La lengua no son los porcentajes, sino la igualdad

La lengua no son los porcentajes, sino la igualdad

COMO la conversación siempre se desarrolla a la altura del más tonto, para preservar la salud intelectual debemos evitar a los nacionalistas. Si no les queda otra, como le sucede a servidor, conviene practicar regularmente algún ejercicio para mantener el tono neuronal. En mi caso, una vez al año, repaso mi manual de matemáticas de la carrera (el Chiang) y La Lógica de Hegel: la ciencia y la poesía, por resumir Aunque les confieso que cada vez avanzo más despacio. El roce mancha.

Entre las discusiones más envilecedoras destaca la de la lengua. Entontece a todo el que se aproxima. Basta con ver muchos de los argumentos para oponerse a las políticas nacionalistas: que si el español está en peligro; que las lenguas locales deben puntuar en el acceso a los trabajos, pero no ser requisito imprescindible; que si el porcentaje en la educación debe ser tal o cual.

El último ejemplo lo tuvimos en la pasada campaña electoral cuando Feijóo se comprometió a defender el 25% de castellano en Cataluña. Curioso: yo creía que cumplir la ley no es un proyecto, sino una obligación, que el programa comienza más tarde. Pero así estamos: respetar un semáforo es un mérito. Nada nuevo: en su día no faltaron quienes elogiaban a ETA por dejar de matar; por cumplir la ley. Cuando pague mis impuestos estoy por reclamar un regalo.

Perdón, el ejemplo de Feijóo era el penúltimo. El último lo tenemos en el nuevo gobierno balear que, mientras blasona de haber eliminado la exigencia del catalán para los médicos, la mantiene para «los profesionales del ámbito de la gestión y los servicios generales». Para la tropa, vamos.

Si nos tomamos en serio la igualdad, el debate se desplaza. El problema central no es la educación, que si bilingüismo, líneas separadas o porcentajes; sino la discriminación en el acceso a posiciones laborales o sociales. Mientras ésta se mantenga, habrá «vocaciones» en la educación. Y si pidieran arameo, habría demanda de semíticas. Una política igualitaria (y eficaz, por cierto) comenzaría eliminando los requisitos lingüísticos. Y si alguien tiene problemas, cosa rara cuando se tiene una lengua común, además de animarle si quiere prosperar en la vida al aprendizaje del castellano, se le puede proporcionar un traductor. En un hospital, por ejemplo, bastaría con cuatro o cinco. Y, desde luego, en ningún caso para optar a un concurso público (para impartir cursos sobre derechos humanos, presentar un proyecto urbanístico o trabajar en una oficina) se deberían pedir requisitos lingüísticos especiales: todos los ciudadanos, de todas partes, en condiciones de igualdad.

Entonces comprobaríamos el genuino interés de los ciudadanos por sus lenguas propias, su compromiso con su identidad. Me da a mí que pronto se disolverían la cháchara de los porcentajes y los fervores románticos.