Plataforma per la Llengua o la violación de los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes

Cuando una entidad patrocinada por dinero público adopta prácticas que consisten en señalar personas comunes o comercios ante la opinión pública, se cruza una frontera peligrosa en una democracia plural.

Plataforma per la Llengua dedica buena parte de su actividad a señalar en redes sociales a comerciantes, camareros o dependientes que se expresan en español, señalándolos como si con ello violasen algún derecho lingüístico. Este énfasis en la denuncia ciudadana individual sugiere más una lógica de delación que una política de normalización lingüística en plural, lo que genera fuertes críticas en cuanto a libertad de expresión y convivencia lingüística. España es un Estado con al menos dos lenguas oficiales en distintas comunidades, y hablar en español no puede, en ningún caso, ser ilegal, ni motivo de sanción social real

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