Legalidad frente a insumisión

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Legalidad frente a insumisión

En un Estado de Derecho, los poderes públicos deben respetar la legalidad, y cuando no lo hacen se les puede obligar a través de la actuación de los tribunales. La garantía de los derechos individuales no es un tema de urnas cuando ya están reconocidos en la Constitución, es una cuestión de responsabilidad por parte de las administraciones competentes, que los deben proteger, y cuando no lo hacen es normal y legítimo que intervengan los tribunales.

Estas cuestiones, básicas para cualquier demócrata, todavía no parecen estar asumidas por la Generalitat de Catalunya. Y nos quieren vender como ataques y ofensas lo que no es más que normalidad democrática en favor de la gente, de sus derechos y sus libertades, que lógicamente están por encima de lenguas (las que sean), pueblos y quimeras separatistas.

Nadie más que el Gobierno de la Generalitat tiene la culpa de lo que está pasando, por utilizar la lengua como herramienta política, imponiéndonos a todos su modelo lingüístico en la enseñanza: la inmersión universal y obligatoria en catalán, que no está avalada por ningún informe europeo, por ningún tribunal, por ninguna ley.

Porque la inmersión obligatoria y universal en catalán no es el modelo legal de escuela catalana. Quien tenga duda puede consultar la Ley de Normalización Lingüística del 1983, o la de Política Lingüística del 1998, la LEC o el Estatut, junto con la sentencia del Constitucional que las interpretan, la 31/2010. ¿Cómo si no se explica que la Generalitat pierda todas las demandas en todos los tribunales?

La inmersión puede ser una opción, pero no una imposición.

Nos dicen que hay un 15% de colegios que ofrecen castellano vehicular, pero no nos quieren decir cuáles. Sospechoso que la consejera no nos de la lista al grupo parlamentario popular, ni al Ministerio, ni a los padres que piden enseñanza bilingüe... La duda, razonable, es que la lista no existe, una mentira más para engañar a la opinión pública.

También nos dice, el jueves el president que el nivel de castellano de los estudiantes catalanes al acabar la ESO es igual o superior a la media española. ¡Qué atrevida es la ignorancia! Porque este dato es desconocido: no hay una prueba de nivel, la misma, que pasen todos los alumnos españoles. Y curiosamente la prueba general que propone la Lomce la rechaza contundentemente la Generalitat.

El gobierno del Partido Popular ha actuado con prudencia, legitimidad y responsabilidad, porque el Estado es el garante constitucional de los derechos lingüísticos, que según todas las sentencias se están vulnerando en Cataluña.

El recurso interpuesto evitará que los padres, a título personal y con su dinero, tengan que enfrentarse judicialmente a la Generalitat, y resolverá definitivamente el problema que tenemos los catalanes que no compartimos la imposición de las lenguas ni la vulneración de derechos individuales.

Por eso la interposición de este recurso es una buena noticia para los que defendemos la libertad y la convivencia en el marco de la legalidad frente a una Administración incumplidora. Porque tergiversar y falsear la realidad, conculcar derechos, jugar con la insumisión debe tener consecuencias en democracia.

María José García Cuevas as diputada por el Grupo Popular en el Parlament de Catalunya.