¿Un TC arbitrario y parcial?

El actual Tribunal Constitucional comenzó su funcionamiento en 1980 cumpliendo fielmente con sus misiones, exigiendo a los jueces y a los demás poderes públicos el debido respeto a las normas constitucionales y, particularmente, a los derechos fundamentales de los justiciables. Pero en 1983 se puso ya en cuestión su independencia y, por consiguiente, su imparcialidad al resolver el recurso de inconstitucionalidad del decreto-ley de expropiación de Rumasa, al votar seis magistrados a favor de su estimación –los llamados «conservadores»– y seis en contra –los «progresistas»–, y ser el voto de calidad del presidente, a la sazón García-Pelayo, el que inclinó la balanza a favor de la desestimación, otorgando así la razón al Gobierno socialista cuando constitucionalmente no la tenía