Una ley para convertir la mera palabra en delito

El Ministerio de Igualdad acaba de enviar al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley sobre violencia vicaria que introduce una novedad aterradora, ya anunciada hace unos meses por la ministra Ana Redondo: el juez podrá imponer al condenado la prohibición de hablar o escribir sobre su caso durante 20 años. La ley ya prohibía el contacto del reo con las víctimas o con sus familiares. Y, como con cualquier ciudadano, permitía censurarle si sus declaraciones atentaban contra el honor, la intimidad o la dignidad de cualquier persona. Pero esta nueva ley va mucho más allá: no persigue un daño real y concreto, sino que convierte en delito la mera palabra. Prohíbe, por ejemplo, que el reo se arrepienta públicamente de sus crímenes.

Es una medida incompatible con un Estado de derecho. ¿Qué forma hay de conciliarla con el artículo 25 de la Constitución Española, que dice: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”? Ninguna.