Orden de expulsión del castellano de las escuelas catalanas

26 - 07 - 2022 / EL MUNDO


Avanza la cruzada contra el español en Cataluña

Se va a marginar la lengua común en todo el espacio de la lengua catalana

EL GOBIERNO de Cataluña vuelve a pisar el acelerador para imponer su apartheid lingüístico contra la mitad -como mínimo- de los ciudadanos de esta Comunidad. Y mientras se vale de su última argucia con forma de decreto que ha provocado un impasse legal que impide la ejecución de la sentencia que obliga a impartir al menos el 25% de la docencia en castellano hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, da un nuevo y decisivo paso para marginar el español en todos los espacios de la escuela catalana. Como hoy publicamos, el Departamento de Educación, con el consejero de ERC Josep González-Cambray al frente en clara desobediencia, ha remitido una directriz a los colegios para advertirles de que el catalán es «la lengua de la institución» y da instrucciones para que en ella se lleven a cabo todas las actividades internas de los centros tanto orales como escritas (reuniones, actas, informes...), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y evaluación, la interacción entre docentes y alumnos, las actividades extraescolares o lo que concierne al comedor. El independentismo ha hecho de la lengua un arma de segregación. Y tan lejos llega el Govern que obliga a cada colegio a designar un «coordinador lingüístico», algo así como comisarios políticos con trazas de censores, para «velar por el uso institucional del catalán».

El uso del catalán como excluyente lengua vehicular de aprendizaje -en paralelo a la demonización del castellano-, es uno de los pilares de la construcción nacionalista. Pero esta nueva provocación es imposible desligarla de la posición de fuerza de las formaciones independentistas por tener la llave para mantener a Sánchez en Moncloa. No hay un problema de cohabitación de Cataluña con el resto de España, sino una imposición por parte del poder político catalán de sus tesis totalitarias sobre los derechos fundamentales ciudadanos. Esa alianza contra natura es la que hace que una clara mayoría de españoles dé la espalda al proyecto sanchista. La elección de la ministra de Educación, Pilar Alegría, como nueva portavoz del PSOE obliga a un examen de conciencia del socialismo por cuanto precisamente ella es la obligada de que los alumnos catalanes puedan ver garantizados sus derechos constitucionales y no de justificar los enjuagues de Moncloa con los sediciosos.

El Govern avanza en su modelo monolingüe gracias al decreto aprobado para seguir burlando la obligación del 25%. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña advierte que la norma «contraviene los fundamentos constitucionales» -en claro fraude de ley-,

Y, aun así, baraja elevarla al criterio del Tribunal Constitucional. Ello causaría un enorme perjuicio social al abrir la puerta a que pasen años en los que el independentismo seguirá haciendo de su capa un sayo. Cuanto está ocurriendo interpela también al PP de Núñez Feijóo, al que también corresponde aclarar cómo va a impedir este apartheid lingüístico si, como es presumible, se produce la alternancia en la que tantos españoles confían también por asuntos cruciales como éste.

EDITORIAL EL MUNDO

Orden de expulsión del castellano

La Generalitat emite una directriz para las escuelas en las que impone el uso exclusivo del catalán en todos los ámbitos.

Manda nombrar un «coordinador lingüístico» en cada centro para velar por que no se hable en español

La Generalitat se está aprovechando del impasse legal que impide la ejecución de la sentencia del 25% de castellano hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie para perpetuar el sistema de inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña y expulsar el castellano del uso habitual en cualquier punto de los centros.

Así lo ratifica una directriz remitida por el Departamento de Educación a los colegios el pasado 19 de julio, en la que, amparándose en el decreto elaborado por el Govern para evitar la aplicación del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), certifica el arrinconamiento del castellano en los centros educativos.

En el documento, titulado Documents per a l'organització i gestió dels centres. Curs 2022-2023, se advierte a las direcciones de que el catalán «no es únicamente una lengua objeto de aprendizaje», sino «la lengua de la institución y, por tanto, la de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general».

A continuación, el Departamento de Educación detalla una serie de actuaciones obligatorias y encaminadas a favorecer la hegemonía del catalán en las aulas y el resto de espacios de las escuelas. Medidas tales como que se lleven a cabo en catalán «las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actas, informes...), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y evaluación, la interacción entre docentes y alumnos, las actividades de formación del profesorado, las actividades extraescolares o el comedor».

Además, se incide en que «los equipos docentes sean conscientes del uso profesional que hacen de la lengua [catalana] y del hecho que son modelo lingüístico de referencia para el alumnado» o que «la rotulación de los espacios del centro sea en lengua catalana».

El Govern obliga a los colegios, asimismo, a designar un «coordinador lingüístico» para «velar por el uso institucional del catalán» en las escuelas «de acuerdo con el modelo lingüístico del sistema educativo de Cataluña», esto es con la inmersión.

Las referencias al catalán son continuas a lo largo del bautizado como «documento para la organización y la gestión de centros en el curso 2022-2023».

LENGUA EXTRANJERA

Al referirse a «las líneas estratégicas» del proyecto educativo de los centros, la Generalitat subraya la necesidad de «consolidar un modelo lingüístico de país, potenciando la lengua catalana como vehicular». En todo el documento no se realiza ninguna mención a la vehicularidad del castellano, al que se le otorga la indefinida condición de «curricular», contraviniendo lo establecido por la sentencia del TSJC, que pide equiparar catalán y castellano en este aspecto y obliga a impartir un 25% de materias troncales en español en todas las escuelas de Cataluña.

A lo largo de las 86 páginas del documento de la Generalidad sólo se hace referencia al castellano en siete ocasiones. En una de ellas se garantiza «la atención individualizada» de un alumno «de la primera enseñanza» si la familia lo solicita. Está incluido dentro del apartado de «apoyos lingüísticos complementarios», donde, básicamente, se adoptan medidas de soporte a los «alumnos de procedencia extranjera».

«Las instrucciones del Departamento de Educación para el próximo inicio del curso escolar tienen un tufo asimilacionista y nacionalista. Vulneran los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes que tienen derecho a una educación bilingüe», denuncia José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano.

«Quiere implantar un régimen de terror identitario en los centros educativos. El Gobierno independentista sabe que esa normativa es inconstitucional, pero quiere ganar tiempo para aplicar su doctrina mediante chantajes y coacciones», insiste Domingo.

La directriz de la Generalitat se produce gracias a la prórroga obtenida después de que el TSJC constatara la imposibilidad de aplicar el fallo del 25% por la aprobación del decreto aprobado por el Govern para cambiar el marco normativo. Para ello, el Gobierno independentista contó con la ayuda del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y de los Comunes. En la práctica supone que la sentencia del 25% estará en suspenso hasta que el Constitucional determine si el decreto de la Generalitat es constitucional.

El Gobierno catalán continúa exprimiendo su estrategia también amparado por la Fiscalía, que el jueves rechazó que el consejero de Educación, Josep González Cambray, cometiera los delitos de desobediencia y prevaricación al comunicar al TSJC su nula intención de aplicar la sentencia del 25%.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, expone en su decreto de archivo de la denuncia presentada por Ciudadanos que las instrucciones dictadas por la Consejería a los centros «no consta que hayan entrado en contradicción» con la sentencia del TSJC, ni que hayan impedido a los alumnos recibir una enseñanza para tener un adecuado dominio del castellano.

Considera el fiscal que debe ser el TSJ catalán quien determine si «hubo indebida desatención a sus requerimientos» porque «no puede deducirse sin más del dictado de unas instrucciones a los centros».

El Ministerio Público coincide con el TSJC en que el nuevo decreto del Govern y la ley impulsada junto al PSC en el Parlament «vienen a establecer un nuevo marco regulador de proyectos lingüísticos», argumento que hace imprescindible la intervención del TC en el entuerto judicial.

ELIMINAR EL 25%

La Generalitat también está utilizando el paréntesis en el que se encuentra el litigio del 25% para negar esta cuota de castellano a los padres que la están reclamando a título individual para sus hijos, siguiendo el ejemplo de familias como la de Canet.

Subraya la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, que el TSJC no puede conceder las medidas cautelares a los solicitantes porque la nueva normativa en vigor impide la aplicación de porcentajes. La pretensión del Govern, no obstante, no es sólo frenar nuevas solicitudes individuales del 25%, sino desposeer de ese 25% de castellano a las familias a las que le había sido concedido judicialmente.

Fue el propio consejero Cambray quien confirmó su pretensión de retirarlo en las 47 aulas donde se aplicaba antes del fallo que busca universalizar ese porcentaje en todos los colegios de la comunidad.

VÍCTOR MONDELO - EL MUNDO

De la sentencia firme del 25% de clases en español en las aulas catalanas al nuevo paraguas legal autonómico

Un decreto del Govern y la reforma de la ley de política lingüística en el Parlament dilatan la ejecución del fallo judicial

GERARD MELGAR - EL MUNDO

Cómo burlar la sentencia firme del 25% en cuatro pasos

Un decreto del Govern y una ley pactada con los socialistas dilatan la ejecución del fallo

Transcurridos ocho meses desde la resolución del Tribunal Supremo que suponía una estocada al sistema de inmersión lingüística en Cataluña, las directrices del Departamento de Educación de la Generalitat para el próximo curso no contienen signos que presagien cambio alguno en el uso de las lenguas en las aulas de la comunidad. La aprobación en los dos últimos meses de un decreto del Govern y una nueva ley de política lingüística en el Parlament han vuelto a detener el cronómetro a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

- TRIBUNALSUPREMO. A fínales del año pasado, la inmersión lingüística recibía un aparente golpe mortal a través de una providencia del Supremo. El 23 de noviembre, el Alto Tribunal consagró el 25% de clases en español y rechazó el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020, que instaba a todos los centros educativos a cumplir este porcentaje de horas lectivas en castellano, ya que consideraba que el uso de esta lengua era «residual».

El consejero de Educación, Josep González Cambray, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga, calificaron la decisión judicial de «grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos». El líder del PSC, Salvador Illa, aseguró entonces, en una entrevista en EL MUNDO, que la resolución del TS no significaba «un ataque al catalán» y se mostró «seguro» de que se cumpliría.

- SENTENCIA FIRME. Fue a finales del pasado enero cuando el TSJC decretó la firmeza de su sentencia de 2020, una vez el Supremo había rechazado el recurso del Gobierno catalán, que disponía a partir de ese momento de dos meses para ejecutarla. «Se acerca el fin de la inmersión, estamos listos y preparados para conseguir por fin la aplicación de la sentencia del 25%», celebró la Asamblea por una Escuela Bilingüe tras conocerse la resolución del tribunal catalán.

La Generalitat, en cambio, volvía a soslayar las decisiones de la Justicia. Mientras el president Pere Aragonés reaccionó con los clásicos eslóganes en defensa de la inmersión («el catalán no se toca y la escuela catalana, tampoco»), su consejero de Educación indicó que la resolución del Tribunal Superior de Justicia no cambiaba «nada» y que el propósito del Ejecutivo autonómico era desplegar «un nuevo marco normativo para actualizar y reafirmar el modelo lingüístico». La consejería, además, pretendió eximir a los directores de los centros de la responsabilidad de tener que ejecutar el fallo y se autoproclamó «responsable» ante los jueces desoyendo, de este modo, el aviso de la Fiscalía Superior de Cataluña, que había señalado que únicamente podían incurrir en un delito de desobediencia los máximos responsables de los propios centros.

- DECRETO LEY. Fue el propio González Cambray quien la semana que vencía el plazo para cumplir la sentencia del TSJC anunció la respuesta de la Generalitat: un nuevo decreto lingüístico sin referencias al número de asignaturas en catalán o castellano. «Medimos aprendizajes, no porcentajes», desafió el dirigente republicano. Y así lo hizo el pasado 30 de mayo el Gabinete liderado por Aragonés al aprobar un decreto ley que fija explícitamente la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de lenguas». Su aprobación llegaba un día antes de que expirase el último plazo que había dado el TSJC para cumplir el fallo del 25%.

- PACTO CON EL PSC. A la par que el Govern elaboraba el decreto ley anunciado por González Cambray, el Parlament empezó a trabajar en una nueva ley de política lingüística que blindase la inmersión. Además de ERC, Junts y En Comú Podem, el proyecto contaba con el concurso del PSC, que en los últimos años había matizado su tradicional apoyo a este sistema de enseñanza y había abogado por flexibilizarlo. Aunque, en un primer momento, Junts se descolgó del pacto por la presión recibida a través de las redes sociales por parte de los sectores más intransigentes del independentismo (reprochaban que se admitiera el uso del español como lengua de aprendizaje), el texto vio la luz en junio tras el beneplácito del Consejo de Garantías Estatutarias, que consideró la norma constitucional pese a admitir que no otorga al castellano la condición de vehicular, reservada para el catalán. Los socialistas, que se habían opuesto al decreto lingüístico del Govern, votaron afirmativamente.

GERARD MELGAR EL MUNDO

El monoligüismo que avala Pedro Sánchez

La construcción de la nación cultural que ansía ERC pasa por la escuela

ANALISIS

En todo nacionalismo la construcción de la nación cultural es el paso previo e ineludible a la edificación de la nación política. Los cimientos sobre los que aposentar el Estado soñado y, tantas veces, origen de utopías que suelen desembocar en realidades distópicas y/o totalitarias. Una máxima testada en el curso de la historia que ayuda a entender por qué el independentismo catalán, una vez asumió el fracaso de la vía unilateral a la que se entregó en 2017, está centrando buena parte de su acción política desde la Generalitat en la persecución y exclusión del español en el modelo educativo, incluyendo las aulas universitarias.

En el análisis sobre los motivos que desbarataron el plan secesionista de 2017, el nacionalismo considera determinante que más de la mitad de los catalanes se sintieran ajenos o, al menos, no interpelados por esa nación cultural, básicamente monolin güe, con apolilladas referencias del romanticismo decimonónico y una carga de kitsch menestral que resulta tan extraño en la Gran Barcelona, a la que la independencia iba a encumbrar y proteger entregándole un Estado propio.

Desde Jordi Pujol a Caries Puigdemont, la justificación de la ruptura con el conjunto de España, asumiendo para ello un sacrificio colectivo controlado, pasaba por dotarse unilateralmente de las herramientas necesarias para proteger a una nación cultural supuestamente maltratada por el eternamente franquista Madrit.

En ese proceso de construcción identitaria la escuela era y es una herramienta imprescindible para ensalzar a referentes culturales favorables a la nación deseada y enterrar a los más incomodos. Pero también porque con la marginación del castellano a idioma residual, permitido apenas a la hora del patio, se transmite a los alumnos sutilmente, sin necesidad de gesticulaciones doctrinarias, que esta lengua y sus hablantes son una realidad ajena a Cataluña. Una vieja imposición del poder político español que, por lo tanto, es comprensible y hasta positivo su exclusión de la academia y de la vida institucional. Reservando al catalán el lustroso papel de lengua de prestigio y mandarinato.

El argumento de la amenaza a la supervivencia del «hecho diferencial catalán», apelando al volksgeist nacionalista -lengua, cultura, credo- es tan reiterativo como siempre efectivo para movilizar al electorado de ERC y JxCat, por lo que el Gobierno de Pere Aragonés optó por actualizarlo el pasado mes de noviembre como respuesta al Tribunal Supremo. Por una providencia que vino a consagrar el carácter vehicular también del español en el sistema educativo de Cataluña y avalaba que se impartiera un mínimo del 25% de clases en castellano.

La decisión del Alto Tribunal fue celebrada apresuradamente por las heroicas entidades constitucionalistas, que llevan décadas batallando con la Generalitat y su trama periodística por la defensa de los derechos lingüísticos, como el fin del modelo monolingüe de la inmersión. No obstante, el Govern ni se inmutó y, tras denunciar el enésimo «ataque judicial», proclamó mediante el altanero consejero de Educación, Josep González Cambray, que nada iba a cambiar en «la escuela catalana».

Un convencimiento basado en la experiencia de incumplimientos de sentencias durante las últimas tres décadas y por una realidad definitoria: la sumisión de Pedro Sánchez a los intereses de ERC para seguir en Moncloa. Era, pues, cuestión de tiempo que el PSC acabara aliándose con los republicanos para aprobar en el Parlament una ley que Salvador Illa celebró por contemplar el castellano como «lengua curricular» en Cataluña, pero que, al despreciar el porcentaje del 25% y propiciar un vacío legal hasta que se pronuncie el TC, ha entregado al nacionalismo aquello que deseaba y que Sánchez ha amparado por estricto interés personal: el blindaje del monolingüismo.

IÑAKI ELLAKURÍA - EL MUNDO

El libro de José Cuenca

DESPUÉS de tres años del autodenominado Gobierno de progreso, pudiera parecer que el independentismo ha dejado de ser una amenaza para la legalidad constitucional. Pero no es así. Todo lo que se avanzó hace unos años ha vuelto a retroceder. Y así, con el perdón y posterior excarcelación de los golpistas se desbarató uno de los logros principales de la Justicia española. Y con la estrategia de cesiones a la Generalitat, a cambio de apoyos parlamentarios a un Gobierno débil y dividido, se ha diluido la posibilidad de que el Estado pueda garantizar el cumplimiento de la ley en Cataluña. La desobediencia institucional a las sentencias de los diferentes tribunales no conlleva sanciones penales y existen ya voces que reclaman la vuelta de los forajidos sediciosos quizá el regreso de la líder antisistema Anna Gabriel no sea más que una prueba piloto, de la misma forma que los etarras están siendo enviados a cárceles del País Vasco, donde son objeto de privilegios.

Por eso, es de agradecer la aparición de libros que recuerdan las dimensiones del envite nacionalista. Y que nos advierten de que cerrar los ojos, como se esfuerzan con ingenuidad los niños, no hace desaparecer el problema. Le costó a su autor, el embajador de España José Cuenca, encontrar editorial para publicarlo hace tres años, y cuando por fin un pequeño sello se atrevió, el COVID lo devolvió de nuevo al olvido. El compromiso de un editor como Abelardo Linares nos da ahora la oportunidad de recuperar en la editorial Renacimiento Las mentiras del separatismo, donde Cuenca que desde la embajada española en Canadá fue testigo del último referéndum separatista y de los debates en torno a la Ley de la Claridad no sólo establece las diferencias históricas y legales entre Quebec (modelo aún de referencia del independentismo) y Cataluña, sino que desarrolla lo que él llama las «seis grandes mentiras del separatismo». A saber: «Barcelona se enfrentó con determinación a las tropas de Franco»; «Las urnas son la democracia y Madrid no nos deja ponerlas»: «España nos roba»; «Una vez proclamada la República Independiente de Cataluña, será reconocida por todas las naciones»; «Aunque Cataluña se separe de España, continuará dentro de la UE»; y «Cataluña será más rica si rompe sus lazos con España». Mentiras que ya no focalizan el debate público, pero han quedado suspendidas como axiomas que nadie parece dispuesto a desmentir. Y no podemos descartar que, ante la sombra de una derrota electoral, Sánchez, como último aliento de vida, esté dispuesto a ceder de nuevo. Todo.

FERNANDO PALMERO - EL MUNDO

2022-07-26