Odio a los castellano-hablantes en Cataluña

Lean, por favor, este artículo de José Domingo

Aborda un problema ante el que muchos -y no solo en la izquierda- apartan la mirada.

Insisto en que la política lingüística que se desarrolla en Cataluña es ilegítima.

Y lo es porque supone imponer la utilización del catalán, con exclusión del castellano, la lengua oficial y mayoritaria de la población, tanto en la escuela como en la administración y en los medios públicos de comunicación.

Quienes reivindican su derecho a la utilización del castellano (siempre junto con el catalán, no existe -a mi conocimiento- ninguna petición de exclusión del catalán en la escuela o en la administración, simétrica a la exclusión del castellano que se practica en Cataluña) son hostigados de varias maneras; entre ellas mediante el señalamiento y el aislamiento.

El caso de Canet no es el único. En otros supuestos en los que se pidió la educación bilingüe (bilingüe, catalán y castellano; en ningún caso educación solamente en castellano) el nacionalismo, operando concertadamente desde la Generalitat, las administraciones locales y entidades de la sociedad civil, intentó amedrentar a quienes pedían el respeto de sus derechos con la intención de evitar que otras familias solicitaran lo mismo.

El caso de Canet es, sin embargo, el primero que concluye en una sentencia condenatoria en la que se establece que el acoso sufrido por la menor y su familia tenía como fundamento su pertenencia a un grupo, los castellanohablantes.

Lo anterior es muy importante. El discurso de odio (y, en su caso, el delito de odio) se dan cuando el ataque al individuo se da como integrante de un grupo. En el caso de Canet era claro, porque los mensajes amenazantes indicaban que, entre otros, la finalidad era evitar que otras familias solicitaran la educación bilingüe. Esto es, pretende coartarse la libertad de un grupo mediante el hostigamiento a uno de sus miembros.

¿Cómo puede estar pasando esto en España con la complicidad y participación de los poderes públicos (los autonómicos y locales) y el consentimiento de las autoridades estatales? ¿Cómo es posible que la actuación de las instituciones europeas se limite al Parlamento Europeo, que sí ha condenado la vulneración de derechos que se padece en Cataluña, pero con el ominoso silencio de la Comisión Europea, que debería velar por el respeto a los principios democráticos esenciales en toda la Unión?

Es responsabilidad de todos denunciar lo que está sucediendo en Cataluña. No estamos ante un conflicto "inventado", sino frente a uno bien real que nace del intento de unos de imponer su lengua a otros que, tozudamente, se niegan a plegarse a los planes de construcción nacionalista de Cataluña.

Como recuerda José Domingo en este artículo, la familia de Canet no es la única víctima; que ninguna caiga en el olvido y que el conjunto de la sociedad reivindique los derechos lingüísticos de todos; no solamente de los que pretenden ser los únicos que los tienen.

Quienes utilizamos el español también tenemos derechos lingüísticos, y no deberían ser de inferior nivel que los de los hablantes de cualquier otra lengua oficial.

RAFAEL ARENAS GARCÍA - FACEBOOK

Odio a los castellano-hablantes en Cataluña

LA AUDIENCIA Provincial de Barcelona ha dictado una sentencia histórica. Por primera vez en España, un tribunal reconoce que el acoso a castellanohablantes en Cataluña puede constituir un delito de odio por motivos lingüísticos. Los hechos se retrotraen a 2021. Un padre de Canet de Mar pidió que su hija recibiera parte de las clases en castellano y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le reconoció el derecho a que al menos un 25% de la enseñanza se impartiera en esa lengua. Pocos días antes, el mismo tribunal había ordenado aplicar ese porcentaje de forma generalizada en todo el sistema educativo catalán. El entonces consejero de Educación anunció que la sentencia no se cumpliría y que el modelo de inmersión lingüística no cambiaría.

En ese entorno se desató una campaña orquestada desde el poder político, con manifestaciones ante el colegio que derivaron en linchamientos en redes sociales y en el rechazo social a la familia que tenía como objetivo hacer que abandonaran su pueblo. La Audiencia describe aquel ambiente como un «contexto de humillación, hostigamiento y fomento del aislamiento a la menor» que obligó a ofrecer protección policial a la familia. La niña, de cinco años, dejó de acudir a clase. Sus padres necesitaron atención psicológica. El caso del padre de Canet acabó siendo el símbolo de una Cataluña donde ejercer derechos constitucionales puede tener un alto coste personal.

El fallo condena a un hombre con formación –un directivo de banca– por instigar en redes sociales la persecución de esa familia. Sus tuits no eran simples opiniones: pedía "perseguir día y noche" a los padres, "hacerles la vida imposible" y "demostrar que la próxima familia que lo intente tendrá que marcharse del país" (en referencia a Cataluña). La Audiencia concluye que esos mensajes difícilmente pueden encuadrarse en un debate público sobre política educativa, sino en un discurso de odio por motivos de lengua o nacionalidad. Recuerda que la libertad de expresión no ampara las llamadas al linchamiento ni los mensajes que promueven la exclusión social.

El tribunal aplica el artículo 510 del Código Penal, que castiga a quien fomente o incite al odio o a la violencia contra un grupo o una persona por su pertenencia a ese grupo. Interpreta el tipo penal de forma amplia. Lo que protege es la igualdad y la dignidad de todos, sean minoría o mayoría.

Detrás de la fría técnica jurídica hay algo más profundo: el reconocimiento de una realidad silenciada durante décadas.

La persecución ideológica no depende del número de quienes la sufren. Los castellanohablantes son mayoría en Cataluña, pero el poder político y mediático los ha situado en una posición de vulnerabilidad estructural. La discriminación analizada, dice la sentencia, "se enmarca en el ataque dirigido contra una persona motivado por la animadversión ideológica hacia la lengua española o castellana, y hacia lo que esta representa como expresión de la identidad nacional española". Esa frase resume el alcance simbólico que justifica el fallo: el odio hacia las personas hispanohablantes.

Cataluña es un ejemplo de cómo el poder puede invertir las categorías sociales. Los castellanohablantes son mayoría, pero carecen de amparo institucional. El Departamento de Política Lingüística, los ayuntamientos y las Oficinas de Igualdad y contra la Discriminación se preocupan exclusivamente de promover y defender la lengua catalana. Ninguna administración valora proteger a quienes son discriminados por hablar castellano.

El discurso oficial insiste en que el catalán está amenazado, pero la realidad demuestra que quien reclama su derecho a usar el castellano se arriesga a ser señalado. Padres que piden educación bilingüe son tachados de colonos. Profesionales que se expresan en castellano son reprendidos o ignorados. Quienes defienden la cooficialidad real son acusados de traidores o de extremistas. La hostilidad institucional hacia los castellanohablantes se ha convertido en una forma de control social.

Esa asimetría revela una concepción política de la lengua como instrumento de identidad y no como derecho ciudadano. De ahí que muchos prefieran callar. La persecución sufrida por la enfermera del Vall d’Hebron, los dueños de una heladería en Gràcia o el grupo teatral Las Latinas demuestra el riesgo que implica denunciar los excesos del nacionalismo lingüístico.

La sentencia revela un fenómeno más profundo: la intimidación como instrumento político. Los mensajes que pedían un "infierno mediático" para la familia buscaban castigarla y, sobre todo, disuadir a otras de ejercer el mismo derecho. El tribunal lo deja claro: se pretendía «generar en la familia sentimientos de angustia y dolor que les hicieran desistir de su pretensión» y sirvieran de advertencia para otras que pudieran tener idénticos planteamientos lingüísticos. Es decir, instaurar el miedo como mecanismo de control.

En los últimos años se han visto pancartas en manifestaciones con lemas como Castellans fora de Catalunya, firmadas por grupos xenófobos como Nosaltres sols. También se han normalizado frases como "aprende catalán o emigra". Ese lenguaje refleja una cultura política basada en la exclusión del castellanohablante.

Por supuesto, deben corregirse las discriminaciones que sufran los catalanohablantes, y a ello se dedican con pasión y presupuesto las instituciones públicas. Pero la "discriminación inversa" por hablar castellano no figura en ningún protocolo de igualdad ni en los planes contra la intolerancia de las administraciones. Quienes la sufren no tienen protección específica.

La sentencia abre una grieta en ese muro de negación. Condena al autor a dos años de prisión, multa e inhabilitación profesional, y ordena retirar sus mensajes de la red X. Pero su valor principal está en el mensaje moral: los castellanohablantes existen, tienen derechos y pueden ser víctimas de odio. Atacar a alguien por su lengua vulnera su dignidad.

EL RECONOCIMIENTO de los castellanohablantes como grupo atacado es un paso hacia la igualdad real entre lenguas y ciudadanos en Cataluña. En una sociedad democrática, ningún ciudadano debe ser humillado por hablar su lengua ni castigado por defenderla. La democracia se mide por la protección que ofrece a quienes están en desventaja.

Los sucesivos gobiernos autonómicos han impulsado leyes y prácticas que niegan al castellano su condición de lengua de uso normal. Y los gobiernos centrales, de distinto signo, han mirado hacia otro lado. Hasta ahora, la Administración catalana ha actuado como si el artículo 3 de la Constitución –que garantiza la cooficialidad del castellano y del catalán– fuera una simple recomendación.

Es lamentable que una democracia europea haya tolerado esta situación. Debería causar sonrojo. El Estado debe asumir su responsabilidad. No basta con que los tribunales reparen caso por caso. Es necesaria una política activa de igualdad lingüística que proteja a todos los ciudadanos, combata el sectarismo identitario y condene la hispanofobia.

Por desgracia, la intolerancia ha arraigado en buena parte del tejido social y político catalán con una profundidad alarmante. Basta escuchar algunos discursos en el Parlamento catalán, en los plenos municipales, en los claustros escolares o en algunos medios de comunicación para comprobarlo. Esos discursos alimentan el odio en redes sociales, amplificado incluso por personalidades públicas.

La resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona debería marcar un antes y un después. No solo castiga una conducta individual: pone nombre a una injusticia colectiva. El odio lingüístico hacia los castellanohablantes es patente en sectores de la sociedad catalana y sus víctimas tienen rostro. Ese odio es real y también es condenable.

JOSÉ DOMINGO - EL MUNDO

[José Domingo es presidente de la Fundación Impulso y Cooperación]

https://www.elmundo.es/opinion/2025/11/10/690f77c1e85ece83538b4572.html

2025-11-10