La Ley de la Memoria Democrática es la Constitución de 1978

En las líneas que siguen voy a sostener, razonadamente, que la Constitución española de 1978 es nuestra verdadera Ley de Memoria Democrática y que la recientemente aprobada Ley 20/2022, del 19 de octubre, de Memoria Democrática es, por lo tanto, innecesaria (no hacía falta), engañosa (su título no responde a su contenido), espuria (carece de legitimidad por su parcialidad), e inconstitucional (por vulnerar ciertos principios y preceptos constitucionales)