Una filtración que deslegitima al TC

Esta información que apesta a cálculo político no solo pone en entredicho la imparcialidad del Alto Tribunal, sino que deja tocada la figura de su presidente. Cándido Conde-Pumpido, cuya autoridad queda de nuevo cuestionada. En realidad, la filtración es lo que parece: un mensaje del Gobierno para tranquilizar a Junts, asegurándose así el respaldo de los de Puigdemont en un momento donde hay varias votaciones en el Congreso en juego.

El TC. como garante de la norma y árbitro supremo de los derechos fundamentales, debería ser un ejemplo de rigor en sus debates internos. Sin embargo, esta exclusiva lanzada en Cataluña, donde el mundo nacionalista aguarda con temor la sentencia sobre el 25% en castellano, apunta a una intromisión que erosiona su esencia. Si la resolución está concebida y publicitada antes del debate, ¿qué valor tiene su deliberación? ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en un tribunal del que ya sabe cuál será el sentido de la decisión? Cuando la filtración huele a moneda de cambio para garantizar el apoyo de Junts, el TC, y en particular Conde Pumpido, queda reducido a un instrumento al servicio de La Moncloa.

La Ley de Amnistía. cargada de controversia por borrar los delitos juzgados y condenados por el procés a cambio de los votos de Caries Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez, exige un análisis impecable, no un veredicto anticipado con seis progresistas a favor y cuatro conservadores en contra. Ardua tarea tiene esa mayoría para justificar, si así lo tiene decidido de antemano, la constitucionalidad de una ley cuya justificación en el Preámbulo todo el mundo sabe que es mentira. Eso sin olvidar, como explica Josu de Miguel en su magnífico ensayo, que la figura de la amnistía fue rechazada en el debate constituyente por entender que. en democracia, los delitos políticos que rompen la convivencia no son amnistíables En cualquier caso, filtraciones de este tipo, que por desgracia ya se habían producido otras veces, alimentan la desconfianza en unas instituciones ya cuestionadas por su politización. La percepción de que el fallo anticipado, previsto para finales de junio, responde a las necesidades perentorias de Sánchez para mantener sus alianzas agrava aún más el daño. Si el Constitucional quiere preservar su autoridad, debe demostrar que sus resoluciones se anclan en un debate libre de servidumbres partidistas, no en conveniencias para sostener al Gobierno de turno. Tristemente, el Tribunal Constitucional se está convirtiendo cada vez más en otro peón al servicio de la polarización, del que ya damos por descontado cuál será su decisión en muchos temas. La autoridad constitucional, para ser creíble, debe parecerlo.