¿Qué estrategia siguió la Generalitat para desactivar el 25%?

Cuando se conoció públicamente que el 25% se debía de aplicar a todo el sistema educativo, tras adquirir firmeza la sentencia con el rechazo del Constitucional, la Generalitat consideró que la inmersión lingüística estaba en riesgo y junto a partidos y entidades independentistas usaron la escuela catalana como su principal caballo de batalla. Aprobaron varias normas para paralizar el bilingüismo que revisará el Constitucional. Pese a que es un proceso parado, la Generalitat anunció que recurriría ante el TSJC las medidas cautelares y sentencias del 25% concedidas y sin esperar a la decisión judicial ordenó a las escuelas que lo aplicaran este curso. Argumentaban que la nueva ley los amparaba.

¿Han cometido los directores y el consejero desobediencia?

Una decena de centros siguieron órdenes de la Generalitat y dejaron de aplicar el 25%. Así lo comunicaron a las familias, mientras que una veintena se han resistido a seguir las directrices de la Generalitat a la espera de tener más garantías judiciales. Los directores que han eliminado el 25% se exponen a una denuncia por desobediencia a los tribunales ya que el TSJC dejó claro que el 25% sigue vigente y que no está afectado por la normativa nueva de la Generalitat. También está en el punto de mira el conse ller Josep González Cambray por instar a los directores a cometer esta desobediencia.

¿Por qué no se aplica el 25% a todo el sistema educativo catalán?

El TSJC ordenó que el 25% se aplicase a todo el sistema educativo en 2020 y un año después el TC refrendó la decisión. Se abrió entonces un plazo para ejecutarse, pero la Generalitat consiguió in extremis paralizarla este verano con la aprobación de un decreto ley y una ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza. El TSJC planteó al TC una cuestión de inconstitucionalidad sobre estas normas al considerar que se vulnera la Constitución y el Estatut. Así, está suspendida cautelarmente su aplicación.