Pie en pared

"Deben acudir a los tribunales de justicia a recurrir todas y cada una de las imposiciones monolingües en sus comunidades". Y es que por lógica, el derecho de un ciudadano a ser atendido en el idioma de su elección en las administraciones públicas en comunidades con lenguas cooficiales, no implica que todos los trabajadores públicos deban acreditar su conocimiento, ni que pueda ser un requisito la obligatoriedad de un nivel determinado de dicho idioma para acceder a la función pública ni para contratar con la misma